Los derechos son de plástico // Verónica Gago
Desde el Ministerio de Trabajo al
Banco Central, pasando por la cartera de los Agro-negocios, se incuba una nueva
imaginación estatal que intentará poner en caja a la economía popular. Tan
berreta como cínico y astuto, el exótico relato de los funcionarios macristas
deberá medirse con la expansión de una fuerza productiva que no tiene margen de
espera.
El cambio de escenario es veloz. Ya no se habla de
paritarias sino de mantener el empleo. De fantasear con un Ministerio de
Economía Popular pasamos a marchar contra el ajuste y los despidos. En apenas
unos meses, el gobierno del PRO logró reconfigurar el escenario del trabajo,
empujar de una manera inesperada el mapa de alianzas sindicales, hacer de las
reincorporaciones un marco perverso de negociación y evidenciar que la precariedad
es capaz de una serie de matices casi infinita.
Mientras, en los barrios se pronostica que la
economía informal, popular y multiforme va a ser, a la vez, el sector que más
crezca y el que más sufra. Ese engorde será proporcional, apuestan algunos referentes,
a la inflación y el enfriamiento de la economía. Sin embargo, lo que parece
funcionar como colchón a la caída del consumo que ya se siente es un fortalecimiento
de los segmentos más sumergidos, ilegales y desregulados que supieron
combinarse con las economías informales como modo de hacerlas prosperar,
autonomizarse y aguantar –también antes– la pérdida de poder de compra de los
subsidios. Se trata del mismo dinamismo que convirtió a esas economías en
combustible de endeudamiento popular, de nuevos negocios financieros, y que hoy
marca un elemento clave de su fragilidad. Todo el tinglado precario de planes sociales
y contrataciones se desmoronará a distintas velocidades sobre ellas: hacia su
interior (la parte formal de la economía informal, como se le llama a las
cooperativas) y hacia sus laterales (la parte más violenta con que se conecta
la informalidad: transas, aprietes y pelea por los negocios inmobiliarios).
populismo
financiero
El directorio del Banco Central, presidido por Federico
Sturzenegger, convirtió hace unas semanas en tarjeta de débito a los plásticos
mediante los cuales se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los planes
o programas de ayuda social. La disposición, que fue impulsada desde el ANSES,
se conecta con la extensión del beneficio a monotributistas de bajos ingresos y
también es el medio por el cual se hace operativa la devolución del IVA de la
canasta básica para la población beneficiaria. Esa devolución, claro, se concreta
“en la medida que las compras se hagan con tarjeta de débito de las cuentas en
las que se acreditan beneficios laborales, asistenciales o de seguridad social”,
pero el reintegro se hace en función del saldo “independientemente del origen
de las acreditaciones” (Resolución de Directorio N° 165).
Los efectos de esa modificación, según los
argumentos del propio Sturzenegger, corresponden a una idea más estricta y
radical de extender la “inclusión financiera” para los sectores populares. La
argumentación oral se quiere desprejuiciada: ¿por qué una cuenta AUH no debiera
permitir a sus beneficiarios usar y contratar otros servicios financieros? De
este modo, se trata de convertir a los beneficiarios (un término que remite a
cierta pasividad) en una categoría más dinámica y afín con la nueva época: clientes. Para eso se habilitó a las cajas
de ahorro por las cuales se cobran los planes sociales, para que en ellas se
puedan depositar fondos de otras proveniencias (con un límite del importe de
dos salarios mínimos por mes) y para que se adhieran a pagos automáticos (esto
sí sin límites de ningún tipo).
Se quiere dar lugar así a una bancarización stricto sensu. Expandiendo y completando
un proceso que se inició hace ya varios años por medio de la bancarización
compulsiva de los beneficios sociales, se escribe un nuevo capítulo que conecta
financierización y derechos. Esto significa que los derechos sociales son
mediados por instrumentos financieros que, por supuesto, nunca son gratis. Las
finanzas exhiben así su capacidad constitucionalizante: es decir, de producir
derechos, enlazarse con la producción jurídica y anudar, de un modo que antes
era insospechado, inclusión social y negocio financiero, consagrando nuevas
modalidades de explotación que no dejan a nadie afuera.
