Córdoba contra el gatillo fácil // Mariano Pacheco

Asesinados en democracia: la sombra azul del terror dictatorial


Convocada por la “Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Córdoba”, y acompañada por partidos y organizaciones sociales y políticas, se realizó ayer en la provincia mediterránea la Marcha Contra el Gatillo Fácil, enmarcada en la jornada de protesta nacional que en otras provincias se realizará el próximo sábado 27. La concentración comenzó alrededor de las seis de la tarde. Partió  desde la intersección de Colón y General Paz para dirigirse  a la Casa de Gobierno, donde se leyó un documento antes de la desconcentración.
Muchas voces, un solo grito
Madres, abuelas y hermanas de las víctimas. Primos y compañeras de colegio,  amigos del barrio o de la vida, pero también cientos de personas que no conocieron en persona a las chicas y los pibes asesinados o “desaparecidos” por la policía estuvieron presentes ayer, marchando por las calles de la ciudad de Córdoba, para decir “Basta” a los casos de gatillo fácil, a la violencia institucional, a la represión policial. Había militantes de organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones culturales, barriales y estudiantiles. Abogados, actores, carreros, músicos, comunicadores populares y trabajadoras sexuales.
Teresa Soria, abuela de Lautaro Torres (adolescente de 16 años  asesinado por la espalda, de cuatro balazos, el 12 de abril de 2014), al frente de la columna, destaca en diálogo con este cronista que es muy importante que otros familiares que aún no se han acercado a la Coordinadora puedan hacerlo, que pierdan el miedo para poder salir adelante. “Hoy me siento muy fortalecida. Si me dejo llevar por lo que dicen los psicólogos, eso de que al nieto se lo quiere aún más que a los hijos, y teniendo en cuenta que soy una mujer grande que ya pasó antes por una dictadura que me tocó de cerca, puedo decir que he perdido el miedo y que no voy a claudicar en esta lucha”. Mientras algunos jóvenes pegan carteles con los rostros de los muchachos asesinados, otros encienden neumáticos en las esquinas. Una murga le pone ritmo al paso lento de una marcha que avanza mientras la calurosa tarde le da paso a la fresca noche. Entre las banderas y los cánticos, Lucrecia Cuello, del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y la Asociación Civil La Minga, destaca la importancia de que huya tanta gente “protestando contra esas continuidades del aparato represivo de un Estado que sigue matando y desapareciendo”. Florencia, del Taller de Derechos Humanos en la Cárcel de Mujeres (que depende de un programa de extensión universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba), asegura que hoy en día hay un mal sentido que se usa sobre la palabra seguridad, “que pasa más por la represión estatal que por la inclusión social”. Santiago San Paulo, actor del grupo Zéppelin Teatro, dice que es muy importante que desde el campo cultural se acompañe la movilización, porque los casos de violencia protagonizados por el “Estado-narco-policial” son “un tema que involucra a toda la sociedad”. Para Germán Díaz, del Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), es muy importante “la unidad del campo popular” para enfrentar el “Estado Policial” cordobés. “Charra”, un vecino de Villa La Tela que integra la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza, cuenta que estar ahí presente “por los pibes asesinados” es también repudiar un accionar policial que se padece en los barrios cada día. Patricia, trabajadora sexual de la organización de meretrices AMMAR, destaca que “son los gobiernos los que le dan la carta blanca a la policía para que salgan a matar a nuestros pibes, los de los barrios pobres” y comenta que ellas también padecieron durante años los abusos de la policía, incluso sus asesinatos, como fue el caso de su prima Sandra Isabel Figueroa. Para Sergio Job, abogado que integra el Colectivo Jurídico “Deodoro Roca”, la movilización fue fundamental para “poner un freno al Estado Policial construido en la provincia durante las últimas dos décadas, cuyo síntoma más agudo puede verse en los jóvenes pobres fusilados por la policía, que cuenta con el aval político que les permite quedar impunes y sostener ese Estado de Sitio que se vive en los barrios populares de la ciudad de Córdoba”.
Un entramado de poder
El proceso realizado por estas mujeres que, como las Madres de Plaza de Mayo en los 70, o las piqueteras en los 90, se han puesto a la cabeza de esta lucha “por sus hijos” durante los últimos años, es clara si se compara las definiciones esbozadas hace dos años, cuando surgieron como organismo, a la actualidad. Para esta última marcha las mujeres insistieron en señalar el entramado político, judicial y comunicacional que hay por detrás del accionar policial y no solo a los agentes que apretaron el gatillo: causas cajoneadas en los Tribunales, estigmatización de las radios, los diarios y canales de televisión de la “prensa hegemónica”, respaldo institucional del poder político es una tríada sin la cual no puede entenderse la violencia policial.
Desde la Coordinadora de Familiares Víctimas del Gatillo Fácil han denunciado en esta oportunidad no sólo la situación por la que atravesaron con sus seres queridos asesinados, la persecución a la que ellas mismas se han visto expuestas (“han tiroteado nuestras casas, nos han enviado mensajes amenazantes en contra de nuestros familiares y amigos y muchas otras morbosidades para asustarnos”, según expresaron en el documento elaborado para la movilización), sino también la situación que la misma policía suele exponer como argumentos de su accionar (“es la misma policía que contrata a nuestros hijos para robar” la que los mata por “delincuentes”), e incluso, han tomado en sus manos la denuncia sobre los casos de abuso en los lugares de encierro: “Importando sus modelos de EE.UU, en Córdoba, cárceles como Bouwer , Cruz del Eje y Villa María, utilizan métodos que se usaban en las dictaduras. A los presos tan solo por pedir traslados, o mejores condiciones, los encierran en celdas de aislamiento, con un plato de comida por día, sin abrigo, a veces hasta atados a camas de sujeción. Así los tienen por días. Y vale recalcar las brutales golpizas y requisas ilegales que reciben. Los presos son humillados constantemente. No se respeta su privacidad y su derecho a recibir visitas (lo más importante para una persona en condición de encierro), visitas que también son sometidas a su régimen verdugo. La atención médica que reciben -si es que la reciben- son calmantes para mantenerlos dopados y anestesiados. Luego, suceden los asesinatos encubriéndolos de suicidios o duelo de presos”, aseguran en el texto.
