Actualidad del proceso de Paz en Colombia: actores y perspectivas. A propósito del grano y la paja.
por
Laura Acebedo Pérez
(Colombianxs
en el Sur)
El 25 de
septiembre del presente año los medios anunciaron que la guerrilla de las FARC
preparaba un informe sobre el "estado actual y verdadero del proceso
de paz", que este grupo insurgente adelanta con el gobierno de Juan
Manuel Santos, en La Habana. El revuelo que causó esta noticia generó en los
principales medios de comunicación una serie de críticas, comentarios y
opiniones de diversa índole que en su mayoría mostraban preocupación respecto a
declaraciones que pudieran poner en riesgo la continuación de los diálogos,
imputando la irresponsabilidad del comandante en jefe Timoleon Jimenez. El
informe fue presentado el 3 de octubre al inicio de la ronda número 15 de las
conversaciones y finalmente tuvo poco revuelo en los medios que habían emitido duras
críticas, mientras que los medios alternativos le dieron mayor difusión al
informe en su totalidad[1].
Con dicho
documento, más que grandes revelaciones secretas (como insinuaron los principales
medios), el grupo insurgente, pretendió mostrar su posición y reivindicar su
palabra, tras la permanente tergiversación ante la opinión pública desde los
medios. Allí se relatan los avances en materia de tierras y se adelantan puntos
de la discusión respecto al marco jurídico para la paz[2]
(definido unilateralmente por el gobierno), el tema de víctimas que está
contemplado en el quinto punto de la agenda (se acaban de definir los acuerdos
sobre el segundo punto: participación política[3]),
y la propuesta del gobierno de refrendar los acuerdos ante la ciudadanía. Las
FARC son enfáticas al reiterar, primero, que las decisiones no pueden ser en
ningún momento unilaterales y, a la par que reconocen la voluntad política del
gobierno, critican la posición que presenta éste en la mesa de diálogo, pues
asumen que las FARC debería simplemente aceptar sus propuestas, bajo la
presunción de estar dialogando con un grupo derrotado militar y políticamente.
Segundo, la responsabilidad del Estado Colombiano en el conflicto interno, que
ha contribuido a la crisis humanitaria y la agudización del conflicto social,
político y económico, que aunque se intenta discutir en la mesa, la realidad es
que los avances que allí se logren no serán sino, posiblemente, puntas de lanza
para los grandes temas por los que viene luchando desde tiempo atrás el
movimiento social en Colombia.
Ese mismo
día, 25 de septiembre, Yesid Arteta, publicó un documento titulado
"Acuerdo de paz: el grano y la paja"[4],
donde expone un claro panorama sobre las tensiones y perspectivas del proceso
de paz, la posición del mapa de actores y, las responsabilidades a futuro para
concretar con éxito la dejación de las armas por parte del grupo insurgente, es
decir, un proceso que de fin efectivo al conflicto, por lo menos el armado,
mediante una transición lenta que no reproduzca otros ciclos de violencia
descontrolada como en el caso de México, Guatemala y El Salvador. Su lectura
del proceso es bastante clara, propia de un hombre que recorrió los caminos de
la militancia estudiantil, los fragores de la guerra como ideólogo de las FARC,
la experiencia de 10 años de cárcel luego de caer preso en un enfrentamiento
con el ejército en 1996 y finalmente, la ruta del exilio, en donde trabaja en
la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona,
comprometido con la salida política y negociada del conflicto interno
colombiano[5].
Sin
embargo, hay algunos puntos de su artículo sobre los que vale la pena
detenerse. En primer lugar, el tema de la voluntad política para concretar un
escenario de transición. Arteta expresa que el éxito del proceso de paz, apenas
se inicia con la firma de acuerdos, pero requiere un trabajo de hormiga que va
más allá de este primer paso. Debe contar con la activa participación de la Comunidad
Internacional, y con el desmonte paulatino de los ejércitos. Es decir, un proceso de paz que logre superar las presiones,
y se convierta en una política de Estado encaminada hacia la paz y no sólo a la
dejación de las armas. Los problemas de este planteamiento tienen que ver con los
ejemplos históricos en la historia colombiana respecto a los procesos de paz,
desmovilización, desarme, reinserción e inclusión a la vida política. Dichos
momentos en Colombia, se han traducido en el incremento de los asesinatos a líderes
de izquierda que se incorporaron a la vida civil, recrudecimiento de la
violencia política y de reposicionamientos estratégicos de las fuerzas en
conflicto. Recordemos que la clase dirigente en Colombia ha gobernado por
décadas y décadas el país, no valió Gaitán, ni Galán, ni Bernardo Jaramillo, ni
Pardo Leal, ni Carlos Pizarro[6]
que pudieran competir en el escenario electoral sin ser asesinados, y que la
Constitución de 1991 en donde al parecer se abría la posibilidad de disputar
pluralmente la escena política partidista, no garantizó el ejercicio de la
oposición por las vías legales, después del exterminio de finales de los ochentas
de la Unión Patriótica[7].
