El uso de la herencia (y una dictadura que se empecina en no terminar…)

por Bruno Nápoli


Políticas de Memoria de Videla, reparación económica por los desaparecidos, legislación comercial y financiera…la “dictadura de la desaparición de personas” (como la define Osvaldo Bayer) dejó  una  herencia de leyes en todos los temas mencionados. Esta herencia, lejos de ser pesada, ha sido útil para los gobiernos de la participación democrática ampliada (de 1983 hasta la fecha)  Y la gastan en los momentos necesarios: la “desaparición” que no se va, la reparación económica, la concentración financiera, la reconciliación…Milani.

¿24 de marzo?

Este país no puede ser pensado, ya nunca más, sin tener en cuenta el genocidio. El momento histórico en el cual su Estado decidió “aniquilar” a una parte de la sociedad en “indiferencia moral” de la otra, de manera sistemática e “industrial”, no comenzó un 24 de marzo. La reestructuración social que significó el genocidio, pero también la modificación de su legislación política y económica, fue un gradiente en ese Estado, y aún nos rige (económica y socialmente). Por eso decimos que la “dictadura”, en sus elementos de creación y subsistencia, se empeña en no terminar. Es necesario para el debate actual, periodizar nuevamente la historia. Mirar de cerca la imaginería que acompaña esa decisión de recordar solo dos fechas (1976-1983) cuando hablamos de “desaparición”, “aniquilamiento”, mercado financiero concentrado, Políticas de Memoria, etc, nos permite intentarlo. “Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también, y lo vamos a hacer violentamente (…) Estamos en presencia de verdaderos enemigos de la Patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado (…) pido a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partido activo en defensa de la República que es la afectada. El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos…”. (Juan Perón 02/01/74). “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país” (Jorge Rafael Videla a “La Prensa” 24/10/75). Dos generales, uno presidente y otro jefe del ejército (nombrado por el primero en 1973) hablando de aniquilar, matar “los que sean necesarios”, los “enemigos de la patria”. Por la Patria. Y mucho antes de 1976. Este período predictatorial tiene dos elementos que luego se reforzarán: el asesinato estatal y el avance de los grupos económicos concentrados. Casi 2000 militantes opositores al Estado, asesinados, de los cuales, mas de 800 están desaparecidos (solo en Tucumán, entre 1973 y 1976 hay 280 militantes políticos desaparecidos). Todo antes de la dictadura. A los cientos de asesinados y desaparecidos políticos del período democrático, debe sumarse la intención de dislocar la economía a partir de 1975, con decisiones del Ministerio de Hacienda, que fueron el fin del gobierno: una devaluación salvaje del peso, el congelamiento de salarios, y la liberación de precios en productos y servicios. Lo que hoy se denomina “ajuste”.

Industrializar la muerte/desindustrializar el país.

El modelo de concentración económica que se atisba en estas medidas del año 1975, va a tener su auge un año y medio después. La apuesta de las FFAA fue ocupar el ejecutivo y el legislativo (no el judicial, que siguió en manos de civiles) en un país ya militarizado por el gobierno anterior (vía leyes y decretos) para “industrializar” la muerte ya  establecida. Esto es, generar una “cadena” de producción de la muerte (secuestro, centro estatal de tortura, interrogadores, asesinatos y finalmente desaparición –regando NNs en tierra y mar-). Y hay que recordar que las órdenes militares, ni siquiera son de los 70. Ya las resoluciones militares del año 1968-69 explican como “interrogar” secuestrados, quienes deben hacerlo, y mencionan los LRD (así, como suena, en todos los documentos del ejército: Lugares de Reunión de Detenidos, luego, CCD). Todo este esquema necesitaba un financiamiento, pues había que solventar cada gasto (lugares, combustibles, armas, electricidad, mas combustibles, miles de sueldos vía Banco Nación o Bancos provinciales). Y aquí vamos a invertir los términos clásicos de esta historia periodizada. Para financiar esta industria (y no al revés) es que se necesitó recurrir a dineros más rápidos que el del capital productivo (que son ganancias a largo plazo).  Y se recurrió a quienes podían financiar esto, a costa de desindustrializar parte de la economía local: las corporaciones civiles representantes del capital financiero y la economía primaria (esa que hace depender al país solo de lo que exporta en materia prima, cobra en moneda extranjera, y no la reinvierte sino que especula con ella).  Decimos, las FFAA tenían un plan de “aniquilamiento” pero no un plan económico. Y el aniquilamiento no era para todos, así como tampoco el terror, sino solo para algunos. Indicados. Señalados. Desaparecidos finalmente. No se aniquiló para implementar un modelo económico. Son caminos paralelos y a destiempo.  Se implementó un plan económico para solventar un aniquilamiento masivo y caro, ya en marcha. El “nuevo” modelo económico financió a partir de 1977, a un Estado que aniquilaba de manera industrial desde 1972/73, y con los gastos que eso implicaba. Fue la oportunidad para muchas corporaciones civiles de ocupar puestos claves de decisión de la economía. Esta matriz económica, que ronda en beneficio de los intereses de esas corporaciones, incluyó además la elevación del gasto militar año tras año (según consta en el BCRA) prestamos millonarios vía Banco Nación a las FFAA (que al final de la dictadura les exigen que den cuenta en que gastaron la plata) y una operatoria monetaria que solo podía solventarse con la especulación y dolarización rápida de la economía local. 

