El uso de la herencia (y una dictadura que se empecina en no terminar…)
por Bruno Nápoli
Políticas
de Memoria de Videla, reparación económica por los desaparecidos, legislación
comercial y financiera…la “dictadura de la desaparición de personas” (como la
define Osvaldo Bayer) dejó una herencia de leyes en todos los temas
mencionados. Esta herencia, lejos de ser pesada, ha sido útil para los
gobiernos de la participación democrática ampliada (de 1983 hasta la fecha) Y la gastan en los momentos necesarios: la
“desaparición” que no se va, la reparación económica, la concentración
financiera, la reconciliación…Milani.
¿24
de marzo?
Este país no puede ser
pensado, ya nunca más, sin tener en cuenta el genocidio. El momento histórico
en el cual su Estado decidió “aniquilar”
a una parte de la sociedad en “indiferencia moral” de la otra, de manera
sistemática e “industrial”, no comenzó un 24 de marzo. La reestructuración
social que significó el genocidio, pero también la modificación de su
legislación política y económica, fue un gradiente en ese Estado, y aún nos
rige (económica y socialmente). Por eso decimos que la “dictadura”, en sus
elementos de creación y subsistencia, se empeña en no terminar. Es necesario
para el debate actual, periodizar nuevamente la historia. Mirar de cerca la
imaginería que acompaña esa decisión de recordar solo dos fechas (1976-1983)
cuando hablamos de “desaparición”, “aniquilamiento”, mercado financiero
concentrado, Políticas de Memoria, etc, nos permite intentarlo. “Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la
necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también,
y lo vamos a hacer violentamente (…) Estamos en presencia de verdaderos
enemigos de la Patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado (…)
pido a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partido
activo en defensa de la República que es la afectada. El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que
compete a todos…”. (Juan Perón 02/01/74). “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas
necesarias para lograr la seguridad del país” (Jorge Rafael Videla a “La
Prensa” 24/10/75). Dos generales, uno presidente y otro jefe del ejército
(nombrado por el primero en 1973) hablando de aniquilar, matar “los que sean necesarios”, los “enemigos de la patria”. Por la Patria.
Y mucho antes de 1976. Este período predictatorial tiene dos elementos que
luego se reforzarán: el asesinato estatal y el avance de los grupos económicos
concentrados. Casi 2000 militantes opositores al Estado, asesinados, de los
cuales, mas de 800 están desaparecidos (solo en Tucumán, entre 1973 y 1976 hay
280 militantes políticos desaparecidos). Todo antes de la dictadura. A los
cientos de asesinados y desaparecidos políticos del período democrático, debe
sumarse la intención de dislocar la economía a partir de 1975, con decisiones
del Ministerio de Hacienda, que fueron el fin del gobierno: una devaluación
salvaje del peso, el congelamiento de salarios, y la liberación de precios en
productos y servicios. Lo que hoy se denomina “ajuste”.
Industrializar
la muerte/desindustrializar el país.
El modelo de
concentración económica que se atisba en estas medidas del año 1975, va a tener
su auge un año y medio después. La apuesta de las FFAA fue ocupar el ejecutivo
y el legislativo (no el judicial, que siguió en manos de civiles) en un país ya
militarizado por el gobierno anterior (vía leyes y decretos) para
“industrializar” la muerte ya
establecida. Esto es, generar una “cadena” de producción de la muerte
(secuestro, centro estatal de tortura, interrogadores, asesinatos y finalmente
desaparición –regando NNs en tierra y mar-). Y hay que recordar que las órdenes
militares, ni siquiera son de los 70. Ya las resoluciones militares del año
1968-69 explican como “interrogar” secuestrados, quienes deben hacerlo, y
mencionan los LRD (así, como suena, en todos los documentos del ejército:
Lugares de Reunión de Detenidos, luego, CCD). Todo este esquema necesitaba un
financiamiento, pues había que solventar cada gasto (lugares, combustibles,
armas, electricidad, mas combustibles, miles de sueldos vía Banco Nación o
Bancos provinciales). Y aquí vamos a invertir los términos clásicos de esta
historia periodizada. Para financiar esta industria (y no al revés) es que se
necesitó recurrir a dineros más rápidos que el del capital productivo (que son
ganancias a largo plazo). Y se recurrió
a quienes podían financiar esto, a costa de desindustrializar parte de la
economía local: las corporaciones civiles representantes del capital financiero
y la economía primaria (esa que hace depender al país solo de lo que exporta en
materia prima, cobra en moneda extranjera, y no la reinvierte sino que especula
con ella). Decimos, las FFAA tenían un
plan de “aniquilamiento” pero no un plan económico. Y el aniquilamiento no era
para todos, así como tampoco el terror, sino solo para algunos. Indicados.
