La financierización de lo social
conversación con
Pedro Biscay[1]
En
relación a los conflictos que venimos analizando, aparece la cuestión de los
ilegalismos financieros como una suerte de sombra, algo difícil de entender.
Empezamos con una pregunta muy elemental: ¿qué son los ilegalismos financieros?
Fundamentalmente
los ilegalismos financieros son lo que en el derecho penal se conoce como
delito económico. Es una forma de apropiación de capital a través de dinámicas
que rompen el marco de la legalidad fundada en el derecho. Cuando uno se
refiere a los ilegalismos financieros habla de esquemas de transferencia de la
riqueza: la forma en la que los procesos económicos utilizan estrategias para
transferir los recursos y las riquezas producidos socialmente hacia sectores que
tienen una capacidad de apropiación gracias a la comisión de esta actividad
delictiva y generan mecanismos de apropiación individual desigual. Cuando uno
piensa en el delito económico y lo toma desde el punto de vista del derecho,
encuentra una serie de figuras penales como la malversación de ganancias en el
ámbito de la administración pública, los delitos vinculados a la banca ilegal,
los delitos vinculados a la compraventa de divisa no autorizada, aquellas
operaciones que se hacen en el mercado marginal o clandestino, los delitos
vinculados a la operatoria bursátil, los delitos vinculados al robo de
informaciones en una sociedad anónima para hacer subir o bajar el valor de una
acción, entre otras. Se trata de una serie de conductas y comportamientos muy
difícil de expresar en términos legales, pero muy fácil de comprender en
términos de un proceso de racionalidad económica. Uno difícilmente puede
establecer una diferencia clara desde el punto de vista de lo económico entre
una actividad lícita y una actividad ilícita. El punto de corte es un punto
que, por un lado, tiene que ver con factores de índole moral –aquellas
conductas que se entiende que rompen los esquemas de competencia– y, por otro,
con la producción de daños sociales. Este último es un tema clave. Cuando uno
habla de delito económico y lo compara con otros tipos de delitos que para
nosotros son más que obvios, como el robo de una propiedad, la diferencia está
en que el delito económico genera un daño social.
También
es notorio la escasa cantidad de condenas que existen por delitos económicos…
En
general en Argentina hay muy pocas condenas. Si en Argentina hay un problema de
larga data, la cuestión es complicada también a nivel global y la mayoría de
los países tienen grandes dificultades para conseguir condenas, aun cuando
tienen legislaciones adecuadas. Una de las características fundamentales del
delito económico es la impunidad. Cuando uno mira la práctica delictiva en esta
materia encuentra tribunales que, si quieren investigar un caso, siempre
pierden la partida con los grandes estudios jurídicos que defienden a los
acusados, que además tienen gran capacidad de establecer vínculos de amistad y
complicidad con ciertos sectores del poder judicial. Esto hace que las causas
no avancen. Es claro que las causas tampoco avanzan porque la mutabilidad y
capacidad de transformación de estos fenómenos es tan elevada que hace que la
legislación siempre quede desacompasada en términos de relaciones
estructurales. No tenemos legislaciones adecuadas para poder combatir los
delitos económicos y, a su vez, la gran capacidad que tienen estos delitos de
transformarse rápidamente en periodos cortos de tiempo hace que sea difícil,
por ejemplo, poder recuperar los volúmenes de divisa que están circulando por el
mundo y condenar a los responsables del ilegalismo.
Hace
poco un economista nos contaba que las finanzas ya son una modalidad general de
explotación del trabajo, de la ciudad, del dominio político. Es decir, que la
renta ha sustituido la ganancia, si entendemos como ganancia al beneficio del
que invierte en la actividad económica organizando la producción y la renta es
una captura en términos monetarios de la producción social en general. ¿Esta
nueva centralidad de lo financiero no repite un esquema general por el cual las
actividades económicas y los fenómenos de valorización tienen siempre un nivel
sumergido, un nivel clandestino?
El
derecho penal está construido sobre una serie de conceptos que sostienen que
hay delito cuando se afecta un bien jurídico, o sea: un interés socialmente
protegido. Creo que el derecho penal no pueda responder a algunas cosas, como
por ejemplo a la pregunta sobre qué es el orden económico. En general la
economía funciona como un proceso conflictivo. Poco tiene que ver con la legalidad
en términos de derecho, porque en realidad la mayor cantidad de flujos que
circulan en la economía son una mezcla de lícitos e ilícitos. Por ejemplo,
entre el 1996 y el 2008 el porcentaje de flujo financiero ilícito a nivel
global creció un 18%. Y esto en términos de datos macroeconómicos expresa
fundamentalmente el crecimiento de los talleres clandestinos, de actividades
vinculadas a los sectores bursátiles, del negocio de la droga que no se maneja
sólo en los territorios sino también como parte de un sistema de reinversiones
en compañías financieras; la corrupción y la prostitución también están
vinculadas entre sí. Las economías sumergidas están fuertemente correlacionadas
con la economía visible, con lo que se entiende como el ámbito de regulación
propia de la economía.