Los nombres de la Economía y el mito de la complicidad civil.

La dictadura de la desaparición de personas, entregó áreas de control estatal a espacios económicas, que corporizaron la administración de los bienes del país en su más rotundo beneficio. El Consejo Empresario Argentino, presidido por Martinez de Hoz (a su vez director de Acindar) se quedará con el Ministro de Economía de la Nación. ADEBA, la Asociación de Bancos de la Argentina, se queda con la vicepresidencia del Banco Central de la República Argentina, justo la entidad que debía controlar a esos bancos (la presidencia quedará en manos de un ex director ejecutivo del FMI). Guillermo Walter Klein, representante CAC (Cámara Argentina de Comercio) y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, asumió en la Secretaría de Programación Técnica de Economía. Jorge Zorreguieta de la Sociedad Rural Argentina (y padre de la actual reina de Holanda) asumió nada menos que la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Comisión Nacional de Granos. El Banco de la Nación Argentina (el pagador oficial del Estado, en términos técnicos) quedó en manos de Juan Ocampo, representante de los Bancos Privados y del campo, y accionista principal del Banco Ganadero (dirigido a su vez por su hijo, Narciso Ocampo).  Estos personajes, civiles todos, fueron los responsables directos de la política económica instaurada por la dictadura a partir de 1977. Definieron un esquema de concentración del capital financiero (a través de la ley 21.526) que tuvo como resultado que cualquier financiera se transformara en un banco: en 1977 existían cerca de 90 bancos (de ellos el 80% eran de capital extranjero), y para 1980 existían casi 180 bancos  (con el mismo porcentaje de capital extranjero). El Banco Central mientras tanto, en las reuniones que mantenía con la junta militar para definir políticas monetarias y cambiarias, sostenía, de boca de sus autoridades que el gran problema que había tenido la economía era “el constante regulacionismo del Banco Central”. Así como suena, la autoridad de aplicación de la ley sobre los bancos, cuestionaba que “controlara tanto”. Pero claro, como ya dijimos, las autoridades del BCRA eran las autoridades de los Bancos  Privados del país. Para ser claros en este punto: de las 800 entidades financieras (bancarias y no bancarias) que existían en 1977, quedaron algo mas de 400 en 1980. Y por eso hablamos de concentración: muchas se unieron y formaron Bancos (por eso estos se duplican). Y esta concentración de prestamistas devenidos en banqueros, se vio favorecida por tasas de interés liberadas, y por el artículo 56 de la citada ley de Entidades Financieras (la 21,526) que ponía una garantía en los depósitos total por parte de Estado a través del BCRA. ¿Que quiere decir esto? Pues que cualquiera de estos “nuevos” bancos (ex financieras) podía tomar depósitos, ofrecer la tasa que quisiera, y si quebraba, el BCRA se encargaría de liquidarlo y de pagar los depósitos de los ahorristas. Un negocio redondo para quienes fundaban un banco: los costos los pagó siempre el erario público, por orden del Central y a través de su pagador, el Nación (manejados por los dueños de esos bancos). No hay complicidad civil, hay una responsabilidad directa de estas corporaciones civiles en la matriz económica que se funda a mediados de los 70. En cada una de las decisiones económicas, tanto la ley de Entidades, como las de desregulación de la inversión extranjera (que permitió a cualquier capital invertir donde quisiera y girar las utilidades al exterior sin restricciones) la desgravación de las herencias (que una herencia no pague impuestos) las leyes de privatización y las leyes de subversión económica, las de contratos laborales, las pensiones graciables, las de restricción o excepción aduanera, algunas de promoción industrial, beneficios al campo….siguieron vigentes durante todo el período democrático. Y Siguen. Cientos de leyes de la dictadura, aun rigen nuestra economía política diaria. 

Videla y las políticas de memoria.