Señalados. Desaparecidos finalmente. No se aniquiló para implementar un modelo
económico. Son caminos paralelos y a destiempo.
Se implementó un plan económico para solventar un aniquilamiento masivo
y caro, ya en marcha. El “nuevo” modelo económico financió a partir de 1977, a
un Estado que aniquilaba de manera industrial desde 1972/73, y con los gastos
que eso implicaba. Fue la oportunidad para muchas corporaciones civiles de
ocupar puestos claves de decisión de la economía. Esta matriz económica, que
ronda en beneficio de los intereses de esas corporaciones, incluyó además la
elevación del gasto militar año tras año (según consta en el BCRA) prestamos
millonarios vía Banco Nación a las FFAA (que al final de la dictadura les
exigen que den cuenta en que gastaron la plata) y una operatoria monetaria que
solo podía solventarse con la especulación y dolarización rápida de la economía
local.
Los
nombres de la Economía y el mito de la complicidad civil.
La dictadura de la
desaparición de personas, entregó áreas de control estatal a espacios
económicas, que corporizaron la administración de los bienes del país en su más
rotundo beneficio. El Consejo Empresario Argentino, presidido por Martinez de
Hoz (a su vez director de Acindar) se quedará con el Ministro de Economía de la
Nación. ADEBA, la Asociación de Bancos de la Argentina, se queda con la vicepresidencia
del Banco Central de la República Argentina, justo la entidad que debía
controlar a esos bancos (la presidencia quedará en manos de un ex director
ejecutivo del FMI). Guillermo Walter Klein, representante CAC (Cámara Argentina
de Comercio) y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, asumió en la Secretaría
de Programación Técnica de Economía. Jorge Zorreguieta de la Sociedad Rural
Argentina (y padre de la actual reina de Holanda) asumió nada menos que la
Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Comisión Nacional de Granos. El
Banco de la Nación Argentina (el pagador oficial del Estado, en términos
técnicos) quedó en manos de Juan Ocampo, representante de los Bancos Privados y
del campo, y accionista principal del Banco Ganadero (dirigido a su vez por su
hijo, Narciso Ocampo). Estos personajes,
civiles todos, fueron los responsables directos de la política económica
instaurada por la dictadura a partir de 1977. Definieron un esquema de
concentración del capital financiero (a través de la ley 21.526) que tuvo como
resultado que cualquier financiera se transformara en un banco: en 1977
existían cerca de 90 bancos (de ellos el 80% eran de capital extranjero), y
para 1980 existían casi 180 bancos (con
el mismo porcentaje de capital extranjero). El Banco Central mientras tanto, en
las reuniones que mantenía con la junta militar para definir políticas
monetarias y cambiarias, sostenía, de boca de sus autoridades que el gran
problema que había tenido la economía era “el constante regulacionismo del
Banco Central”. Así como suena, la autoridad de aplicación de la ley sobre los
bancos, cuestionaba que “controlara tanto”. Pero claro, como ya dijimos, las
autoridades del BCRA eran las autoridades de los Bancos Privados del país. Para ser claros en este
punto: de las 800 entidades financieras (bancarias y no bancarias) que existían
en 1977, quedaron algo mas de 400 en 1980. Y por eso hablamos de concentración:
muchas se unieron y formaron Bancos (por eso estos se duplican). Y esta
concentración de prestamistas devenidos en banqueros, se vio favorecida por
tasas de interés liberadas, y por el artículo 56 de la citada ley de Entidades
