Dictadura, democracia, finanzas

por Pedro Biscay



El texto que sigue se pregunta por el entrelazamiento problemático entre dictadura, democracia y finanzas en la perspectiva política de reconocer este territorio como una realidad en permanente disputa y expresa una investigación teórica y práctica en curso. Fueron pronunciadas por Pedro Biscay en ocasión de la celebración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia el día 25 de marzo de 2015 en el Banco Central, cuyo directorio integra.


1.

Este 24 de marzo de 2015 se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado ejecutado por la última dictadura cívico-militar. La persistente lucha de los organismos de derechos humanos por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio y la políticas contra la impunidad, la Memoria, la Verdad y la Justicia, que los gobiernos de Néstor Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevaron adelante desde el año 2003, permitieron profundizar las exigencias de justicia sobre el papel de las corporaciones empresarias, que para el año 1976 presidían las principales cámaras y centros de poder económico de la República Argentina. La cantidad de condenas dictadas en los juicios de lesa humanidad aumenta anualmente indicando un avance continuo en la tarea de reparación que busca cualquier proceso de justicia; así lo indican las recientes estadísticas publicadas por la Procuraduría de Lesa Humanidad que reflejan que las condenas pasaron de 2 en el año 2006 a 563 en el año 2015[1].  Sin embargo, los esfuerzos por lograr avances respecto al enjuiciamiento sobre las formas de participación criminal de los empresarios que colaboraron con los militares durante el golpe de Estado, enfrenta aún hoy  duras resistencias. Durante las últimas semanas, una serie de fallos judiciales benefició con el dictado de falta de mérito a los siguientes empresarios: Carlos Blaquier, Alberto Lemos (Ing. Ledesma), Vicente Massot (La Nueva Provincia), Agustín Botinelli, (Ed. Atlántida), Hector Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, estos últimos investigados por el desapoderamiento extorsivo de Papel Prensa S.A. No es llamativo que sectores de la justicia protejan los intereses legales y económicos de estos miembros de la clase dominante, sobre todo en momentos en los que el país atraviesa por profundas reformas en materia de justicia como el reemplazo del sistema inquisitivo por el acusatorio pleno, el desarrollo de los juicios por jurados y la modernización de los sistema de investigación e inteligencia criminal. Ninguna de estas reformas es vista con simpatía por el poder económico porque apuntan al corazón de la impunidad y la formación de los poderes ocultos que procuran condicionar el avance de formas de organización más democrática  en el país, a partir de la incorporación de sectores populares a la vida política.

2.

Detrás de estos fallos se esconden los privilegios y la visión elitista que sectores del empresario argentino profesan, casi como una religión. Los núcleos programáticos del Foro de Convergencia Empresaria promueven una cuestionable idea de libertad (libertad de precios, libertad de tasas, libertad del comercio exterior) y con ello procuran instaurar una matriz económica orientada a favorecer mayores tasas de rentabilidad empresaria, defender los sectores oligopólicos y eliminar el soporte financiero de los derechos y políticas sociales, que son esenciales para la ampliación democrática. Los empresarios beneficiados por los fallos judiciales mencionados están integrados en este foro junto a otros actores corporativos como la Sociedad Rural Argentina, o la Asociación Empresaria Argentina, que en el pasado apoyaron el golpe militar. Esta última, sucesora del Consejo Empresario Argentino, desempeñó un papel central en la preparación del golpe, apoyando primero los planes de ajuste económico de Celestino Rodrigo y luego designando a su Presidente Martínez de Hoz como Ministro de Economía de la Junta Militar, cuyos planes económicos promovían la apertura irrestricta del comercio exterior, el endeudamiento externo, la reducción del crédito a las pequeñas y medianas empresas y una profunda concentración de la riqueza basada en el traspaso de recursos económicos a partir de la devaluación y el congelamiento salarial impuesto a través de la tortura y la desaparición forzada de personas. El Consejo Empresario Argentino continuó  durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, sobre todo en la planificación, ejecución y monitoreo de las políticas conformadas en torno al Consenso de Washington. En el año 2002 CEA paso a denominarse AEA; cambió su identidad pero mantuvo su esencia y la misma vocación de siempre: defender la instauración de políticas neoliberales, custodiar la rentabilidad de las corporaciones y calificar peyorativamente cualquier intento de regulación del Estado sobre la economía, calificándolas como distorsiones que amenazan la seguridad jurídica en el mundo de los negocios.

