Dictadura, democracia, finanzas
por Pedro
Biscay
El texto que sigue se pregunta por el entrelazamiento problemático entre dictadura, democracia y finanzas en la perspectiva política de reconocer este territorio como una realidad en permanente disputa
y expresa una investigación teórica y práctica en curso. Fueron pronunciadas por Pedro Biscay en
ocasión de la celebración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia el día 25 de marzo de 2015 en el Banco Central, cuyo directorio integra.
1.
Este 24 de marzo de 2015 se conmemora un nuevo
aniversario del golpe de Estado ejecutado por la última dictadura cívico-militar. La persistente
lucha de los organismos de derechos humanos por el juicio y castigo a todos los
responsables del genocidio y la políticas contra la impunidad, la Memoria, la Verdad y la Justicia,
que los gobiernos de Néstor Kirchner y la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner llevaron adelante desde el año 2003, permitieron profundizar
las exigencias de justicia sobre el papel de las corporaciones empresarias, que
para el año 1976 presidían las principales cámaras y centros de poder económico de la República Argentina. La cantidad
de condenas dictadas en los juicios de lesa humanidad aumenta anualmente
indicando un avance continuo en la tarea de reparación que busca cualquier
proceso de justicia; así lo indican las recientes
estadísticas publicadas por la
Procuraduría de Lesa Humanidad que reflejan
que las condenas pasaron de 2 en el año 2006 a 563 en el año 2015[1]. Sin embargo, los esfuerzos por lograr avances
respecto al enjuiciamiento sobre las formas de participación criminal de los empresarios
que colaboraron con los militares durante el golpe de Estado, enfrenta aún hoy duras resistencias. Durante las últimas semanas, una serie
de fallos judiciales benefició con el dictado de falta de mérito a los siguientes
empresarios: Carlos Blaquier, Alberto Lemos (Ing. Ledesma), Vicente Massot (La
Nueva Provincia), Agustín Botinelli, (Ed. Atlántida), Hector Magnetto, Ernestina
Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, estos últimos investigados por el
desapoderamiento extorsivo de Papel Prensa S.A. No es llamativo que sectores de
la justicia protejan los intereses legales y económicos de estos miembros de
la clase dominante, sobre todo en momentos en los que el país atraviesa por profundas
reformas en materia de justicia como el reemplazo del sistema inquisitivo por
el acusatorio pleno, el desarrollo de los juicios por jurados y la modernización de los sistema de investigación e inteligencia criminal.
Ninguna de estas reformas es vista con simpatía por el poder económico porque apuntan al corazón de la impunidad y la formación de los poderes ocultos
que procuran condicionar el avance de formas de organización más democrática en el país, a partir de la incorporación de sectores populares a
la vida política.
2.
Detrás de estos fallos se esconden los privilegios y la visión elitista que sectores del
empresario argentino profesan, casi como una religión. Los núcleos programáticos del Foro de Convergencia
Empresaria promueven una cuestionable idea de libertad (libertad de precios,
libertad de tasas, libertad del comercio exterior) y con ello procuran
instaurar una matriz económica orientada a favorecer mayores tasas de rentabilidad
empresaria, defender los sectores oligopólicos y eliminar el soporte
financiero de los derechos y políticas sociales, que son esenciales para la ampliación democrática. Los empresarios
beneficiados por los fallos judiciales mencionados están integrados en este foro
junto a otros actores corporativos como la Sociedad Rural Argentina, o la
Asociación Empresaria Argentina, que
en el pasado apoyaron el golpe militar. Esta última, sucesora del Consejo
Empresario Argentino, desempeñó un papel central en la preparación del golpe, apoyando
primero los planes de ajuste económico de Celestino Rodrigo y luego designando a su Presidente Martínez de Hoz como Ministro de
Economía de la Junta Militar,
cuyos planes económicos promovían la apertura irrestricta del comercio exterior, el
endeudamiento externo, la reducción del crédito a las pequeñas y medianas empresas y una profunda concentración de la riqueza basada en
el traspaso de recursos económicos a partir de la devaluación y el congelamiento
salarial impuesto a través de la tortura y la desaparición forzada de personas. El
Consejo Empresario Argentino continuó durante los gobiernos de
Menem y de la Rúa, sobre todo en la planificación, ejecución y monitoreo de las políticas conformadas en torno
al Consenso de Washington. En el año 2002 CEA paso a denominarse AEA; cambió su identidad pero mantuvo su esencia y la misma vocación de siempre: defender la
instauración de políticas neoliberales, custodiar
la
rentabilidad de las corporaciones y calificar peyorativamente cualquier intento
de regulación del Estado sobre la
economía, calificándolas como distorsiones
que amenazan la seguridad jurídica en el mundo de los negocios.