En segundo
lugar, Arteta analiza la relación de las Fuerzas Armadas y el papel que
deberían cumplir en un escenario de postconflicto. Una posición arriesgada y
quizás imaginable, si las Fuerzas Militares y la Policía representaran el ideal
de respeto a la población civil. Sin embargo, la depuración de estas instituciones,
no es tarea fácil. No sólo son ciertos sectores políticos los que se declaran
enemigos de las negociaciones de paz -como el ex presidente Uribe-, quienes
poseen un gran poder, económico y político, sino también integrantes de las
Fuerzas Armadas ligadas a estos grupos de poder, y a las mafias paramilitares
que ejercen control local en diferentes regiones del país. Así las cosas, no se
trata solo de depurar la institución militar, sino de un cambio profundo tanto
en la política como en el modelo que defienden los agentes armados del Estado.
No en
balde, uno de los primeros proyectos de Ley adelantados por el gobierno de Juan
Manuel Santos al llegar a la presidencia, fue la ampliación del "Fuero
Penal Militar" que buscaba que los crímenes cometidos por la Fuerza
Pública en el marco del conflicto armado, sean juzgados por esa misma
institución. En el papel, los crímenes de Lesa Humanidad serían juzgados por la
justicia ordinaria en cumplimiento con el DIH, sin embargo, la interpretación
respecto a qué casos constituirían un
crimen de Lesa Humanidad quedaría bajo la competencia de la Justicia Penal Militar.
Y para ello, se define a su vez, lo que constituye un "blanco legítimo”
con el fin de establecer las diferencias respecto a los crímenes ordinarios.
El Ministro
de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó en el Congreso los criterios que
definirían un “blanco legítimo”, ya que este punto causó bastante revuelo en la
opinión pública, pues en definitiva, blindaba los abusos de la Fuerza Pública
tras la solapa de lo que estarían en legitimidad de hacer en ejercicio de su
labor. Así, los casos para los que aplica son: violencia inusitada contra la
población civil o las entidades del Estado, contar con mando y control
unificado, y haber superado la capacidad del Estado. A su vez, agregó que se
consideraría "blanco legítimo" las operaciones contra la población,
en la medida en que esta actué en defensa de un grupo armado. Ese supuesto fue
la base de la Doctrina de Seguridad Nacional desarrollada y promovida por EEUU
en el marco de la Guerra Fría, y ha generado que incontables crímenes contra la
población civil, hayan sido justificados en esta lógica militarista del Estado
y permanezcan en la impunidad.
El proyecto
de Ley, después de ser aprobado por el Congreso de la Nación, fue derogado por
la Corte Constitucional pues encontró vicios de procedimiento en su aprobación.
Es un gran paso, aunque aún falta ganar terreno en el debate sobre la
responsabilidad del Estado en un importante número de crímenes, que permita resguardar
el escenario político frente a los nuevos intentos de establecer mecanismos que
favorezcan la impunidad, como ocurrió en otros procesos de paz o transición
democrática en América Latina y el Caribe, como en El Salvador, Chile, Brasil y
Argentina, que aun siendo diferentes entre sí, tuvieron en común la aplicación
de leyes de impunidad que algunos casos más que en otros, han podido ser
superadas en pro de la justicia.
Un tercer
aspecto de discusión con Arteta es el papel de la comunidad internacional en las
dos vías que menciona: financiación para el proceso de transición y protección
de los miembros de la guerrilla (protección militar, que señala, "hay que
dar por descontado"). Este aspecto es difícil desligarlo de los intereses
geopolíticos que existen sobre Colombia y por supuesto, de los intereses de
inversionistas extranjeros que se han estado beneficiando con la firma de
acuerdos de libre comercio, "finalmente”, concretados durante la
administración Santos. Ni que decir de la existencia de siete bases militares
estadounidenses implantadas en el territorio colombiano[8]
y la participación directa de personal militar privado, en operaciones
conjuntas con el ejército colombiano en protección a multinacionales mineras,
acciones que han derivado en masacres y asesinatos contra la población civil. Igualmente,
ya se conocen las consecuencias que dejan las intervenciones militares
extranjeras sobre territorios en conflicto. La pregunta sería ¿para qué mas
ejércitos, y peor, extranjeros, si se está buscando la concreción efectiva del proceso
de paz?, ¿No resulta contradictorio que después de desarmadas las FARC, necesiten
de fuerzas extranjeras para ser protegidas?
En este
sentido, Pilar Calveiro[9]
ha señalado cómo la transición del mundo bipolar al mundo global, no acepta más
el uso de la violencia... por fuera del monopolio del Estado, destinado en su
mayoría a la lucha antiterrorista para mantener el modelo concentracionario. Así
las cosas plantea que "El terrorismo comprende el uso de la violencia
indiscriminada, por su intensidad y por sus medios, ejercida principalmente
sobre población civil con el objeto de controlarla a través del terror. Como es
evidente, el terrorismo más frecuente y feroz, tanto del mundo bipolar como del
global, no es otro que el terrorismo de Estado".