3.

Nápoli, Perosino y Bosisio, en el libro La dictadura del capital financiero, destacan que el llamado Proceso de Reorganización Nacional ubicó en áreas claves del Estado a los principales cuadros civiles con capacidad de decisión sobre la política monetaria, el mercado de capitales, el comercio exterior y la política crediticia. Alfredo Diz ocupó la presidencia del BCRA. Su pedigree indica que anteriormente había sido Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Guillermo Klein asumió como Secretario de Programación Económica, aunque en realidad representaba los intereses de la Cámara Argentina de Comercio y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires respectivamente, dentro del Ministerio de Economía. La Sociedad Rural Argentina pasó a controlar la Secretaría de Agricultura a partir de la designación de Jorge Zorreguieta que, por otro lado, también paso a presidir la Junta Nacional de Granos. Juan Ocampo, representante de la banca privada y accionista principal del Banco Ganadero, ocupó la silla presidencial de Banco de la Nación Argentina[2], que por aquellos años ponía en funcionamiento salas de cautiverio en instalaciones de su casa central y también una mesa de dinero clandestina que dio lugar a una investigación oficial realizada en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

4.

La ocupación de altos cargos de gobierno en manos de líderes empresarios no fue una novedad del golpe del ´76. Por el contrario, formó parte de una estrategia de los hombres de negocios orientada a neutralizar desde dentro del aparato estatal, cualquier ensayo de planificación económica. Con el golpe militar de Onganía de 1966, los empresarios ocuparon puestos mayoritarios en el Poder Ejecutivo Nacional. En un estudio orientado a reconstruir el rol de los centros de formación técnica (e ideológica) de los economistas vinculados con las corporaciones militares,  la socióloga Mariana Heredia, ofrece un dato por demás revelador: “…treinta y ocho de los cuarenta y ocho cargos más importantes eran ocupados por empresarios (234) y treinta y cuatro de los treinta y ocho dirigentes de empresas eran miembros de ACIEL -Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres…”[3].

5.

El retorno a la democracia no canceló el funcionamiento de estas diversas formas de apropiación y control de las decisiones estatales por parte de las corporaciones empresarias. El proceso privatizador de empresas y servicios públicos -presentado por aquellos años bajo la excusa de achicar el gigantismo estatal y acabar con la corrupción- prolongó el saqueo económico a través del ciclo endeudamiento externo/fuga de capitales que, asociada al régimen convertibilidad libre entre la moneda nacional y la divisa norteamericana, condujeron a una profunda desindustrialización del país y a un aumento de los niveles de desocupación, pobreza y exclusión. No sólo las empresas públicas pasaron a manos privadas, el sistema jubilatorio también fue objeto de apropiación por parte de capitales privados. El sistema de capitalización (implementado a través de la sanción de la ley 24.241) generó perdidas fiscales cercanas a los 65.000 millones de dólares. Estos recursos fueron transferidos a manos de bancos y compañías de seguros. En el año 2008 a través de la ley 26.425 se eliminó el régimen de capitalización y el Estado recuperó el manejo de estos recursos. Los bancos extranjeros -cuya participación fue esencial en el proceso privatizador de empresas públicas-  aumentaron en número y participación dentro del volumen del sistema: en 1999 un 48,1% de los préstamos eran otorgados por entidades de capital extranjero (contra el 18% en 1994), con seis bancos dentro de los 10 principales.

6.

