Las continuidades del Estado

conversación con Bruno Nápoli[1]


Se está hablando mucho de dictadura cívico-militar y de la figura de José Alfredo Martínez de Hoz y toda la burguesía civil que participó de la dictadura. Vos, revisando archivos, ¿cómo ves que estamos en términos de ruptura y continuidad en relación a la dictadura?

El gran problema es que la dictadura en términos económicos no terminó. Si nosotros hoy quisiéramos armar un banco, tendríamos que recurrir a una ley que creó Martínez de Hoz, que es la Ley de Entidades Financieras. Si quisiéramos invertir dinero desde el exterior, nos regiríamos por la Ley de Inversión Extranjera, que todavía sigue vigente. La Ley de Privatizaciones, que permitió que el represor Jorge Rafael Videla privatizara empresas, que Raúl Alfonsín privatizara empresas, que Carlos Menem privatizara empresas. Es una ley de la dictadura que recién se derogó en 2009. Todas esas leyes demuestran que en lo económico no hay corte con la dictadura. La democracia no tuvo el valor todavía para derrocar muchas de esas leyes.

No hay “complicidad civil” en la dictadura, eso es un concepto erróneo que no sirve para entender la dimensión de la participación de los civiles. No fueron cómplices, fueron responsables directos. En las desgrabaciones taquigráficas de conversaciones entre militares y civiles son los civiles los que dicen qué hay que hacer. “El gran problema es que el Central controla mucho”, decía Adolfo Diz, el presidente del Banco Central. Claro, el presidente del Banco Central en la dictadura era a su vez el presidente de ADEBA, la Asociación de Bancos Privados. Entonces, él se queda con el órgano de control, y desde ahí les dice a los milicos: “Ustedes quieren controlar demasiado, tienen que liberar”. No son civiles cómplices, son corporaciones de civiles responsables, porque si no entrarían todos los civiles por igual. Y no es que todos los civiles fuimos cómplices de la dictadura. No fue una dictadura cívico-militar, fue una dictadura militar-corporativa. La Sociedad Rural Argentina se queda con la Secretaría de Agricultura de la Nación, ADEBA se queda con el Banco Central, la gente del Banco Ganadero toma la presidencia del Banco Nación, ACINAR y el Consejo Empresario Argentino, presidido por Martínez de Hoz, se queda con el Ministerio de Economía. Todas corporaciones patronales, financieras y del campo que, igual que ahora, se quedan con los puestos clave del Estado.

También planteás que muchas de las leyes reparatorias y de memoria que tienen mucha vitalidad hoy, se pueden rastrear hacia el pasado, incluso están presentes en tiempo de dictadura.

Es que parece que fueran un invento de este gobierno, pero el primero que hace una ley reparatoria, y elabora políticas de memoria desde el Estado, es Videla. Videla el 6 de septiembre de 1979 promulga la ley 22.062, que es el derecho de pensión para el familiar de un desaparecido. Ese es un invento de Videla. ¿Qué es una política de memoria? Una política de memoria es cuando un Estado establece una política para reparar algo que hizo el mismo Estado. Te mata, después te paga. El indulto es una política de memoria, por ejemplo: “En función de pacificar, de ordenar la República Argentina, yo indulto a mengano”.

Los juicios no son política de memoria. La justicia lo que hace es aplicar una política de memoria que decidió el Estado. Si el Estado deroga las leyes de Punto final y Obediencia Debida,  esa es una política de memoria. Ahora la justicia tiene que actuar, pero no está haciendo una política de memoria a través de un juicio. Si el Estado indulta, la justicia aplica lo que decide el Ejecutivo y el Legislativo. Por esa Ley de Videla muchos familiares cobraron la pensión del Estado. Y esa es una ley que todavía sigue vigente. Ese mismo año, la dictadura saca otra ley, que es la de Presunción de Fallecimiento, que establece que para cobrar la pensión el familiar debe dar por muerta a la persona desaparecida. Es la perversión de la ley: si vos lo das por muerto frente a la justicia, se te paga la pensión. Esa ley abarca desde el 5 de noviembre de 1974 hasta 1979, a todos los que hayan desaparecido en esa franja de tiempo, incluyendo al gobierno democrático, que ya venía con casi 2 mil muertos y desaparecidos por el gobierno peronista entre 1973 y 1976. A la Ley de Presunción de Fallecimiento los milicos la derogan en 1983 antes de irse, pero al derecho de pensión no lo derogan.

¿Por qué toda esta información no forma parte del relato disponible acerca del 24 de marzo?

