La izquierda independiente en su laberinto: crisis, política, identidad y lucha de clases

por Sergio Nicanoff



Partimos de la siguiente hipótesis: en la actualidad se está generando un momento de inflexión política. El proceso se extenderá, seguramente, en los años venideros. No nos referimos solamente al recambio presidencial del 2015 sino a una combinación compleja de al menos cuatro elementos: la dinámica de la crisis mundial y su impacto regional; el agotamiento, en diferentes aspectos, del modelo neodesarrollista; un malestar y descontento social en aumento, cuyo sentido está en disputa con diversas propuestas de recambio político y de diferentes fracciones de la clase dominante; el recambio político venidero, lo que abre una lucha por la sucesión, a la vez que el sistema de partidos muestra los límites de lo que no se pudo recomponer después de la crisis de dominación del 2001.

En el primer caso advertimos que buena parte de la gobernabilidad de la era K se asentó sobre los recursos obtenidos por la capacidad exportadora de bienes naturales y agroindustriales. La dinámica de la multipolaridad, que se desarrolló en los últimos años del ciclo del desarrollo del sistema capitalista, posibilitó el aumento de exportaciones a países como China o la India, pero también a Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Eso permitió ralentizar el impacto de la crisis mundial, que en la periferia afectó mucho más rápidamente a quienes tenían como principal mercado de sus exportaciones a EEUU o a la Unión Europea. Esa situación de relativa desconexión del epicentro de la crisis hace tiempo que ha finalizado. Brasil se encuentra en una fase recesiva, disminuyendo sus compras y potenciando el problema de una balanza comercial deficitaria para la Argentina. China ha reducido sus niveles de crecimiento económico y sus compras tienden –en términos relativos– a achicarse. EE.UU ha aumentado sus tasas de interés bancarias, con el fin de atraer capitales a su territorio y financiar parte de su gigantesco déficit.

Esa combinación de elementos influye para que bajen los precios de los bienes primarios, que el discurso dominante llama commodities. No se trata de un derrumbe, sino de un descenso pausado pero constante. Al menos en el mediano plazo, van a existir restricciones para captar ingresos provenientes de las exportaciones. Uno de los pilares del neodesarrollismo se ve erosionado por el impacto de la crisis mundial. Al mismo tiempo la crisis en los países centrales está muy lejos de haber finalizado. La única receta pareciera ser la profundización de políticas de ajuste, lo que se evidencia en Europa con situaciones extremas, donde casos como el de Grecia han superado la caída del PBI y la tasa de desocupación que conoció la Argentina durante el 2001-2002. Además, la tenue recuperación de ciertos indicadores económicos de EE.UU, parecen estar asentados sobre pies de barro. Nada indica entonces que el panorama mundial de persistencia y profundización de la crisis vaya a modificarse sustancialmente en los próximos años.

En segundo lugar, se advierten las consecuencias socioeconómicas que el modelo neodesarrollista ha provocado. Compartimos aquellas caracterizaciones que problematizan el ciclo K y no tienen una mirada superficial que lo concibe como mera continuidad del neoliberalismo. Sin duda, el proyecto hegemónico K pudo construir una alianza que abarcó desde fracciones de la clase dominante hasta franjas mayoritarias de las clases subalternas porque comprendió que, después del 2001, la gobernabilidad requería  tomar en cuenta e incorporar determinadas demandas de ese ciclo de luchas. La combinación de crecimiento económico, con cierto desarrollo del mercado interno y la industria, junto a los recursos provenientes del extractivismo  –con los superávit mellizos comercial y fiscal– más la legitimidad social obtenida por su política de derechos humanos, la ampliación y nacionalización de las jubilaciones, La ley de Medios, la Asignación Universal por Hijo y una política internacional de perfil latinoamericanista, le permitió la reconstrucción de la gobernabilidad y el despliegue de una enorme capacidad de asimilación e integración de buena parte de los movimientos populares.

Ese mismo modelo se conformó sobre la base de la continuidad de aspectos claves del neoliberalismo que, ante una coyuntura internacional adversa, se evidencian en toda su magnitud. A nivel de los servicios públicos y el sistema de trasporte mantuvo mayoritariamente –a excepción de Correos, Aguas Argentinas y las más que tardías nacionalizaciones parciales de YPF u algunos ramales ferroviarios– el predominio de grandes grupos económicos extranjeros y locales. La tasa de ganancia de esos grupos se mantuvo por medio de enormes subsidios estatales, que tenían la contracara de mantener en niveles bajos las tarifas. Como los sueños de una burguesía nacional resultan en la actual etapa del capitalismo, muchísimo más utópicos que cualquier proyecto socialista, la burguesía beneficiada con esos ingresos no reinvirtió una parte de sus ganancias, sino que los volcó al sector financiero y desarrolló la consabida estrategia de fuga de capitales. El escenario al que asistimos, de colapso del transporte –particularmente los ferrocarriles–, del servicio eléctrico y otras ramas esenciales, es el corolario de esa concepción.
Lo mismo se evidencia con los hidrocarburos. Haber mantenido largo tiempo la Repsol menemista –dicho sea de paso, privatización que benefició a los Kirchner cuando manejaban la gobernación de Santa Cruz y contó con su apoyo– provocó la imposibilidad de autoabastecer el mercado interno, por lo que buena parte del déficit de divisas y la acentuada caída de las reservas del Banco Central se deben a las importaciones de combustible que, junto a la fuga de capitales y el creciente pago de intereses y capital de la deuda externa, configuran las verdaderas razones de la falta de dólares. Al mismo tiempo los aspectos positivos que se podían encontrar en la parcial recuperación de YPF se ven totalmente desvirtuados por el acuerdo con Chevron, la estrategia de ampliar la producción en base a la técnica del Fracking, de imprevisibles consecuencias ambientales, la negociación de una gigantesca indemnización para Repsol y la sanción en la legislatura de Neuquén del acuerdo, con el voto del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y la bancada K, mientras se llevaba adelante una feroz represión en las calles que produjo heridos de balas de plomo.
Por cierto, el discurso que nos aseguraba que el problema de la deuda externa quedaba en el olvido –por la mejora en la relación crecimiento del PBI/vencimientos de capital e intereses de la deuda– prueba cada vez más ser una falacia. Hoy se ve como, al no haber realizado una investigación de la deuda, se sigue ubicando en niveles colosales y en parte clave de la continuidad de un país capitalista dependiente, que el neodesarrollismo no modificó en sus pautas nodales.
Por donde se mire saltan las evidencias del deterioro, como es el caso de muchas industrias de Tierra del Fuego o las automotrices que exportan automóviles a Brasil. En lugar de producir la mayoría de las piezas aquí, las importan, de manera que el pago de esos bienes de capital acentúa la salida de divisas y comprueba la opción estratégica de una industrialización dependiente y deformada que se llevó adelante en estos años. Esa lógica se evidencia en haber priorizado el transporte automotor y no la reconstrucción de los ferrocarriles y sus talleres, lo que agrava el colapso de ciudades como Buenos Aires, con sus secuelas de aumento de la contaminación y mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Del mismo modo, cuan acotada ha sido la reactivación industrial con eje en el mercado interno, lo prueba el hecho de que el sector financiero es el que más ha aumentado sus beneficios en los últimos años.