Hoy
en día los fenómenos económicos marcan fundamentalmente tres fuentes de ingreso
de capitales: una fuente de ingreso de capitales lícitos, una fuente de ingreso
de capitales no registrados que están vinculados a la evasión o a la
corrupción; y una tercera fuente que es la fuente de ingresos ligados a la
criminalidad y ahí podés tener la criminalidad “de sangre”, la criminalidad
económica, la criminalidad de trata, etcétera.
¿Dónde pueden verse las consecuencias de los delitos económicos por
abajo, en la vida cotidiana de las personas?
Como
te decía antes, el daño social es una calidad básica del delito económico. Si
uno mira algún índice regional de flujos ilícitos –que son los flujos que
marcan la fuga de capitales a nivel global– va a encontrar, por ejemplo, que
una gran cantidad de estos flujos están concentrados en África, el 22,3%. En
Medio Oriente y en Norte de África el flujo de capitales ilícitos es del 19,6%,
mientras que en el hemisferio occidental es del 4,4%. Entonces hay una
correlación muy clara entre pobreza y fuga de capitales a nivel global. La
capacidad que tiene el delito económico de poder crear daños sociales hacia los
sectores más empobrecidos y más vulnerables de la sociedad es grandísima. Es
muy complicado luego establecer legalmente cadenas de causalidad o de
correlación entre aquellas oficinas en el centro porteño de Buenos Aires que
deciden apalancar a un grado extremo una entidad bancaria y una cantidad de
miles y miles de hormiguitas que pierden sus depósitos como producto de ese
apalancamiento.
¿Qué se puede desde el Estado?
Hay dos o tres herramientas claras. Una tiene que ver con
la creación de Procuradurías y el Ministerio de la Nación está avanzando fuerte
en la creación de estos espacios dedicados a actividades económicas complejas.
En el caso de la Procuraduría de delitos económicos tenemos los conflictos
ligados al mercado de capitales, los conflictos ligados al mercado bancario,
los conflictos ligados al mercado de recaudación tributaria, los conflictos
ligados a la corrupción, etcétera. Se trata de especializarse en esto y crear
herramientas de derecho penal, pero esto no puede realizarse si previamente no
hay un fuerte proceso de regulación financiera del Estado sobre la economía. Y
esta es la parte más interesante en términos de cómo establecer nuevos vínculos
entre el Estado y el mercado, sobre todo en un escenario donde nosotros venimos
de una tradición fuerte de ruptura del vínculo, donde los mercados funcionaban
de una forma autoregulada y el Estado no intervenía nunca en este espacio
social de la vida cotidiana.
Es
difícil también ganarse la confianza desde estos espacios, ¿no? Hay muchos años
de creer que en el Estado también está la corrupción, también está el delito
económico.
Totalmente.
Los fenómenos de corrupción marcan también otro punto de corte, una distinción
entre lo público y lo privado. Es mentira que lo público y lo privado están
bien diferenciados. Lo público y lo privado son fenómenos que tensionan
permanentemente el encuentro entre economía, Estado y sociedad civil. Y
claramente los fenómenos de corrupción tienen a que ver con esto. Hace muchos
años que desde sectores ligados a la investigación sobre delito económico
sostenemos que detrás de cada funcionario público corrupto hay un empresario
que corrompe. Esto quiere decir, básicamente, que puede haber miles de
funcionarios corruptos pero siempre debe haber empresarios con la
predisposición y la fuerza social suficiente para poder corromper al Estado.
Sobre
la cuestión de la regulación del Estado hay dos niveles que nos interesa
discutir. Primero, una preocupación sobre el nivel nacional de la regulación:
¿qué efectividad puede tener una regulación exclusivamente nacional cuando las
finanzas tienen una clara dimensión global? Segundo, una preocupación sobre la
idea misma de regulación: ¿cómo pensar una dimensión del propio Estado
sumergido en este mundo de lo financiero y de este tipo de mercado ilegal que
lo regula y que sirve para financiar algunas actividades del Estado mismo, como
por ejemplo la policía que recauda y se financia? ¿No estamos obligados a hacer
un análisis del propio Estado en un plano de realidad diferente que no es el
plano explícito donde tiene su legislación, su investigación, etcétera?