Números alarmantes
Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),  durante el período que va desde el año 2013 hasta el primer cuatrimestre de 2016, han sido 33 la cantidad de víctimas letales fallecidas a manos de las fuerzas de seguridad. Por “ejecuciones extrajudiciales” el informe académico entiende “aquellas privaciones de la vida cometidas por agentes pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, estando o no en ejercicio de su cargo”. Y se puntualiza que esta definición abarca, incluso, aquellos casos en que “la intencionalidad de matar no sea manifiesta pero que finalmente ocasionen la muerte de la persona en cuestión”. Los números no son alentadores: 7 casos en 2001, 13 en 2012, 18 en 2013 y otros 18 en 2014, 16 en 2015 y 5 en lo que va del corriente año. A estos datos se le deben sumar, siempre para el mismo período (2013-2016), los doce casos producidos en “situación de encierro” (muerte de un detenido en una comisaría o establecimiento carcelario, muertes que por lo general -aclara el informe- no son investigadas, “ya que aparecen en las fuentes periodísticas como suicidios o muertes dudosas”); los cuatro por “negligencia funcional (“aquellos casos en los cuales la causa de la muerte o lesión no puede imputarse a un exceso de fuerza, sino fundamentalmente a falta de cuidado por parte del funcionario de seguridad”) y los cuatro producidos en el marco de “uso de la fuerza en situaciones interpersonales”, es decir, fallecimientos ocurridos en situaciones en las que algún funcionario ha provocado la muerte de otra persona por motivos que, “conforme al relato de los hechos, son particulares y no guardan relación alguna con la función”, además de sumarse a este triste conteo una persona “desaparecida” (“se categorizará como desaparición los casos en los cuales una persona ha sido reportada como tal y existan sospechas de la participación de agentes del Estado en el hecho”, remata el informe).
¡Presentes!
“Cuidate, si andas por la calle, la yuta, te puede cazar”. La canción de Malón, la emblemática banda de heavy metal argentina, data de la década del 90. También de esa época es la canción de esa otra emblemática banda argentina, pero de punk-rock (Dos minutos), que dice: “Un gatillo fácil siempre se puede encontrar en una esquina, en cualquier lugar”. Aunque los casos denominados como “gatillo fácil” datan de una década atrás, al menos desde 1987, cuando Agustín “El Negro” Olivera, de 26 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto “Willy” Argañaraz, de 24, fueron acribillados a balazos por efectivos de la Policía Bonaerense en una esquina de Ingeniero Budge. Otro caso similar, ocurrido un año después, fue el que se cobró las vidas de Agustín Ramírez y Javier Sotelo, jóvenes militantes de las Comunidades Eclesiales de Base que participaban de las ocupaciones de tierras, asesinados por la policía el 5 de junio de 1988, luego de una razzia realizada en el asentamiento Nueva Jerusalén de San Francisco Solano, en la zona sur del conurbano bonaerense. El 26 de abril de 1991, luego de ser detenido por una razzia policial realizada seis días antes en el marco de un recital de la banda de rock Los redonditos de ricota, moría Walter Bulacio, bajo el diagnóstico de “traumatismo de cráneo”, y el 17 de agosto de 1993 fue desaparecido, torturado y posteriormente asesinado por la policía bonaerense el joven estudiante de periodismo Miguel Bru. Son los nombres más emblemáticos de un lista de asesinados por la policía en democracia que no ha cesado hasta el día de hoy, y que incluye -también- los nombres de los cordobeses Lautaro Torres, Miguel Angel Torres, Braian Guaiman, Rodrigo Sánchez, Iván Rivadero, Vanesa Castaño, Jorge Romero, Cristian Guevara, Miguel Arraigada, Jorge Reyna, Yamila Cuello, Facundo Rivera Alegre, “Guere” Pellico, Emanuel Panetta, Ezequiel Barraza, Exequiel Saldaño, Juan Carlos Alarcón, David Moreno, Nicolás Nadal, Santino Cabanillas y Heraldo Eslava,  nombrados y vivados una y otra vez durante la movilización de ayer.
Desde la organización de la protesta se resaltó la importancia de que se expresara en las calles el repudio y la denuncia pública no solo de los casos de personas asesinadas por la policía, sino también de los continuos atropellos del Estado que numerosos ciudadanos padecen a diario, a manos de lo que caracterizaron como “un aparato represivo que jamás fue desmantelado” en democracia, y que hoy puede verse expresado en el accionar de la policía “a través del gatillo fácil, los desaparecidos, las torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores”.
A todo eso cientos de personas le dijeron ayer “Ya Basta”.
A tan solo dos días de que la Justicia Federal dicte sentencia por el juicio de la Mega Causa La Perla, que da cuenta de que en Córdoba, como en Tucumán y otros lugares del país, el terrorismo de Estado comenzó mucho antes del 24 de marzo de 1976, minorías intensas de la sociedad cordobesa salieron a las calles para denunciar hechos puntuales (como lo son cada caso singular de gatillo fácil), pero también, para alertar que las sobras del terror siguen presentes a través de sus huellas, funcionando como un temible espectro en la post-dictadura.
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