«¿Qué significa estar protegido? ¿Para quién es esta seguridad? // Juan Campos


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Uno de los temas centrales referidos a políticas de “seguridad” que el gobierno nacional ha marcado en agenda para el 2017 es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A principios del mes de enero Germán Garavano - Ministro de Justicia y Derechos Humanos - y el presidente Macri confirmaron la iniciativa. En la misma sintonía, con una propuesta que deja en claro el posicionamiento del gobierno actual, se modificó las leyes migratorias a través de un DNU, reflotando la idea de inmigración-delincuencia.
Sin embargo los números oficiales referidos al campo del delito en la Argentina muestran que tanto la participación de extranjeros [https://goo.gl/JApwTIcomo la de jóvenes menores de 16 años en algún tipo de episodio concreto es ínfima. El Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) presentó un informe [https://goo.gl/IQAxmp] donde se detalla, con índices aportados por UNICEF,  diferentes universidades nacionales y otras organizaciones, lo mencionado anteriormente.
A continuación, un extracto del documento:
«Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años. Ese análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse».
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Para analizar estas cuestiones conversamos con Mauricio Manchado, quien es Dr en Comunicación Social e investigador del CONICET. Además es integrante del colectivo de talleristas “La Bemba del Sur” y autor del libro “Las insumisiones carcelarias” (Río Ancho Ediciones, Rosario, 2015).

- ¿Por qué te parece que se renuevan estas discusiones sobre la baja de la edad de imputabilidad, siendo que los números muestran que la participación de jóvenes y extranjeros en delitos es mínima?

Me parece que son algunas consecuencias de lo que implica que haya un gobierno nacional de corte conservador, porque en este caso es quien impulsa la discusión y el debate. Se comienza, de alguna forma, a avivar algo que sucede y ha sucedido permanentemente a lo largo de la historia, que es configurar enemigos internos en la sociedad. Se trata de eso, de señalar quiénes son los que causan todos los males o por lo menos los que mayor daño le generan a la sociedad en su conjunto. Claramente van por la línea de los inmigrantes, que empiezan a ser un factor determinante en lo que se menciona como la disputa a la paz social, donde los números lejos están de reflejar lo que se intenta exponer. No es cierto que la participación de inmigrantes en los delitos tenga una representación significativa, tampoco se ve eso en la población carcelaria. Uno lo vive cuando transita las cárceles: rara vez se encuentra con un inmigrante preso. Y por otro lado comienza la puja por instalar que los jóvenes (menores de 16), nuevamente, son también los que ocasionan este daño a la sociedad y por eso se deben activar ciertas medidas legislativas. Pero si nos ponemos a buscar antecedentes de los efectos que generan las medidas legislativas en términos penales para enfrentar el delito – como se suele decir en expresiones combativas y de guerra, de los cuales reniego bastante – encontramos una falacia que nunca se termina de desarmar. Tranquilamente podemos ir a buscar referencias inmediatas: por ejemplo, las leyes Blumberg. Entonces nos preguntamos ¿qué efectos generaron en la cárcel? Ninguno positivo, pero además, tampoco mejoraron los índices respecto a las tasas de delitos. Contrario a eso, sólo generaron que las cárceles estén superpobladas porque básicamente lo que ese discurso instala es el aumento de penas – la perpetua que era de 25 pasó a ser de 50 años en la Argentina – y algunos actos que eran considerados contravencionales pasaron a ser calificados como delito, es decir, solamente sirvieron para endurecer la legislación penal. Los resultados están a la vista: se aumentó la población, porque se aumentó el tiempo que pasa esa población detenida, pero nunca se detuvieron a observar qué es lo que sucede concretamente en las cárceles. Las condiciones siguen siendo las mismas, las que históricamente existieron  desde la mitad del siglo XIX a esta parte. Es cierto que, de algún modo, han sido interpeladas durante finales del S XX y principios del XXI con un discurso más propio de los Derechos Humanos, con organizaciones que de alguna manera van disputando ese sentido, intentando instalar algunas mejoras en lo que refiere a condiciones edilicias, de trato, de higiene, salud, educación; pero son políticas que, en realidad, no discuten demasiado la cuestión resocializadora de la cárcel.

