#CristianFerreyraPresente - Pronunciamiento urgente sobre conflicto de tierras en Santiago del Estero
Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio al accionar represivo de
la policía de la Provincia de Santiago del Estero, contra los miembros de la
Familia Santillán que habitan en la región del CADE, Departamento Alberdi.
Demandamos el inmediato esclarecimiento y deslinde de responsabilidad
por la situación hecha padecer a Don Aníbal Santillán (73 años), quien al
momento de la privación de su libertad se encontraba en delicado estado de
salud.
Y exigimos la intervención de los organismos públicos competentes
(provinciales y nacionales), con el objetivo de brindar garantías a los
campesinos originarios de las tierras en conflicto, en su lucha contra las
empresas que buscan instalar en estos parajes el insaciable esquema de los
agro-negocios, basado en una visión depredatoria de los derechos humanos
esenciales y motivado en un exclusivo fin de lucro.
Estamos ante un nuevo caso donde el sistema judicial (representado por
la jueza Lucrecia Llanos Martínez) y las fuerzas de seguridad, se ponen al
servicio de las necesidades empresariales, con el objetivo de garantizarles el
acceso al territorio y remover los “obstáculos” a su acumulación. En esta
oportunidad, los beneficiarios son el grupo Oro Esperanza Agro S.A.,
conformado por capitales chinos, inscripto comercialmente en nuestro país en
noviembre de 2011 con el objetivo de desarrollar emprendimientos agrícolas
orientados a la exportación (http://boletinoficial.cba.gov.ar/archivos11_02/211111_seccion3.pdf), quienes actúan a través de otra
empresa, esta vez de capitales uruguayos, de nombre Mayo Investment SA
especialmente dedicada a la “limpieza de campos” (http://www.publicampo.com/mayo-investment-sa/) y cuyo representante legal en
Argentina es Guillermo Cavanagh (quien figura en los registros como
“agricultor”, pero es más conocido por edificios que llevan el nombre su
patricia familia).
El conflicto comienza hace diez años, cuando un empresario cordobés de
apellido Giordano fraguó los títulos de propiedad de un campo de 14 mil
hectáreas perteneciente a la familia Santillán, originaria de este paraje
ubicado entre las ciudades Tintina y Campo Gallo, en el noreste santiagueño.
Las denuncias y movilizaciones del Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE), en su momento, consiguieron detener los primeros intentos de
desmonte.
El 19 de diciembre de 2011 el campo fue vendido (en una nueva operación
fraudulenta) a Oro Esperanza Agro SA, apenas un mes después de su constitución
legal en la Argentina. Pero es en junio de 2012 cuando los campesinos tienen
las primeras noticias de los capitalistas chinos, a través de los servicios de
desmonte brindados por la empresa Mayo Investment SA, quienes toman posesión
introduciendo decenas de topadoras y tractores. Las nuevas denuncias e
intervenciones interpuestas por la familia Santillán y el MOCASE, a pesar de
contar con importante difusión, esta vez no lograron el objetivo.
El 30 de abril de 2013, una inspección de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en predios rurales ubicados en el camino vecinal
Tintina a Campo Alegre, propiedad de Oro Esperanza Agro SA, detectó 34
trabajadores en condiciones precarias e insalubres, a cargo de Mayo Investment
SA. Dos semanas después, el 15 de mayo de 2013, la AFIP inició una causa penal contra
ambas empresas ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero y la Fiscalía
Primera de la misma ciudad, por reducción a servidumbre de sus empleados. Para
demostrarlo, la agencia federal presentó el acta de la inspección y un CD con
la filmación de lo actuado. La causa fue caratulada como “presunta infracción
de artículo 140 del código penal/infractores son Oro Esperanza Agro y otro”,
con número de expediente 039095/2013.
No obstante todos estos antecedentes, la intervención del pasado día
jueves 7 de noviembre, ordenada por la Jueza Provincial Lucrecia Llanos
Martínez, y ejecutada con extrema violencia por la División Criminalística D6
de la Policía de Santiago del Estero, contribuye a la agudización del conflicto
y constituye un siniestro aval a las prácticas depredatorias de los agrobussines.
Don Aníbal Santillán es un mediano productor de 73 años, nacido y criado
junto a su familia en el lote de 14 mil hectáreas en disputa. Es poseedor de
más de mil cabezas de ganado que pastan a campo abierto, y de los papeles
legales que certifican su posesión. Sin embargo, su casa y todo su dispositivo
productivo (laguna, canales, corrales), hoy se encuentra ubicado al interior
del terreno cuya propiedad reclama la empresa de capitales chinos, con la
aquiescencia de la justicia provincial.
