Declaración de Cels y la Campaña contra la violencia institucional


Graves hechos de tortura cometidos por efectivos 
de la Prefectura Naval Argentina


El sábado dos jóvenes de 15 y 18 años fueron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA) y luego torturados por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Barracas. Estos hechos fueron denunciados ayer por La Garganta Poderosa.

Iván Navarro vio que agentes de la PFA habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, menor de edad. Iván se acercó para saber qué estaba pasando. De inmediato, los agentes de la PFA le pidieron documento y lo requisaron. Minutos después, llegaron al lugar cinco móviles de la PNA con más de 20 prefectos. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue llevado al interior de la garita, donde fue golpeado y amenazado. Arriba de uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo. En ese lugar fueron golpeados nuevamente y torturados por segunda vez. “¿Saben nadar? ¿Tienen calor? Los vamos a tirar al agua”, dijeron los agentes. Los bastonazos continuaron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento. Primero fue el turno de Ezequiel a quien un agente le disparó a centímetros de la cabeza. Luego amenazaron a Iván: “¿Dónde querés el tiro? ¿En qué rodilla?”. Mientras dos de los prefectos los amenazaban con sus armas y un cuchillo, el resto de los agentes escuchaba música y festejaba el accionar de sus compañeros. Luego, los jóvenes fueron liberados pero, nuevamente, fueron víctimas de otro simulacro de fusilamiento. “Corran por sus vidas y no miren para atrás”, les dijo uno de los prefectos mientras les apuntaba.

Lo ocurrido muestra la persistencia de las peores prácticas de las fuerzas de seguridad y los efectos de las políticas centradas en el control poblacional con un enfoque discriminatorio. Los mensajes, resoluciones y regulaciones que alientan las detenciones sin orden judicial combinados con la falta de control del accionar de los integrantes de las fuerzas generan condiciones para que sigan ocurriendo estas violaciones de derechos.

En 2003, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Walter Bulacio en 1991. Sin embargo, no se llevó adelante un trabajo serio y profundo para transformar las prácticas policiales y erradicar las detenciones arbitrarias.

En los últimos tiempos, no solo no se avanzó sino que se tomaron decisiones que afectan de manera negativa la vigencia de derechos. Es el caso del fallo “Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires que habilitó a la policía a detener sin orden judicial bajo supuestas facultades implícitas sin más motivo que la averiguación de identidad. Y del “Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales del Ministerio de Seguridad de la Nación” que habilitó, en contradicción con el Código Procesal Penal de la Nación, a las fuerzas de seguridad a detener y realizar requisas sin orden judicial a partir del “olfato policial” y de información anónima. Por este motivo, el CELS presentó un recurso de amparo y pidió una medida cautelar que suspenda su aplicación. Hoy el Poder Judicial decidió rechazar la cautelar.

Luego de que este Protocolo se pusiera en vigencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en los primeros dos meses de los “Operativos de Control Poblacional Conjunto” 85 445 personas fueron interceptadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Según el Ministerio, solo 312 fueron detenidas, es decir que el 99,64% de las interceptaciones y posibles requisas tuvieron un resultado negativo. Estos procedimientos vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad de las personas interceptadas y requisadas. Además, en los últimos meses, se han conocido casos a través de videos y denuncias públicas que muestran cómo funciona la discrecionalidad policial amparada en las llamadas “detenciones por averiguación de identidad”. Lo que les ocurrió a Iván Navarro y a Ezequiel Villanueva Moya muestra las consecuencias más graves de estas políticas.
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