- Argentina y Cuba son los únicos dos países en Latinoamérica que mantienen la edad de imputabilidad en 16 años ¿Qué ejemplos conocés de lugares en donde se haya bajado y haya tenido resultados satisfactorios? ¿Qué pasa con los pibes que ingresan al circuito penal?

No conozco casos en donde se haya bajado la edad de imputabilidad y los resultados hayan sido buenos. Por ejemplo, en Estados Unidos hace algunos años, en algunos estados del sur – de perfiles más bien conservadores – habían empezado a rever la baja de edad de imputabilidad que habían aplicado y estudiaban devolverla a los dieciocho años.

También en otros países como Uruguay o Chile es una discusión que permanentemente se renueva. En Uruguay la ciudadanía fue la que votó en contra de bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, es un país con una singularidad puntual: es una nación con una de las menores tasas delictivas de Latinoamérica pero, al mismo tiempo, uno de los que mayor población carcelaria tiene. Están cerca de Brasil, en proporción, que está cuarto a escala mundial en el índice de tasas de encarcelamiento, siendo que Uruguay tiene una población ínfima en comparación.

Nunca hay un cuestionamiento respecto a qué pasa con esos pibes que son incorporados al sistema penal. Incluso cuando se pone en discusión el «universo de la seguridad», la cárcel como institución nunca figura dentro de los eslabones a analizar. Siempre ha sido, inclusive para las ciencias sociales hasta no hace mucho tiempo, lo último que se observa. Sucede que el discurso en torno a la cárcel y lo que la rodea, es un discurso que no tiene demasiada batería política, de poca escapatoria. La derecha siempre la ubicó – al igual que ciertos textos positivistas del S XIX – como un lugar de contagio permanente para los delincuentes, de dónde nada bueno puede salir de ahí, pero no hay otra cosa hasta el momento.

Pero después te vas a los postulados de izquierda y descubrís que tampoco se ha hecho demasiado cargo de la cárcel. Si hay dos actores que no se han vinculado demasiado con el universo carcelario son la izquierda y el catolicismo. Eso explica que en la actualidad en los penales argentinos el evangelismo esté con tanta fuerza. Desde la recuperación democrática a esta parte es la religión que mayor presencia tiene [https://goo.gl/gNF1o2]. Esto da el puntapié para rastrear lo que comentaba antes. En relación a la izquierda, el vínculo con los presos siempre fue lejano. Se ha concebido al preso como «un lumpen», ni siquiera como clases explotadas: vistos como personas que no trabajaban, que no podían/querían enclasarse. El vínculo con las cárceles es bastante singular, en el cual se plantea una diferenciación precisa con la figura del preso político, que no entra en la misma categoría que los presos comunes. Desde la izquierda se intelectualizó mucho la cárcel pero no hubo un acercamiento militante. La relación, en verdad, se genera mucho más tarde, a principios de este siglo, cuando surgen algunas intervenciones.

- ¿Cómo es la cárcel actual y qué relación tiene con la de la época del proceso?