3.
Nápoli, Perosino y Bosisio,
en el libro La dictadura del capital financiero, destacan que el llamado
Proceso de Reorganización Nacional ubicó en áreas claves del Estado a los principales cuadros civiles con
capacidad de decisión sobre la política monetaria, el mercado de capitales, el comercio exterior
y la política crediticia. Alfredo
Diz ocupó la presidencia del BCRA.
Su pedigree indica que anteriormente había sido Director Ejecutivo
del Fondo Monetario Internacional. Guillermo Klein asumió como Secretario de
Programación Económica, aunque en realidad
representaba los intereses de la Cámara Argentina de Comercio y de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires respectivamente, dentro del Ministerio de Economía. La Sociedad Rural
Argentina pasó a controlar la Secretaría de Agricultura a partir
de la designación de Jorge Zorreguieta que, por otro lado, también paso a presidir la Junta
Nacional de Granos. Juan Ocampo, representante de la banca privada y accionista
principal del Banco Ganadero, ocupó la silla presidencial de
Banco de la Nación Argentina[2], que por aquellos años ponía en funcionamiento salas
de cautiverio en instalaciones de su casa central y también una mesa de dinero
clandestina que dio lugar a una investigación oficial realizada en la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
4.
La ocupación de altos cargos de gobierno en manos de líderes empresarios no fue
una novedad del golpe del ´76. Por el contrario, formó parte de una estrategia de
los hombres de negocios orientada a neutralizar desde dentro del aparato estatal,
cualquier ensayo de planificación económica. Con el golpe militar de Onganía de 1966, los empresarios
ocuparon puestos mayoritarios en el Poder Ejecutivo Nacional. En un estudio
orientado a reconstruir el rol de los centros de formación técnica (e ideológica) de los economistas
vinculados con las corporaciones militares,
la socióloga Mariana Heredia, ofrece un dato por demás revelador: “…treinta y ocho de los cuarenta
y ocho cargos más importantes eran ocupados por empresarios (234) y treinta y
cuatro de los treinta y ocho dirigentes de empresas eran miembros de ACIEL
-Asociación Coordinadora de Instituciones
Empresarias Libres…”[3].
5.
El retorno a la democracia no canceló el funcionamiento de estas
diversas formas de apropiación y control de las decisiones estatales por parte de las corporaciones
empresarias. El proceso privatizador de empresas y servicios públicos -presentado por
aquellos años bajo la excusa de
achicar el “gigantismo” estatal y acabar con la corrupción- prolongó el saqueo económico a través del ciclo endeudamiento externo/fuga de capitales que,
asociada al régimen convertibilidad libre entre la moneda nacional y la
divisa norteamericana, condujeron a una profunda desindustrialización del país y a un aumento de los niveles
de desocupación, pobreza y exclusión. No sólo las empresas públicas pasaron a manos privadas,
el sistema jubilatorio también fue objeto de apropiación por parte de capitales
privados. El sistema de capitalización (implementado a través de la sanción de la ley 24.241) generó perdidas fiscales cercanas a los 65.000 millones de dólares. Estos recursos
fueron transferidos a manos de bancos y compañías de seguros. En el año 2008 a través de la ley 26.425 se
eliminó el régimen de capitalización y el Estado recuperó el manejo de estos recursos. Los bancos extranjeros -cuya
participación fue esencial en el
proceso privatizador de empresas públicas- aumentaron en
número y participación dentro del volumen del
sistema: en 1999 un 48,1% de los préstamos eran otorgados por entidades de capital extranjero
(contra el 18% en 1994), con seis bancos dentro de los 10 principales.
6.
