La financierización de lo social

conversación con Pedro Biscay[1]



En relación a los conflictos que venimos analizando, aparece la cuestión de los ilegalismos financieros como una suerte de sombra, algo difícil de entender. Empezamos con una pregunta muy elemental: ¿qué son los ilegalismos financieros?

Fundamentalmente los ilegalismos financieros son lo que en el derecho penal se conoce como delito económico. Es una forma de apropiación de capital a través de dinámicas que rompen el marco de la legalidad fundada en el derecho. Cuando uno se refiere a los ilegalismos financieros habla de esquemas de transferencia de la riqueza: la forma en la que los procesos económicos utilizan estrategias para transferir los recursos y las riquezas producidos socialmente hacia sectores que tienen una capacidad de apropiación gracias a la comisión de esta actividad delictiva y generan mecanismos de apropiación individual desigual. Cuando uno piensa en el delito económico y lo toma desde el punto de vista del derecho, encuentra una serie de figuras penales como la malversación de ganancias en el ámbito de la administración pública, los delitos vinculados a la banca ilegal, los delitos vinculados a la compraventa de divisa no autorizada, aquellas operaciones que se hacen en el mercado marginal o clandestino, los delitos vinculados a la operatoria bursátil, los delitos vinculados al robo de informaciones en una sociedad anónima para hacer subir o bajar el valor de una acción, entre otras. Se trata de una serie de conductas y comportamientos muy difícil de expresar en términos legales, pero muy fácil de comprender en términos de un proceso de racionalidad económica. Uno difícilmente puede establecer una diferencia clara desde el punto de vista de lo económico entre una actividad lícita y una actividad ilícita. El punto de corte es un punto que, por un lado, tiene que ver con factores de índole moral –aquellas conductas que se entiende que rompen los esquemas de competencia– y, por otro, con la producción de daños sociales. Este último es un tema clave. Cuando uno habla de delito económico y lo compara con otros tipos de delitos que para nosotros son más que obvios, como el robo de una propiedad, la diferencia está en que el delito económico genera un daño social.

También es notorio la escasa cantidad de condenas que existen por delitos económicos…

En general en Argentina hay muy pocas condenas. Si en Argentina hay un problema de larga data, la cuestión es complicada también a nivel global y la mayoría de los países tienen grandes dificultades para conseguir condenas, aun cuando tienen legislaciones adecuadas. Una de las características fundamentales del delito económico es la impunidad. Cuando uno mira la práctica delictiva en esta materia encuentra tribunales que, si quieren investigar un caso, siempre pierden la partida con los grandes estudios jurídicos que defienden a los acusados, que además tienen gran capacidad de establecer vínculos de amistad y complicidad con ciertos sectores del poder judicial. Esto hace que las causas no avancen. Es claro que las causas tampoco avanzan porque la mutabilidad y capacidad de transformación de estos fenómenos es tan elevada que hace que la legislación siempre quede desacompasada en términos de relaciones estructurales. No tenemos legislaciones adecuadas para poder combatir los delitos económicos y, a su vez, la gran capacidad que tienen estos delitos de transformarse rápidamente en periodos cortos de tiempo hace que sea difícil, por ejemplo, poder recuperar los volúmenes de divisa que están circulando por el mundo y condenar a los responsables del ilegalismo.

Hace poco un economista nos contaba que las finanzas ya son una modalidad general de explotación del trabajo, de la ciudad, del dominio político. Es decir, que la renta ha sustituido la ganancia, si entendemos como ganancia al beneficio del que invierte en la actividad económica organizando la producción y la renta es una captura en términos monetarios de la producción social en general. ¿Esta nueva centralidad de lo financiero no repite un esquema general por el cual las actividades económicas y los fenómenos de valorización tienen siempre un nivel sumergido, un nivel clandestino?

El derecho penal está construido sobre una serie de conceptos que sostienen que hay delito cuando se afecta un bien jurídico, o sea: un interés socialmente protegido. Creo que el derecho penal no pueda responder a algunas cosas, como por ejemplo a la pregunta sobre qué es el orden económico. En general la economía funciona como un proceso conflictivo. Poco tiene que ver con la legalidad en términos de derecho, porque en realidad la mayor cantidad de flujos que circulan en la economía son una mezcla de lícitos e ilícitos. Por ejemplo, entre el 1996 y el 2008 el porcentaje de flujo financiero ilícito a nivel global creció un 18%. Y esto en términos de datos macroeconómicos expresa fundamentalmente el crecimiento de los talleres clandestinos, de actividades vinculadas a los sectores bursátiles, del negocio de la droga que no se maneja sólo en los territorios sino también como parte de un sistema de reinversiones en compañías financieras; la corrupción y la prostitución también están vinculadas entre sí. Las economías sumergidas están fuertemente correlacionadas con la economía visible, con lo que se entiende como el ámbito de regulación propia de la economía.