La cárcel, en realidad el universo carcelario, ha sido una de las grandes estructuras del estado que desde la dictadura hasta ahora prácticamente no se ha tocado. En lo normativo, por ejemplo, en Santa Fe todavía rige la ley orgánica del año 1978 que define jerarquías, obligaciones y derechos, que son inclusive diferentes a los de la sociedad civil en su conjunto como la posibilidad de poder agremiarse o de participar de un partido político.
En la actualidad, las últimas políticas muestran cierta concordancia con esto que conversamos. Las modificaciones planteadas por (Lisandro) Enrico o la destitución de (Gabriel) Ganón [https://goo.gl/zzASGC] van en la misma línea reaccionaria. Se intenta criminalizar la pobreza, más aún de lo que ya está criminalizada. En la cárcel la población es mayormente joven – 20 a 35 años – y pobre. La selectividad penal actúa siempre en esa clave. Incluso en los últimos años se ha bajado el promedio de edad. Antes era mayor la cantidad de personas que rodeaba los treinta años y ahora se ha bajado casi cinco años ese número. Parece un dato menor, pero esos cinco años son un detalle significativo, porque son pibes que comienzan a tener relación con el sistema penitenciario a muy temprana edad: 20 ó 25 años. Que son, por lo general, chicos que han transitado por otros espacios de detención para jóvenes – como es el IRAR en Rosario – y después continúan por estos circuitos penales. Por eso queda claro que las políticas de recrudecimiento de penas y castigos no sirve. Aquí utilizo palabras de Raúl Zaffaroni: «cualquier alternativa que el estado pueda brindar para con esos chicos va a ser mejor que el sistema penal». Porque nuestro sistema penal está configurado con fuertes vicios de la última dictadura. Una gestión que se rige desde la violencia, en la que se construye un sentido muy fuerte contra esos pibes que les dice que son el desecho, la basura de la sociedad. Que tienen que venir acá a depositarse y nada más. Contra eso es la disputa. Zaffaroni hacía hincapié, sobre todo, en el riesgo de muerte que tiene un pibe que ingresa al sistema penal y de las imposibilidades que genera a futuro para ese chico toda la construcción de este tipo de subjetividades.

- ¿Cómo se articulan las disputas contra esas subjetividades?

Hay muchísimos chicos que resignificaron su condena y lograron desatar toda la pulsión creativa,  la potencia que el sistema penal intenta neutralizar. César González (Camilo Blajaquis) es un nombre inmediato, un caso puntual que anima a buscar otros y, al mismo tiempo, redescubrir esos vínculos que tejen otro tipo de lazos con la cárcel. En Rosario y alrededores hay muchos que también activan desde ese lado. Nosotros, desde las prácticas que hacemos en los talleres, intentamos promover eso y cuando sucede, se le disputan realmente los sentidos a la cárcel. Es una institución en la que todo el tiempo sus discursos se construyen en torno a la imposibilidad – no podés esto, no podés desear esto: vos entraste siendo chorro y vas a salir igual o peor – en la que se intensifican esas categorías, por eso es necesario movilizar otro tipo de circuitos.

La cárcel siempre estuvo inscripta en un manto de silencio estruendoso. Las estructuras penitenciarias hicieron un efecto centrípeto, se cerraron sobre sí mismas y todo objeto de afuera era extraño: había que impedirle ingresar, pero si entraba había que rápidamente hacerlo padecer la estadía. Esto se logra con prácticas hostiles y mecanismos de desgaste que atacan a ese actor que intenta llevar una propuesta interpeladora.

Después, hay que decirlo, están las propuestas verdaderamente interpeladoras y las que sólo se revisten como tales. Porque por ejemplo, dentro de las prisiones encontrás con instituciones como la escuela que, cuando empezás a rascar un poquito, aparecen muchos docentes e instructivos no hacen más que reforzar las lógicas carcelarias. Algo que sucede con los equipos de trabajadores sociales o psicólogos que se presupone que deben alejarse de esas perspectivas pero muchas veces no hacen más que reproducirlas y fortalecerlas.

La cárcel genera efectos contrarios con todos los actores que va tocando, inclusive para los que nos enunciamos desde un lugar del progresismo y queremos instalar una mirada distinta del penal. Nos vemos interpelados al punto de preguntarnos ¿qué carajo estamos haciendo acá? ¿Estamos reproduciendo la lógica de la cárcel o la estamos disputando? Si en algún momento nos piden que participemos en informes según nuestros talleres, ¿debemos hacerlos? porque sabemos que esos informes tienen un claro corte pronosticador que reproduce las categorías que intentamos desarticular. La cárcel tiene esa capacidad de reinventarse todo el tiempo y te va poniendo en esos lugares.

- Es imposible, entonces, pensar que el sistema carcelario pueda ser una alternativa para los pibes que aparecen ahora en el ojo de esta propuesta político–mediática.

