¿Argentina en Default técnico? Entrevista a Pablo Miguez

por Maura Brighenti



En estos días la prensa internacional está agitando el fantasma del Default según el cual Argentina se encontraría en una debacle financiera comparable a la del 2001-2002. ¿Hay en serio un riesgo de default? ¿Y qué significa comparar la situación actual de la Argentina con la crisis producida por las políticas neoliberales de los noventa?

La crisis actual y el default del 2001 son situaciones completamente diferentes. El del 2001 era el resultado de sucesivas emisiones de deudas necesarias para mantener el sistema de la convertibilidad. El gobierno de Menen había tomado el poder en 1990 con una deuda externa total de casi 63.000 millones de dólares y dejó un pasivo de 110.000 millones, y eso después de haber implementado las reformas neoliberales y privatizado gran parte del patrimonio del Estado. De la Rúa se va del poder dejando una deuda de 144.000 millones en diciembre de 2001, de los cuales casi 70.000 fueron alcanzados por el default de diciembre de 2001.

Luego de una década neoliberal la situación externa sólo había empeorado. Las reservas caían en picada y llevaron al “corralito” de comienzos de diciembre de 2001.Se habían reducido a apenas 14000 millones de dólares así que era imposible el pago de la deuda y se declaró el default. Las reservas siguieron cayendo hasta llegar al punto crítico de apenas 8.000 millones a mediados de 2002, luego de lo cual comenzaron a recuperarse - ayudadas por la devaluación y el elevado precio de los commodities que impulsaron exportaciones- hasta alcanzar los 20.000 millones a comienzos de 2005, año del primer canje de deuda.

En este caso del default técnico no tenemos una situación ni siquiera parecida. Aquí las reservas son más que suficientes para pagar la deuda puntual requerida por este fondo buitre MNL que litiga contra Argentina en los tribunales de Nueva York. El problema es que pagar lo que pide no sólo es injusto porque se trata de un acreedor que no aceptó la reestructuración sino que por los compromisos firmados por el gobierno en los bonos que sí aceptaron la reestructuración de la deuda existe la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) y además una “Ley cerrojo”, que fueron establecidas para hacer atractivo el canje a los bonistas defaulteados en 2001.

La reestructuración se hizo primero en 2005 y consistió en un canje voluntario de bonos “viejos” defaulteados por bonos nuevos por casi 82.000 millones de dólares, ya que a los 102 mil millones originales no se les reconocieron los 20.000 millones de intereses generados entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003. El 76% de los acreedores aceptó los bonos nuevos del canje por lo que el Estado emitió nueva deuda por 35.000 millones  que equivalía a 62.000 millones de la deuda vieja, es decir, obtuvo una quita considerable de más del 43%, en una de las más grandes reestructuraciones de deuda soberana antes de Grecia en 2010. Se imponía a su vez la ley cerrojo que prohibía reabrir la negociación, con lo cual los acreedores aceptaban esa oferta o esperaban a litigar. 

El 24% que no entró al canje representaba unos 20.000 millones de dólares, entre los cuales hay fondos buitres y otros inversores. Pero en 2010 el Estado va a ofrecer una reapertura del canje, para lo cual debió “suspender” la ley cerrojo. Un 15% de los bonistas acepta, totalizando un 91% del total en 2010. Allí van a aceptar canjearse 12.200 de los 18.300 millones de deuda vieja, para lo cual se van a emitir nuevos bonos por casi 8000 millones, lo que era un descuento de más del 35% para el Estado. Como resultado de la reestructuración, sumados ambos canjes el estado retiro bonos viejos defaulteados en 2001 por 74.000 millones y emitió bonos nuevos por 43.000, con lo cual la quita total fue de casi el 42%.

Pero todavía había un 9% los bonistas que no aceptaron ninguna reestructuración sumaban casi 7000 millones al 2010, en su mayoría fondos buitres. La mayoría de ellos habían sido adquiridos en el mercado secundario, luego del default, cuando se los compraba por un valor entre el 10 y el 30% de su valor nominal.