Porque rompe con la idea de que las políticas de la memoria son un invento del kirchnerismo. Visto desde esta perspectiva se vuelve claro que el gran problema es el Estado: el Estado te mata y te repara, te mata y te repara. Lo hizo el peronismo, lo hizo Videla. Incluso encontramos en estos archivos otra ley más de 1983 que autorizaba al Estado a indemnizar a todos los que estén comprendidos en el artículo 1 de la Ley de Pacificación, que son justamente todos los afectados por la violencia estatal desde el ‘73 al ‘83. Esa es otra ley reparatoria, una política de la memoria de la dictadura. Si uno ve esas continuidades del Estado en materia de políticas de memoria se rompe el relato de que las leyes de la memoria nacieron en 2003. De hecho, las políticas de la memoria del menemismo son muchas más que las de este gobierno: la reincorporación de los empleados estatales, que los hijos de desaparecidos no hagan el servicio militar, leyes reparatorias económicas. Es sorprendente, porque el gobierno que queda para el relato como el que menos políticas de la memoria tuvo en realidad es el que más tuvo.

Para seguir pensando las continuidades y rupturas, ¿qué lugar creés que ocupa la figura de César Milani al frente del Ejército en este contexto?

Me parece interesante pensar que la figura de la violencia se atomizó durante la democracia. Durante la dictadura la desaparición de personas estaba concentrada, era un Estado que había decidido matar a muchas personas. Y lo dicen abiertamente, así como Perón cuando asume en el ‘74 dice “vamos a aniquilar a los marxistas infiltrados en el movimiento”, Videla en el ‘75 dice “vamos a matar a todos los que sea necesario para salvar a la patria” y el 31 de diciembre del ‘77 en la prensa dice “si es necesario, vamos a matar a un millón y medio de personas para salvar a la patria”. Ese es el Estado hablando. Cuando termina la dictadura hay un quiebre, cuando comienza la democracia y la participación ampliada en espacios legislativos, ese discurso parece fragmentarse. Hoy que un taxista o cualquiera en la calle diga “a estos hay que matarlos a todos”, no es gratuito, lo dice porque antes lo dijo el Estado. Ahora lo dice cualquiera. Es más, cualquiera quiere hacerlo: Sergio Massa tiene muchas ganas de matar a todos, de meter presos a todos. Entonces, esa violencia se fragmentó y se hizo fuerte en puntos nodales de la política argentina. Hoy un intendente del conurbano mafioso o que trabaja con la narco policía es más poderoso que un gobernador, tiene más poder por el nivel de violencia que controla a nivel distrito.

En esta oscilación que tiene el Estado entre etapas de muerte y reparación, ¿te parece que hoy estamos hacia el final de una etapa reparatoria?

Yo creo que la intención del gobierno es utilizar abiertamente y sin tapujos la palabra “reconciliación”, que tan caro le costó al país. Porque uno no puede reconciliarse con un asesino del tamaño de Videla o de Emilio Massera. Yo creo que van hacia ese lugar, y la designación de Milani es un paso en ese sentido. Van a terminar el período de 12 años de gobierno, que abrieron con políticas de memoria, con una gran reconciliación. Si entramos al sitio web de la Casa Rosada, se puede ver la cantidad de discursos diciendo “cerremos los juicios”, “que el próximo presidente no tenga que vivir tantos juicios”, “por qué no los aceleramos”. Y la frase más nefasta: “Hay que dar vuelta la página de la historia”. La opción de democratizar el acceso a la información y democratizar de esa manera la posibilidad de condena, cuestiona al mismo Estado, lo pone en jaque. A medida que avanzan los juicios se avanza en el conocimiento de una trama compleja de los centros de detención, la trama civil, la trama económica. Estos procesos de democratización nos llevan a decir “el problema tal vez sea el Estado” y tal vez haya que redefinir qué es el Estado.

Desde la investigación que estás haciendo en el archivo de la Comisión Nacional de Valores y otros archivos del Estado en tiempos de dictadura, ¿qué idea del Estado se te arma?

Bueno, el Estado por momentos parece que dependiera del estado de ánimo de quien quiera mencionarlo. Si me falta algo y si me sacan algo, digo “que se haga presente el Estado”. Otra frase común es “el Estado somos todos”, sobre todo en los políticos, que necesitan de esos consensos. Si, está bien, pero no a todos no tocan los beneficios del Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? En principio, es una instancia de administración burocrática y punto. Y lo que haga ese Estado está determinado por quien lo tome. Cuando fue tomado por asesinos y ladrones fue terrorista. Cuando fue tomado por mitómanos en recuperación de un partido que había sido aliado del genocidio tuvimos un Estado menemista. Ahora con fracciones de ese mismo partido en el poder tenemos un Estado kirchnerista, con lugares de inclusión muy singulares, como el matrimonio igualitario, la recuperación de la ANSES, espacios de militancia de jóvenes. Pero, por otro lado, en 30 años de democracia tenemos casi 3 mil asesinados por las fuerzas del Estado, muchos de ellos desaparecidos. El 70% de esos asesinados son de la década ganada: 2500 asesinados del 2003 al 2013 por fuerzas policiales provinciales, nacionales y gendarmería.

24 de marzo de 2014



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