La Paz en Colombia (esa mentira piadosa) // Tomás Aslterra


 Derechos Humanos que obligó al Estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas y 20 mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo en 1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de desplazados habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz, propiedad de Lulle y hoy uno de los terrenos recuperados, donde se han construido viviendas, plantaciones y altares en torno a los antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se encuentran. Los indígenas y campesinos del cauca no solo reclaman estos terrenos como propios ante esta evidencia ancestral o de presente legal (el fallo de la CIDH) sino también ante el desastre ambiental y humano que propician los negocios de Lulle. El monocultivo de azúcar ha desertificado la zona y dañado las fuentes de agua, haciendo inviable la subsistencia en muchos de sus territorios. En Colombia 0,4% de los propietarios abarca el 60% de la tierra. Y mientras los llamados cañeros, trabajadores de la industria azucarera, ganan 400 mil pesos al mes (muy por debajo del salario mínimo legal vigente), los ingresos del conglomerado económico Lulle ascienden a más de 6 billones de pesos al año.
La historia de Colombia documenta que la mayoría de sus familias más ricas no sólo han ganado sus fortunas en base a la explotación laboral y el desastre ecológico, sino también gracias a la violencia (como la guerra civil de los años 50 que permitió ampliar sus propiedades gracias al desplazamiento campesino). Frente a estas injusticias y las reflexiones de un grupo de campesinos desplazados en conjunto con estudiantes urbanos nacieron las FARC. Precisamente luego de la masacre de Marquetalia, donde el gobierno de Colombia con apoyo de los Estados Unidos bombardeó las comunas autogestivas de las montañas del Tolima donde estos campesinos se habían refugiado de La Violencia (como los colombianos llaman a la guerra civil de los 50as.

Los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Velez (2002-2010) marcaron también el avance económico de estas élites en base a la violencia, esta vez, principalmente, en manos de empresas multinacionales, que aprovecharon el accionar de los grupos paramilitares para entre otras cosas: asesinar sindicalistas en busca de mejoras laborales, líderes indígenas fomentando la autonomía y denunciando los planes extractivistas de estas empresas, generar masacres en poblaciones que rechazaban estos planes para que cambien de opinión o directamente ocupar sus territorios tras el desalojo. Los casos son miles y están debidamente documentados. Millones de desplazados, cientos de fosas comunes, miles de asesinatos políticos, falsos positivos (jóvenes de barrios periféricos asesinados para ser presentados como guerrilleros caídos en combate), judicialización de intelectuales, artistas y líderes sociales que denunciaban estas injusticias ocultadas por una intensa cobertura mediática (de la que obviamente participó RCN). Mientras estos planes se ocultaban, el gobierno de Uribe se popularizó por su progreso económico, su alianza con Estados Unidos y su encarnizada lucha contra las FARC y otros grupos guerrilleros, a quienes se los vinculó con todos los males y violencias del país. Cómo nunca en la historia de Colombia, el poder militar y paramilitar, financiado por Estados Unidos, se desplego en el territorio. El Plan Colombia que fue presentado al mundo como lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fue en realidad un plan terrorista de apropiación de tierras en manos de grupos narcotraficantes devenidos en sicarios de las élites económicas. Los acuerdos de paz de La Habana son la consecuencia de la derrota de las FARC frente a esta avanzada. No solo por la pérdida de sus principales líderes ideológicos y el poder territorial en muchas zonas de Colombia, sino también por la pérdida de apoyo popular.

Cierta vez, en una asamblea de indígenas del Cauca, se esbozó la posibilidad de un grupo armado indígena. Un mayor pidió la palabra. Dijo algo así como: “Miren el ejemplo de las FARC. La historia dice que nacieron de esta misma inquietud que tenemos. De la violencia con la que el gobierno injustamente nos reprime y nos roba las tierras. Pero: ¿Quién vende las armas? Los gringos ¿Y a cuanto las venden? Muy caro. Yo creo que esa es la respuesta de porque las FARC muchas veces han terminado cayendo en las mismas injusticias, los mismos negociados, que aquellos contra los que combate. No creo que sea razonable ese camino”.

Sin embargo nadie que apoye la solución pacífica a los problemas de Colombia puede dejar de reconocer la virtud de las FARC y otros grupos guerrilleros, no solo en la vocación social y política con la que nacieron o el irremediable uso de las armas frente a la injusta violencia de la élites económicas (razonamiento al que llegó hasta un cura pacifista como Camilo Torres), sino también por mantener entretenido al ejército colombiano y sus planes de ocupación. Pocos pueden asegurar que este legendario y diverso grupo guerrillero no haya cometido injusticias, no halla secuestrado personas, extorsionado campesinos o traficado cocaína. Pero al menos yo nunca oí hablar de guerrilleros de las FARC cortando cabezas con motosierras y jugando a la pelota con la cabeza de líderes campesinos o asesinando sindicalistas en frente de sus familias por pedir media hora de almuerzo en una jornada de ocho horas. Acciones que si cometieron esos mismos grupos paramilitares que, está comprobado, fueron apoyados por empresas multinacionales y el gobierno de Estados Unidos, financiaron la campaña de Uribe y participaron de escándalos de venta de armas y narcotráfico internacional como el Iran-Contras. Paramilitares que fueron indultados y recibieron subsidios gracias a la Ley de Justicia y Paz aprobada durante el gobierno de Uribe.

Luego de que muchos de sus líderes fueran extraditados por narcotráfico a Estados Unidos en el preciso momento en que comenzaban a desnudar y confesar una densa trama criminal en la que estaban involucrado no sólo el gobierno y el ejército de Colombia sino también numerosos empresarios locales. Luego de hacer numerosas transferencias de tierras de campesinos desplazados a terratenientes locales y empresas multinacionales. Quizás esas mismas tierras en los llanos orientales (una de las zonas más calientes del conflicto entre el gobierno colombiano y las guerrillas) donde el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de firmar un acuerdo con el zar de la soja Gustavo Grobocopatel para explotar 3 millones de hectáreas. Grobocopatel, que a través de la canciller argentina Susana Malcorra fue invitada a asesorar los acuerdos de paz en Cuba.

Cuba, lejos de Colombia, donde hace pocos meses la periodista María Elena Salinas del canal Univisión le preguntó al Comandante Timochenko: ¿Por qué le conviene al gobierno de EEUU apoyar a la guerrilla colombiana?”. Timochenko responde: “Es por los intereses que ellos tienen desde el punto de vista geoestratégico y económico. Porque es un conflicto que también los ha degasta a ellos. Fueron más de 10 mil millones de dólares que sale del presupuesto de Estados Unidos. Además estamos en un momento de crisis financiera mundial. Fueron casi 12 años y no hubo resultados, no nos derrotaron. Porque las condiciones que alimentan el conflicto están vivas.  Ahora, hay también todos esos megaproyectos, en las zonas fuertes del conflicto, hay muchos intereses económicos que si desaparece el conflicto, pues hombre, van a tener posibilidad de desarrollarse”.
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