De ninguna manera podemos creer que la baja de la edad de imputabilidad es una alternativa y mucho menos suponer que la institución carcelaria puede contribuir con eso. Es tajante la posición así como lo son las experiencias similares que demuestran que no funcionó, pensando siempre en los valores que este tipo de propuestas traen bajo el brazo: «una solución a la seguridad integral con ciudades más seguras, etc.». Tiene que ver, imagino, con un error grave de diagnóstico pero además sucede algo que permanentemente me sorprende y supongo que lo seguirá haciendo, que es que siempre la discusión es en torno a los delitos de la pobreza. Aquellos delitos que no vemos – que parecieran no tener una materialidad concreta – quedan desatendidos y sin embargo los efectos son muchísimo más graves en lo que refiere a los impactos sobre la ciudadanía. Por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad es abonar a un concepto de seguridad reducido. Entonces: ¿qué significa estar protegido? ¿Para quién es esta seguridad?

Hay ciertos discursos preestablecidos en donde la derecha plantea que a los pibes hay que castigarlos y desde la izquierda, en cambio, se apuesta por políticas sociales de inclusión. Obviamente estamos más cerca de la última opción, pero también es cierto que hemos caído en un circuito que reproduce eso acríticamente. Allí, por ejemplo, la cárcel vuelve a desaparecer en el plano de la discusión. Porque es cierto y necesario que deben aplicarse políticas sociales, pero mientras tanto las cárceles siguen existiendo: por eso termina convirtiéndose en el último orejón del tarro.

- Parecería que se trata solamente de configurar enemigos visibles: inmigrantes latinoamericanos y pibes pobres, aunque no haya estadísticas que puedan sostener esa teoría.

Los números reales que exponen la participación de alguno de estos actores en el campo del delito no son escandalosos y en caso de ser necesario actuar en un episodio concreto, el estado ya cuenta con las herramientas para intervenir.

De hecho hace muchos años que se viene trabajando en medidas alternativas a la prisión, que pueden ir desde la pulsera electrónica – con todas las críticas que tenemos sobre dicho método – hasta el trabajo comunitario, pero en vez de focalizarnos en eso lo que sucede es lo contrario. Las medidas que figuran como posibles no hacen más que profundizar las políticas de encierro.

Muchas veces las decisiones impulsadas por el arco político son respuestas directas a los fenómenos mediáticos. El sistema contesta con medidas de emergencia, que encienden el sensacionalismo mediático, para disimular trabajo y mostrar cierto compromiso. Pero lo cierto es que si nos tomamos el tiempo para revisar las leyes y los instrumentos del estado, todas las alternativas ya están disponibles, pero no son utilizadas. La decisión, otra vez, es política. La posición a favor de bajar la edad de imputabilidad y criminalizar la pobreza es anterior a la propuesta e incluso al episodio concreto, pero dicho episodio sirve para revitalizar los debates e impulsar las reformas.

- Los antecedentes que muestran algunos de los últimos episodios de la policía rosarina con chicos en la ciudad son suficientes como para no confiar en que las fuerzas de seguridad son una opción.

Si se hace un rastrillaje sobre el comportamiento y la relación de las fuerzas de seguridad para con los jóvenes en Rosario y alrededores vemos claros signos de violencia y abuso de autoridad. El solo hecho de pensar en bajar la edad de imputabilidad, legitimando esos abusos y aumentando el poder de la institución policial, lejos está de ser una alternativa transformadora.

Son dimensiones interesantes para analizar, una práctica y una teórica. La primera es que al cana le estás dando herramientas legítimas que lo habilitan a verduguear y maltratar al pibe, y muchas veces ese chico también está convencido que eso debe ser así. El antropólogo José Garriga Zucal, en su libro «El Inadmisible encanto de la violencia», dice que en la práctica policial, por ejemplo el correctivo, está legitimado hasta por el propio pibe que recibe el golpe. En términos prácticos, el agente pega y el chico cree que eso está bien. Es parte del respeto que quiere imponer esa autoridad. Hay una construcción de sentido que afirma que eso es correcto. Sin embargo es ilegal. No sólo está fuera de las normas de trabajo policial, sino que está fuera de la legalidad de las prácticas. En este entramado que advertimos, se le da al policía la potestad de ejercer estas prácticas cada vez con mayor arbitrariedad.

