Represión de economías populares y especulación financiera // Biscay, Arduino, Berguier y Carpineti
En su editorial del pasado 6
de febrero, titulado “Venta callejera y mafias” el diario La Nación establece
un vínculo directo entre manteros, comerciantes callejeros y delito. La
operación es tan burda como eficaz, se coloca al emergente de esas economías
informales en las que conviven prácticas legales e ilegales, como el ícono de
lo criminal, ilegalizando a los trabajadores que a diario se despliegan en las
calles y plazas de los grandes centros urbanos.
Todo ello, aunque es música vieja, mientras atravesamos un
contexto social, político y cultural redefinido a diario mediante políticas de
shock y show, apoyadas en la retórica del par emergencia/amenaza que privilegia
como estrategia de intervención el sobrecontrol de los sectores populares y sus
territorios, con la misma intensidad con que retrocede el control público sobre
las finanzas y el capital global.
Otra vez, quien se pasee por ciertas zonas de la ciudad
verá escuadrones policiales de uniforme variopinto, dirigiendo el peso de la
violencia estatal hacia la superficie más visible de esa enorme marea que son
las economías informales, nos referimos a feriantes, manteros y artesanos, en
su gran mayoría tironeados entre la explotación patronal y la coima policial. .
En
casi las últimas dos décadas la industria textil local se expandió, de la mano
de una economía muy informalizada en la que se transitan extremos que van desde
personas que llevan adelante estrategias de subsistencia, explotadores que
someten a la clandestinidad, intermediarios crediticios que obtienen suculentas
ganancias y se benefician de la condena al pago ad
infinitum de montos
excesivos mientras se restringe el acceso a créditos propios de los sectores
formalizados, pasando por las grandes marcas que hacen de la esclavitud laboral
el ingrediente clave de sus recetas del éxito.
Sin embargo en ese complejo entramado de relaciones y
roles la intervención estatal privilegia una vez más el show policial, que
agrava la dependencia de los más débiles; así se renuncia a la integración y
reconocimiento a través de derechos mientras ni siquiera se conmueven las
estructuras criminales, más bien las robustecen. Cada operativo de limpieza –
dirigido a los feos, sucios y malos de siempre- también fortalece la pantalla
que asegura opacidad y discreción para que las dimensiones realmente
sofisticadas y beneficiadas de esa informalidad mantengan los negocios de
siempre.
No nos es posible dejar de señalar, que esta rutina de la ilegalización
a través de diversas formas de humillación comparte la escena pública con la
decisión de ofrecer a lo más granado del capital financiero el manejo de los
mecanismos soberanos de control.
¿Por qué es importante tener clara esa coexistencia? Porque
mientras los sectores más dependientes de esa economía popular son asfixiados,
el establishment financiero mantiene sus cuantiosos negocios sometiendo a los
pobres en un espiral de endeudamiento a través de préstamos con tasas salvajes,
colocados a través de empresas financieras especialmente armadas para dar
crédito a los sectores populares. El pibe de barrio saca en estas financieras
un préstamo pagando tasas que oscilan entre el 100% y el 200% del capital
prestado, de modo que se endeuda entre una y dos veces más que un “chico bien”
por las zapatillas que se compró. Ni bien dieron crédito, estas financieras
venden su cartera de préstamos a los bancos de primer nivel, que pagan por
aquellos un descuento considerable que les permite recibir dinero fresco para
seguir prestando. Esta rueda empieza a girar y a medida que toma velocidad
genera mayor ganancia.
Por eso del otro lado, siempre está el banquero que sabe
que la economía de las finanzas populares es un negocio que él puede financiar
con un costo del 25 al 30% (que es el costo por tomar un depósito a plazo
fijo). En resumidas cuentas, con el dinero captado del público a un 25%
30%, se financia toda una estructura de préstamos usurarios que llegan a tocar
tasas del 200% que aparecen en auxilio de los sectores populares, firmando con
su concesión una de las prácticas financieras más brutales y perversas.
La
deuda financiera, que es el instrumento de presión política que los mercados
financieros internacionales ejercen sobre la soberanía de los países, también
recae como una mochila con todo su peso sobre la espalda de los sectores
populares. Las finanzas son así, subjetivas y corporales atacan en lo macro y
en lo micro, cuentan siempre con el poder de fuego de la represión
policial y el ensañamiento judicial con la vulnerabilidad, pero también
con garantías de impunidad para el statu quo.
Veamos
el espectro aún más amplio. Mientras de un lado el poder ejecutivo designa a
los abogados del HSBC para llevar adelante la política pública de control de
lavado de activos, otros hacen de sheriffs sobre los eslabones más débiles de la
cadena económica. Entonces, así como no se mira el delito en el mundo de las
finanzas del establishment, las sacralizadas, el mundo de las finanzas
populares, las profanas, lidia día a día con las operaciones distractivas o
menores que caen sobre ellas so pretexto de la amenaza de turno, del enemigo
azuzado por los medios y por un Estado que se vale de prejuicios para negar
derechos en lugar de desmontarlos para construir ciudadanía inclusiva.
¿En qué contexto se nos presenta esta voracidad represiva
que privilegia la mira sobre las economías populares? Aun cuando quedan
incógnitas, es posible avizorar una reedición de privilegios que inclinen la
escena hacia hacia una economía de especulación, En la Argentina de hoy una
tercera parte de la clase obrera se encuentra precarizada, no tiene trabajo
formal y el rumbo de los acontecimientos indica que, hacia el futuro,
difícilmente vaya a conseguirlo. Nos encontramos entonces con la necesidad de
la organización de los trabajadores de la economía Popular, trabajadores que
buscan y recrean nuevas formas de subsistencia y reproducción de la vida, con
más razón aun cuando desde las usinas de poder se los señala como la expresión
de lo ilegal y se los consolida como enemigos, mientras quienes usufructúan de
los beneficios y al renta son sacralizados a diario mediante ritos de
impunidad.