La acentuación del extractivismo, por medio de los agronegocios y la megaminería a cielo abierto lleva aparejada, además de la destrucción de bienes comunes como el agua o la tierra, brutales costos socioeconómicos – muertes por envenenamiento, alergias, enfermedades de distinto tipo– que se tornan un costo social sobre el sistema de salud y el bienestar de nuestros habitantes, los cuales por cierto no se contabilizan a la hora de hablar de los “beneficios” que reditúan eso sectores. Pero además repercute directamente sobre el aumento del hacinamiento y la precarización de la mano de obra en las grandes periferias urbanas de Buenos Aires, el conurbano, el Gran Rosario o el Gran Tucumán, cuando miles de familias campesinas e indígenas se ven despojadas de sus tierras y obligadas a trasladarse a las megalópolis, sin posibilidades de acceso a la vivienda y con servicios colapsados.
Las ganancias del agronegocio se vuelcan sobre la especulación inmobiliaria, generando una suba acelerada de alquileres y de viviendas, sólo accesibles para clases altas y medias altas, potenciando el déficit histórico de viviendas populares.
De la misma manera, el monocultivo sojero potencia la desaparición de la producción de alimentos de todo tipo para el mercado interno y se torna fuente de inflación, ante la disminución de determinadas producciones.
El mal inflacionario, tara estructural del modelo, tiene además sus causas centrales en que los aumentos salariales son automáticamente traslados a los precios por la burguesía, para mantener intocada su tasa de ganancia, tanto como por la estructura monopólica y oligopólica de producción, distribución y comercialización, que se mantuvo y profundizó en esta etapa.
A su vez, si grandes franjas de trabajadores mejoraron en años anteriores sus ingresos, vía paritarias y vía mayor nivel de conflictividad sindical, al mismo tiempo se profundizaron los quiebres y las diferenciaciones al interior de la clase trabajadora. Por un lado, porque el trabajo en negro abarca en el país a más de un tercio de la fuerza de trabajo y, si se suman otras formas de precarización, se llega a prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo. Por el otro, porque como lo señala el informe anual de la OIT para el conjunto de la región, las franjas más altas y minoritarias de los asalariados se llevan la mayoría de la masa salarial, mientras los trabajadores ubicados en el nivel más bajo se reparten apenas el 5% de esa masa salarial. Una tendencia a la que no escapa la Argentina.
Podríamos seguir enumerando aspectos a riesgo de aburrir, lo que pretendemos afirmar es que todos estos elementos no son aspectos secundarios ni limitaciones del modelo neodesarrollista sino parte de su lógica estructural. Repitiendo lo sucedido en los 90, el kirchnerismo esperó que el crecimiento económico garantizara un proceso de derrame sobre los sectores populares. En los primeros años, el aumento del empleo y el crecimiento del consumo parecían haberle dado la razón, pero el inicio de la crisis mundial, en el 2008, demostró algo que ya estaba presente en el momento de mayor crecimiento: en el capitalismo actual el crecimiento de la economía no implica mejoras sustantivas en la redistribución de ingresos para enormes franjas de las clases populares. Aún más, buena parte de los aspectos más beneficiosos del modelo, como veremos, han llegado a su fin mientras que todo lo contrario sucede con aspectos estructurales, como los que aquí señalamos.
No hablamos de un derrumbe de la economía, al estilo 2001, sino de variables macroeconómicas que muestran acentuados deterioros y que no se pueden resolver en los marcos del capitalismo dependiente.
En tercer lugar, se acerca un escenario de recambio político. No descubrimos nada si afirmamos que las opciones de recambio que aparecen en el horizonte implican la profundización de mecanismos de ajuste. Las opciones más viables son las de una continuidad negociada del kirchnerismo, vía una candidatura de Daniel Scioli o la de un gobernador más afín, como la de Arturo Urribarri o el actual Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Como rival principal aparece la del PJ no kirchnerista, liderada por Sergio Massa. Con menos probabilidades, pero contando hoy con alrededor de un tercio del electorado, la reedición de la Alianza con el acuerdo UCR, el Socialismo, la Coalición Cívica y la debacle total, ético-política, de Libres del sur y los restos del Proyecto Sur de Pino Solanas. Es aún menos probable el triunfo de una candidatura de Mauricio Macri, dado que el massismo ocupa el mismo espacio y está muy claro, para las distintas fracciones del bloque dominante, que la mayor gobernabilidad proviene de experiencias intra PJ.
En términos electorales, la excelente elección de la izquierda trotskista, por medio del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), se encontrará en el 2015 con la dificultad histórica que las elecciones presidenciales tienden a reducir los votos de las opciones minoritarias. Una estrategia más plural y convocante por parte de esta izquierda podría amenguar esa situación, pero no parece que esa sea la actitud predominante en las fuerzas trotskistas que componen la alianza. Por el contrario, el éxito político no parece haber frenado su tendencia estructural a la cariocinesis permanente –ruptura del PTS– ni su preferencia por las disputas internas.
El intento de opciones centroizquierdistas, del tipo Podemos (que ni siquiera superó las PASO) o Camino popular, tienen todos los boletos para, de intentar reeditarse, obtener nuevamente resultados muy magros. Tanto porque la variable neo-kirchnerista seguirá ocupando franjas de ese sector –al menos por un tiempo– como porque otra parte de los votantes de ese espacio se dirigirá hacia la reedición de la Alianza y otra franja preferirá opciones opositoras, con más carnadura y coherencia que la que han mostrado la Unión Popular de Víctor De Genaro o el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) o la Corriente Clasista Combativa (CCC), como sus aliados más cercanos.
A su vez, desde el espacio de la izquierda independiente se lanzaron experiencias electorales en distintos distritos del país. Algunas de ellas, como Patria Grande en La Plata o Ciudad Futura en Rosario, cosecharon buenos resultados, más allá de no lograr meter un edil. Son ensayos que tienen de positivo haber dejado de lado las taras políticas provenientes del autonomismo exacerbado que impedían presentarse a disputar en ese plano y haber intentado mostrar un perfil más afín a las luchas populares y la trayectoria del espacio. El desafío venidero es muchísimo más complejo. Para la sociedad, el espacio de izquierda está identificado con el que ocupa el FIT, guste o no esa situación para el activismo de la izquierda independiente. Una elección presidencial es muchísimo más polarizada. Lo peor que puede hacer el espacio es intentar presentarse de cualquier manera en el 2015, como si fuera una opción de vida o muerte. Muy por el contrario, el camino más razonable sería el de lograr una coordinación común de las distintas opciones de la izquierda independiente y desde allí explorar posibilidades de alianzas, descartando cualquier desviación centroizquierdista. A su vez, siempre existen posibilidades de acuerdos regionales que pueden ser parte de una política nacional común. Lo principal es que el espacio tome en cuenta que lo decisivo, de cara al futuro, se va a dar en el terreno de la lucha de clases y no en el marco institucional electoral, al menos en el corto plazo. Los armados electorales necesarios que se realicen tienen que potenciar perfiles de lucha y lo acumulado por abajo. Si la opción no es clara en ese sentido, es mucho más sano no intervenir de manera directa, sin por eso volver a las discusiones de años previos.
Se nos podrá rebatir que estás apreciaciones tienen escasa certeza en un país donde dos años implican una eternidad y no les faltara parte de razón a quienes señalan esto. Son apreciaciones pensadas en este contexto específico. De todas maneras, mucho más que las predicciones electorales, importa ver las tendencias de fondo, que indican una posible revitalización de las luchas populares. Antes de desarrollar esto quisiéramos señalar algunas cuestiones, en el marco del sistema político.