Al mismo tiempo se construye un ejercicio simbólico muy fuerte que, por ejemplo, si en los medios sale que a un chico lo agarraron afuera de un bar, lo cagaron a palos y lo dejaron tirado en medio de la calle, está bien que así sea. Porque algo hizo. Eso se desprende del armado del perfil que ofrecen los medios sobre el pibe: quién es, dónde está, con quién se junta, qué círculos habita, a qué espacios pertenece. Entonces comienza respaldarse lo ocurrido a partir de las asignaciones de determinadas características que van ligadas a ciertos atributos, siempre peyorativos: pobre, muchos hijos, adicciones, antecedentes y demás; que sirven para justificar todo, incluso la muerte.

Si bien acá conversamos sobre pibes de 16 años o menos, podemos extender los conceptos a toda la categoría de juventud.  Nosotros tuvimos un compañero, Fernando -de veinticinco años - que participó de los talleres y que el año pasado quedó en libertad y lo mataron en el barrio. Tras el hecho, el titular de La Capital decía: «Muere un ex convicto» y toda la bajada y el resto de la noticia hablaba de la cantidad de tiros que recibió y que había salido hace poco de la cárcel después de estar siete años preso. ¿Qué estás construyendo ahí? Fernando era mucho más que un ex convicto: era un pibe que tenía deseos, sueños, que había hecho los talleres de radio y periodismo, por nombrar algunas cosas. Y el diario sólo recupera el concepto de que estuvo preso, entonces eso sólo genera una cosa: que está bien, que es correcto que lo caguen a tiros.

- En esa clave, ¿cómo funciona hacia dentro de la institución y en la sociedad misma esto que llamamos «linchamiento mediático»

Hay una conexión directa entre el linchamiento mediático, el linchamiento público y el accionar policial. Es una afirmación del sentido común reaccionario del «algo habrán hecho», que fue una frase utilizada durante la dictadura y que hoy se activa en otra clave, con otros sujetos, pero que tracciona en el mismo sentido. No importa la edad. Es sólo un detalle si tienen catorce, quince o dieciséis años. Acá lo que se necesita es una mano dura que aplique un correctivo a ese pibe y no es tan importante cómo se aplica. Ni siquiera si la alternativa es el IRAR, que es un desastre y no tiene ni las condiciones habitacionales básicas para desarrollar nada. En el año 2009, cuando ingresaron los asistentes juveniles no sabían qué carajo tenían que hacer. Les dijeron que entraban para mitigar la presencia del servicio penitenciario y cuando preguntaron cómo, les nombraron un manual sobre el modo de vincularse con las personas detenidas, que ni siquiera está en Argentina. Es un edificio al que se le pidió el cierre, que tiene anuncios de remodelación y que sin embargo sigue allí, pese a los tremendos números de suicidios de chicos. Del que han salido pibes que en un alto porcentaje terminan muriendo afuera, lo cual demuestra que el tránsito por la institución no generó cosas interesantes
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- ¿Te sorprende que pese a no haber resultados como referencia se siga apostando por estas políticas?

Claro, es lo que me llama la atención. Que sobre la base de los fracasos actuales se siguen edificando políticas para fracasos futuros. ¿Cuáles son los éxitos de estas políticas represivas para considerarlas dentro de las alternativas? Y más aún, ni siquiera la participación de menores de 16 años en delitos es significativa para pensar una articulación de este tipo, y en todos los casos donde se aplicaron estas medidas los resultados fueron negativos. Esto demuestra, entonces, que se trata de una idea previa que necesita episodios aislados para poder justificar su implementación. Es claro que cuando hay fracturas en otros campos, como el político, este tipo de discursos siempre son asequibles para instalarlos en el sentido común.