Hoy en día los fenómenos económicos marcan fundamentalmente tres fuentes de ingreso de capitales: una fuente de ingreso de capitales lícitos, una fuente de ingreso de capitales no registrados que están vinculados a la evasión o a la corrupción; y una tercera fuente que es la fuente de ingresos ligados a la criminalidad y ahí podés tener la criminalidad “de sangre”, la criminalidad económica, la criminalidad de trata, etcétera.

¿Dónde pueden verse las consecuencias de los delitos económicos por abajo, en la vida cotidiana de las personas?

Como te decía antes, el daño social es una calidad básica del delito económico. Si uno mira algún índice regional de flujos ilícitos –que son los flujos que marcan la fuga de capitales a nivel global– va a encontrar, por ejemplo, que una gran cantidad de estos flujos están concentrados en África, el 22,3%. En Medio Oriente y en Norte de África el flujo de capitales ilícitos es del 19,6%, mientras que en el hemisferio occidental es del 4,4%. Entonces hay una correlación muy clara entre pobreza y fuga de capitales a nivel global. La capacidad que tiene el delito económico de poder crear daños sociales hacia los sectores más empobrecidos y más vulnerables de la sociedad es grandísima. Es muy complicado luego establecer legalmente cadenas de causalidad o de correlación entre aquellas oficinas en el centro porteño de Buenos Aires que deciden apalancar a un grado extremo una entidad bancaria y una cantidad de miles y miles de hormiguitas que pierden sus depósitos como producto de ese apalancamiento.

¿Qué se puede desde el Estado?

Hay dos o tres herramientas claras. Una tiene que ver con la creación de Procuradurías y el Ministerio de la Nación está avanzando fuerte en la creación de estos espacios dedicados a actividades económicas complejas. En el caso de la Procuraduría de delitos económicos tenemos los conflictos ligados al mercado de capitales, los conflictos ligados al mercado bancario, los conflictos ligados al mercado de recaudación tributaria, los conflictos ligados a la corrupción, etcétera. Se trata de especializarse en esto y crear herramientas de derecho penal, pero esto no puede realizarse si previamente no hay un fuerte proceso de regulación financiera del Estado sobre la economía. Y esta es la parte más interesante en términos de cómo establecer nuevos vínculos entre el Estado y el mercado, sobre todo en un escenario donde nosotros venimos de una tradición fuerte de ruptura del vínculo, donde los mercados funcionaban de una forma autoregulada y el Estado no intervenía nunca en este espacio social de la vida cotidiana.

Es difícil también ganarse la confianza desde estos espacios, ¿no? Hay muchos años de creer que en el Estado también está la corrupción, también está el delito económico.

Totalmente. Los fenómenos de corrupción marcan también otro punto de corte, una distinción entre lo público y lo privado. Es mentira que lo público y lo privado están bien diferenciados. Lo público y lo privado son fenómenos que tensionan permanentemente el encuentro entre economía, Estado y sociedad civil. Y claramente los fenómenos de corrupción tienen a que ver con esto. Hace muchos años que desde sectores ligados a la investigación sobre delito económico sostenemos que detrás de cada funcionario público corrupto hay un empresario que corrompe. Esto quiere decir, básicamente, que puede haber miles de funcionarios corruptos pero siempre debe haber empresarios con la predisposición y la fuerza social suficiente para poder corromper al Estado.

Sobre la cuestión de la regulación del Estado hay dos niveles que nos interesa discutir. Primero, una preocupación sobre el nivel nacional de la regulación: ¿qué efectividad puede tener una regulación exclusivamente nacional cuando las finanzas tienen una clara dimensión global? Segundo, una preocupación sobre la idea misma de regulación: ¿cómo pensar una dimensión del propio Estado sumergido en este mundo de lo financiero y de este tipo de mercado ilegal que lo regula y que sirve para financiar algunas actividades del Estado mismo, como por ejemplo la policía que recauda y se financia? ¿No estamos obligados a hacer un análisis del propio Estado en un plano de realidad diferente que no es el plano explícito donde tiene su legislación, su investigación, etcétera?