Si el ciclo K recompuso la gobernabilidad, un aspecto central de la etapa previa no se pudo reconstruir: el bipartidismo y la alternancia. Aunque hay una recuperación –muy parcial– del caudal electoral de la UCR, está a años luz del partido que supo ser pata clave del funcionamiento sistémico. Necesita, para tener ciertas posibilidades, recurrir al arco de alianzas descripto más arriba y hasta a la posibilidad de tener que aceptar una candidatura extrapartidaria como la de Hermes Binner –que por cierto cada vez se parece más a De la Rúa por su perfil conservador y su discurso anodino–. En el caso del PJ no cabe duda que es el partido pro-sistémico por excelencia. Aún así, en cada elección presidencial presentó múltiples opciones y lo mismo pareciera que va a suceder en el 2015. Hoy, pareciera expresarse en el partido hegemónico una situación de liderazgos provinciales, con los gobernadores, y locales, con los intendentes –sobre todo del conurbano– que negocian condiciones de alineación evaluando quiénes tienen mayores posibilidades de controlar el gobierno nacional y el acceso a la caja del Estado. Ahí esta la incógnita, pero también el corazón de la apuesta de las fracciones más importantes del bloque dominante, que miran al pejotismo en sus distintas variables, para ver quién les garantiza, con mayor seguridad, altas tasas de ganancia y tener en caja la conflictividad social. Con todo, el funcionamiento del sistema político no volvió a rearmarse en la forma pre 2001.
En ese sentido, digamos que nada augura un retorno al neoliberalismo del tipo de los 90, más allá del tremendismo del progresismo K. Más bien pareciera proyectarse una suerte de variante del neodesarrollismo, con mucha menor preocupación por ocupar discursivamente una franja nacional popular. Si se miran bien, las medidas gubernamentales en curso demuestran la existencia de un acuerdo, no explicitado, entre las distintas opciones de recambio político. Ese acuerdo tácito consiste en: aumentar las tarifas de los servicios públicos –con subas de hasta el 60% en el transporte y un feroz aumento en impuestos provinciales y municipales-; profundizar el extractivismo, mejorando la capacidad exportadora para obtener dólares; iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo, para lo que hay que recomponer relaciones con los organismos internacionales de crédito; devaluar el peso y mantener aumentos de salario por debajo de la inflación real; mantener el control de la conflictividad social. En todo esto hay concepciones similares. En todo caso se discute, el ritmo de la devaluación y su profundidad, el mayor nivel de alejamiento o de cercanía con grupos monopólicos, como Clarín o Techint o una mayor toma de distancia de los países del ALBA, pero aceptando la alianza subordinada con Brasil.
Incluso, no parece imaginable que hipotéticos gobiernos de Massa o Binner, vayan a desmantelar políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo, aunque obviamente no buscaran su ampliación o mejora. Esto no significa descartar de plano que determinadas fracciones del bloque dominante intenten, antes del 2015, reeditar un escenario de colapso de la economía por medio de corridas bancarias y aceleración inmanejable de la escalada inflacionaria. Esto puede suceder porque ya señalamos que hay aspectos donde existen diferencias. Además, el recambio de gobierno puede llevar a determinados sectores a intentar generar una crisis para aleccionar a la fuerza entrante en el gobierno de no traspasar ciertos límites y no pretender tener un juego propio, ubicándose como arbitro de determinados conflictos al interior del bloque dominante, como lo ha hecho el kirchnerismo.
Lo más importante, creemos, es tener en cuenta que la recomposición del sistema político tiende a desgastarse y que aumentan las brechas entre las instituciones y las necesidades populares. No hay que confundir deriva político electoral hacia la derecha con derechización de la sociedad, como hace cierto progresismo K. El terreno de la conflictividad social tiene diversas aristas. Ahí esta el epicentro de los años venideros.
En ese cuarto aspecto pensamos que se dan ciertas variables a tener en cuenta.
Hay un claro aumento del descontento social, en gran parte situado alrededor de los elementos macroeconómicos en crisis del modelo neodesarrolista, que describíamos más arriba. Para ese descontento, los discursos sistémicos tienen como gran variable hegemónica el de la inseguridad y la militarización social. Por cierto, basta ver el despliegue de Gendarmería y Prefectura, junto a las últimas acciones de Sergio Berni –convertido en una suerte de “Rambo” K- para ver como ha asimilado esa opción el gobierno actual. Otra pata de construcción de legitimidad social, para las opciones sistémicas no K, consiste en la supuesta efectividad de obras públicas del estilo de las de Macri con el Metrobús. Aprovechan el apoyo mediático de grandes grupos comunicacionales y el malestar social en contra del gobierno, a la vez que se apoyan y expresan las formas de subjetividad social más regresivas, de una sociedad brutalmente fragmentada. Al mismo tiempo tratan de usufructuar la tendencia de esas franjas sociales a disputar la calle, como lo mostraron los cacerolazos. Sin duda, esos discursos pueden resultar seductores para las franjas de clase alta y sobre todo medias que, paradojalmente, fueron las que más se beneficiaron del crecimiento económico de años anteriores. No parecieran en cambio tener la capacidad de abarcar el conjunto del descontento social popular.
El descontento se expresó con fuerza en las luchas populares en contra del extractivismo y sus consecuencias, como en los emblemáticos conflictos de Famatina, Andalgalá, el de los Qom o el exitoso bloqueo en Córdoba a la nueva planta de Monsanto. Se mostró a nivel de la conflictividad sindical, con luchas salariales pero también en contra de la precarización laboral. En particular las luchas de los trabajadores estatales, incluida la educación, encabezan numéricamente todas las mediciones de conflictividad social. A nivel del territorio, existen centenares de experiencias con cierto grado de proyección local, centradas en la pelea por el acceso a la vivienda, la educación, la lucha contra el gatillo fácil, contra la trata o la opresión de género.
Aún en un marco general donde el sistema logró mantener encauzada gran parte de esa conflictividad, comparativamente hablando con otros países de América Latina –a excepción de Bolivia o Venezuela- la conflictividad social en Argentina se mantuvo en un nivel interesante y el peso político organizativo de los movimientos populares tiene un piso de importancia. Con todo, su nivel de fragmentación, por momentos sus perfiles más corporativos y la capacidad de asimilación del gobierno K, marcaron parte de las limitaciones y las dificultades que tuvo que enfrentar el movimiento popular. Justamente allí puede estar un cambio de importancia. La presente dinámica de ajuste en lo urbano y laboral puede marcar la posibilidad de confluencia de ese descontento con los conflictos contra el extractivismo que, hasta ahora, transcurrieron por canales diferentes que los otros conflictos sociales. Trabajar esa confluencia y encarar todas las luchas desde perspectivas más abarcadoras y menos corporativas, se torna una necesidad imprescindible para poner en pie el nuevo ciclo de luchas populares que necesariamente se ubicará en el terreno de la resistencia.