Algunos importantes think tank como la Fundación Mediterránea, FIEL y la Universidad del CEMA - expresiones acabadas de la visión neoliberal y los programas asociados al monetarismo - dieron soporte técnico y continuidad ideológica a todo este proceso. Cavallo, responsable de la emisión de la Circular 1050 que descargó sobre el erario público la deuda privada tomada por los grupos económicos durante el auge de la especulación financiera, responsable también del ingreso a la convertibilidad , la negociación del megacanje y el blindaje financiero y, finalmente del vaciamiento financiero sufrido en el país durante la crisis del año 2001, perteneció a estos espacios de formación intelectual. Roque Fernandez, Pedro Pou, también formados en estas usinas ideológicas, no actuaron sólo como poleas de transmisión de los mandatos y recetas de ajuste del Fondo Monetario. Por sobre todas las cosas, instalaron una determinada razón neoliberal que pareciera trascender el cambio de signo de todo un conjunto de políticas públicas que buscan desandar los caminos del neoliberalismo.

7.

Hoy el neoliberalismo es más que una política, es más que el programa de gobierno de la derecha. El neoliberalismo opera al modo de una racionalidad, de una razón de estado a través de la que  se transmiten vectores de continuidad entre la dictadura y la democracia. Conforman esta racionalidad, desde discursos técnicos, creencias no cuestionadas, dispositivos jurídicos y otras tantas instancias de vinculación recíproca entre los costados dictatoriales y democráticos de las finanzas.  Cómo no pensar que el terror desplegado por los militares al mando del control del aparato estatal (terror ejercido no sólo sobre las organizaciones armadas sino también sobre muchos empresarios que fueron víctimas del uso mafioso de los recursos del Estado por parte de aquellos) no guarda vínculos con el terror que los mercados ejercen sobre la población a través de las amenazas de devaluación o de default. Cada medida política que este gobierno tomó con miras a mejorar la distribución del ingreso o a crear las condiciones para ampliar derechos sociales, fue violentamente atacada por los mercados con corridas cambiarias. Los ataques persistentes a nuestra moneda nacional, es decir aquello que los especuladores llaman guerra de divisas, no son otra cosa que ataques a la soberanía monetaria del país. Estos episodios no son el resultado natural del libre juego del mercado, no reflejan un juego de fuerzas en busca de equilibro; son fruto de la decisión acordada de un puñado de empresarios que remarcan precios (sea de un activo financiero o un producto doméstico) y producen efectos sociales sobre el conjunto de la población, que queda atrapada en estas redes especulativas. En el país no existe un cepo cambiario, existe control de cambios que no es lo mismo. Se puede comprar y vender divisas pero siempre bajo registración fiscal porque se busca monitorear y prevenir la fuga de divisas y el lavado de dinero. Quienes hablan de levantar el control de cambios, en realidad están diciendo -sin decirlo- que quieren llevar a los argentinos a una brusca devaluación (o sea, a una brusca reducción del salario real) y luego reactivar el ciclo de la deuda externa para profundizar la valorización financiera y la fuga de capitales a partir de la especulación cortoplacista. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentó su deuda en dólares en un 460 por ciento del producto bruto geográfico en gran medida para financiar gastos corrientes. 

8.

Retomando la referencia sobre las corridas, los economistas llaman a este proceso efecto manada porque arrastra a un número indeterminado de participantes detrás de cambio sobre los comportamientos esperados. Elias Canetti definiría este proceso a partir de la noción de masa. Los ataques especulativos suponen entonces efectos expansivos que producen una masa que pierde capacidad de raciocinio, que es arrastrada por una violencia no controlada detrás de un determinado cambio de escenario, controlado por un pequeño puñado de actores que especulan con los diferenciales del cambio de situación.

9.