Algunos importantes think tank como la Fundación Mediterránea, FIEL y la
Universidad del CEMA - expresiones acabadas de la visión neoliberal y los
programas asociados al monetarismo - dieron soporte técnico y continuidad
ideológica a todo este
proceso. Cavallo, responsable de la emisión de la Circular
1050 que descargó sobre el erario público la deuda
privada tomada por los grupos económicos durante el auge de la especulación financiera,
responsable también del ingreso a la
convertibilidad , la negociación del megacanje y el
blindaje financiero y, finalmente del vaciamiento financiero sufrido en el país durante la crisis
del año 2001, perteneció a estos espacios de
formación intelectual. Roque
Fernandez, Pedro Pou, también formados en estas “usinas ideológicas”, no actuaron sólo como poleas de
transmisión de los mandatos y
recetas de ajuste del Fondo Monetario. Por sobre todas las cosas, instalaron
una determinada “razón neoliberal” que pareciera trascender el cambio
de signo de todo un conjunto de políticas públicas que buscan desandar los caminos del neoliberalismo.
7.
Hoy el neoliberalismo es más que una política, es más que el programa de gobierno
de la derecha. El neoliberalismo opera al modo de una racionalidad, de una “razón de estado” a través de la que se transmiten vectores de continuidad entre
la dictadura y la democracia. Conforman esta racionalidad, desde discursos técnicos, creencias no
cuestionadas, dispositivos jurídicos y otras tantas instancias de vinculación recíproca entre los costados dictatoriales
y democráticos de las finanzas. Cómo no pensar que el terror desplegado por los militares al
mando del control del aparato estatal (terror ejercido no sólo sobre las organizaciones
armadas sino también sobre muchos empresarios que fueron víctimas del uso mafioso de
los recursos del Estado por parte de aquellos) no guarda vínculos con el terror que
los mercados ejercen sobre la población a través de las amenazas de
devaluación o de default. Cada medida
política que este gobierno tomó con miras a mejorar la
distribución del ingreso o a crear las
condiciones para ampliar derechos sociales, fue violentamente atacada por los
mercados con corridas cambiarias. Los ataques persistentes a nuestra moneda
nacional, es decir aquello que los especuladores llaman “guerra de divisas”, no son otra cosa que
ataques a la soberanía monetaria del país. Estos episodios no son el resultado natural del libre
juego del mercado, no reflejan un juego de fuerzas en busca de equilibro; son
fruto de la decisión acordada de un puñado de empresarios que
remarcan precios (sea de un activo financiero o un producto doméstico) y producen efectos
sociales sobre el conjunto de la población, que queda atrapada en
estas redes especulativas. En el país no existe un “cepo cambiario”, existe control de cambios que no es lo mismo. Se puede comprar y vender divisas
pero siempre bajo registración fiscal porque se busca monitorear y prevenir la fuga de
divisas y el lavado de dinero. Quienes hablan de levantar el control de cambios,
en realidad están diciendo -sin decirlo- que quieren llevar a los argentinos a una brusca devaluación (o
sea, a una brusca reducción del
salario real) y luego reactivar el ciclo de la deuda externa para profundizar
la valorización financiera
y la fuga de capitales a partir de la especulación
cortoplacista. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentó su deuda en dólares en
un 460 por ciento del producto bruto geográfico en
gran medida para financiar gastos corrientes.
8.
Retomando la referencia sobre las corridas, los economistas
llaman a este proceso “efecto manada” porque arrastra a un número indeterminado de
participantes detrás de cambio sobre los comportamientos esperados. Elias Canetti
definiría este proceso a partir de
la noción de masa. Los ataques
especulativos suponen entonces efectos expansivos que producen una masa que
pierde capacidad de raciocinio, que es arrastrada por una violencia no
controlada detrás de un determinado cambio de escenario, controlado por un
pequeño puñado de actores que
especulan con los diferenciales del cambio de situación.
9.
Qué relación existe entre una corrida cambiaria como las que hemos atravesado
durante los últimos meses y una decisión judicial firmada por un
juez foráneo que procura desbaratar
los compromisos asumidos por el país con los tenedores de bonos soberanos. Los fondos buitres y
la sentencia dictada en su favor también dan cuenta de una captura
política de ámbitos de decisión soberana que pasan a mano
de sectores financieros[4]. Los condicionamientos que
los buitres pretenden ejercer sobre la soberanía financiera del país son el emergente de
complejas soberanías extraterritoriales muy poderosas que logran constituirse a
partir de una “paralegalidad financiera” cuyo centro neurálgico son los paraísos fiscales y los secretos
financieros que brindan protección a la renta financiera ilícita evadida de los erarios
públicos de todos los países emergentes. Las elites empresariales de la Argentina también conforman estos poderes extraterritoriales
en el complejo entretejido de sociedades off shore radicadas en guaridas financieras
y cuentas bancarias en el exterior. La soberanía fiscal sobre la fuga de
divisas se vuelve todo un desafío en estos contextos y somete a condicionantes la soberanía política frente a los
representantes del gobierno de las finanzas. Especialmente frente a algunos
candidatos que recaudan fondos organizando cenas de 50 mil pesos el cubierto.
