CELS: Ante la declaración de la emergencia en seguridad
El
Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un
decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que
profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para
dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios
efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la
escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta.
El
decreto expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es “la principal
amenaza a la seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de
los problemas relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta
justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al
territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas
excepcionales. Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la
frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide
concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha
demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado
de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales
involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su
capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los
derechos humanos.
El
decreto caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional
e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas”
que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio
territorio. Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo
coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la
comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma,
se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en
cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce
un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya
se había debilitado en el gobierno anterior.
Las
FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también
tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad
de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es
inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria
encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con
jerarquía constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que
la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto
beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia.
La
emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad
como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para
que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la
degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de
detención. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de
excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor
poder de fuego. Por ejemplo, se autoriza la convocatoria a personal retirado,
medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y que no aporta nada positivo,
pero que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales
reforzados, que mantienen los mismos problemas de violencia y corrupción, son
luego destinados a operativos de saturación en barrios pobres, sumando un
problema más a las situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos
de estos barrios. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al
poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamento y debilita
los sistemas de control para las contrataciones estatales.
La
declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz
que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada,
técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados.
La
declaración de emergencia no propone medidas capaces de afectar el
funcionamiento de los mercados ilegales como por ejemplo fortalecer el control
del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema
financiero. Al mismo tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de
elaborar estas políticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control.
Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua
entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los
crímenes mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado para
enfrentar los complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar
de lado la necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el
sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo
preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños.
Las
políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de
diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia
en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para
dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar
los problemas del delito y la violencia. Diversos espacios políticos, sociales
y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo
Convergencia, venimos planteando que la obligación del Estado de dar seguridad
a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a
partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas
e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de
políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones
perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Grupo
coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia: León Carlos
Arslanian, Alberto Binder, Gastón Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler,
Gustavo Palmieri, María Victoria Pita, Marcelo Saín, Sofía Tiscornia, Paula Litvachky,
Marcela Perelman, Manuel Tufró, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique
del Percio, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso,
Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez
Ocampo.
Horacio
Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Taiana,
Eduardo Valdes, Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo,
Rut Diamint, Carlos Acuña, Victoria Donda, Gabriel Puricelli, Juan Manuel
Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan Pablo Cafiero, Roberto
Gargarella, Germán Montenegro, Alicia Pierini, Manuel Garrido, Eduardo Rinesi,
Ana Jaramillo, Hernán Patiño Mayer, Humberto Tumini, Juan Sasturain, Carlos
Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Paula Canelo, Khatchik
Derghougassian, Pablo Bergel, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Gabriel
Anitua, Hugo Spinelli, , Andrea Catenazzi, Silvia Guemureman, Virginia Manzano,
Sebastián Pereyra, Máximo Sozzo, Esteban Rodríguez Alzueta, Alberto Schprejer,
Mario Pecheny, José Garriga Zucal, Natalia Bermúdez, Alejandra Otamendi, Martín
Becerra, Juan Tapia, Pablo Alabarces, Alberto Bovino, Ileana Arduino, Jorge
Ceballos, Roberto Cipriano, Victor Mendibil, Gabriel Ganon, Alejandro Grimson,
Lila Caimari, Diego Tatián, Susana Morales, Magdalena Brocca, Natalia Federman,
Alfredo Lazzeretti, Graciela Cousinet, Federico Masso, Isaac Rudnik, Edy
Binstock, Ángela Oyhandy, Juan Carlos Manoukian, Gabriel Bombini.
Asociación
por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ), ANDHES, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y
Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de
Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
(ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel
(Universidad Nacional de Córdoba), Xumek.
Siguen
las firmas…
más
información en www.asd.org.ar
adhesiones:
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Centro
de Estudios Legales y Sociales
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