Hay que diferenciar en distintos planos de análisis. Por un lado, si uno mira en términos de comprensión de fenómenos sociales complejos hay que analizar diferentes dimensiones de realidad y ponerlo todo en duda. Pero desde el plano del análisis y de la creación de políticas públicas a veces hay que generar algunos mecanismos que simplifiquen la realidad en términos de practicidad. Como decíamos, la complejidad tiene que ver con que así como no hay un claro corte entre economías ilegal y legal, tampoco hay un claro corte entre público y privado porque el Estado y los mercados se mezclan y tampoco existe un claro corte entre Estado legal y Estado ilegal. En realidad la penetración de lo ilegal dentro del Estado muestra que el Estado es un espacio de estructuras burocráticas: edificios, sillas, puertas, ascensores, secretarias y funcionarios que funcionan con un alto grado de penetración de intereses conflictivos entre sí y esto hace que en algunos sectores se trabaje bien y otros sectores sean fuertemente cooptados por lo privado. Hay algunas investigaciones hechas a nivel mundial que marcan desde una categoría nueva –la de flexnet que trata de conjugar la idea de flexibility con la de network– la idea de pensar que la relación entre el Estado y el mercado es una relación que está trazada por redes distintas, donde los nudos de mayor interacción social son claramente intercambiables, donde hay una clara relación de flexibilidad en la que se está jugando un interés que es distinto del Estado en términos de regular la vida privada o regular la actividad económica y del mercado en términos de producir una maximización de ganancia y de riqueza. La idea de flexnet es una idea bien útil para pensar justamente este tipo de problemas en lógica de red.

¿Cómo ves el proyecto del Ejecutivo para el blanqueo de capitales? ¿Qué significa blanquear dinero sin preguntarse sobre su origen, con la posibilidad o la sospecha de que ese mismo dinero provenga del delito económico?

Aquí hay nuevamente una tensión entre moralidad y practicidad económica. Si uno mira los fenómenos sociales desde una perspectiva exclusivamente moral tendría que salir escandalizado por un proyecto de estas características. Si uno mira la lógica de la practicidad de la política económica frente a un escenario con cierto grado de conflictos que tienden a agudizarse cada vez más en términos de manejo de reservas, de riqueza, de disponibilidad de oro, puede utilizar esta herramienta de política económica para hacer que rinda en capitales a la economía de un país. De hecho, se trata de una herramienta que se usa en muchos países. Los Estados no se manejan tanto por la moralidad sino por la practicidad de la razón política. Y como estaba diciendo, una política criminal siempre debe estar atada a una política económica.

Es interesante ver cómo se cruzan varios temas que venimos tratando de manera separada y que aquí aparecen juntos. Por ejemplo: pensar que el intercambio de este blanqueo de capitales va a ser por bonos que sirven para el mercado inmobiliario  o para invertir en YPF. Y esto genera nuevas preguntas sobre el modelo de producción del país: ¿vamos a agregar más ladrillo a ciudades colapsadas? ¿Vamos a invertir en la extracción de petróleo con toda la crítica que hay sobre las técnicas de fracturas hidráulicas?

Totalmente. En este marco uno debería pensar la relación entre finanzas y conflictos sociales porque lo que se viene viendo a lo largo del tiempo es que el desarrollo de estas ideas ligadas al neodesarrollismo no logra establecer un vínculo de relación serio y coherente con la discusión en términos a los límites del modelo. Límites frente al medioambiente, el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento del derecho a la tierra. Son todos derechos humanos fundamentales de la vida de sectores sociales vulnerados de Argentina. Fenómenos como el fracking pueden ser muy útiles en términos de relación económica, pero excesivamente costosos y dañinos para algunos sectores sociales. En el fondo, esta es una discusión en torno a los modelos neodesarrollistas: ¿son la panacea y una solución frente al abismo que nos dejaron los ´90 o es importante y necesario discutir una nueva forma de vinculación social a partir de la superación del modelo extractivista? El tema del blanqueo o de los bonos a YPF están dejando de lado una discusión que es mucho más profunda y que tiene que ver con el peso de las próximas generaciones.

