Una arqueología de los grupos empresarios argentinos

 por Pablo E. Chacón


En Restricción eterna, los economistas Martín Schorr, Alejandro Gaggero y Andrés Wainer componen el mosaico del poder económico en la Argentina actual, poniendo el acento en las conveniencias y en las dificultades internas para dar a luz un nuevo orden emancipatorio, siempre aplazado por las urgencias del corto plazo. El libro, una coedición de la editorial Futuro Anterior y la revista Crisis, es de digestión lenta: el Estado argentino como administrador de las relaciones de poder establecidas, según los autores, nunca terminó de desmantelar cierto sistema normativo de enorme peso en la economía actual. Schorr es doctor en Ciencias Sociales y docente, al igual que sus colegas Gaggero y Wainer, graduados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), investigadores, todos, de la economía de la posconvertibilidad.

Esta es la conversación que Schorr sostuvo con Lobo Suelto.

P: El título del libro es elocuente. ¿Cuánto cambió la estructura del poder económico de la Argentina, si se descartan las imposiciones impuestas por la economía global?
SCH: Lo primero que hay que decir es que desde la salida de la convertibilidad hasta la actualidad aumentó el indicador de concentración de la economía argentina. En 2001 las 500 empresas más grandes del país explicaron el 15% del PBI total; en la actualidad la participación orilla el 22%. En ese marco, la evolución del poder económico en la última década se caracteriza por tres aspectos que analizamos en el libro. 1) La continuidad del proceso de extranjerización. Aproximadamente, el 55% de las ventas de las 200 empresas más grandes está en manos de capitales extranjeros, porcentual que supera el 65% en el caso de las líderes industriales. El predominio extranjero se manifiesta en casi la totalidad de los sectores económicos y su no reversión en la última década se desprende de una serie de factores, entre los que se destacan los siguientes: las diferencias de desempeño entre los oligopolios extranjeros y el capital nacional; la adquisición de varias grandes firmas o conglomerados locales por capitales foráneos (Acindar, Quilmes, Pecom Energía de Pérez Companc, Loma Negra, numerosos frigoríficos, etcétera); la vigencia de ciertos instrumentos normativos del modelo neoliberal que no se revirtieron (como la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada en la última dictadura militar, con sus ampliaciones durante el menemismo, y la vigencia de casi la totalidad de los casi 60 Tratados Bilaterales de Inversión que la Argentina firmó en los 90); y la falta de aplicación efectiva de la legislación sobre defensa de la competencia. 2) La redefinición de los grupos económicos locales. Luego del abandono de la convertibilidad se redujo aún más la presencia global de los grupos nacionales dentro de la elite empresaria de la Argentina. Esto constituye una continuidad con el punto de inflexión que en lo atinente a la trayectoria de esta fracción del poder económico, se comenzó a manifestar en la segunda mitad del decenio de 1990. Sin embargo, no se debería soslayar que tuvo lugar un recambio importante dentro de este estamento del gran capital local. Básicamente, ello se asoció al afianzamiento estructural de un puñado de grupos especializados en el procesamiento y la comercialización de materias primas (se trata, en su mayoría, de actores muy volcados a los mercados externos), y a la irrupción de actores nuevos cuya expansión reciente (en algunos casos notable) se vinculó, en lo sustantivo, con su inserción en sectores no transables y/o con una vinculación estrecha con el sector público. En este sentido, no parece tratarse de un nuevo conjunto de campeones nacionales fomentados desde el aparato estatal para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos y/o intensivos en conocimiento, sino que se vinculan con el aprovechamiento de espacios de acumulación a resguardo de la competencia externa. Más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos capitales y los anteriores, es claro que vistos en conjunto, su crecimiento en los últimos años no ha contribuido a impulsar una reindustrialización basada en el desarrollo de nuevas capacidades productivas que puedan potenciar las ventajas competitivas dinámicas de la economía argentina. Los pocos avances en esta materia han venido mayormente de la mano del Estado y no del sector privado. 3) La reaparición del Estado en el control de grandes empresas. En el transcurso de la última década el Estado nacional retomó el control de algunas empresas privatizadas durante el decenio de 1990, entre las cuales sobresalen por su importancia los casos de YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa (ex Aguas Argentinas), varios ramales ferroviarios y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Este proceso, que comenzó con una serie nacionalizaciones aisladas en el gobierno de Kirchner y se intensificó desde 2008, llevó a que creciera la importancia de las firmas públicas y las asociaciones con presencia estatal en el conjunto de las empresas más importantes del país y configura una situación que no debería soslayarse. En el regreso del Estado durante la posconvertibilidad no parece haber primado una visión estratégica y sí una táctica de correr por detrás de la coyuntura económica y/o política. Pero es innegable que en algunos casos los efectos de la intervención estatal podrían ser estructurales en lo referido a la dinámica del modelo de acumulación en la Argentina (por ejemplo, con la reestatización del sistema de previsión social, la injerencia estatal en muchas firmas relevantes en calidad de accionista y director, y la renacionalización parcial de YPF).

P: La extranjerización del poder económico, ¿es un efecto de esas imposiciones o es eso y sumado, algún grado de connivencia local, si es que es así?