Otra variable de suma importancia es romper el esquema porteño céntrico y mirar con atención lo que pasa en determinadas regiones del país como el NEA, el NOA o la Patagonia. En algunas provincias se nota la crisis de las economías regionales, las consecuencias sociales del extractivismo y el descontento mayor con las estructuras de control autoritario de muchas gobernaciones. En parte, eso se expresó en las elecciones que realizo el FIT en Salta o Mendoza, pero también en otros planos como la larga toma de facultades en Tucumán, las masivas marchas contra el Rector de la Universidad en La Rioja, o en Jujuy, con la recuperación del Sindicato de Municipales por la lista encabezada por el “Perro” Santillán o la importancia de la movilización por la memoria, recordando el apagón en Ledesma. Esos hechos, junto a la persistencia de las resistencias contra el agronegocio o la megaminería ya mencionadas, obligan a prestar atención a lo que está sucediendo por fuera de la megalópolis que forman Buenos aires y el conurbano. No se trata de magnificar, pero tampoco de minimizar esas situaciones. En otros momentos históricos, desde otras regiones del país provinieron las dinámicas de lucha que tuvieron mayor impacto sobre las clases subalternas. Sucedió post Cordobazo, en los primeros años de la década del 70, con las comisiones internas fabriles y sindicatos clasistas que se generaron en la provincia mediterránea y se expandieron hacia el conurbano, siguiendo lo que dio en llamarse el cinturón rojo del Paraná. Algo similar pasó con los cortes de ruta en Cutral Có, Tartagal y General Mosconi, que desembocaron en el auge del movimiento piquetero. Es cierto que no se ve, por ahora, una forma de lucha que sea dominante y se expanda, como con el clasismo o los piquetes, ni mucho menos una crisis de dominación como las que se dieron desde 1969 o el 2001, pero no hay que perder de vista que hay situaciones de malestar social agudos que se expresan con particular virulencia en distintas lugares a lo largo del país.
En ese sentido, nos parece fundamental para la resolución positiva de la encrucijada que se le presenta a la izquierda independiente tomar nota de que no hay que encerrarse en las miradas que conciben la política tan sólo como juego de ajedrez entre la militancia organizada, y advertir que la principal brecha que se abre es en la sociedad civil. La combinación de crisis mundial del sistema capitalista que se expresa como crisis civilizacional, el agotamiento del modelo neodesarrollista, el recambio político y el descontento social, con un posible nuevo ciclo de luchas, abre la posibilidad de crecer en influencia social en la población. La tarea esencial de la izquierda independiente pasa por insertarse solidamente en esos conflictos porque, si no se autoniega, tiene para ofrecer una concepción diferente al de otras opciones: el poder popular, la crítica de la política y la acción/reflexión con una perspectiva de la revolución como autoemancipación de las clases subalternas. Las mayores posibilidades de ser una alternativa de cambio real se ofrecen por el crecimiento en y con el pueblo trabajador y no por la ingeniería de la política de alianzas entre los distintos reagrupamientos de la militancia, sin negar la importancia de esto último. El tema es que la política de alianzas tiene que estar determinada por cuales son las que ofrecen mayores posibilidades de realimentar la disputa por abajo y a la izquierda, para decirlo en términos zapatistas, de la conciencia de cientos de miles de nuevos compañeros de trabajo, estudio y vecindad.
En esa clave hay que leer la tan mentada hipótesis de mayor politización de la juventud en el ciclo K, definición que por sí misma no expresa nada. No es lo mismo la juventud que se politiza en las luchas sociales que la que concibe la política como acceso a instancias de poder, profesionalización, ascenso social y dirección desde arriba de las clases populares, que es la tendencia dominante en espacios como La Cámpora, por poner un ejemplo. La impronta específicamente juvenil de la intervención en la política sin duda es una cuestión a abordar y reflexionar, pero de nada sirve si se junta la biblia y el calefón. La nueva-nueva izquierda tiene para ofrecer a los jóvenes su subjetividad de transformación desde abajo, liberada ahora de las taras situacionistas, como espacio de recreación de una nueva identidad formada en la potencia de la acción colectiva. Para esto tiene que priorizar y desechar las trampas que se abren a sus costados y hacer un balance que rescate lo medular de su trayectoria.
Pensando las tareas de la etapa
Participar con posibilidades mayores de esos enfrentamientos sociales requiere, a su vez tomar en cuenta determinadas cuestiones.
A nivel territorial, epicentro por excelencia de la praxis de la izquierda independiente, nos parece que un aspecto importante a rescatar que le permitió, no sin heridas, resistir el integracionismo del ciclo K, fue la capacidad de salir del esquema planes y alimentos para abordar, en el territorio, múltiples problemáticas. Los bachilleratos populares, jardines y primarios autogestionados, los centros culturales, las cooperativas y emprendimientos de economía solidaria, los espacios de género y de confrontación con el patriarcalismo, la autoconstrucción de viviendas y la recuperación de tierras, por nombrar algunas de las prácticas que modificaron la acción de tantos movimientos, fueron fundamentales para no desaparecer cuando se produjo el reflujo de los movimientos de desocupados. Esa riqueza tiene que ser profundizada, mejorada y sistematizada, para potenciar su capacidad de aporte. La existencia en el territorio de casas populares, centros culturales o locales, desde los que se despliegue un conjunto de intervenciones parece ser la forma más acertada para la etapa.
En los grandes centros urbanos la dinámica del capitalismo produce nuevos impactos que es imprescindible tener en cuenta. Se trata de un proceso socioespacial de multiplicación de grandes megalópolis –más de 14 millones de personas concentradas en el caso de un espacio que junta la ciudad de Buenos Aires y el conurbano- donde se expresa la acumulación por desposesión con características específicas. El creciente nivel de hacinamiento, de privatización y mercantilización de los espacios públicos, la fragmentación y la violencia horizontalizada, la precarización laboral y social, la enajenación y ruptura de la sociabilidad, alimentada por fenómenos como el de millones de personas que tienen que pasar largas horas para ir y regresar a sus casas del trabajo en transportes implosionados, los acentuados cortes de clase al interior de los barrios de las megaurbes, son procesos que condicionan la subjetividad de millones de personas y que ninguna praxis que se pretenda contrahegemónica puede dejar de lado.
Ante la multiplicación de los conflictos, es determinante encontrar ideas-fuerza que ayuden a unificar el carácter de esos procesos y que adquieran sentido para las clases populares. La capacidad de, ante cada conflicto y crisis, anudar los lazos que los unen con otros conflictos, es determinante. Nos referimos a la relación íntima de esos procesos entre sí. Por ejemplo, los recientes saqueos ligados a las asonadas policiales condensan múltiples aspectos: la autonomización relativa de las fuerzas represivas; sus lazos estructurales con el narcotráfico y la delincuencia organizada; la enajenación de sectores de mayor poder adquisitivo, capaces de participar ante la posibilidad de tomar un bien que en realidad ya poseen; las mercancías como elementos que constituyen identidad –sistémica– entre amplias franjas de las clases populares, que se sienten excluidas del acceso a bienes que se les presentan como esenciales para lograr reconocimiento social y pertenencia; el racismo y la colonialidad del poder, presente en el enfrentamiento entre barrios y la demonización por color de piel y vestimenta; la circulación de rumores de saqueos de casas y de barrios contra barrios como manera de alentar el enfrentamiento horizontal al interior de las clases populares, algo que ya estuvo presente en los saqueos de 1989 y del 2001 y que debe ser analizado seriamente –porqué va a reaparecer– como forma de control social en escenarios de crisis aguda; la complicidad, pero también la impotencia de la clase política y de las instituciones gubernamentales; la debilidad de la intervención de las fuerzas populares y su incertidumbre ante un conflicto de esa naturaleza; la evidencia de la situación de desprotección de amplios sectores sociales, más allá de los discursos kirchneristas sobre las bondades de sus políticas sociales, desprotección acentuada por los procesos de especulación inmobiliaria, que ya mencionamos más arriba, por el vuelco de las rentas sojeras en las construcciones de mega torres y barrios, con el colapso consiguiente de servicios públicos y del costo de vivienda para otras franjas de la clase media y populares. Incluso la relación de esas rentas, provenientes del agronegocio, con la expansión de fenómenos como el narcotráfico. La lista puede ser aún más larga. El tema es cómo anudar esos planos y encontrar conceptos, consignas, campañas, formas de abordaje que permitan visibilizar los lazos que los unen, estructurar su jerarquía, porque no todos revisten el mismo grado de importancia y que puedan direccionar la bronca y el rechazo a lo existente de muchos sectores hacia prácticas transformadoras. Cada crisis se presenta surcada por otras dimensiones que la alimentan y la direccionan. Ya hemos afirmado que, ante estas situaciones, el corporativismo muestra sus límites. Hay experiencias embrionarias que exploran la necesidad de abordar, en lo urbano, esta situación de desposesión.