Si pensamos al proceso de estatización de YPF, al entusiasmo que generó, y lo ponemos en relación a lo financiero con todo lo que venimos charlando sobre legalismos e ilegalismos, mercado y Estado, ¿qué tipo de realidad tiene esta economía en relación a la renta, al ahorro, a lo financiero? ¿Cómo pensar en lo financiero no cómo algo que pasa en un lugar muy lejano o privado de la existencia, sino más bien cómo algo que tiene que ver con momentos de nuestra existencia social e individual? ¿Cómo hacer de esto algo más tangible, más empírico?

El proceso de recuperación y de estatización de YPF es un proceso que, por supuesto, consideramos provechoso, valorable y que marca un camino claro en la recuperación de recursos estratégicos del país. Pero hay una serie de elementos en torno al proceso que tienen que ver con la inversión financiera en materia de recursos naturales a través de una estrategia como la emisión de bonos hacia sectores medios de la sociedad, que vinculan lo lícito y lo ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se piensa en la emisión de bonos de YPF se piensa en una forma en que el conjunto de la sociedad argentina invierte en una empresa pública dedicada a la extracción de recursos naturales y, fundamentalmente, a fortalecer la soberanía energética del país. Pero hay un elemento que no está explicitado y que me parece vale la pena discutir en este contexto, sobre todo de cara al futuro de Argentina: ¿qué pasa con la proyección de este financiamiento que llega de sectores medios del país y que se vuelca en infraestructuras para políticas de fracking, de extracción no convencional en territorios del sur de Argentina donde hay asentamientos y comunidades mapuches?

Y en esto los anuncios de Cristina fueron categóricos: “vamos por todos, por el convencional y el no convencional”, literalmente…

Totalmente. Y este “vamos por todos” marca una discusión que es importante dar dentro de este paradigma de recuperación de recursos naturales: ver cómo lo financiero “desborda” en todos los ámbitos de la vida social. Este proceso marca una tensión: ingresa dinero procedente de la compra de bonos que se transforman en financiamientos para que una empresa como YPF se dedique a una política extractiva en territorios donde debería existir un consenso previo, según el convenio 169 sobre los derechos de los pueblos originarios. Y es, precisamente, en los ámbitos más alejados del sistema financiero, como los territorios del sur del país, donde aparecen los impactos de las finanzas. Un punto que me parece importante marcar es que más allá de la justeza de esta decisión de recuperar YPF, este mismo proceso constituye una buena imagen para mostrar la conexión que existe entre lo financiero, como un elemento muy abstracto, etéreo y vinculado a la cuantificación numérica de un valor negociable, y el impacto social fuerte que puede producir la rentabilidad financiera aplicada a un desarrollo de políticas en lugares donde necesariamente se generan conflictos muy violentos en términos de comunidades originarias y proyectos de inversión en recursos naturales.

Es como si con la financierización de los bienes se diluyera la capacidad de la gente de decidir qué hacer con el dinero que invierte. Para retomar los mismos ejemplos, se diluye la capacidad de decidir cómo YPF va a intervenir en los territorios o cómo se va a seguir construyendo el hábitat en las ciudades. Lo financiero aparece como una instancia que se abstrae de la capacidad de decisión de las personas.

Exactamente. Hay un punto en lo financiero que logra substraer la capacidad de decisión colectiva, que es reapropiada por parte de pequeños grupos económicos o pequeños actores que monopolizan la circulación de las finanzas y la orientan hacia la toma de decisiones que han sido previamente capturada del conjunto de la sociedad. Tenemos entonces, por un lado, lo positivo que implica invertir en una empresa como YPF y, por el otro, la incapacidad luego para poder controlar adecuadamente que esta inversión no implique una afectación directa en los derechos humanos o en los derechos sociales de los pueblos originarios.

Si podemos pensar que lo financiero es un conjunto de miles de actores que tienen moneda y unos pocos que son capaces de crear normas y orientar la inversión, se abre toda una pregunta sobre las actuales formas de endeudamiento del mundo popular. ¿Cómo es que sujetos que no tienen en principio garantías para tomar deudas bancarias de manera tradicional son, sin  embargo, sujetos de deuda a partir de recorridos un poco más informales e incluso ilegales? ¿Cómo funciona este circuito de la deuda?