Hay
que diferenciar en distintos planos de análisis. Por un lado, si uno mira en
términos de comprensión de fenómenos sociales complejos hay que analizar
diferentes dimensiones de realidad y ponerlo todo en duda. Pero desde el plano
del análisis y de la creación de políticas públicas a veces hay que generar
algunos mecanismos que simplifiquen la realidad en términos de practicidad.
Como decíamos, la complejidad tiene que ver con que así como no hay un claro
corte entre economías ilegal y legal, tampoco hay un claro corte entre público
y privado porque el Estado y los mercados se mezclan y tampoco existe un claro
corte entre Estado legal y Estado ilegal. En realidad la penetración de lo
ilegal dentro del Estado muestra que el Estado es un espacio de estructuras
burocráticas: edificios, sillas, puertas, ascensores, secretarias y
funcionarios que funcionan con un alto grado de penetración de intereses
conflictivos entre sí y esto hace que en algunos sectores se trabaje bien y
otros sectores sean fuertemente cooptados por lo privado. Hay algunas
investigaciones hechas a nivel mundial que marcan desde una categoría nueva –la
de flexnet
que trata de conjugar la idea de flexibility
con la de network–
la idea de pensar que la relación entre el Estado y el mercado es una relación
que está trazada por redes distintas, donde los nudos de mayor interacción
social son claramente intercambiables, donde hay una clara relación de
flexibilidad en la que se está jugando un interés que es distinto del Estado en
términos de regular la vida privada o regular la actividad económica y del
mercado en términos de producir una maximización de ganancia y de riqueza. La
idea de flexnet
es una idea bien útil para pensar justamente este tipo de problemas en lógica
de red.
¿Cómo
ves el proyecto del Ejecutivo para el blanqueo de capitales? ¿Qué significa
blanquear dinero sin preguntarse sobre su origen, con la posibilidad o la
sospecha de que ese mismo dinero provenga del delito económico?
Aquí
hay nuevamente una tensión entre moralidad y practicidad económica. Si uno mira
los fenómenos sociales desde una perspectiva exclusivamente moral tendría que
salir escandalizado por un proyecto de estas características. Si uno mira la
lógica de la practicidad de la política económica frente a un escenario con cierto
grado de conflictos que tienden a agudizarse cada vez más en términos de manejo
de reservas, de riqueza, de disponibilidad de oro, puede utilizar esta
herramienta de política económica para hacer que rinda en capitales a la
economía de un país. De hecho, se trata de una herramienta que se usa en muchos
países. Los Estados no se manejan tanto por la moralidad sino por la
practicidad de la razón política. Y como estaba diciendo, una política criminal
siempre debe estar atada a una política económica.
Es
interesante ver cómo se cruzan varios temas que venimos tratando de manera
separada y que aquí aparecen juntos. Por ejemplo: pensar que el intercambio de
este blanqueo de capitales va a ser por bonos que sirven para el mercado
inmobiliario o para invertir en YPF. Y
esto genera nuevas preguntas sobre el modelo de producción del país: ¿vamos a
agregar más ladrillo a ciudades colapsadas? ¿Vamos a invertir en la extracción
de petróleo con toda la crítica que hay sobre las técnicas de fracturas
hidráulicas?
Totalmente.
En este marco uno debería pensar la relación entre finanzas y conflictos
sociales porque lo que se viene viendo a lo largo del tiempo es que el
desarrollo de estas ideas ligadas al neodesarrollismo no logra establecer un
vínculo de relación serio y coherente con la discusión en términos a los
límites del modelo. Límites frente al medioambiente, el reconocimiento de los
pueblos originarios, el reconocimiento del derecho a la tierra. Son todos
derechos humanos fundamentales de la vida de sectores sociales vulnerados de
Argentina. Fenómenos como el fracking
pueden ser muy útiles en términos de relación económica, pero excesivamente
costosos y dañinos para algunos sectores sociales. En el fondo, esta es una
discusión en torno a los modelos neodesarrollistas: ¿son la panacea y una
solución frente al abismo que nos dejaron los ´90 o es importante y necesario
discutir una nueva forma de vinculación social a partir de la superación del
modelo extractivista? El tema del blanqueo o de los bonos a YPF están dejando
de lado una discusión que es mucho más profunda y que tiene que ver con el peso
de las próximas generaciones.