En Lujan, la idea de dos ciudades, absolutamente diferentes según sean pensadas desde el poder político y económico o desde las clases populares; la experiencia de Giros en Rosario, logrando una ordenanza que prohíbe la construcción de barrios privados en la ciudad; la campaña del MPLD planteando la necesidad de una Ciudad Futura, así como las propuestas de la Coordinadora Villera en Buenos aires y el conurbano para la urbanización de los barrios populares; la experiencia del FPDS, de docentes y estudiantes de La Plata, con el Manual de Derechos y el concepto de Derecho a la Ciudad, derecho del que están siendo despojados los sectores populares; los aportes de intelectuales, como Silvio Schaster u otros, sobre esta dimensión de la dominación. Hay que pensar estas experiencias y darles un sentido unificado, buscar su convergencia y diálogo. Notemos que todas las acciones que mencionamos partieron de organizaciones y referentes vinculados a la izquierda independiente, lo que muestra la potencialidad del espacio para dar cuenta de problemáticas que ponen en evidencia la diversidad de dimensiones de la dominación, algo en lo que otras concepciones del campo popular tienen serias dificultades.
Un elemento para reflexionar respecto a la praxis en el territorio es sacar un balance de la relación con el Estado y los recursos que los movimientos populares obtienen de él con sus luchas. Hay ahí un nudo a repensar detenidamente. Sin duda, una enorme riqueza de los movimientos fue conquistar reivindicaciones por medio de la lucha e intentar modificar el sentido jerárquico y de control social que el Estado intentaba –e intenta– dar a sus programas sociales. Fue así con el Plan Jefes y Jefas de Hogar duhaldista y sucedió con el plan K de Argentina Trabaja y sus cooperativas. Gran parte de la disputa pasa por no dejarle a los punteros el control de las grandes masas populares en los barrios y porque los movimientos autogestionen de manera autónoma esos programas. Sin esa pelea, la inserción territorial de las organizaciones quedaría reducida. El problema se presenta cuando la situación de relación de fuerza con el Estado se modifica y lo que fue conquista pasa a ser desgastado, desgranado y reducido por el propio Estado. Basta con mirar la situación en la actualidad de muchas cooperativas del Argentina Trabaja, obtenidas por los movimientos de la izquierda independiente. A su vez, como las negociaciones de los movimientos con el aparato estatal suelen darse de manera fragmentada, los funcionarios son el eje de la distribución, lo que les permite un conocimiento detallado de las organizaciones y una tarea de inteligencia sobre su desarrollo, disputas internas y concepciones. En ese hilo tan fino, que pasa por no caer en el rechazo pleno de la lucha por los recursos estatales (basta mirar lo que pasó con Toty Flores y el MTD de la Matanza, para entender que eso no es garantía de nada) y la dependencia estructural del aparato estatal, pareciera ser necesario para las futuras luchas, priorizar formas de sociabilidad, de construcción de base, que no dependan única ni mayoritariamente de los recursos estatales. Se trata de llevar a cabo una concepción de la territorialización, de dar una pelea espacial, pero también simbólica y cultural, contra el poder de los punteros. Un enfrentamiento que sea integral y contemple la conquista de programas del Estado, aún en su versión autogestionada, como una estrategia subordinada a otras formas autogestionadas y de inserción en el territorio, construidas con recursos que no provengan del Estado.
Además, entendemos que el asentamiento territorial del espacio tiene que priorizar una preocupación especial por lograr profundizar su inserción en las zonas de mayor concentración de pobreza y exclusión del país. La zona sur de la ciudad de Buenos aires, el conurbano –y dentro de él lugares que son determinantes por su composición social, número y/o historia de lucha, como la Matanza, Florencio Varela, Moreno o Lomas de Zamora-, el Gran Rosario y el Gran Tucumán aparecen como escenarios relevantes de la batalla esencial de los años venideros, que se dará por el control de la calle, algo que las fuerzas sistémicas ya están avizorando.
De la misma manera, es necesario problematizar, desde ahora, cómo encarar el trabajo territorial para enfrentar las secuelas sociales y las consecuencias represivas –como vimos con el asesinato de los pibes del FPDS en Rosario– del narcotráfico, lacra social que vino para quedarse y amenaza con extenderse, de determinadas zonas del conurbano y el Gran Rosario, hacía otras grandes urbes del país, como Córdoba.
Finalmente, señalemos que hay un mundo de la institucionalidad en los barrios que ha sido poco explorada por el espacio. Se trata de la existencia de miles de sociedades de fomento, clubes de barrio, asociaciones y juntas vecinales, donde transcurre buena parte de la vida cotidiana de las clases subalternas y resultan fundamentales en los lazos de sociabilidad que se establecen en los barrios populares. Muchas veces, la preocupación por generar una construcción propia lleva a dejar de lado ese plano de disputa, que puede multiplicar la influencia de una fuerza revolucionaria en el territorio. Algunos ejemplos de competencia por la dirección de Juntas Vecinales, por parte de agrupaciones del espacio en villas de la Capital Federal, pueden ser tomados como referencia. Por otra parte, tener en cuenta estas instancias resulta útil para comprender que el mundo de lo institucional y de la necesaria disputa de ciertos espacios no se reduce, ni mucho menos, a las elecciones parlamentarias o por cargos ejecutivos.
A nivel del desarrollo en el mundo asalariado y sindical aparece una falencia evidente del espacio. Su inserción es decididamente débil y la izquierda partidaria, nucleada en el FIT, le lleva mucha delantera en organizar la lucha de los trabajadores contra la explotación y la precarización laboral. Es difícil pensar en ser una opción de cambio real sin ser una fuerza importante dentro de los más de 8 millones de asalariados del país. De hecho, a nivel docente y de los trabajadores del Estado, la izquierda independiente cuenta con núcleos militantes importantes. No es para despreciar ese capital, sobre todo si vemos la importancia que tienen los conflictos en ese sector de los asalariados y la repercusión social que adquieren. Además, pareciera expresarse un debilitamiento de las burocracias que conducen esos gremios, aspecto que la generación de agrupaciones de base, plurales, clasistas, genuinamente democráticas y no corporativas ni sectarias, pueden aprovechar. Se observó algo de esto en la participación en la Lista Multicolor y en la aparición de agrupaciones como la Fossatti en Matanza, que pudo articular docentes de las escuelas públicas con los compañeros de los bachilleratos populares.
Al mismo tiempo, la mayor inserción en franjas de los trabajadores industriales de las organizaciones de la izquierda es la comprobación de que es factible crecer a ese nivel. El trabajo territorial del espacio puede ser un factor importante para aumentar la capacidad de influencia en el mundo laboral, si se advierte que muchos trabajadores participan de los conflictos sociales en el territorio y que ese nivel de pertenencia puede ser proyectado hacia los lugares de trabajo. El tema es comenzar a pensar con otra cabeza, donde el concepto de multisectorialidad no remita a una suma de prácticas de distintos espacios, sino a la construcción del momento ético-político gramsciano, que implica la superación del plano corporativo y la construcción de un bloque histórico de las clases subalternas.
