Macri, Panama Papers y ¿narcoparamilitarismo? // Tomás Aslaterra
La reciente investigación del
periodista Daniel Coronell desnuda las vinculaciones financieras entre el
gobierno de Mauricio Macri y empresas de seguridad privada ligadas al
ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Velez acusado de vínculos con el
narcotráfico, el paramilitarismo y de uno de los mayores genocidios de la
historia reciente en América Latina.
Podría haber sido una nota de color.
Sin embargo sus implicancias son de terror. En su investigación “Lagunas de
Panamá”, publicada recientemente en la revista Semana de Colombia, el
periodista Daniel Coronell documenta las relaciones entre la empresa Ángel
Total Solutions SAS, que integra la lista de los Papeles de Panamá, y la
estrategia narcoparamilitar de represión y apropiación de recursos que el
dizque “sistema capitalista” exporta a través de su mejor gestor y ejemplo, el
ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Velez, y que tiene en Mauricio Macri uno
de sus más fervientes admiradores.
Ángel Total Solutions SAS pertenece a
Laddern Group S.A, sociedad panameña que de acuerdo con archivos de ese país
también ha tenido dirección en las Islas Vírgenes Británicas. Fue fundada en
mayo de 2012 por una firma de abogados de Medellín con el nombre “Andalucía de
Colombia SAS” y su propósito era dedicarse a los negocios de finca raíz. Sin
embargo, de acuerdo con el registro mercantil vigente, su gerente y
representante legal, Federico Gutiérrez Zuluaga, utilizó la firma para venderle
a la ciudad de Buenos Aires, entonces gobernada por Mauricio Macri,
asesoramiento en seguridad. En ese entonces, 2013, el legislador porteño
Alejandro Bodart denunció que el entonces ministro de Justicia y Seguridad de
Buenos Aires, Guillermo Montenegro, viajó a Medellín y se reunió con Gutiérrez
Zuluaga en la casa de Uribe para cerrar el contrato con Ángel Total Solutions
SAS para un primer curso con la Policía Metropolitana, dos días antes de la
represión en el Borda. Si bien Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, negó a
Coronell dicha reunión, el periodista muestra en su nota fotos de la misma.
Además de Messi, el ex- presidente de
Islandia y el actual presidente de Argentina, hay 850 colombianos involucrados
en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) bautizada como los Papeles de Panamá. Entre ellos, los jefes
negociadores del gobierno con las FARC y el ELN, Humberto de la Calle y Frank
Pearl. De la Calle es un destacado abogado colombiano que ha sido
vicepresidente, ministro, magistrado de la Corte Suprema, constituyente y
embajador de Colombia. También figura Alberto Carrasquilla, ex gerente técnico
del Banco de la República y economista del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), que además fue ministro de Hacienda entre 2003 y 2007, durante el
mandato de Uribe (2002-2010). Y Augusto Acosta, superintendente financiero
entre 2006 y 2007.
El caso de Gutierrez Zuluaga y Ángel
Total Solutions podría ser simplemente uno de los tantos mencionado en los
Papeles de Panamá, si no reflejara de manera tan clara la vinculación entre
sistema financiero, lavado de dinero, narcotráfico y empresas de seguridad
privada al servicio de gobiernos y empresas multinacionales que conjugan el
extractivismo con la criminalización, judicialización y asesinato sistemático
de personas y comunidades opositoras a este sistema económico global, cuyo
intrincado mapa de redes es tan denso como la trama inversa, la de los pueblos,
movimientos sociales y resistencias o alternativas a dicho sistema.
Dice el colectivo de comunicación
popular Pueblos en Camino: “Nada de esto se sabe y todo esto se niega.
