En el marco de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres
Nosotras, mujeres
defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales, desde la diversidad
de identidades y organizaciones integrantes de la Alianza frente a la
Criminalización, nos unimos este día para conmemorar la lucha histórica de
nuestras madres y abuelas, ya que junto con sus resistencias ancestrales, hemos
enfrentado todas las formas de dominación sobre nuestros cuerpos y sobre la
naturaleza.
La problemática de
violencia contra las mujeres defensoras es un fenómeno patriarcal, histórico,
social y complejo que afecta nuestra vida cotidiana en las diferentes
dimensiones comunitarias, rurales y urbanas; así como en las relaciones que
establecemos frente a la familia, la comunidad, la organización y el Estado.
Con grave
preocupación denunciamos el acoso y la violencia sexual como instrumentos de
ataque e intimidación contra las diversas formas de lucha y resistencia de las
mujeres defensoras de territorios, por el Estado, mediante medidas como la
imposición de estados de sitio, militarización y acciones de la policía
nacional civil; así por actores no estatales tales como empresas nacionales y
transnacionales, guardias privados de seguridad y guardaespaldas de
terratenientes.
La estigmatización
pública, criminalización, persecución, judicialización, encarcelamiento y
femicidio contra defensoras de territorios, comunicadoras, migrantes y mujeres
de comunidades de la diversidad sexual y de género, constituyen formas de
violencia política, que actualmente estamos resistiendo. El último informe de
la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en
Guatemala -Udefegua- demuestra que las agresiones contra las defensoras se
incrementaron de un 25% en el año 2012 al 54% en el 2014.
El costo económico
que las defensoras asumimos con nuestras luchas por la defensa de los bienes
naturales, está afectando nuestra sobrevivencia familiar: muchas somos madres
solteras, viudas y compañeras de presos políticos y no contamos con ningún tipo
de protección por parte del Estado; al contrario, éste ha ido retirando, en los
últimos años, los pocos servicios sociales a los que teníamos acceso.
En virtud de lo
expuesto, las defensoras de derechos humanos:
Demandamos al Estado
de Guatemala que, apegado a la Constitución Política de la República y a los
convenios y tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo los
derechos de los pueblos indígenas, garantice la protección de las defensoras de
derechos humanos, nuestras hijas e hijos, y reconozca públicamente nuestra
contribución a la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como al
fortalecimiento de la justicia y la paz en el país.
Urgimos a la
comunidad internacional a que desarrolle mecanismos específicos para la
protección de las defensoras de derechos humanos basados en estándares y
directrices tales como las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores
de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre la violencia contra las
mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas.
Llamamos a la
ciudadanía a conocer y reconocer el aporte para la defensa de los derechos
humanos de las mujeres y de los bienes naturales, que realizan cotidianamente,
con sus diferentes identidades, niñas, mujeres jóvenes y mujeres en comunidades
rurales y urbanas; porque con nuestro cuerpo sostenemos la resistencia y
aportamos a la construcción de un mundo más justo.
Saludamos,
reconocemos y nombramos a nuestras hermanas Bárbara Díaz, de las Doce
Comunidades en resistencia en San Juan Sacatepéquez, presa política desde
septiembre de 2014 y a Blanca Azucena Méndez del Comité de Desarrollo
Campesino, Codeca, presa política desde octubre 2014. Con el ejemplo de lucha y
resistencia de ambas caminamos hoy en las calles para demandar justicia y
respeto por nuestros derechos humanos como defensoras de nuestros cuerpos y de
nuestra tierra.
Iximulew, viernes 6
de marzo de 2015