Es importante no confundirse respecto a los aliados en esta lucha. Un ejemplo se produce con el caso de la CTA no kirchnerista, dirigida históricamente por el degenarismo. Este espacio, aún debilitado después de la ruptura con el kirchnerismo, es importante a nivel de las luchas sociales. En esa pequeña central se expresa una parte importante del activismo sindical combativo. Las elecciones directas para los cargos sindicales y la posibilidad de pertenencia a la central de los movimientos sociales son elementos que deben ser positivamente valorados desde el espacio. Existen algunos agrupamientos, como la Corriente Clasista, que a nuestro juicio no pueden ser ubicados en bloque como una burocracia sindical. No podemos decir lo mismo del degenarismo. Aún reconociendo determinados aciertos en la historia de la CTA, su dirección ha mostrado claros perfiles burocráticos.
La discusión sobre la burocracia sindical tiene aristas complejas. Coincidimos en que la burocracia es el brazo de la clase dominante en el seno de los trabajadores. Pero esto no puede llevarnos al simplismo de suponer que la mera eliminación de esta capa de dirigentes permite la expresión genuina de una clase trabajadora, que siempre es pensada como plenamente combativa. Por el contrario, la burocracia refleja, alimenta y representa los niveles de conciencia más débiles presentes en franjas importantes de los trabajadores. No es un mero agente externo, insertado artificialmente en el mundo de la fuerza de trabajo. Por eso, la tarea principal de las corrientes antiburocráticas y de sus organizaciones de base es la generación de espacios de autoorganización y empoderamiento de los trabajadores, independientemente de la disputa directa o no de las estructuras sindicales. Solo el poder popular, entendido como construcción de Sujeto de cambio –sí, Sujeto con mayúsculas-, podrá superar las concepciones burocráticas.
Volviendo al caso del sector hegemónico en la dirección de la CTA, desde ya no se trata del ala de la burocracia sindical devenida en empresarios, con altos niveles de corrupción y control represivo de sus gremios. Pero la desconfianza en la movilización, el rechazo a la autoorganización de los trabajadores y la subordinación permanente de las luchas a las estrategias institucionalistas, son rasgos básicos de la burocracia. Esas concepciones burocráticas, que condujeron construcciones sociales genuinas hacia niveles de capitulación, estuvieron presentes en la ausencia de la CTA en las jornadas del 19 y 20; en la desactivación de la Constituyente Social, una y otra vez, ante las coyunturas electorales, donde se impulsaron –e impulsan- opciones que cuesta incluso calificar de reformistas, como el reciente FAP; se visualizan en los lazos históricos con el socialcristianismo y el Vaticano; en su defensa constante de un ala del agronegocio, como la que representa el dirigente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi, así como en la postura en el conflicto del 2008; se observan en la defensa de engendros confusionistas de consecuencias trágicas, como la sindicalización de la policía, cuando no hay un solo ejemplo de que su existencia modifique el carácter estructural de ser fuerzas represivas del Estado ni las acerque como instituciones, al mundo de las clases subalternas.
No son cuestiones menores y sabemos que dejamos afuera de la mención una larga lista. Por supuesto que no hay que pensar que el conjunto de quienes acompañan a la actual dirección de la Central pueden ser incluidos en estas concepciones. Pero lo menos que se puede decir es que la Corriente Clasista en su conjunto se subordinó en reiteradas ocasiones a las directivas del degenarismo. Por lo tanto, si es necesario no emblocar y poder pensar en posibles acuerdos, en determinados sindicatos, regiones del país y lugares de trabajo, con expresiones más combativas de la CTA, bajo ningún concepto agrupaciones del espacio deberían aparecer como aliadas de la actual dirección en las próximas elecciones nacionales de la central en el 2014. Por el contrario, hay que organizar la disputa de esta organización al sector hegemónico y será un problema de quienes hoy forman parte de ella, tomar distancia o no de las concepciones dominantes.
Otro nivel de alta conflictividad se presenta alrededor de los bienes comunes de la naturaleza y las resistencias a los procesos de saqueo y desposesión, que son aspectos estructurales del sistema capitalista, agudizados por la dinámica de la crisis mundial.
Anteriormente, expresamos nuestras expectativas de que el nuevo ciclo de luchas permita una confluencia de estas experiencias con otros conflictos. Indicamos además, los múltiples lazos que unen al extractivismo con la desposesión dentro de los grandes centros urbanos. Ubicamos allí una batalla central a librar en los años venideros. Las luchas contra la desposesión en la ciudad y su confluencia con los enfrentamientos contra la megaminería y el agronegocio, que se libran en distintas regiones del país. En ese terreno, el espacio debería librarse de toda tentación sustitucionista de los agrupamientos que surgen del propio proceso de luchas, sin dejar por ello de pensarlos críticamente y tratar de colaborar para superar sus límites. Nos referimos a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), como sobre todo al reciente Consejo Plurinacional Indígena, que se gestó en el 2013. Hay allí polos de reagrupamiento de las resistencias a valorar en el largo plazo, sin ser arrastrados por las modas militantes, que oscilan permanentemente en seguir el último conflicto en boga.
De manera aún no visible plenamente, la Argentina forma parte de la activación política de los pueblos originarios en todo el continente, que comenzó con los contrafestejos de la conquista de América en 1992. No se trata sólo del más conocido caso de los Qom, sino de la recuperación de miles de hectáreas que hoy están llevando adelante determinadas comunidades, en todo el territorio y particularmente en la Patagonia. Hay que acercarse a esos procesos –o reacercarse en el caso de la UAC– sin concepciones dirigistas o vanguardistas, pero tampoco con visiones ingenuas, que los idealicen. En todo caso los límites localistas y de autonomismo extremo, que en más de una ocasión se vieron en algunos actores de la UAC, se superan desde el debate y la lucha común y con políticas capaces de demostrar al conjunto que resultan más eficaces.
De la misma manera, estamos convencidos de que se ha hecho todavía poco por dar a conocer la importancia de determinados conflictos en las grandes urbes. Jornadas de propaganda, cortes y acciones directas, convergentes en fechas comunes en calles, estaciones y plazas, explicando, por poner un ejemplo, la cuestión de los transgénicos y la batalla contra la planta de Monsanto que se está librando en Córdoba, contribuirían mucho a la ampliación de una masa crítica a nivel social, que es una pelea decisiva para impulsar una perspectiva contrahegemónica.
Si una debilidad de estos procesos es su dificultad para nacionalizarse, la iniciativa de una Consulta Popular nacional por la defensa de los Bienes Comunes que impulsa la CTA, particularmente el dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, José Rigane, debería ser apropiada de forma entusiasta por la izquierda independiente. La consulta pone en el centro el derecho democrático a que la población decida, su realización y/o la instalación de la necesidad de que se lleve a cabo, politiza a sectores de la población y propagandiza la situación de saqueo, permite la convergencia de distintas luchas y enlaza con los reclamos de consultas populares vinculantes, que reclaman distintas comunidades a lo largo del país y que demostraron su potencialidad en las victorias de las localidades de Esquel y Loncopúe. De la misma manera que para lo político institucional y lo sindical, entendemos necesaria una separación clara del sector hegemónico de la CTA, aquí vemos la posibilidad y la necesidad de una convergencia, no con su dirección mayoritaria sino sobre todo con los sectores más confrontativos de la central. Principalmente, vemos una posibilidad de articulación nacional de todas las luchas por los bienes comunes.
