"La relación entre narcotráfico y policía obliga a repensar el concepto de violencia institucional". Entrevista a Manuel Tufro
por Santiago Asorey e Ignacio Ramirez Charré
(agencia Paco Urondo)
En
los últimos meses se registró en los barrios del sur de Capital Federal una
serie de asesinatos de jóvenes pobres. El incremento de la violencia da cuenta
de cuáles son los sectores sociales más castigados y también de las complejas
relaciones de connivencia entre la policía y las organizaciones criminales, en
especial las ligadas al narcotráfico. Son crímenes ejecutados por las fuerzas
de seguridad o por bandas criminales que muchas veces actúan en zonas
liberadas. Se
trata de un aspecto silenciado del fenómeno de la “inseguridad”. Para los
medios de comunicación, en cambio, esos sectores pobres suelen ser los
responsables de la violencia, no sus víctimas.
¿Qué lectura hace de la situación de violencia en los barrios del cordón sur de
la Capital en
los últimos meses? En muchos casos se trata de casos que prácticamente no son
difundidos por los medios ni los especialistas.
Tenemos algunos indicios de que la situación de violencia en la zona se estaría
complicando en el último año. Creo que acá habría que distinguir dos cuestiones
que, al mismo tiempo, están unidas en algún punto. Por un lado, las dinámicas
de violencia interpersonal o criminal y, por el otro lado, las dinámicas de
violencia institucional, que a veces, obviamente, aparecen mezcladas con
mercados de ilegalidad.
Digo
que hay que separarlo por lo siguiente: cuando en junio del 2011 empieza el
‘Operativo Cinturón Sur’ con el desembarco de Gendarmería y Prefectura, lo que
sucede, según la mayor parte de los testimonios que hemos recogido en la zona,
es un descenso bastante importante de la violencia explícita u ostensiva. La
situación de los tiroteos cotidianos, la imposibilidad de circular por los
pasillos, se modifica para mejor. Se desplaza a la Policía Federal
del patrullaje en estos barrios, entonces disminuyen también ciertos tipos de
abusos de violencia institucional muy ligados a la historia de la Policía Federal en
esos barrios. A la historia de comisarías como la 52, que tiene un historial
extenso de casos de ejecuciones y abusos.
¿Cómo fue la relación de la
Gendarmeria y la Prefectura con los vecinos?
Tuvieron lugar otra series de problemas, que tienen que ver con la
convivencia cotidiana de fuerzas como Gendarmería y Prefectura con los
habitantes de estos barrios. Son fuerzas más militarizadas que la Federal y pasan a tener
una presencia permanente en estos barrios. Eso no ocurría antes.
Lo
que se veía ahí era una forma de violencia que nosotros denominamos de “baja
intensidad”. Es decir, que no se manifestaba en casos de gatillos fáciles o
ejecuciones. Se manifestaba en casos de abuso cotidiano muy sostenido sobre una
parte de la población que eran los jóvenes y los consumidores de drogas. Esa
era la situación que nosotros veíamos en el 2011/2012.
En
los últimos meses hay una descomposición de este operativo y aparecen de nuevo
ciertos vicios de la
Policía Federal , como el no patrullaje en el interior de los
barrios. Y aparece de nuevo la violencia cotidiana relacionada a una forma de
violencia entre bandas ilegales, que vuelve a cobrar una visibilidad que había
quedado atenuada. Particularmente, a partir de lo que pasó con el caso de Kevin
Molina en Zavaleta. De nuevo queda expuesta la realidad de zonas liberadas,
movimientos de bandas que no están siendo controladas por la presencia de
Gendarmería y Prefectura. Hay indicios de un crecimiento de la violencia en
todo sentido en la Zona Sur
de la ciudad de Buenos Aires.
Si tuviera que hacer un balance de lo actuado por Gendarmeria y Prefectura:
¿Cuál sería?
M.
T.: No tenemos una evaluación sistemática como la teníamos en el 2012, cuando
habíamos hecho todo un trabajo de campo sobre el tema. Pero los relatos que
registramos tienen que ver con esto: cierto repliegue de la Gendarmería , menor
presencia, falta de patrullaje hacia el interior de los pasillos. Más bien, una
vigilancia perimetral de los barrios. Es esto lo que se percibe. Y esto es lo
que deja el terreno para las disputas territoriales, entre distintos mercados
de ilegalidad y distintas bandas.