SCH: Es indudable que en la actual fase del capitalismo a escala global, el predominio de las empresas transnacionales es ostensible, particularmente en economías periféricas como la argentina. De todos modos, en nuestro análisis nosotros hacemos bastante hincapié en la concurrencia de ciertos factores internos que son centrales como impulsores de la extranjerización. En particular, ciertos legados normativo-institucionales de los 90 que en este último decenio no se corrigieron y constituyen una traba manifiesta a la posibilidad de manejar la dinámica económica y social desde una perspectiva nacional. Entre esos legados destacamos particularmente los tres que reseñamos en la pregunta anterior (Ley de IED de la dictadura, la vigencia de 55 de los 58 Tratados Bilaterales de Inversión que el país suscribió bajo la hegemonía neoliberal y la debilidad o falta de aplicación efectiva de la normativa de defensa de la competencia). A su vez, habría que agregar que, a diferencia de otras experiencias nacionales, en la Argentina es muy poco lo que se ha hecho en lo que refiere a la imposición de metas de desempeño para el capital extranjero radicado en el país, de allí que no sean casuales los efectos perniciosos que su operatoria ha tenido, por ejemplo, sobre las cuentas externas. A todo ello se le añade una serie de elementos críticos que no han tenido la debida atención, al menos hasta que últimamente reapareció con crudeza la problemática de la restricción externa y se empezaron a realizar esfuerzos denodados, no siempre exitosos, por contenerla priorizando el corto plazo. Entre otros nudos críticos cabe resaltar los siguientes. 1) Las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución funcional del ingreso sumamente regresiva, lo cual torna poco plausible que el poder económico realmente existente pueda oficiar de vector conductor de un modelo de acumulación con inclusión social. 2) Las presiones sobre las cuentas externas generadas por los actores que controlan una proporción considerable y creciente del ingreso, dado que, si bien son importantes exportadores, también son fuertes demandantes de divisas debido a sus altos coeficientes de importación, la remisión al extranjero de utilidades y dividendos, el pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y patentes, los intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, la fuga de capitales, etc. Por eso, difícilmente se pueda afirmar que la inversión extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del estrangulamiento externo crónico de la Argentina. 3) El predominio económico que experimenta la fracción extranjera de la elite empresaria involucra diversos sesgos que atentan contra la complejización de la estructura productiva, puesto que estos capitales, en procura de minimizar sus costos absolutos a nivel mundial y/o a partir de su posición dominante en el mercado interno, suelen carecer de interés real para ello. Seguramente de allí pueda desprenderse la baja tasa de reinversión de utilidades de las compañías foráneas en un escenario de apropiación de elevados márgenes de ganancia, de ampliación de la demanda local e internacional y de ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización y de inserción internacional de la Argentina.

P: El cacareado fin de ciclo, en rigor, ¿cómo hay que entenderlo?


SCH: A comienzos de la década de 2010 se hace cada vez más manifiesta en la Argentina la problemática de la restricción externa. Ello se asocia al despliegue de una serie de procesos estructurales que, por distintos motivos, involucran al poder económico y se desprenden de una serie de acciones y omisiones estatales en diversos frentes. Además de la cuestión de la deuda externa, en nuestro análisis resaltamos cuatro. Primero: la presión sobre las cuentas externas que surge de la operatoria del capital extranjero radicado en el país: sólo en 2011, antes de la aplicación del llamado cepo cambiario, las empresas extranjeras remitieron al exterior más de 10 mil millones de dólares, equivalentes al 65% de las utilidades totales. Segundo: los pronunciados déficit comerciales del sector industrial, que se vinculan con dos actividades muy promovidas desde la política económica (automotriz y electrónica de consumo) y con el despliegue, por diferentes vías, de procesos de sustitución inversa por los cuales mucha producción nacional fue desplazada por importaciones. Tercero: la continuidad de la fuga de capitales al exterior por parte de los segmentos empresarios más concentrados (en 2008 y 2009 se fugaron alrededor de 30 mil millones de dólares, mientras que sólo en 2011 se fueron 25 mil millones). Cuarto: la emergencia de la crisis energética por efecto de una política sectorial que no logró quebrar, al menos hasta la estatización del capital accionario mayoritario de YPF, una lógica del oligopolio petrolero inscripta en la sobreproducción y la subexploración. Sólo en 2013 se importó combustibles por 11 mil millones de dólares y la balanza energética arrojó un déficit del orden de los 6 mil millones. En enero de 2014 el gobierno nacional decide hacer frente a este escenario de restricción externa mediante la devaluación del peso y una serie de medidas complementarias (reducción del gasto público, suba de tasas de interés, etc.). Todo ello se articula con otras medidas tendientes a que ingresen dólares por otros medios y que buscan morigerar los efectos de la devaluación sobre los salarios y la distribución del ingreso (puntualmente: el intento, todavía fallido, de volver a los mercados financieros internacionales y la suscripción de diferentes acuerdos con China). En nuestra opinión, en la perspectiva del gobierno subyace una mirada de corto plazo sobre los problemas de la economía nacional (problema de liquidez), siendo que la explicación del cuadro complejo que estamos atravesando involucra también cuestiones estructurales (problema de insolvencia). No sé si este nuevo escenario amerita ser llamado fin de ciclo, pero sí es evidente que, a pesar de los intentos por morigerar algunas de sus consecuencias negativas, la política económica aplicada desde comienzos de este año modifica parcialmente el carácter del gobierno en la medida en que se procura una transferencia de ingresos al sector exportador y al financiero, fundamentalmente en detrimento de los trabajadores. Sin dudas la etapa de crecimiento alto y fácil ha quedado atrás. 
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