Nada hay más alejado a la transparencia
política que habilitar el lobby
de las corporaciones empresariales para que formen parte de la agenda de
formulación de políticas públicas. Nada hay más alejado de la idea de República, es decir de la
construcción de la cosa pública a partir del
ejercicio del poder democrático, es decir del poder popular. Pero por otro lado, no hay
nada más cercano que un cubierto
de 50 mil pesos, a la idea de reducir la democracia a una simple y estrecha
forma institucional dada y autolimitada al proceso eleccionario, donde las
fuerzas populares de la militancia no participan, no inciden, no deciden las
agendas de gobierno, porque éstas quedan confiscadas en manos del poder económico. Sólo sí se acepta la idea de una democracia de elites es admisible
esta última opción.
10.
En Masa y Poder,
Elias Canetti dice que “…el secreto se halla en la medula misma del poder…” y luego dice también que “el silencio presupone un
conocimiento exacto de aquello que silenciamos… hemos de elegir entre los
que podemos decir y lo que silenciamos…”.[5] En finanzas, el secreto
encierra el germen del poder financiero porque permite silenciar los circuitos
de circulación de fortunas ilícitas a nivel local y
global. Ni el narcotráfico, ni la trata de personas, ni la corrupción ni ningún otro delito lucrativo
organizado, puede ser investigado razonablemente si las mallas que garantizan
la evasión fiscal permanecen intactas,
porque los vínculos entre los centros
financieros on shore y off shore se retroalimentar con estos activos. El
secreto financiero es el salvoconducto hacia la opacidad que ofrecen los paraísos fiscales; es el núcleo de fuerza más útil para condicionar la
democracia. Estos dos aspectos del sistema financiero marcan, tal una de las
principales dimensiones políticas de las finanzas actuales; aquella que a través del éxodo de activos
financieros, provoca la desfinanciamiento de los estados y descarga bolsones de
pobreza.
11.
Otro aspecto central que silencia el poder de las finanzas es
que, en realidad, detrás del eufemismo de “los mercados” no hay otra cosa más que grupos de bancos y financistas entrelazados a nivel
internacional, en estructuras de participación empresaria. Estos grupos
procuran, a través de formas más o menos democráticas, controlar los centros de decisión política en materia financiera,
es decir desde las instancias regulatoria globales hasta las instancias de
regulación nacional de la política financiera y
monetaria. Las corporaciones financieras internacionales, estructuradas en
redes de control cuentan con poder suficiente para controlar dimensiones del mercado
global de las finanzas, pero también para comprometen la estabilidad financiera global o local[6], a partir de la ejecución de decisiones estratégicas adoptadas en muchas
ocasiones al margen del respeto de la legislación regulatoria de los
Estados Nacionales. Estas decisiones instrumentadas a través de sofisticados contratos
y/o acuerdos entre partes relacionadas, también gozan de la protección de reglas de secreto, dificultando
así su conocimiento por parte de los reguladores.
12.
La discusión sobre los entrelazamientos entre dictadura, democracia y finanzas
supone entonces reconocer que este es un territorio en disputa permanente. Los bancos centrales son también un
escenario de disputas permanentes entre el poder popular y el poder financiero
porque desde allí se
controlan en gran medida dos instrumentos claves que influyen fuertemente sobre
la distribución del excedente
social: la tasa de interés y el
tipo de cambio[7]. La tesis de independencia
de los bancos centrales, la hipótesis de los mercados eficientes, el cuestionamiento a la asignación del carácter de agente financiero
del Estado al banco central y la necesidad de “reglas” de política
monetaria,
el diseño de un marco legal de
mandato u objetivo único, no son otra cosa que manifestaciones del avance de los
poderes financieros, mientras que la coordinación entre banca central y
gobierno, la asignación de funciones de agente financiero del Estado, y la definición de un mandato múltiple, expresan la
posibilidad de ejercicios de control democrático sobre las finanzas.