Un ejercicio interesante para hacer es trazar líneas históricas hasta llegar a la conquista de América y ver cómo hasta la actualidad se reproduce el concepto del coloniaje penal. Las cárceles están llenas de pibes que si empezamos a rastrear su ascendencia llegamos a pueblos originarios, esclavos africanos e inmigrantes pobres. En este rastrillaje encontramos que hay un sector medianamente específico de la población que viene siendo el chivo expiatorio para todos los males de la sociedad. Es una deuda enorme que tenemos. Desde el progresismo nunca hemos podido discutir eso. Siempre los debates nos encuentran en un campo allanado por otros que nos instalan en su discusión, con sus reglas. Tenemos que debatir qué hacemos con los pobres, pero nunca qué hacemos con los ricos que generan pobres.

Y en el orquestado mediático nos hacen parecer que nosotros, desde este lado de la discusión, defendemos el delito, cuando en verdad es mentira. Uno no dice eso, sino que se trata de dirimir cómo es que ese pibe llega a cometer tal delito, contextualizar. Porque si no, lo que se hace es poner todo el peso en la libertad individual, aislando al sujeto de la coyuntura, de su historia de vida, de la misma violencia a la que fue sometido todo este tiempo. El discurso neoliberal anclado al cuerpo, enfatiza sobre la responsabilidad individual y tiende a hacer pasar al delito por la grilla económica. Eso significa que el pibe, no importa la edad, evalúa racional y económicamente si ese acto que va a hacer le conviene o no; entonces si tiene la capacidad racional para hacerlo, es responsable de sus actos y hay que caerle con el peso de la ley. No importa de dónde viene, si está hecho mierda o si tuvo una infancia tremenda. Hay que caerle con la ley porque es responsable de sus actos y evalúa sus acciones en calve costo-beneficio. Ahí se ve cómo la lógica empresarial-financiera se imprime en el campo penal: entonces el sujeto delincuente es una suerte de empresario que invierte sobre sus acciones y decide o no matar a alguien. En su fundamento epistemológico, la ley Blumberg dice que si antes se daban 25 años por una perpetua y ahora 50, el delincuente va a evaluar si efectivamente le conviene delinquir. Es decir, aplica la lógica de la especulación financiera a una situación que está llena de matices y limita todo el análisis a una racionalidad pura.

- Por lo tanto el pibe nunca aparece en el lugar de la discusión

Es siempre la pregunta que falta, que no nos hacemos: ¿qué carajo pasa en esta sociedad que un pibe de 14 años – o de la edad que sea – tiene dentro de sus alternativas la de ir con un arma a robar y jugarse la vida y poner en riesgo la de otra persona? Que es un interrogante anterior, que queda soslayado y habilita culpas y responsabilidades que la sociedad no tiene intenciones de afrontar. Y en esa respuesta estamos todos, más allá que intentemos equilibrar las cosas, porque somos reproductores de un orden que genera diferencias: estamos inmersos en un sistema capitalista que propone una vorágine desigual.

Se trata de hacer una crítica racional de nuestra propia racionalidad, como decía Foucault. Ver cómo y por qué juzgamos a los que juzgamos. Cuando empecemos a analizar eso veremos que también nosotros somos parte de ese proceso de clasificación. Componemos aquellos matices que mencioné anteriormente, por eso es necesario reconocerlo para poder discutirlo. Pero mientras el argumento sea yo no tengo la culpa de que ese pibe choree, ni tengo la culpa que haya elegido ser pobre, de que no quiera laburar, se terminan habilitando estos discursos represivos que adhieren muy rápido al sentido común. Son pensamientos que la sociedad acompaña, porque tampoco podemos hacernos los boludos, no es un discurso que nace de un iluminismo de derecha, sino que hay un basamento social que lo sostiene y que después se replica en ciertos paladines de la moral que se hacen cargo de divulgarlo.

Todo el tiempo se habla de modelos de sociedad que justamente hacen todo lo contrario de lo que se está haciendo acá. Hay un anhelo de ser Estados Unidos, por ejemplo, pero si empezás a ver los números aparece una nación con la mayor tasa de encarcelamientos y de homicidios del mundo. O sea, no hay una equidad entre el aumento de presos y la paz social. No existe la famosa regla de tres simple: encierro – aumento de pena – disminución del delito, en el sistema penal, esa combinación de factores no ha funcionado nunca. 

[fuente: http://agenciasincerco.com.ar/]

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