Estamos viviendo en una matriz económica donde el trabajo comienza a quedar también capturado por la deuda. No se trabaja para ganar mejor o para vivir una vida digna sino que se trabaja para pagar la deuda. Y este es un problema que se viene dando en todo el mundo. Gran parte de la crisis de Estados Unidos, la crisis de las hipotecas o la crisis de los fondos tóxicos no es ni más ni menos que una crisis del endeudamiento de los sectores trabajadores norteamericanos y de los sectores que habían invertido sus ahorros en fondos de pensiones. Convirtieron toda su vida en un endeudamiento pleno, con un Estado y un modelo económico que juega al apalancamiento para producir mayor cantidad de riqueza y de dinero. Hay un proceso de la economía que permite ganar dinero en torno de la acumulación de deuda. Y este proceso en un corto plazo puede ser virtuoso, pero en un mediano y largo plazo es completamente nocivo.

El mundo de las finanzas es un mundo con dos niveles de estructura:  hay un nivel más de establishement, que es lo que todos conocemos, donde los bancos están fuertemente apalancados y viven bajo condiciones de prácticas financieras altamente especulativas, ligadas a la compra de bancos o a la compra de nuevos paquetes accionarios de estos bancos vía toma de deuda de terceros bancos. Y,por debajo de esto, el desarrollo de economías sociales o solidarias donde comienza a infiltrarse de forma nocivamente contagiosa un sistema de endeudamiento de los sectores populares, vía préstamos usurarios o toma de deuda por fuera de las instituciones bancarias.

Con respecto al trabajo como modo de pagar deuda, ¿no se da una inversión del esquema tradicional bajo el cual pensamos la economía? ¿No pasa lo productivo a estar supeditado a lo financiero?

Ciertamente esta es la lógica de la financierización de la economía. No es solamente que lo financiero y lo productivo está desanclado, autónomos entre sí, sino que, en cierta forma, lo financiero gobierna todas las prácticas sociales e incluso las prácticas productivas. Es más grave aún: cuando uno mira a los sectores de recursos medios y altos, la capacidad de recomponer un endeudamiento siempre es mayor que la de los sectores populares. Y cuando los sectores populares ingresan en una trama de endeudamiento, difícilmente pueden salir de ahí sin altos costos pagados en términos de violencia, exclusión, desarraigo, marginalidad.

Volviendo a la cuestión del blanqueo: circula la imagen de que hay una cantidad gigante de dólares que están por fuera del sistema reglado y en blanco de la economía. La pregunta, entonces, sería: ¿cómo pensamos al tipo de poder político que surge de una masa económica de capital que circula en negro y que es mayor, o por lo menos igual, de la que circula en blanco?

Lo veo bajo la siguiente lógica. Desde hace unos 30 años existe en Argentina una estructura sistemática de fuga de capitales del país, donde la lógica de la economía financiera es la de formar activos y colocarlos en el exterior rápidamente de manera que las grandes fortunas que se generan se acumulen por fuera de la esfera del país. Sistemáticamente esto ha conducido a fenómenos como el endeudamiento externo o la hiperinflación, o la caída del 2001, producto del corralito financiero y de todo un levantamiento popular sin precedentes en Argentina y muy sangriento por supuesto, pero que ha marcado una política clara en torno de qué parte de la economía argentina se ha sostenido sobre la fuga de divisas. Desde el año 2002 en adelante se intentó revertir esto con políticas muy claras a nivel de control de la operatividad bancaria, con regulaciones del mercado cambiario, del acceso y del ingreso de divisas por las fronteras nacionales. Y se logró controlar la fuga de capitales que en los últimos diez años tendió a caer. Pero, a pesar de establecerse un nivel muy elevado de controles, existen nichos en sectores puntuales –como las famosas cuevas financieras– por los que el capital logra fugarse clandestinamente hacia terceras jurisdicciones, como los paraísos off shore. Por medio de estos lugares donde se filtran los capitales surge la posibilidad dpensar cómo el poder financiero a nivel internacional tiene siempre la capacidad de doblegar el poder político a nivel local. Entonces cuando se mira la política de blanqueo de capitales, más allá de la cuestión moral, pensar la ilegalidad financiera sirve para ver que más allá de los esfuerzos que haya hecho un gobierno para controlar las políticas cambiarias y la fuga del país, siempre el capital financiero tiene mayor capacidad para doblegar al poder político. Y, finalmente, uno puede ver la política del blanqueo casi como una especie de reconocimiento implícito de que el poder financiero está presente y que por fuera de Argentina hay mayor capacidad de divisas acumuladas en sectores económicos que la que hay al interior del país.

14 de mayo y 18 de junio de 2013



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