Si pensamos al proceso de estatización de YPF, al
entusiasmo que generó, y lo ponemos en relación a lo financiero con todo lo que
venimos charlando sobre legalismos e ilegalismos, mercado y Estado, ¿qué tipo
de realidad tiene esta economía en relación a la renta, al ahorro, a lo
financiero? ¿Cómo pensar en lo financiero no cómo algo que pasa en un lugar muy
lejano o privado de la existencia, sino más bien cómo algo que tiene que ver
con momentos de nuestra existencia social e individual? ¿Cómo hacer de esto
algo más tangible, más empírico?
El proceso de recuperación y de estatización de YPF es un
proceso que, por supuesto, consideramos provechoso, valorable y que marca un
camino claro en la recuperación de recursos estratégicos del país. Pero hay una
serie de elementos en torno al proceso que tienen que ver con la inversión
financiera en materia de recursos naturales a través de una estrategia como la
emisión de bonos hacia sectores medios de la sociedad, que vinculan lo lícito y
lo ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se piensa en la emisión de bonos
de YPF se piensa en una forma en que el conjunto de la sociedad argentina
invierte en una empresa pública dedicada a la extracción de recursos naturales
y, fundamentalmente, a fortalecer la soberanía energética del país. Pero hay un
elemento que no está explicitado y que me parece vale la pena discutir en este
contexto, sobre todo de cara al futuro de Argentina: ¿qué pasa con la
proyección de este financiamiento que llega de sectores medios del país y que
se vuelca en infraestructuras para políticas de fracking, de extracción no
convencional en territorios del sur de Argentina donde hay asentamientos y
comunidades mapuches?
Y
en esto los anuncios de Cristina fueron categóricos: “vamos por todos, por el
convencional y el no convencional”, literalmente…
Totalmente.
Y este “vamos por todos” marca una discusión que es importante dar dentro de
este paradigma de recuperación de recursos naturales: ver cómo lo financiero
“desborda” en todos los ámbitos de la vida social. Este proceso marca una
tensión: ingresa dinero procedente de la compra de bonos que se transforman en
financiamientos para que una empresa como YPF se dedique a una política
extractiva en territorios donde debería existir un consenso previo, según el
convenio 169 sobre los derechos de los pueblos originarios. Y es, precisamente,
en los ámbitos más alejados del sistema financiero, como los territorios del
sur del país, donde aparecen los impactos de las finanzas. Un punto que me
parece importante marcar es que más allá de la justeza de esta decisión de
recuperar YPF, este mismo proceso constituye una buena imagen para mostrar la conexión
que existe entre lo financiero, como un elemento muy abstracto, etéreo y
vinculado a la cuantificación numérica de un valor negociable, y el impacto
social fuerte que puede producir la rentabilidad financiera aplicada a un
desarrollo de políticas en lugares donde necesariamente se generan conflictos
muy violentos en términos de comunidades originarias y proyectos de inversión
en recursos naturales.
Es como si con la financierización de los bienes se
diluyera la capacidad de la gente de decidir qué hacer con el dinero que
invierte. Para retomar los mismos ejemplos, se diluye la capacidad de decidir
cómo YPF va a intervenir en los territorios o cómo se va a seguir construyendo
el hábitat en las ciudades. Lo financiero aparece como una instancia que se abstrae
de la capacidad de decisión de las personas.
Exactamente.
Hay un punto en lo financiero que logra substraer la capacidad de decisión
colectiva, que es reapropiada por parte de pequeños grupos económicos o
pequeños actores que monopolizan la circulación de las finanzas y la orientan
hacia la toma de decisiones que han sido previamente capturada del conjunto de
la sociedad. Tenemos entonces, por un lado, lo positivo que implica invertir en
una empresa como YPF y, por el otro, la incapacidad luego para poder controlar
adecuadamente que esta inversión no implique una afectación directa en los
derechos humanos o en los derechos sociales de los pueblos originarios.
Si podemos pensar que lo financiero es un conjunto de
miles de actores que tienen moneda y unos pocos que son capaces de crear normas
y orientar la inversión, se abre toda una pregunta sobre las actuales formas de
endeudamiento del mundo popular. ¿Cómo es que sujetos que no tienen en
principio garantías para tomar deudas bancarias de manera tradicional son,
sin embargo, sujetos de deuda a partir
de recorridos un poco más informales e incluso ilegales? ¿Cómo funciona este
circuito de la deuda?
Estamos
viviendo en una matriz económica donde el trabajo comienza a quedar también
capturado por la deuda. No se trabaja para ganar mejor o para vivir una vida
digna sino que se trabaja para pagar la deuda. Y este es un problema que se
viene dando en todo el mundo. Gran parte de la crisis de Estados Unidos, la
crisis de las hipotecas o la crisis de los fondos tóxicos no es ni más ni menos
que una crisis del endeudamiento de los sectores trabajadores norteamericanos y
de los sectores que habían invertido sus ahorros en fondos de pensiones.