Sin duda, otros epicentros del nuevo ciclo de lucha se desarrollaran alrededor de la problemática del patriarcalismo y la opresión de género. La nueva-nueva izquierda tiene acumulado un capital simbólico importante en un aspecto de la dominación profundamente arraigado y naturalizado en las relaciones sociales vigentes. El espacio es el que tiene la mayor posibilidad de un intercambio crítico con decenas de agrupaciones feministas y su participación en los Encuentros Nacionales de la Mujer, instancia única en América Latina, ha sido siempre relevante. Seguramente la lucha contra la trata, la Campaña por el Derecho al Aborto, el trabajo celular contra la creciente violencia de género y la visibilización y condena de los femicidios, seguirán siendo los aspectos centrales de la acción en este plano. Como elemento estratégico, la despatriarcalización de la militancia del espacio, con la referenciación y el empoderamiento real y concreto de sus compañeras, y una mayor preocupación por las luchas ligadas a la diversidad sexual, parecieran ser aspectos ineludibles a profundizar en los próximos años.
Hay que tener en cuenta que las relaciones de fuerza para estas peleas se han modificado, en un sentido negativo, con la elección de Jorge Bergoglio como Papa. Contra las ingenuas –o interesadas– lecturas, que asimilan un proyecto de transformismo de la Iglesia, para ponerla a salvo del deterioro de su influencia social, con proyectos sociales de cambio como los que se generaron a partir del Concilio Vaticano II, surgen contundentes evidencias en sentido contrario. Uno reciente es la media sanción del Código Civil, con la postulación de que la existencia de la vida empieza con la concepción. Es una redacción pensada como traba legal para cualquier posible sanción futura de una ley a favor del aborto y fruto de un acuerdo evidente entre el kirchnerismo y la iglesia. Al mismo tiempo, tanto los grandes monopolios comunicacionales como el bloque de medios kirchnerista, pugnan por embellecer la imagen del Papa, creando un sentimiento de empatía en franjas importantes de la población. La avanzada del poder eclesial –legitimada en el acercamiento de Bergoglio a experiencias de organización de los cartoneros, como el MTE o contra la trata, como La Alameda- presentará nuevos desafíos y peligros de cooptación a las corrientes emancipatorias.
El movimiento estudiantil se ha presentado como un reservorio imprescindible para el crecimiento de la militancia del espacio. Iniciativas como las del ENEOB o los Foros de Educación, tuvieron la capacidad de articular prácticas a nivel nacional y generar instancias masivas de encuentro y reflexión crítica, aunque sus virtudes parecieran haber entrado en procesos de estancamiento, quizás por el impacto en su seno de las tendencias que describíamos al principio de este trabajo. La necesidad de un enfoque más plebeyo de las tareas militantes en la universidad y que tomen determinados resguardos del electoralismo y la rosca académica como prácticas que resultan dominantes en su seno, parecen ser prioritarias. Recordemos que, contra lo que sostienen ciertas miradas dogmáticas, en las facultades existen sectores importantes de los estudiantes que se insertan en el mundo laboral, sufriendo fuertemente las formas de precarización y explotación del sistema. Además de la posible vinculación de ese sector con las tareas de organización sindical, hay que repotenciar las peleas por un boleto educativo –que alcanzó determinados éxitos en lugares como La Plata- extendido a los docentes, la ampliación de becas y del acceso directo a los materiales de estudio, el desarrollo sistemático de formas permanentes de vinculación de las agrupaciones estudiantiles con las experiencias emancipatorias en el territorio y en el mundo laboral. Ninguna de estas cuestiones resultan nuevas pero parecieran, en algunos casos, haber sido subordinadas a la priorización de otros enfoques. De la misma manera, la problematización del conocimiento académico y el cuestionamiento de las concepciones dominantes, el rechazo a las evaluaciones externas de las carreras por la CONEAU –contemplada en la Ley de Educación Superior menemista–, la impostergable necesidad de una reforma democrática profunda de los claustros universitarios y el lugar de las universidades en un proyecto de país diferente, son aspectos que serán centrales en los años venideros. La generación de un estrato de intelectuales orgánicos de los movimientos y las luchas populares, con enfoques que alimenten al espacio, puede y debe ser potenciado como un objetivo a alcanzar. El movimiento estudiantil tiene un papel importante -por cierto, no único- en su generación.
Un elemento a tener muy en cuenta es la multiplicación de universidades públicas, sobre todo en el conurbano, donde la enorme mayoría de los estudiantes son primera generación familiar en la universidad. Se trata de una composición abrumadoramente proveniente de las clases populares. El control de esas casas de estudio por la militancia kirchnerista o PJ, su nivel académico –en algunos casos exiguo- o sus deficiencias en infraestructura, no deben ser un freno sino un acicate para desarrollar agrupaciones, centros de estudiantes y actividades masivas que permitan el acercamiento a ese sector del estudiantado. Lo mismo sucede con muchos institutos terciarios, algunos muy numerosos y de decisiva importancia en el terreno educativo, como es el caso de los magisterios.
Mención especial merece el movimiento estudiantil secundario que, sobre todo en la Capital Federal –e incluso en cierto momento en Córdoba– se puso al frente del enfrentamiento contra las reformas educativas macristas pero también del gobierno nacional. Hay una capa estudiantil secundaria que ha participado en tomas de carácter masivo de manera reiterada y que se ha politizado en esos contextos. Su aporte al nuevo ciclo de luchas puede ser muy importante, sino se esteriliza esa experiencia bajo concepciones aislacionistas o integracionistas.
En suma, la principal tarea pasa por encarar y pertrecharse, de la mejor manera posible, para estos desafíos que presenta la lucha de clases. Acompañando esto con la multiplicación de las tareas de formación y la creación de nuevos medios de comunicación propios, que pueden ser determinantes. En el primer aspecto, hay que ser muy audaces y no pensar sólo en la formación para la militancia interna de cada agrupación, algo que por supuesto resulta insustituible. Pensamos en algo así como encuentros regionales a lo largo del país, de carácter amplio, impulsados por los espacios con presencia en las luchas locales, acompañadas de nuevas producciones de libros, revistas, películas, blog y/o páginas de Internet. Con compañeros/as que puedan aportar elementos más generales, nacionales, regionales y mundiales. Que se propongan problematizar la realidad presente. Por poner un nombre: Foros sobre las luchas populares y los desafíos actuales de los movimientos emancipatorios, desarrollados en el NOA, NEA, Patagonia, centro del país. Su capacidad de interpelar gran parte del activismo y de las capas más movilizadas de la población puede ser muy alta.
En el segundo aspecto, el espacio tiene experiencias interesantes a nivel local y sobre todo en internet o con editoriales. En el último tiempo un canal de televisión, Barricada TV, instalado en la fábrica recuperada IMPA de la Capital Federal, consiguió el reconocimiento provisorio de la Autoridad Federal De Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un antecedente importante, que tiene que ser potenciado. Hay que ir pensando en medios alternativos, populares y comunitarios de carácter nacional. Está claro que iniciativas de esa envergadura sólo pueden ser abordadas por colectivos diversos, pero con acuerdos muy sólidos. La dificultad de la tarea no puede hacer obviar su carácter estratégico para el despliegue de una contrahegemonía.