¿Cómo enfrentan las organizaciones sociales y territoriales este fenómeno de
violencia creciente?
M.
T.: Es un fenómeno que se nos está presentando en los últimos tiempos, no
solamente en Capital Federal, sino también en el conurbano, en Rosario y en
Córdoba. Es un fenómeno de violencia de bandas asociados a mercados ilegales
que empieza a afectar la acción de organizaciones sociales y territoriales.
Estas bandas casi siempre tienen protección policial y política.
En
el caso del CELS, estamos repensando la cuestión de la violencia institucional.
Para nosotros, la violencia institucional estaba asociada históricamente al
personal uniformado o fuera de servicio; ahora esta violencia aparece de forma
más difusa, o tercerizada en bandas que ejercen formas de violencia donde no
están directamente implicados agentes del Estado. Pero claramente tienen protección
o, al menos, convivencia con el Estado.
Más allá de las fuerzas de seguridad, ¿Qué rol desempeña el Estado?
Hay una dificultad muy grande del Estado para brindar protección en el
territorio a las organizaciones sociales, a las víctimas de estas bandas
criminales. No hay instancias a la cuales recurrir. Muchas veces, ir a la
propia policía es contraproducente por estas relaciones de convivencia que hay
con estas bandas. Y por fuera de la
Policía es muy difícil pensar en otras instancias.
Es muy difícil el acceso a la justicia en
los barrios, a pesar de que hay algunos
ejemplos e iniciativas incipientes, pero interesantes. Tanto en la zona sur de
la ciudad con Atajo, como en Rosario con algunos Centros de Acceso a la Justicia que se han
montado también. Pero son todas cuestiones todavía muy incipientes frente a una
sensación de desprotección de las organizaciones sociales que se encuentran
frente a un fenómeno para el cual no están preparadas para responder. Su
antagonista histórico era el Estado, y en esta situación no aparece como una
cara visible.
Esta
situación se da en un contexto en el cual aparece la idea del avance del
narcotráfico como una amenaza para todo el país: el nuevo enemigo. El
narcotráfico aparece construido de forma homogénea pero, en realidad, no se
sabe bien qué es. Y en la forma que se tematiza en los grandes medios de
comunicación y en la comunicación política, aparece totalmente soslayado el
papel de las fuerzas de seguridad en la producción y reproducción de esta red
de ilegalidad.
Entonces,
por un lado, hay un discurso muy alarmista respecto al avance del narcotráfico
y, por el otro, se hace muy poco para afrontar los verdaderos problemas; no
solamente en relación al narcotráfico, sino en otros mercados ilegales, como el
tráfico de armas en los barrios pobres.
¿Qué debería hacer el Estado para poder intervenir de forma rápida?
El desafío de intervención sería que el Estado pudiera tener una presencia
territorial permanente, bajos las formas de políticas de prevención de consumo
de droga. Pero también políticas de protección frente a los embates que sufren
organizaciones sociales y vecinos de los barrios por parte de las bandas. Por
otro lado, una política criminal diferente a la que se implementa en estos momentos
y que apunte a desarmar estas redes; que no se fije tanto en el microtráfico, o
en el pequeño transa, que es rápidamente reemplazable, si no que apunte a
desarmar las redes. Esto no se logra con la saturación policial, sino con la
inteligencia, la investigación compleja. Toda una serie de cuestiones que
representa un gran desafío para las fuerzas de seguridad y para la Justicia.
Por último, ¿Qué lectura realizan del cambio de la causa de Luciano Arruga a
partir del encuentro de su cuerpo?
La identificación del cuerpo de Luciano abre, en realidad, todo un nuevo
terreno de irregularidades y oscuridades en torno al funcionamiento
burocrático, que se suman a las que ya conocíamos y que había iluminado la
misma causa. Toda la cuestión de las irregularidades policiales se suma a todas
las denuncias sobre hostigamiento y reclutamiento que ya se conocían y que son
problemáticas que siguen absolutamente vigentes. Se suman, también, las
dificultades de la Justicia
para investigar. El CELS está impulsando el juicio político a dos fiscales que
intervinieron, y al Juez que había intervenido desde la provincia de Buenos
Aires en la causa.