¿Qué implica que alguien que cobra 966 pesos por
AUH –según el último aumento– pueda en esa misma cuenta ingresar otros fondos?
En primer lugar, permite la extracción de dinero en cualquier cajero pero
también “el retiro en efectivo en los comercios adheridos”. Fiesta de
intereses, se escucha detrás de bambalinas. En segundo lugar, esas cuentas que estaban
exentas de chequeo por el origen de sus fondos (mientras reciben sólo dinero
del estado, se supone que es en blanco y por tanto operan bajo un “régimen
simplificado” de control), ahora podrían entrar en colisión con otras
normativas ya que se desconocería el origen de su capital. Sin embargo,
y a pesar de las advertencias, la modificación no tuvo observaciones legales.
Esas miles de cuentas podrían convertirse en
canales de blanqueo para ingresos provenientes de las llamadas economías
informales, algunas al borde de lo ilegal, todas en un tembladeral de rebusques
que se calientan y aceleran mientras suben los precios. De este modo, tendrían
la chance de ingresar al sistema financiero bancario flujos de efectivo que
provienen de los miles de empleos, emprendimientos, changas y negocios de
diversa escala de ese famoso 40% de la economía “en negro”, que hoy representa
uno de los puntos más sensibles del mapa político y económico de Argentina. Así,
el sistema financiero consigue sangre nueva: se alimenta de un flujo de trabajo
producido en condiciones completamente precarias, de fuerte dinamismo en su
capacidad de articulación territorial y muy desiguales en términos tributarios
y de ingresos. Por eso no es tan importante controlar de dónde vienen los
fondos, sino que se les pueda sacar provecho a través de los bancos y las
organizaciones financieras no bancarias.
marca
personal
Buena parte de los despidos que se dieron al
interior del Ministerio de Trabajo tienen que ver con programas que intentaban
convertir o al menos generar algún tipo de contacto, entre la población receptora
de los planes sociales y ciertas formas de empleo flexible: subsidios destinados
a cooperativas y emprendimientos, al empleo joven, a pasar de la noción de
pasantía a “entrenamiento laboral”. De boca del actual Secretario de Empleo, Miguel
Angel Ponte, ex directivo de Techint, salió la propuesta de cambiar la noción
de “trabajo decente” (ya bastante polívoca, pero que condensaba una polémica
sorda con la de “trabajo digno” que supo embanderar a los movimientos
piqueteros) por la de “personalización laboral”. Se trata de una idea que
recoge todos los clichés neoliberales y que quiere limpiar de un plumazo cualquier
reminiscencia a que un trabajador pertenecería a cierto tipo de colectivo
social (uno bastante particular, diría Marx). Entonces, ya no se habla de
trabajadores sino de personal, y esa personalización supone que el trabajo se
puede “customizar” (sic) a medida de cada quien.
La consigna está siendo lanzada en reuniones de
equipo y, aún si permanece vaporosa, se complementa con una descripción de las
tres economías realmente existentes: la ordinaria o economía blanca; la economía social (“los
choriplaneros” es la definición técnica); y la economía de base, compuesta por
quienes no pueden ser beneficiarios de política pública porque “chorrean
mierda”. El nuevo lenguaje oficial se conjuga con el del policy making, pintando un cuadro de lo más desinhibido del pensamiento
político que circula entre los funcionarios de alto rango.
El cambio político y de estrategia en el Ministerio
de Trabajo no es sólo cuestión de marketing, expresa un plan para la población
sobrante con especulaciones de un desempleo que llegaría a más del 17% tras los
primeros meses de gestión. A modo de lapsus pero como desliz sintomático del
nuevo horizonte, en algunas reuniones se nombra sin querer al Ministerio de
Agricultura como Ministerio de Agronegocios. En ese tándem –agrobusiness y desocupación– se entiende
que José Anchorena (apellido de una línea terrateniente de larga data),
director económico de Fundación Pensar y ahora a cargo de la Subsecretaría de
la Programación Técnica y de Estudios Laborales, diga a la vez que el “auto-reconocimiento
indígena” no tiene mucha credibilidad y que debería implementarse algo más
cercano a exámenes de ADN para justificar la entrega de subsidios o
reconvertirlos a artesanos que puedan vender sus productos por plataforma Etsy,
como en Estados Unidos. Ya lo escribió, en el diario La Nación, debatiendo la ley anti-despidos que re-bautizó como
“cepo al trabajo”: “El
mercado laboral es un organismo dinámico cuyo gran objetivo es crear
oportunidades”.
