Entrevista a Bruno Nápoli sobre del rol del capital financiero en la última dictadura

“Decidían qué leyes salían”

Eduardo Febbro


El coautor de La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil cuenta cómo el terrorismo de Estado no sólo benefició a las grandes empresas sino que sus representantes tomaban las decisiones.

La verdad tiene muchos vericuetos e interpretaciones. Pero hay uno inapelable: el financiero, el dinero. En un libro presentado en la embajada argentina en París, La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, los investigadores Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio desmenuzan el papel que jugaron las finanzas en el dispositivo represor de la última dictadura. De esta investigación, basada en el análisis de documentos exclusivos, los autores extraen una conclusión: las corporaciones empresariales y financieras de la Argentina le dictaban a las Fuerzas Armadas las leyes que más le convenían al capital. Este libro viene a desnudar uno de los aspectos menos conocidos de la relación entre las burguesías financieras locales y el poder militar. Ambos trabajaban en tareas distintas: los primeros ganando dinero y desmantelando al país, los segundos asesinando en beneficio de los primeros. El ensayo contiene momentos clave de la elaboración de dispositivos económicos nocivos como las leyes de Entidades Financieras, Inversiones Extranjeras y Descentralización de Depósitos y la forma en que se crearon empresas y compañías financieras desde la misma ESMA.

Este libro completa dos trabajos anteriores: el informe de 2013 Economía, Política y Sistema Financiero-La última dictadura cívico militar en la Comisión Nacional de Valores. Y el libro Cuentas Pendientes, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.

–¿En qué documentación se basaron para realizar este trabajo?

–En 2013, la Comisión Nacional de Valores decidió abrir sus archivos. Fue el primer archivo del sistema financiero en la Argentina que se abrió a investigadores que no eran ni economistas ni abogados. Estos materiales y este libro permitieron la reapertura de causas contra funcionarios civiles de la Comisión Nacional de Valores.

–El libro muestra un proceso político con una acción, decidida, planeada y ejecutada a cualquier precio.

–Trata de reflejar que, para que funcione la dictadura del capital financiero o el gobierno de las finanzas, tiene que haber gobiernos, tanto civiles como militares, que hagan leyes que beneficien al gran capital. Nada se hace por fuera de la ley para hacer los grandes negocios entre Estado y corporaciones. Pero también es cierto que el negocio financiero siempre va a estar ligado a algún tipo de delito. Corre siempre un paso delante de la misma legislación. Por eso es tan complejo perseguir la delincuencia financiera. Se trata de un proceso político que entendieron los empresarios. En la Argentina, a partir de la dictadura de Onganía, los empresarios comprendieron que si querían hacer negocios privados había que ocupar el Estado. En el Onganiato hay más de treinta funcionarios civiles, todos cabezas de empresas. Luego, bajo Videla, hay 15 funcionarios, todos representantes de las más grandes corporaciones financieras y empresariales de la Argentina. Entendieron que podían combinar negocios privados con la función pública.

–¿Cuántas empresas están detrás del diseño de la última dictadura?

–Nosotros la definimos como una dictadura militar corporativa, no cívico-militar. Los civiles que ocuparon cargos económicos fueron elegidos como representantes de las principales corporaciones. Por ejemplo, los representantes de los bancos en la Argentina se quedan con el Banco Central y con el Banco Nación. El Consejo Económico argentino se queda con el Ministerio de Economía, gente de la Bolsa de Comercio se queda con la programación técnica y a la Sociedad Rural le dan la secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Es increíble la transición de esos empresarios oriundos de unas 15 corporaciones que intervienen en el diseño de esa dictadura y también en el diseño legal de la misma. Discuten palmo a palmo los empresarios con los militares, les dicen qué leyes tienen que aprobar para beneficiar a los 63 bancos que había en ese momento y a las 15 grandes corporaciones. Los 10 principales bancos eran privados y esos son los que, en el 77, dictan la ley de Entidades financieras, que, con algunos cambios y parches sigue vigente. Lo mismo ocurre con la ley de Inversiones Extranjeras que permitía la fuga de capitales millonaria, una ley que siguió vigente hasta 2012, o la ley de Privatizaciones, que siguió hasta 2009. Todas estas leyes fueron escritas por Videla y Martínez de Hoz.

–¿Cuál fue la función de la deuda en ese dispositivo?

–Su función fue lograr que los mecanismos económicos y productivos fueran absolutamente dependientes de un capital extranjero. La otra función fue la fuga constante de capitales hacia el exterior. Las 500 principales empresas de la Argentina tomaron deuda en dólares y le avisaron al Estado que no la iban a pagar. El Estado se hizo cargo en un proceso de tres pasos: seguro de cambio, una deuda consolidada y finalmente la nacionalización de la deuda. Así se pudieron enriquecer. Todos esos préstamos en dólares los terminó pagando el Estado. Se trató de una sumisión del aparato productivo a los grandes espacios financieros internacionales. La dictadura comienza con el terror de los cuerpos y la desaparición y finaliza con el terror de los cuerpos a partir de los cuerpos endeudados. Viene a cerrar un proceso muy extenso que comienza con la dictadura de Onganía y las primeras leyes, por ejemplo la ley de Defensa Nacional, que es la primera ley que dice que para que haya desarrollo económico tiene que haber represión del cuerpo subversivo que está en contra de la economía. Lo único que hicieron fue cerrar un esquema y dejar la legislación hacia el futuro para asegurar el poder económico de las grandes corporaciones financistas de la Argentina.

–Ese poder es, paradójicamente, nacional. La intervención extranjera parece limitada.

–Las entidades convocadas a discutir qué leyes había que promulgar son entidades nacionales, grupos financieros locales. Los militares se encargan de la matanza y la parte empresarial de legislar hacia futuro y asegurar la continuidad del capital financiero.

–En la Argentina también se da un sistema de acumulación financiera, una suerte de oligopolio pequeño pero muy eficaz.

–Hoy hay sólo 63 bancos que manejan 11 millones de sueldos. El mercado de capitales del país, o sea la compra venta de acciones, está manejado por 185 agentes que manejan un monto de 200 mil millones al año. Tienen un poder de fuego muy grande porque de hecho alimentan al Estado de dinero. Los bancos le prestan dinero al Estado y cuando el mismo Estado saca un bono se lo compra el mercado de capitales. En suma, el mercado de capitales financia a los Estados y después no quieren que lo regulen. Es muy difícil regular a quien presta dinero. Por eso vemos esa continuidad: algo que la dictadura firmó con una matanza y con leyes específicas la democracia no puede sacárselo de encima. Además, todo ese mercado financiero está entrelazado. Cuando no pueden hacer una operación acá la hacen en la bolsa de Tokio. El capital no se siente soberano ni con una nacionalidad. Es internacional, circula y en ese espacio es muy difícil hacer un control.
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