Sin ánimos de caer en simplificaciones reduccionistas, es
bueno no perder de vista que la disputa por el control de estos instrumentos
implica abrir la posibilidad de crear las condiciones necesarias para el
soporte financiero de los derechos sociales o, por el contrario, profundizar la rentabilidad del capital
financiero. Durante la dictadura cívico militar esta disputa implicó la conquista de los
instrumentos de regulación monetaria por parte del poder financiero. Durante la
transición democrática, estos sectores de la
clase dominante, mantuvieron el control sobre los hilos del poder. La reestructuración de la deuda externa,
junto al desarrollo de políticas de control de capitales (y luego de control de
cambios), junto a la estatización del sistema de
capitalización de haberes jubilatorios y
la reforma de la Carta Orgánica, marcaron un viraje de signo cuyas implicancias fue
quitarle a la clase dominante el manejo de los hilos del poder decisorio sobre
la democracia.
13.
Sin embargo, cuesta pensar que dictadura y democracia
expresan dos unidades históricas, temporal y conceptualmente separables entre sí. Sería bueno preguntarnos sí por caso, las finanzas
no prolongan el poder terrorífico de las dictaduras sobre la democracia. Las operaciones financieras
suponen una estructura de dominación que despliega efectos sociales, al menos en dos niveles distintos.
Por un lado, retroalimentando las mismas formas de saqueo que la dictadura cívico militar instituyó con la sanción de dispositivos legales como la ley de inversión extranjera, la ley de
entidades financieras y la ley de descentralización de depósitos, que la democracia nunca
logro derogar. Aún hoy, residen allí los pilares fundamentales
del gobierno corporativo de las finanzas. Pero también, implican formas de
dominación en un segundo nivel, esta
vez micro social, generando hábitos de conducta, coerciones subjetivas a partir por ejemplo
de la compulsión al endeudamiento; como también a través de mecanismos muy
complejos y poco visibles que, enraizados en lógicas de consumo excluyente,
se reproduce a partir de la noción de deuda.
14.
En pleno apogeo neoliberal, León Rozitchner, en una
entrevista para la revista Utopias del Sur,[8] explicaba que el terror
modificó el comportamiento de la sociedad al punto de
invisibilizar que la democracia también se sostiene sobre un
orden de violencia. Es bueno agregar que ese orden de violencia, de modo necesario,
incorpora lo económico y lo financiero como fuerzas singulares respecto de las
que no nos atrevemos a pensar reflexivamente más allá de lo que el propio sistema financiero nos propone, nos
permite. En esa misma entrevista León Rozitchner decía “…habría que profundizar las consecuencias subjetivas, sociales, del
terror. Comprender como cala y produce la inmovilidad en todos los ordenes de
la vida”[9]. La reflexión sobre dictadura y finanzas
exige abrir esta discusión en diferentes planos de las relaciones sociales.
[1]
Cfr. Ministerio Público
de la Nación. Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Actualización de datos sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Datos al 18 de marzo de
2015. www.fiscales.gob.ar
[2]
Cfr. Nápoli, Perosino,
Bosisio. La dictadura del capital financiero. El golpe militar corporativo y la
trama bursátil. Ediciones Continente. Buenos Aires, 2014, pp. 41
[3]
Cfr. Heredia, Mariana.
El Proceso como bisagra, en Empresarios, Tecnócratas y militares. Pucciarelli,
Alfredo coord.
[4] Cfr. Pagarles hasta que les duela. Entrevista a
Nicholas Shaxon, publicada en Revista Crisis # 20
[6] Cfr.Vitali, Stefani; Glattfelder,
James; Battiston, Stefano. The Network of global corporate control. www.arvix.org
[7] Cfr. Epstein, Gerald.Central Banks
as Agents of Economic Development. United Nation University. World Institute
for Development Economics Research. Research
Paper No. 2006/54
[8]Cfr. Rozitchner, León. La crisis de los
intelectuales y el marxismo, publicada en Las desventuras del sujeto político,
publicado en Las desventuras del sujeto político. Ensayos y errores. Ed. El
cielo por asalto, año 1996, pp. 159