De la misma manera, adquiere un carácter decisivo encarar de manera integral el plano antirepresivo. El gobierno K evitó represiones directas a grandes movilizaciones populares en la megalópolis de Buenos Aires, al mismo tiempo que profundizó la judialización de las luchas y sus referentes- tenemos un ejemplo muy cercano en los cumpas de EMFER-, el control celular de los jóvenes de las barriadas populares por medio del gatillo fácil y las mafias policiales, la provincialización de las represiones sobre los movimientos populares, la sanción de normas para el control del conflicto social como la Ley Antiterrorista, la protección de las tareas de espionaje de las fuerzas represivas y la culminación de la transformación de la Gendarmería y la Prefectura en fuerzas de represión internas. Como vemos, un panorama mucho más complejo y oscuro que el que enuncian los discursos progresistas del kirchnerismo. De cara al futuro el panorama tenderá a empeorar, progresivamente, en este aspecto. Un caso emblemático es la brutal condena de los trabajadores petroleros de Las Heras en Santa Cruz, en base a confesiones arrancadas por medio de la tortura. Otro retroceso es la condena a prisión de referentes de Quebracho, en una causa donde el actor intelectual del asesinato de Fuentealba, el exgobernador Sobisch, se encuentra libre. Aumentar la solidaridad con estos casos, construir redes de abogados del espacio y del conjunto del campo popular, contar con cierto nivel de recursos disponibles para este plano del conflicto, mantener un diálogo más fluido con el conjunto de los organismos de derechos humanos –incluido el arco K-, impulsar niveles de alianza más amplios que los de otros conflictos e ir retomando cierta preocupación por la seguridad de los militantes y las marchas masivas, parecieran ser pasos de sentido común a dar en el corto y mediano plazo. Hay que recordar que gran parte de la militancia del espacio, por razones generacionales, no se incorporo al conflicto social en el momento más álgido de la lucha de clases, lo que es un componente de su subjetividad –que puede tener un sentido negativo- que no hay que descuidar.
A nivel ideológico, hay que profundizar una de las principales riquezas de la izquierda independiente consistente en su capacidad de cuestionar los paradigmas dominantes productivistas, eurocentristas y de reforzamiento de la colonialidad del poder. Este aspecto requiere de proyectos editoriales y audiovisuales con despliegue nacional. Es necesario revisitar las luchas populares de otros momentos históricos, con la voluntad que mencionaba Walter Benjámin, de forjar una historia a contrapelo. No basta con acercarse a un panteón de figuras, caudillos o referentes ajenos al panteón liberal clásico. Ese enfoque conduce a lo sumo a un pálido revisionismo. Implica una suerte de perspectiva neokirchnerista, que reproduce las visiones desde arriba de los procesos de lucha y es tributario de un pensamiento binario que actúa en espejo con el panteón liberal. La estrategia de Poder Popular requiere del rescate de cómo actuaron, pensaron, vivieron y lucharon las clases populares y plebeyas, en las grandes jornadas emancipatorias de nuestro país y de América Latina. Una historia desde, con y por los de abajo. Es vital la tarea de la reconstrucción de los hilos que unen las distintas generaciones de luchadores populares. Evitar la sensación de partir desde cero en cada nuevo ciclo de luchas es fundamental para no repetir errores, alimentar nuevas rebeldías, alumbrar esperanzas y forjar subjetividades combatientes.
Esto nos conduce a un aspecto decisivo, que tiene que ver con las políticas de alianza. Ya afirmamos que la búsqueda de la unidad no puede ser abordada desde miradas politicistas, que sólo piensan en términos de organizaciones y de fuerza propia. Requiere ser medida por el termómetro de la lucha de clases y de cómo se quiera intervenir en ella. No es éste el lugar donde caracterizar finamente los espacios e interlocutores posibles del espacio de la izquierda independiente, que mencionamos anteriormente. Simplemente digamos que el problema de la convergencia de distintas tradiciones no se resuelve con apelaciones genéricas a la unidad o hipotéticos frentes de liberación, que unirán el día de mañana a todas las fuerzas del campo popular. Esa mirada idílica, tan afín al Partido Comunista Argentino a lo largo de su historia, no se condice con uno solo de los procesos revolucionarios concretos que podamos discutir y mucho menos con los latinoamericanos. Eso no significa aceptar la contracara de concepciones sectarias que buscan la hegemonía de una fuerza partidaria bajo el paradigma del Partido-Estado. Las crisis de dominación generan, a nivel de las fuerzas populares, procesos de articulación de bloques, alianzas, frentes, que nunca unifican al conjunto de los polos previos, sino que incluso enfrenta entre sí diferentes opciones estratégicas. Para que se entienda, en el caso chileno en los 70 se expresó, por un lado, la estrategia de Poder Popular del MIR, apoyado por sectores de la Izquierda Cristiana, el Partido Socialista y gran parte del activismo de los pobladores, sindical y campesino. Por otro, la estrategia de acuerdo con la Democracia Cristiana y de reforzamiento de la gobernabilidad, encarnada en el PC, buena parte del Partido Socialista y la figura emblemática de Salvador Allende, bloque con fuerte arraigo popular en los trabajadores. Cada una de esas concepciones implicaba tareas diametralmente opuestas para enfrentar la crisis de dominación y el golpe fascista. Uno puede lamentarse de no lograr la unidad total ante el enemigo e intentar mantener siempre posibilidades de diálogo con otras fuerzas del campo popular, confundir eso con articulación de bloques contrahegemónicos y diversos, pero que requieren de acuerdos estratégicos, es un error garrafal. Creer que esas diferencias no se van a expresar ni agudizar, cuando se produce una crisis orgánica del sistema, es directamente naif. Con las concepciones con las que se mantienen diferencias estratégicas se coordina en la lucha frente al enemigo de clase. A la vez, se busca unir en instancias de articulación donde predomine la unidad de concepción, a fuerzas afines.
Si se nos perdona el exceso de optimismo, creemos que el espacio de la izquierda independiente aún mantiene niveles de subjetividad común que deberían cristalizar en alguna instancia de unidad del conjunto, aún bajo formas flexibles y abiertas. No vemos que con las organizaciones kirchneristas, la centroizquierda o el FIT los acuerdos generales sean mayores, sino por el contrario, lo que no quiere decir negar toda instancia de acuerdo en la lucha. Claro está, esto sólo si partimos del poder popular como concepción madre. La búsqueda de opciones electorales tiene que estar subordinada y enmarcada por estas tareas y no al revés.
El intento de ser una voz de cambio, con mayor potencia ante un escenario de agudización de la conflictividad y de posible crisis de dominación –esto último hoy no aparece en el horizonte cercano– requiere confrontar con las tendencias ya descriptas, que, insistimos, no están representadas homogéneamente en algunas agrupaciones de la izquierda independiente, sino que discurren de manera contradictoria y compleja, bajo formas y énfasis diferentes, el cuerpo del conjunto del espacio.
La participación decidida en estos enfrentamientos de clase puede constituir el mejor antídoto para la superación de la crisis de identidad y permitir recrear formas superadoras que alimenten y potencien esa subjetividad, parida en el anterior ciclo de luchas. Un rescate serio de los valores centrales que constituyen el capital simbólico principal del espacio resulta imprescindible. Evitar las trampas aislacionistas o integracionistas es cuestión de supervivencia. Seguramente los desafíos a los que nos enfrentamos, como espacio y como alternativas populares, no se resuelven mágicamente por algunas de las cuestiones que aquí enunciamos. Es más, un nuevo ciclo de luchas populares con toda probabilidad encontrara formas más ricas y novedosas, que las que podemos intuir desde este presente. Aún así, estamos convencidos que la mejor manera de abordar este momento de inflexión del espacio, pero sobre todo del escenario político social general, requiere de estas mínimas certezas. Para enfrentar las batallas venideras la izquierda independiente cuenta con mucha militancia con mayoritaria vocación revolucionaria, construcciones reales, capacidad de intervención, relaciones internacionales, desarrollo a lo largo del país e ideas fuerza que lo diferencian. Lo que viene demandará eso y mucho más.