Convirtieron toda su vida en un endeudamiento pleno, con un Estado y un modelo
económico que juega al apalancamiento para producir mayor cantidad de riqueza y
de dinero. Hay un proceso de la economía que permite ganar dinero en torno de
la acumulación de deuda. Y este proceso en un corto plazo puede ser virtuoso,
pero en un mediano y largo plazo es completamente nocivo.
El
mundo de las finanzas es un mundo con dos niveles de estructura: hay un nivel más de establishement,
que es lo que todos conocemos, donde los bancos están fuertemente apalancados y
viven bajo condiciones de prácticas financieras altamente especulativas,
ligadas a la compra de bancos o a la compra de nuevos paquetes accionarios de
estos bancos vía toma de deuda de terceros bancos. Y,por debajo de esto, el
desarrollo de economías sociales o solidarias donde comienza a infiltrarse de
forma nocivamente contagiosa un sistema de endeudamiento de los sectores
populares, vía préstamos usurarios o toma de deuda por fuera de las
instituciones bancarias.
Con respecto al trabajo como modo de pagar deuda, ¿no se
da una inversión del esquema tradicional bajo el cual pensamos la economía? ¿No
pasa lo productivo a estar supeditado a lo financiero?
Ciertamente esta es la lógica de la financierización de
la economía. No es solamente que lo financiero y lo productivo está desanclado,
autónomos entre sí, sino que, en cierta forma, lo financiero gobierna todas las
prácticas sociales e incluso las prácticas productivas. Es más grave aún: cuando uno mira a los sectores de recursos medios y altos, la capacidad de
recomponer un endeudamiento siempre es mayor que la de los sectores populares.
Y cuando los sectores populares ingresan en una trama de endeudamiento,
difícilmente pueden salir de ahí sin altos costos pagados en términos de
violencia, exclusión, desarraigo, marginalidad.
Volviendo
a la cuestión del blanqueo: circula la imagen de que hay una cantidad gigante
de dólares que están por fuera del sistema reglado y en blanco de la economía.
La pregunta, entonces, sería: ¿cómo pensamos al tipo de poder político que
surge de una masa económica de capital que circula en negro y que es mayor, o
por lo menos igual, de la que circula en blanco?
Lo veo bajo la siguiente lógica. Desde hace unos 30 años
existe en Argentina una estructura sistemática de fuga de capitales del país,
donde la lógica de la economía financiera es la de formar activos y colocarlos
en el exterior rápidamente de manera que las grandes fortunas que se generan se
acumulen por fuera de la esfera del país. Sistemáticamente esto ha conducido a
fenómenos como el endeudamiento externo o la hiperinflación, o la caída del
2001, producto del corralito financiero y de todo un levantamiento popular sin
precedentes en Argentina y muy sangriento por supuesto, pero que ha marcado una
política clara en torno de qué parte de la economía argentina se ha sostenido
sobre la fuga de divisas. Desde el año 2002 en adelante se intentó revertir
esto con políticas muy claras a nivel de control de la operatividad bancaria,
con regulaciones del mercado cambiario, del acceso y del ingreso de divisas por
las fronteras nacionales. Y se logró controlar la fuga de capitales que en los
últimos diez años tendió a caer. Pero, a pesar de establecerse un nivel muy
elevado de controles, existen nichos en sectores puntuales –como las famosas
cuevas financieras– por los que el capital logra fugarse clandestinamente hacia
terceras jurisdicciones, como los paraísos off shore. Por medio de estos lugares donde se filtran los
capitales surge la posibilidad dpensar cómo el poder financiero a nivel
internacional tiene siempre la capacidad de doblegar el poder político a nivel
local. Entonces cuando se mira la política de blanqueo de capitales, más allá
de la cuestión moral, pensar la ilegalidad financiera sirve para ver que más
allá de los esfuerzos que haya hecho un gobierno para controlar las políticas
cambiarias y la fuga del país, siempre el capital financiero tiene mayor
capacidad para doblegar al poder político. Y, finalmente, uno puede ver la
política del blanqueo casi como una especie de reconocimiento implícito de que
el poder financiero está presente y que por fuera de Argentina hay mayor
capacidad de divisas acumuladas en sectores económicos que la que hay al
interior del país.
14 de mayo y 18 de junio de 2013
[1]
Especialista en delitos financieros. Al momento de las entrevistas era
coordinador del área Fraudes Económicos y Bancarios de PROCELAC en el
Ministerio Público de la Nación. Actualmente es director en comisión del Banco
Central.
***
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