Pero, volviendo a la pregunta, la situación actual es políticamente incomparable con la de 2001. El default de 2001 fue resultado de diez años de políticas neoliberales, donde se dieron simultáneamente procesos de privatizaciones y endeudamiento del Estado, y que se dio luego del 19 y 20 de diciembre de 2001, esto es en el marco del avance de  un ciclo de luchas contra el neoliberalismo. El estado declara el default porque no tenía recursos para pagar la deuda aunque hubiera querido hacerlo. Hoy la situación es bien distinta, aunque el volumen de las reservas internacionales viene en retroceso hay recursos más que suficientes para pagar este fallo, cuyo monto no es tan elevado, son 1600 millones. Pero el hacerlo puede producir una serie de eventos encadenados que paradójicamente, después de haber pagado mucha deuda, podrían llevar el tema de la deuda a la situación de 2001, a una verdadera imposibilidad de pago. Y aquí el gobierno habría sido empujado por un fallo judicial sorpresivo aún para los mercados financieros, ya que el acceso a los mercados de capitales estuvo casi vedado desde 2001 y la deuda se siguió pagando. Desde el punto de vista de los acreedores Argentina no puede ser considerada una rebelde. Ciertamente que en el plano interno este conflicto puntual llega en mal momento, se puede agudizar la recesión, con la inflación y los conflictos salariales en aumento tras la devaluación de enero y habrá que ver qué sucede con este caso de aquí a diciembre, donde los impedimentos de la clausula RUFO desaparecen.

En una época de hegemonía del capital financiero, ¿qué significa que el fallo de un juez de Nueva York puede llevar a la insolvencia a un país? ¿Estaríamos en frente de nuevos procesos de judicialización transnacional de las financias más allá de la intervención de los organismos internacionales de gobierno de la economía?

La dificultad del conflicto radica en que los aspectos jurídicos, económicos y políticos que atraviesa se entrecruzan, son difíciles de diferenciar y se condicionan mutuamente. Tenemos que reconocer que Hardt y Negri tenían razón cuando anticipaban que el orden mundial del Imperio se expresaba como una formación jurídica, que implicaba una nueva inscripción de la autoridad, de formas de producción de normas y solución de conflictos. Y que estos derivan en conflictos económicos y políticos de envergadura, que incluso se les pueden imponer a aquellos que supuestamente lo controlan, sea a los países desarrollados o a los propios Estados Unidos. 

En este caso, el nudo de la controversia pasa por la interpretación del sentido de la cláusula pari passu, que obliga a tratar con igualdad de trato y de pago a todos los acreedores, impidiendo que el deudor estatal elija a unos acreedores en desmedro de otros. Los fondos buitres alegan que el gobierno la viola al pagar a los bonistas reestructurados, con la quita, y no a ellos por el total de sus acreencias.

El juez Griesa les dio la razón. El gobierno ofreció pagarle a los houldouts a prorrata en los mismos términos que en el canje 2010 para garantizar así un trato igualitario. Pero estos no aceptaron

La interpretación de la cláusula de igualdad de trato en el sentido dado por Griesa sienta una jurisprudencia muy peligrosa para los Estados que quieran emitir deuda en dólares, bajo la ley norteamericana. Incluso pone en riesgo a Nueva York como plaza financiera para estas operaciones. Esto preocupa también al gobierno de Estados Unidos, que en el juicio apoyó la posición de Argentina. Pero el poder judicial nortamericano hizo oídos sordos a la posición del ejecutivo y la sentencia de Griesa fue confirmada por el tribunal de apelación y la Corte Suprema. No sólo hay que pagar por el total sino pagar primero a los fondos buitres, lo que justamente va en contra de la pari passu.

Para algunos el peligro de contagio no es tal porque luego de 2005 la mayor parte de las emisiones incluyen cláusulas “antibuitres”, las cláusulas de acción colectiva. Incluso en Nueva York, para las leyes comerciales alcanza con que el 70% de los deudores acepten un acuerdo de pago para que sea obligatorio para el 30% restante. Argentina logró el 93% de acuerdo, sólo una minoría del 7% queda afuera por propia voluntad.

Esto despertó las quejas de economistas como Stiglitz y Anne Krueger, que están muy lejos de ser críticos del capitalismo y preocupa a  los países de la eurozona y de G-20.El fallo atenta incluso contra la posibilidad de alcanzar esas mayorías ya que los acreedores optaran todos por la vía contenciosa, o incluso cabe la posibilidad que los buitres accedan al 31% de una serie de de bonos emitidos, y traben de manera definitiva toda posibilidad de reestructuración en un capitalismo financiarizado que funciona en base a deudas.

El Imperio como orden jurídico global de nivel superior debería dar cobertura a la posibilidad del capital de obtener algún tipo de renta, sea financiera, inmobiliaria, tecnológica. Desde el punto de vista del capital, es precisamente esa “superposición” -o ensamblajes, diría Sassen- de orden global-imperial y Estado nacional, lo que se debería articular para la realización de las rentas del capital a nivel mundial. Esa governance se vuelve siempre sumamente compleja, como lo muestra este conflicto.

En el actual escenario pre-electoral, muchos nos preguntamos si estamos próximos al fin del ciclo kirchnerista y de un modelo de gubernamentalidad de inclusión a través del consumo. ¿Cómo lees en este contexto la reacción del gobierno argentino frente al fallo y su gestión de la cuestión de los fondos buitres?