Financieras (la 21,526) que ponía una garantía en los depósitos total por parte
de Estado a través del BCRA. ¿Que quiere decir esto? Pues que cualquiera de
estos “nuevos” bancos (ex financieras) podía tomar depósitos, ofrecer la tasa
que quisiera, y si quebraba, el BCRA se encargaría de liquidarlo y de pagar los
depósitos de los ahorristas. Un negocio redondo para quienes fundaban un banco:
los costos los pagó siempre el erario público, por orden del Central y a través
de su pagador, el Nación (manejados por los dueños de esos bancos). No hay
complicidad civil, hay una responsabilidad directa de estas corporaciones
civiles en la matriz económica que se funda a mediados de los 70. En cada una
de las decisiones económicas, tanto la ley de Entidades, como las de
desregulación de la inversión extranjera (que permitió a cualquier capital
invertir donde quisiera y girar las utilidades al exterior sin restricciones)
la desgravación de las herencias (que una herencia no pague impuestos) las
leyes de privatización y las leyes de subversión económica, las de contratos
laborales, las pensiones graciables, las de restricción o excepción aduanera,
algunas de promoción industrial, beneficios al campo….siguieron vigentes
durante todo el período democrático. Y Siguen. Cientos de leyes de la
dictadura, aun rigen nuestra economía política diaria.
Videla
y las políticas de memoria.
El efecto de obturación
que produce la frase “la década ganada” sobre los relatos del presente, ha
invisibilisado los antecedentes claros y precisos que las políticas actuales
tienen. Por caso, las políticas de memoria, que tan afectos son a mostrar y
demostrar en sus actuales declaraciones funcionarios y militantes, tienen su raíz
en plena dictadura, y responden más a una lógica Estatal que a una dinámica
coyuntural. La situación de los “desaparecidos”, tomando estado público
internacional en 1978, comienza, según todos los archivos hasta ahora
disponibles, a generar discusiones en el Estado, y en la Junta Militar, para
pensar una “solución” al tema. La solución vendrá con la primera política de
memoria que se registra con los desaparecidos, y firmada por Videla. En 1979 de
promulga las ley 22.062 (aún
vigente) sobre jubilaciones y pensiones para personas “ausentes de su residencia”, complementada con la 22.068 (derogada en 1983) sobre “ausencia con presunción de fallecimiento
de personas cuyas desapariciones hubiesen sido fehacientemente denunciadas
entre el 6/11/1974 (día que se declaró el estado de sitio) y el 9/09/1979” (día de la
promulgación de la ley). Es impresionante pues la ley establece que quien
declare por fallecido al desaparecido en esas fechas, puede cobrar una pensión,
algo a lo que muchos se avinieron. Y es impresionante, reforzando nuestra
hipótesis sobre aniquilamiento estatal, las fechas que comprende esta
reparación. Debemos entender que las “Políticas de Memoria” son aquellas que un
Estado establece, para reparar (sea simbólicamente o materialmente) algo que el
mismo Estado hizo. Pero hay más. En noviembre de 1983, se promulga la ley 22.962 (aún vigente) que autorizaba al
Estado a “indemnizar por daños y
perjuicios ocasionados por los hechos de naturaleza penal comprendidos en el
art. 1 de la ley 22.924 de (de pacificación nacional) por delitos cometidos con finalidad terrorista o subversiva”. Luego
de estos primeros pasos, los gobiernos de Alfonsín, Menem y los actuales,
ensayaron cientos de formas de reparación memorísticas, algunas muy amplias
(sobre todo en los 90) pero otras mas efectivas enunciativamente.