Y es en este
aspecto sobre el que se ha avanzado poco. En el contexto de barbarie simétrica de
Colombia, según Iván Orozco, el terrorismo, entendido como la utilización de
métodos que generan terror, ha sido ejercido por todos los actores armados, incluidas
las fuerzas del Estado. Sin embargo, por la duración y complejidad del conflicto
colombiano, el concepto de Terrorismo de Estado no ha tenido la fuerza explicativa
suficiente para dar cuenta de la violación de los derechos humanos por parte
del Estado, como lo ha tenido en otros países como Argentina o Chile donde existieron
dictaduras militares. Por ello, los movimientos de derechos humanos han
recurrido a la figura de Crímenes de Estado. La situación que se resalta es la
misma, la violación de los derechos humanos por parte de la institución que está
obligada a protegerla, sin embargo, esta diferenciación da cuenta del tipo de
violencia que ha existido en el país. No debe perderse de vista que, sea
Terrorismo de Estado o Crímenes de Estado, el carácter sistemático es un asunto
trascendental, pues evoca la existencia de unas causas de fondo por las que
dicho terror es ejercido contra la población. Sin olvidar que es el Estado el
que "cuenta, de lejos, con los mayores recursos de poder, incluida la
fuerza"[10] y
agregaría, los medios de inteligencia y espionaje[11].
Y así lo ha
intentado plantear reiteradamente el movimiento de derechos humanos ante la
indiferencia -no tanto del Estado como sería esperable- sino, sobre todo de la población
colombiana en general. Las cifras de las violaciones a los derechos humanos por
parte del Estado no han sido destacadas en ninguno de los informes producidos
recientemente por el Centro de Memoria Histórica[12],
pero si han venido siendo documentadas en los informes del "Proyecto
Colombia Nunca Más"[13],
la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, el CINEP, entre otros. El caso del exterminio de la UP constituye un
ejemplo emblemático del accionar del Estado. A tal punto que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos categorizó ese crimen como un genocidio,
sentando una novedad histórica pues incluyó las razones políticas en ese delito
contra la humanidad que desde su tipificación después de la Segunda Guerra
Mundial estaba restringido a las razones étnicas.
Finalmente,
valga resaltar una posición compartida plenamente con Arteta respecto al papel
central que cumplen los movimientos sociales, que si bien no están sentados en
la mesa, son trascendentales para lograr una paz con justicia social que llegue
a ser duradera. Su trabajo no está en La Habana, ni en las conversaciones
bilaterales entre el gobierno y las FARC, sino en la capacidad de construir una
agenda propia que permita avanzar en materia de derechos sociales y políticos,
así como realizar transformaciones fundamentales respecto a los problemas
estructurales del país. Son estos, y no las FARC, quienes están en condiciones
de garantizarle al país, un futuro diferente.
[1] https://pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/1491-primer-informe-sobre-el-estado-de-las-conversaciones-de-paz.html#video.Referido
por la agencia de noticias Rebelión.org Colombia
[5] En el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos
Aires, se presentaron siete cortos sobre Colombia entre los que estaba
“palabras armadas” (http://vimeo.com/39212071),
un documental sobre la vida de Yedid Arteta.
[6] Jorge Eliecer Gaitan 1903-1948, candidato presidencial del partido
Liberal, su asesinato desencadenó el Bogotazo. Luis Carlos Galán 1943-1989,
candidato presidencial por el mismo partido. Jaime Pardo Leal 1941- 1987,
candidato presidencial de la Unión Patriótica. Bernardo Jaramillo 1955-1990,
candidato presidencial de la Unión Patriótica.
Carlos Pizzarro 1951- 1990 comandante del M-19, candidato presidencial
por la Alianza Democrática M-19 tras la dejación de las armas.
[7] La Unión Patriótica fue un partido político fundado a mediados de
los ochenta, constituía en principio, la posibilidad de participación política
legal de varios grupos guerrilleros y principalmente de las FARC. Sin embargo,
derivó en un distanciamiento de los grupos insurgentes, frente a la apuesta por
lograr una paz negociada soportada en el escenario de las urnas. Contó con más
de 5000 militantes en todo el territorio nacional, y fue el mayor genocidio
cometido en el territorio por parte del Estado y de las fuerzas paramilitares,
para acallar un movimiento político de oposición.
[8] Para tener un panorama exhaustivo de las implicaciones de las bases
militares en Colombia y en el mundo ver artículo escrito por Renán Vega Cantor:
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-52/las-bases-militares-en-america-latina-colombia-en-la-geopolitica-imperialis
[9]Pilar Calveiro. Usos políticos de la memoria. En: sujetos sociales y
nuevas formas de la protesta. 2006
[10] Iván Orozco. Sobre los límites de la conciencia humanitaria.
Dilemas de la paz y la justicia en América Latina. 2005
[11] Ver el caso del Departamento Administrativo de Seguridad durante el
gobierno de Álvaro Uribe Velez: http://lasillavacia.com/historia/10436
[12] reconociendo sin embargo, sus adelantos en otras materias del
conflicto. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/