Excepto que en las Laguna de Panamá Coronell descubre la empresita y la
inversión en los 'Papeles de Panamá'. Lo que ya sabemos empieza a documentarse:
el negocio de terror contrainsurgente del sistema, las mafias que lo controlan
y lucran de él al más alto nivel (lo llaman seguridad y es uno de los negocios
más lucrativos y tenebrosos del planeta). Existe, tiene coordinadores y
coordinaciones mafiosas poderosas que ejercen los cargos políticos más altos en
diversos países y que brindan seguridad al mayor sistema de explotación,
despojo y acumulación concentrada de ganancias de la historia. Ya lo
habíamos esbozado, lo venimos
preguntando, la
gente lo viene sufriendo en mecanismos de terror cotidianos que penetran todos
los ámbitos, en golpes blandos y
guerras contra los pueblos, en neo-fascismos omnipresentes, para el despojo, la
muerte, la acumulación y superación de la crisis del capital desde la
Patagonia Mapuche hasta el ártico pasando por masacres, feminicidios,
asesinatos, control de territorios y recursos, guerras permanentes (como las
del Medio Oriente) y políticas compartidas para el despojo
corporativo/especulativo. Si le siguiéramos la pista a lo que acá destapa Coronell
en todas partes, llegaríamos al centro de éste aparato inteligente y coordinado
y coordinaríamos mejor y en todas partes la resistencia. ¿Dónde Estamos?”
Gutiérrez es alcalde de Medellín,
Montenegro embajador en Uruguay, Macri presidente y Uribe, elegido el
colombiano del siglo por los espectadores del History Channel, es uno de los
principales asesores y conferencistas en “seguridad democrática” a nivel
latinoamericano, a pesar de sus probadas vinculaciones con el cartel de Pablo
Escobar y el paramilitarismo (incluso su hermano Santiago fue jefe de un grupo paramilitar).
También hay numerosos pruebas sobre su responsabilidad en una de las mayores
escaladas de represión en Colombia y América Latina en este siglo, que entre
otras frías y cuestionables estadísticas implicó 5 milones de desplazados,
miles de presos y muertos políticos, cientos de intelectuales y militantes
exiliados y jóvenes de barrios de bajos recursos asesinados para ser
presentados como supuestos guerrilleros (como demuestran y visibilizan las
Madres de Soacha). Eso sin contar otros miles de jóvenes de bajos recursos
empleados como paramilitares para realizar horrorosas masacres sobre pueblos
originarios cuyo único crimen fue nacer en territorios codiciados por sus
recursos naturales por las grandes empresas que nos venden este consumo
moderno, sangrante presente globalizado.
El mismo hombre, la misma mafia, al
que Mauricio Macri, además de contratos de consultoría en “seguridad”, otorgó
las llaves de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre de 2010. “Es una
esperanza para todos los latinoamericanos”, dijo el jefe de gobierno porteño en
la ceremonia en que nombró a Uribe “Huésped de Honor”.
En medio de su supuesta cruzada
contra el “narcotráfico” y la “inseguridad”, el gobierno de Cambiemos nombró
como directora de la Subsecretaría de Gestión de la Información Criminal a
Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad de Córdoba, egresada de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de la misma ciudad. Magister en Planificación y Administración del
Desarrollo Regional del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER)
de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia y ex directora de la carrera
de Ciencia Política, la Especialización en Gobierno y Gestión Pública y el
Centro de Estudios en Gobernabilidad Local de la Pontificia Universidad
Javeriana (también Colombia). Durante su estadía en el país de la cumbia y la
arepa, Monteoliva trabajó en los equipos de seguridad creados por Uribe para la
reurbanización de Medellín, las llamadas Cooperativas Convivir que, luego se
comprobó, se usaron para financiar grupos narcoparamilitares. Grupos que en
complicidad con el ejército sembraron el terror en todo el norte de la región
(Urabá) para imponer proyectos extractivos como la producción de palma africana
para biodiesel y la explotación de antiguas plantaciones bananeras, amenazadas
por la guerrilla, los sindicatos y los movimientos sociales. La gran mayoría de
los ex-jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos para ser juzgados, no
por criminales o terroristas sino por “narcos”, eran antiguos vecinos y amigos
de “Alvarito”, a quien Pablo Escobar puso en su momento (1980) como Director de
la empresa de Aeronáutica Civil de Medellín, desde donde se encargó de
legalizar la estructura de exportación aérea de la cocaína del cartel de
Medellín hacia el principal país consumidor de ese producto: Estados Unidos.
Todo bajo la atenta mirada de la DEA, que en 1991 ubicaba a Uribe en el puesto
número 82 de la lista de narcotraficantes más buscados del mundo. Hay un largo
prontuario de investigaciones sobre el apoyo de la DEA y el gobierno de Estados
Unidos al ascenso de Uribe de “narco” a “presidente” y ahora a “asesor
latinoamericano en seguridad democrática”. Una densa trama de color. Negro.