La
violencia y la disciplina de los cuerpos. Zurdos y subversivos/Negros y putas.
Si en los 70, el Estado
centralizó la violencia sobre los cuerpos, en un intento por aniquilar “los que
sean necesarios”, la democracia comenzó a operar sobre esas continuidades, con
algunos frenos, interrupciones. Pero esa violencia, esa noción contenida en la
remanida frase “hay que matarlos a todos” (y que cualquiera pronuncia ante un
problema socio/político o de inseguridad) no es posible sin el antecedente
estatal. Y aparece ahora, atomizada. Ya no la centraliza el Estado Nacional.
Esa violencia aparece distribuida localmente, en espacios provinciales y hasta
municipales, donde el asesinato y la desaparición en manos del Estado parece no
retirarse. De los casi 3600 ciudadanos asesinados por fuerzas estatales (sea
gendarmería, polícias locales, fuerzas federales, etc) muchos están
directamente desaparecidos, con casos emblemáticos como el de Julio Lopez o
Luciano Arruga. Pero a esto se suma otra violencia, que es la trata de
personas. Algo que sucede a la vista de todos, donde están denunciados muchos
funcionarios estatales por complicidad (de las fuerzas policiales, fiscales,
jueces…) y los jóvenes “desaparecidos” en estas redes van a parar a lugares que
de clandestinos no tienen nada: al igual que la Esma o la escuelita de Famaillá
o el Hospital Posadas (todos lugares públicos donde se “concentró” y
“desapareció” a miles) las barracas de trabajo esclavizado o las “wisckerías”
están llenas de estas víctimas de la desaparición actual, donde las
complicidades burocráticas son miles. En los 70 eran subversivos y zurdos,
ahora son negros o putas. Y no hacemos nada por abrir esos lugares y sacarlos.
Otra enorme herencia de la violencia estatal, es esta trama de complicidades a
la vista de todos y el silencio cómplice porque “algo habrán hecho”.
Epílogo
abierto.
Las democracias y las
dictaduras se han sucedido. Las herencias legales y sus usos disciplinadores,
se empecinan en seguir; y solo encuentran resistencias cuando hay un espacio de
crítica descarnada sobre los eventos y sus mentores. La intensidad febril de
estas palabras solo puede invitarnos a pensar que lo verdaderamente complejo no
es un gobierno (haciendo honor siempre a que no es lo mismo analíticamente
dictadura y democracia) sino el concepto de ESTADO y sus sucedáneos. Deberíamos,
como aproximación primaria, intentar pensar al Estado (más allá de si está
ausente o no, si somos todos o algunos) El Estado es, en última instancia, un espacio burocrático de administración de lo
público y lo privado. Y su derrotero, violencia o diagramación sobre lo que
hace, está siempre marcado por quien lo ocupa. Si es ocupado por una pandilla
de asesinos y ladrones, pues tenemos una dictadura. Si lo ocupa un obsesionado
por su mimesis con las instituciones “republicanas” tenemos la “primavera
alfonsinista”; si es un mitómano recomponiendo un poder perdido montado en una
crisis, tenemos al menemismo. Si los que vienen son los representantes de un
partido de poder en recomposición, montándose a los herederos vacíos de lo que
no heredaron de sus ancestros luchadores, pues tenemos al kirchnerismo. Es algo
necesario pensar en continuidades y rupturas en las administraciones de los
últimos 30 años, para comenzar a periodizar diferente, y a discutir mas
descarnadamente sobre lo irresuelto de las disciplinas que nos ocupan el cuerpo
de cada uno de nosotros. De lo contrario, los costos por apostar sobre el vacío,
traen repeticiones que se pagan caro; y no es menor en este sentido que alguien
ligado por testimonios y denuncias tan viejas como la democracia esté frente a
las FFAA. Otra vez, la repetición en ese intento de una “reconciliación” (a
pesar de las fotos de ocasión) entre desaparecedores y desaparecidos. Pues este
país no puede pensarse sin hablar del genocidio.