pooles de
prenda
La imagen de un mantero senegalés empujando con
furia a un policía de la Metropolitana se viralizó, tal vez, porque condensaba
una acción concreta y decidida frente a una serie de atropellos que encontraron
menos resistencia de lo que se imaginaba. Al menos por ahora.
El sector de vendedores ambulantes, feriantes y
todo el arco de lxs trabajadorxs del sector textil (de las fábricas que cosen
para grandes marcas, a los talleres textiles llamados clandestinos) están
siendo chantajeados por una doble pinza: la amenaza patronal de que si no hay
auto-ajuste las importaciones de China inundarán el mercado; y la embestida
securitista contra la informalidad por medio de denuncias y llamado social a su
represión. Hay miles de cooperativas de costura en todo el país (las máquinas
de coser fueron uno de los implementos más entregados por las gestiones
anteriores del Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo) y hoy podrían caer
en la denuncia de la gente de a pie que se promueve desde el conglomerado
patronal nacional a través de www.argentinailegal.com (volviendo realidad una app que ya anticipó
Capusotto).
Algunos emprendedores de la economía informal tal
vez logren dar el paso y reinventarse como pequeños importadores de prendas,
haciendo pooles de inversión para comprar containers. Aun así, les será difícil
seguir vendiendo al mismo ritmo. Otrxs trabajadores ligados a las economías
regionales, de las que depende una mano de obra también sumamente precarizada,
muchas veces migrante y vinculada de modo estrecho a eslabones de la economía
informal (recolectores de fruta, ladrilleros, yerbateros, etc.) verán reducida
su porción de ingresos. Más aún si se tiene en cuenta que, según especialistas
en el área, durante la década pasada no hubo avances cualitativos a favor de su
regulación o de una institucionalidad que hoy funcione verdaderamente de
obstáculo. En paralelo, la quita de muchos subsidios provenientes de la
desaparecida Subsecretaría de Agricultura Familiar –como ya pasa en todo el
cordón fruti-hortícola de la zona sur de provincia de Buenos Aires– obliga a los
productores de alimentos a vender cada vez más barato para garantizar su
circulación o a conseguir canales alternativos de compras comunitarias directas,
las que ya proliferan en varias ciudades del país.
incorrecciones
políticas
Bajo el nombre de economías populares se intentó
pensar la mutación del desempleo a formas de empleo que se mixturaban con los
planes sociales, los emprendimientos y el reconocimiento como derecho social de
una serie de actividades que emergieron en la crisis de 2001 y luego se
consolidaron como estratos importantes para una buena parte de la sociedad. La
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) incluso se propuso
pensar una forma sindical que acompañara ese reconocimiento del nuevo mundo
laboral pos-salarial, tratando de ensanchar por abajo la imaginación sindical.
Muchas otras organizaciones e iniciativas con trayectorias diversas ya venían desplegando
estrategias similares. La referencia práctica es un conjunto variopinto de
actividades productivas que nunca estuvieron desvinculadas de la llamada
economía formal ni funcionaron como un archipiélago de solidaridad. Las
finanzas se encargaron de ser el código de articulación más veloz y astuto de
esos espacios que, cuando se articulan priorizando identidades políticas,
luchan aun por preservarse bajo la lógica de la distinción. Las nuevas
políticas financieras, del agrobusiness y de gestión del empleo entienden los
códigos de estas interconexiones sin guardar ninguna corrección política. Queda
por verse hacia dónde estas economías populares (heterogéneas, intermitentes y
cambiantes) se siguen expandiendo. Que van a seguir creciendo, que no caben en
la etiqueta de trabajo nacional y que tienen un desafío sobre su capacidad de
auto-defensa, es de lo único que podemos estar seguras.
[Nota publicada en la Revista Crisis: http://www.revistacrisis.com.ar/]