La Ciudad de la Furia

por Diego Tatián


Los motivos superficiales que permiten explicar el desencadenamiento de las horas de furia vividas en Córdoba desde la noche de 3 de diciembre y a lo largo de los días siguientes remiten a un acuartelamiento policial por reclamos salariales. Debido a ello, Córdoba se transformó en una inmensa zona liberada para el saqueo -del que durante esas horas serían objeto más de mil comercios-, que en su comienzo nada tuvo de espontáneo y más bien permite presumir una vendetta contra el poder político que no pudo mantener el negocio ilegal de estupefacientes coordinado por la misma policía, tras una investigación periodística de Tomás Méndez por el canal de la UNC.  Luego de contundentes testimonios exhibidos en el curso de esa investigación y del paciente trabajo del fiscal Enrique Senestrari, debieron renunciar el Ministro de Seguridad delasotista Alejo Paredes (discípulo del “Tucán” Yanicelli, símbolo de la represión ilegal en Córdoba durante el terrorismo de Estado, actualmente condenado a prisión perpetua) y el Jefe de la Policía Ramón Frías, en tanto que el titular de la Dirección de lucha contra el narcotráfico de la Policía Rafael Sosa se encuentra preso.

Los motivos que permiten comprender lo sucedido en su significado más profundo son otros, y remiten a una Córdoba fragmentada con grandes sectores sociales sumidos en el abandono por parte del Estado; a la ausencia de planes sociales y políticas de integración educativa, urbanística y cultural en favor de un dispositivo represivo sistemático que genera representaciones criminalizadoras de extensas barriadas populares sometidas al continuo acoso policial ya no sólo en las calles sino también desde el aire: las noches de Córdoba son cotidianamente alteradas por el patrullaje de helicópteros con potentes reflectores en busca del delito, cuya sensación de inminencia contribuyen a producir en una población que parece haberse acostumbrado a ellos como si se tratara de la cosa más natural.

Pero esta política -o más bien ausencia de política- no es sin resistencia. La manifestación popular más masiva de la ciudad -excepción hecha de la marcha de los 24 de marzo- es lo que se conoce como la “Marcha de la gorra” contra la represión policial y por la derogación del Código de Faltas (una ley provincial que permite a la policía regular decenas de contravenciones). Coordinada por el Colectivo de Jóvenes, la Marcha de la Gorra  convoca a agrupaciones sociales y políticas que demandan la vigencia de derechos civiles elementales como la libertad de circulación de todos los habitantes por igual o el derecho de defensa por un abogado, que el Código de Faltas autoriza a conculcar de manera abiertamente inconstitucional.

El conservadurismo provincial del cual el gobernador es emblema buscará hacer creer que los episodios del martes y el miércoles son la corroboración de lo que sucede cuando la policía deja de cumplir con su función represiva; buscará activar el deseo de seguridad y las pasiones que le son contiguas (el miedo, la desconfianza, la paranoia, el odio del desconocido…) para reclamar un endurecimiento del control social y la violencia de clase que actualmente ejerce. El trabajo de la política por revertir esa condición imaginaria del otro como delincuente nato o enemigo natural es la vía más corta -sin que ello signifique que sea corta- para comenzar a confrontar la violencia estructural en la que Córdoba se halla incursa desde hace mucho tiempo.
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