Qué relación existe entre una corrida cambiaria como las que hemos atravesado durante los últimos meses y una decisión judicial firmada por un juez foráneo que procura desbaratar los compromisos asumidos por el país con los tenedores de bonos soberanos. Los fondos buitres y la sentencia dictada en su favor también dan cuenta de una captura política de ámbitos de decisión soberana que pasan a mano de sectores financieros[4]. Los condicionamientos que los buitres pretenden ejercer sobre la soberanía financiera del país son el emergente de complejas soberanías extraterritoriales muy poderosas que logran constituirse a partir de una paralegalidad financiera cuyo centro neurálgico son los paraísos fiscales y los secretos financieros que brindan protección a la renta financiera ilícita evadida de los erarios públicos de todos los países emergentes. Las elites  empresariales de la Argentina también conforman estos poderes extraterritoriales en el complejo entretejido de sociedades off shore radicadas en guaridas financieras y cuentas bancarias en el exterior. La soberanía fiscal sobre la fuga de divisas se vuelve todo un desafío en estos contextos y somete a condicionantes la soberanía política frente a los representantes del gobierno de las finanzas. Especialmente frente a algunos candidatos que recaudan fondos organizando cenas de 50 mil pesos el cubierto. Nada hay más alejado a la transparencia política que habilitar el lobby de las corporaciones empresariales para que formen parte de la agenda de formulación de políticas públicas. Nada hay más alejado de la idea de República, es decir de la construcción de la cosa pública a partir del ejercicio del poder democrático, es decir del poder popular. Pero por otro lado, no hay nada más cercano que un cubierto de 50 mil pesos, a la idea de reducir la democracia a una simple y estrecha forma institucional dada y autolimitada al proceso eleccionario, donde las fuerzas populares de la militancia no participan, no inciden, no deciden las agendas de gobierno, porque éstas quedan confiscadas en manos del poder económico. Sólo sí se acepta la idea de una democracia de elites es admisible esta última opción.

10.

En Masa y Poder, Elias Canetti dice que “…el secreto se halla en la medula misma del poder…” y luego dice también que el silencio presupone un conocimiento exacto de aquello que silenciamos hemos de elegir entre los que podemos decir y lo que silenciamos…”.[5] En finanzas, el secreto encierra el germen del poder financiero porque permite silenciar los circuitos de circulación de fortunas ilícitas a nivel local y global. Ni el narcotráfico, ni la trata de personas, ni la corrupción ni ningún otro delito lucrativo organizado, puede ser investigado razonablemente si las mallas que garantizan la evasión fiscal permanecen intactas, porque los vínculos entre los centros financieros on shore y off shore se retroalimentar con estos activos. El secreto financiero es el salvoconducto hacia la opacidad que ofrecen los paraísos fiscales; es el núcleo de fuerza más útil para condicionar la democracia. Estos dos aspectos del sistema financiero marcan, tal una de las principales dimensiones políticas de las finanzas actuales; aquella que a través del éxodo de activos financieros, provoca la desfinanciamiento de los estados y descarga bolsones de pobreza.

11.

Otro aspecto central que silencia el poder de las finanzas es que, en realidad, detrás del eufemismo de los mercados no hay otra cosa más que grupos de bancos y financistas entrelazados a nivel internacional, en estructuras de participación empresaria. Estos grupos procuran, a través de formas más o menos democráticas, controlar los centros de decisión política en materia financiera, es decir desde las instancias regulatoria globales hasta las instancias de regulación nacional de la política financiera y monetaria. Las corporaciones financieras internacionales, estructuradas en redes de control cuentan con poder suficiente para controlar dimensiones del mercado global de las finanzas, pero también para comprometen la estabilidad financiera global o local[6], a partir de la ejecución de decisiones estratégicas adoptadas en muchas ocasiones al margen del respeto de la legislación regulatoria de los Estados Nacionales. Estas decisiones instrumentadas a través de sofisticados contratos y/o acuerdos entre partes relacionadas, también gozan de la protección de reglas de secreto, dificultando así su conocimiento por parte de los reguladores.

12.