La reacción del gobierno frente al fallo en líneas generales fue correcta. Pagar lo exigido por los buitres con el riesgo real de disparar la clásusula RUFO exponía al país a una situación aún más complicada, casi insotenible. Esta cláusula implicaba que toda mejora a algún acreedor debe extenderse a todos los otros y se extendía por 10 años, por lo cual vence el 31 de diciembre de 2014, en cuatro meses. Si se pagan los 1600 millones a MNL según la sentencia de Griesa, todo junto y en dólares, esto habilita a los restantes holdouts a pedir el mismo trato y supondría erogaciones por casi 15.000 millones, que además de ser completamente excesivas representan más de la mitad de las actuales reservas del Banco Central, que suman 28.000 millones. Pagar implicaría arriesgar la ya precaria situación económica del país. Y no sólo eso, habilita a que los hold-in, bonistas que aceptaron el canje en 2005 y 20101 interpongan demandas para ser equiparados a los buitres. Con lo cual se estima que la deuda puede ascender a la explosiva suma de 120.000 millones y además de por la borda todo el esfuerzo de estos diez años de reestructuración provocaría un colapso total de la economía.

Casi que el gobierno no tuvo más opción que hacer lo que hizo. Avenirse al pago para evitar el default era una gran irresponsabilidad en el corto plazo. Ocurre que el juez no sólo quiere obligar al pago a los buitres sino también impedir que Argentina pague a los otros bonistas reestructurados en caso de no acordar con los primeros. Entonces ahí se discute si estamos o no en default, porque el default es voluntario y en el caso de los buitres lo es pero en el de los bonistas reestructurados no. El gobierno mostró voluntad de pagar, hizo el pago al Banco de New York para que gire los fondos a los bonistas pero el juez trabó los cobros. Incluso lo hizo con los bonos de jurisdicción europea y japonesa. Es una situación inédita.

Además, Argentina le pago en 2006- al año siguiente del primer canje de deuda- la deuda al FMI de 10.000 millones de dólares con reservas de 28.000 y viene pagando deuda desde 2005. Y con todo eso su ratio Deuda/PBI es mejor que el de muchos países de la eurozona. No se trata de un deudor en rebeldía ni mucho menos.

Pero esto complica también el frente interno, que ya venía convulsionado por la recesión y el crecimiento inflacionario. La estrategia de búsqueda de inversiones avanzada por el gobierno desde enero, por lo cual arreglo los conflicto en el CIADI por 677 millones de dólares, pagó la indemnización a Repsol por la estatización de YPF (5.000 millones en bonos) y la deuda con el Club de París (9.700 millones de dólares en bonos). La situación se ve empeorada seriamente. Se requerirá un ajuste aún mayor. El gobierno quiere dar muestra que el percance judicial de los holdouts no tiene efectos reales graves. De hecho, su impacto fue más moderado de lo esperado. Hay que ver como se desenvuelven los hechos y que pasa el 1 de enero de 2015, cuando haya vencido la cláusula RUFO y se pueda pagar a los buitres sin riesgos de contagio. Habrá que ver que deciden entonces pero primero hay que ver como se pasa el invierno…

En el marco de la transnacionalización, financierización y judicialización de la economía, ¿qué papel pueden tener las políticas de integración económica regional y los Brics?

Es muy prematuro para hacer un diagnóstico. Como estrategia de acumulación de poder con la mira puesta en un enfrentamiento diplomático con Estados Unidos es una oportunidad de sumarse del lado de los que lo desafían en el orden multipolar. Como recurso para financiamiento alternativo ante la imposibilidad de tomar deuda en el corto plazo la creación del Banco de Desarrollo es muy reciente y estaría funcionado en 2016. Además es para préstamos de infraestructura.

Pero pensando en el largo plazo los especialistas dicen que el Banco de los BRICS impondría condicionalidades diferentes a  las del FMI o el Banco Mundial. China no intentaría condicionar la política fiscal o la monetaria pero si busca imponer cláusulas para asegurarse aprovisionamiento de las materias primas. Hay que notar que entre 2000 y 2010 el comercio entre China y América Latina creció 5 veces, de 60 a 300 mil millones de dólares y la inversión extranjera pasó de casi inexistente a 60.000 millones de dólares. Los sectores promovidos por los préstamos en infraestructura pueden ser precisamente aquellos ligados al extractivismo.

Por más que se proponga para proyectos de los países miembros, Asia y África y América Latina el bloque tampoco estaría en condiciones por ahora de ofrecer el yuan o una moneda común como alternativa al dólar. Por otro lado, el fondo anticíclico, un fondo de reservas de 100.000 millones para solventar problemas financieros o de balanza de pagos requerirá cierto tiempo para una efectiva implementación y no están claros sus alcances aún. En fin, son iniciativas interesantes pero es muy temprano para evaluarlas. 
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