El efecto de obturación que produce la frase “la década ganada” sobre los relatos del presente, ha invisibilisado los antecedentes claros y precisos que las políticas actuales tienen. Por caso, las políticas de memoria, que tan afectos son a mostrar y demostrar en sus actuales declaraciones funcionarios y militantes, tienen su raíz en plena dictadura, y responden más a una lógica Estatal que a una dinámica coyuntural. La situación de los “desaparecidos”, tomando estado público internacional en 1978, comienza, según todos los archivos hasta ahora disponibles, a generar discusiones en el Estado, y en la Junta Militar, para pensar una “solución” al tema. La solución vendrá con la primera política de memoria que se registra con los desaparecidos, y firmada por Videla. En 1979 de promulga las ley 22.062 (aún vigente) sobre jubilaciones y pensiones para personas “ausentes de su residencia”, complementada con la 22.068 (derogada en 1983) sobre “ausencia con presunción de fallecimiento de personas cuyas desapariciones hubiesen sido fehacientemente denunciadas entre el 6/11/1974 (día que se declaró el estado de sitio) y el 9/09/1979” (día de la promulgación de la ley). Es impresionante pues la ley establece que quien declare por fallecido al desaparecido en esas fechas, puede cobrar una pensión, algo a lo que muchos se avinieron. Y es impresionante, reforzando nuestra hipótesis sobre aniquilamiento estatal, las fechas que comprende esta reparación. Debemos entender que las “Políticas de Memoria” son aquellas que un Estado establece, para reparar (sea simbólicamente o materialmente) algo que el mismo Estado hizo. Pero hay más. En noviembre de 1983, se promulga la ley 22.962 (aún vigente) que autorizaba al Estado a “indemnizar por daños y perjuicios ocasionados por los hechos de naturaleza penal comprendidos en el art. 1 de la ley 22.924 de (de pacificación nacional) por delitos cometidos con finalidad terrorista o subversiva”. Luego de estos primeros pasos, los gobiernos de Alfonsín, Menem y los actuales, ensayaron cientos de formas de reparación memorísticas, algunas muy amplias (sobre todo en los 90) pero otras mas efectivas enunciativamente.

La violencia y la disciplina de los cuerpos. Zurdos y subversivos/Negros y putas.

Si en los 70, el Estado centralizó la violencia sobre los cuerpos, en un intento por aniquilar “los que sean necesarios”, la democracia comenzó a operar sobre esas continuidades, con algunos frenos, interrupciones. Pero esa violencia, esa noción contenida en la remanida frase “hay que matarlos a todos” (y que cualquiera pronuncia ante un problema socio/político o de inseguridad) no es posible sin el antecedente estatal. Y aparece ahora, atomizada. Ya no la centraliza el Estado Nacional. Esa violencia aparece distribuida localmente, en espacios provinciales y hasta municipales, donde el asesinato y la desaparición en manos del Estado parece no retirarse. De los casi 3600 ciudadanos asesinados por fuerzas estatales (sea gendarmería, polícias locales, fuerzas federales, etc) muchos están directamente desaparecidos, con casos emblemáticos como el de Julio Lopez o Luciano Arruga. Pero a esto se suma otra violencia, que es la trata de personas. Algo que sucede a la vista de todos, donde están denunciados muchos funcionarios estatales por complicidad (de las fuerzas policiales, fiscales, jueces…) y los jóvenes “desaparecidos” en estas redes van a parar a lugares que de clandestinos no tienen nada: al igual que la Esma o la escuelita de Famaillá o el Hospital Posadas (todos lugares públicos donde se “concentró” y “desapareció” a miles) las barracas de trabajo esclavizado o las “wisckerías” están llenas de estas víctimas de la desaparición actual, donde las complicidades burocráticas son miles. En los 70 eran subversivos y zurdos, ahora son negros o putas. Y no hacemos nada por abrir esos lugares y sacarlos. Otra enorme herencia de la violencia estatal, es esta trama de complicidades a la vista de todos y el silencio cómplice porque “algo habrán hecho”.

Epílogo abierto.

Las democracias y las dictaduras se han sucedido. Las herencias legales y sus usos disciplinadores, se empecinan en seguir; y solo encuentran resistencias cuando hay un espacio de crítica descarnada sobre los eventos y sus mentores. La intensidad febril de estas palabras solo puede invitarnos a pensar que lo verdaderamente complejo no es un gobierno (haciendo honor siempre a que no es lo mismo analíticamente dictadura y democracia) sino el concepto de ESTADO y sus sucedáneos. Deberíamos, como aproximación primaria, intentar pensar al Estado (más allá de si está ausente o no, si somos todos o algunos) El Estado es, en última instancia, un espacio burocrático de administración de lo público y lo privado. Y su derrotero, violencia o diagramación sobre lo que hace, está siempre marcado por quien lo ocupa. Si es ocupado por una pandilla de asesinos y ladrones, pues tenemos una dictadura. Si lo ocupa un obsesionado por su mimesis con las instituciones “republicanas” tenemos la “primavera alfonsinista”; si es un mitómano recomponiendo un poder perdido montado en una crisis, tenemos al menemismo. Si los que vienen son los representantes de un partido de poder en recomposición, montándose a los herederos vacíos de lo que no heredaron de sus ancestros luchadores, pues tenemos al kirchnerismo. Es algo necesario pensar en continuidades y rupturas en las administraciones de los últimos 30 años, para comenzar a periodizar diferente, y a discutir mas descarnadamente sobre lo irresuelto de las disciplinas que nos ocupan el cuerpo de cada uno de nosotros. De lo contrario, los costos por apostar sobre el vacío, traen repeticiones que se pagan caro; y no es menor en este sentido que alguien ligado por testimonios y denuncias tan viejas como la democracia esté frente a las FFAA. Otra vez, la repetición en ese intento de una “reconciliación” (a pesar de las fotos de ocasión) entre desaparecedores y desaparecidos. Pues este país no puede pensarse sin hablar del genocidio.
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