La discusión sobre los entrelazamientos entre dictadura, democracia y finanzas supone entonces reconocer que este es un territorio en disputa permanente. Los bancos centrales son también un escenario de disputas permanentes entre el poder popular y el poder financiero porque desde allí se controlan en gran medida dos instrumentos claves que influyen fuertemente sobre la distribución del excedente social: la tasa de interés y el tipo de cambio[7]. La tesis de independencia de los bancos centrales, la hipótesis de los mercados eficientes, el cuestionamiento a la asignación del carácter de agente financiero del Estado al banco central y la necesidad de reglas de política monetaria, el diseño de un marco legal de mandato u objetivo único, no son otra cosa que manifestaciones del avance de los poderes financieros, mientras que la coordinación entre banca central y gobierno, la asignación de funciones de agente financiero del Estado, y la definición de un mandato múltiple, expresan la posibilidad de ejercicios de control democrático sobre las finanzas. Sin ánimos de  caer en simplificaciones reduccionistas, es bueno no perder de vista que la disputa por el control de estos instrumentos implica abrir la posibilidad de crear las condiciones necesarias para el soporte financiero de los derechos sociales o, por el contrario, profundizar la rentabilidad del capital financiero. Durante la dictadura cívico militar esta disputa implicó la conquista de los instrumentos de regulación monetaria por parte del poder financiero. Durante la transición democrática, estos sectores de la clase dominante, mantuvieron el control sobre los hilos del poder. La reestructuración de la deuda externa, junto al desarrollo de políticas de control de capitales (y luego de control de cambios), junto a la estatización del sistema  de capitalización de haberes jubilatorios y la reforma de la Carta Orgánica, marcaron un viraje de signo cuyas implicancias fue quitarle a la clase dominante el manejo de los hilos del poder decisorio sobre la democracia.

13.

Sin embargo, cuesta pensar que dictadura y democracia expresan dos unidades históricas, temporal y conceptualmente separables entre sí. Sería bueno preguntarnos sí por caso, las  finanzas no prolongan el poder terrorífico de las dictaduras sobre la democracia. Las operaciones financieras suponen una estructura de dominación que despliega efectos sociales, al menos en dos niveles distintos. Por un lado, retroalimentando las mismas formas de saqueo que la dictadura cívico militar instituyó con la sanción de dispositivos legales como la ley de inversión extranjera, la ley de entidades financieras y la ley de descentralización de depósitos, que la democracia nunca logro derogar. Aún hoy, residen allí los pilares fundamentales del gobierno corporativo de las finanzas. Pero también, implican formas de dominación en un segundo nivel, esta vez micro social, generando hábitos de conducta, coerciones subjetivas a partir por ejemplo de la compulsión al endeudamiento; como también a través de mecanismos muy complejos y poco visibles que, enraizados en lógicas de consumo excluyente, se reproduce a partir de la noción de deuda.

14.

En pleno apogeo neoliberal, León Rozitchner, en una entrevista para la revista Utopias del Sur,[8] explicaba que el terror modificó el comportamiento de la sociedad al punto de invisibilizar que la democracia también se sostiene sobre un orden de violencia. Es bueno agregar que ese orden de violencia, de modo necesario, incorpora lo económico y lo financiero como fuerzas singulares respecto de las que no nos atrevemos a pensar reflexivamente más allá de lo que el propio sistema financiero nos propone, nos permite. En esa misma entrevista León Rozitchner decía “…habría que profundizar las consecuencias subjetivas, sociales, del terror. Comprender como cala y produce la inmovilidad en todos los ordenes de la vida[9]. La reflexión sobre dictadura y finanzas exige abrir esta discusión en diferentes planos de las relaciones sociales.


[1] Cfr. Ministerio Público de la Nación. Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Actualización de datos sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Datos al 18 de marzo de 2015. www.fiscales.gob.ar
[2] Cfr. Nápoli, Perosino, Bosisio. La dictadura del capital financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil. Ediciones Continente. Buenos Aires, 2014, pp. 41
[3] Cfr. Heredia, Mariana. El Proceso como bisagra, en Empresarios, Tecnócratas y militares. Pucciarelli, Alfredo coord.
[4] Cfr. Pagarles hasta que les duela. Entrevista a Nicholas Shaxon, publicada en Revista Crisis # 20
[5] Cfr. Canetti, Elias. Masa y Poder. ed. debolsilllo. pp. 430 y ss.
[6] Cfr.Vitali, Stefani; Glattfelder, James; Battiston, Stefano. The Network of global corporate control. www.arvix.org
[7] Cfr. Epstein, Gerald.Central Banks as Agents of Economic Development. United Nation University. World Institute for Development Economics Research. Research Paper No. 2006/54
[8]Cfr. Rozitchner, León. La crisis de los intelectuales y el marxismo, publicada en Las desventuras del sujeto político, publicado en Las desventuras del sujeto político. Ensayos y errores. Ed. El cielo por asalto, año 1996, pp. 159
[9] Idem ant. 
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