Desde el jueves a las 7 am Don Aníbal permanece detenido, a pesar de
complicaciones en la próstata y de complicaciones generadas por la
hipertensión. Además, dos de sus hermanos se encuentran prófugos, pues también
habían sido objetos de las órdenes de detención. A todos se los acusa de
amenazas contra los empresarios, y de usurpación.
¿Por qué la Justicia hace lugar a las exigencias de los poderosos por
sobre las comunidades que ancestralmente habitan esas tierras? ¿A qué se debe
la inactividad de los sectores gubernamentales en lo que respecta al respeto de
los derechos humanos y sociales básicos, de las poblaciones involucradas en
esta nueva conflictividad social?
La respuesta, lógicamente, es múltiple. Involucran el alarmante elitismo
de instituciones tradicionales como la Justicia, lindante con el racismo; la
opacidad de los sistemas notariales y de registro de tierras en todo el país;
ciertas tramas de características feudales que aún ostentan los poderes
locales en algunas regiones del interior, articuladas sin embargo a los
esquemas de gobernabilidad a nivel nacional.
Pero más allá de lo anterior, y de otra cantidad de circunstancias que
seguramente se nos escapan, consideramos urgente reaccionar de manera decidida
ante un modo de articulación de negocios que repercute de forma extremadamente
violenta sobre los territorios, descomponiendo los lazos comunitarios y
sociales, en función de una renta extraordinaria.
Desde los parajes campesinos de Monte Quemado hasta las periferias de
Rosario (y especialmente el castigado barrio Ludueña), pasando por los
pueblos hostigados por las industrias extractivas, por los asentamientos y
villas del conurbano bonaerense… Ya sea que hablemos de agro-negocios o de
minería, de especulación inmobiliaria o narcotráfico…
Un mismo patrón de acumulación se expande, y carcome las instituciones
públicas, configurándose como una verdadera trampa de la democracia
contemporánea.
Es hora de decirle basta.
Ramiro Fresneda - Director de Apoyo a las Organizaciones. Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación / Marcelo Ruiz - Rector Universidad Nacional de Río Cuarto / Hugo Cañón - Copresidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires / Claudio Lozano - Diputado Nacional. Presidente del Bloque Unidad Popular / Facundo Moyano - Diputado Nacional / Horacio González - Director de la Biblioteca Nacional Argentina / Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto / Instituto de Investigación y Experimentación Política / Club de Investigaciones Urbanas (Rosario) / Bodegón Cultural Casa de Pocho (Ludueña, Rosario) / Centro Angelelli (Florencio Varela) / Movimiento de Colectivos (Florencio Varela) / Observatorio de Prácticas de Derechos Humanas de la Universidad Nacional de Córdoba / CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) / Carta Abierta / Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) / Revista Crisis / FM La Tribu / Liliana Herrero / Rita Segato - Antropóloga / Maristella Svampa / Roberto Gargarella / Iconoclasistas / Movimiento Social y Cultural El Gleyser / Itai Hagman - Dirigente de MAREA Popular / Frente Popular Darío Santillán / Madreselva (Santa Fé) / Federación Argentina de Estudiantes de Comunicación / Federación Universitaria de Río Cuarto / Martha Linares - Presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires / Luis Pedreira y Pilar Vázquez - Consejero Superior UBA / La Dársena Plataforma de Pensamiento e Intervención Artística / Movimiento de Participación Estudiantil / Cazona de Flores / Karina Bidaseca / Frente Popular Darío Santillán / Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA / Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Patria Grande / Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad - Universidad Nacional del Comahue / Santiago Grandi - programa "Está En Vos", FM Red TL 105.5 (Rosario) / Centro Cultural “El Cántaro” / Casona Ecuménica de los Trabajadores “José De Luca” / Patricia Zangaro / Lourdes Maria de los Angeles Martin (Mendoza) / Laura Giussani (periodista) / Cesar Altamira / Sebastián Tuza / Josefina Azcárate / María Florencia Fernández Nancy Viviana Piñeiro - colectivo Upside Down World sobre activismo y política en América Latina / Dra. Mirta Alejandra Antonelli - Docente Investigadora. Facultad de Filosofía y Humanidades. Univ. Nac. de Córdoba / Sergio Lesbergueris - director del Centro de Formación Profesional #24 de la Ciudad de Buenos Aires / Doctor José Luis Grosso - Director de Posgrados Facutad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca
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