Actualidad del proceso de Paz en Colombia: actores y perspectivas. A propósito del grano y la paja.

por Laura Acebedo Pérez
(Colombianxs en el Sur)



El 25 de septiembre del presente año los medios anunciaron que la guerrilla de las FARC preparaba un informe sobre  el "estado actual y verdadero del proceso de paz", que este grupo insurgente adelanta con el gobierno de Juan Manuel Santos, en La Habana. El revuelo que causó esta noticia generó en los principales medios de comunicación una serie de críticas, comentarios y opiniones de diversa índole que en su mayoría mostraban preocupación respecto a declaraciones que pudieran poner en riesgo la continuación de los diálogos, imputando la irresponsabilidad del comandante en jefe Timoleon Jimenez. El informe fue presentado el 3 de octubre al inicio de la ronda número 15 de las conversaciones y finalmente tuvo poco revuelo en los medios que habían emitido duras críticas, mientras que los medios alternativos le dieron mayor difusión al informe en su totalidad[1].

Con dicho documento, más que grandes revelaciones secretas (como insinuaron los principales medios), el grupo insurgente, pretendió mostrar su posición y reivindicar su palabra, tras la permanente tergiversación ante la opinión pública desde los medios. Allí se relatan los avances en materia de tierras y se adelantan puntos de la discusión respecto al marco jurídico para la paz[2] (definido unilateralmente por el gobierno), el tema de víctimas que está contemplado en el quinto punto de la agenda (se acaban de definir los acuerdos sobre el segundo punto: participación política[3]), y la propuesta del gobierno de refrendar los acuerdos ante la ciudadanía. Las FARC son enfáticas al reiterar, primero, que las decisiones no pueden ser en ningún momento unilaterales y, a la par que reconocen la voluntad política del gobierno, critican la posición que presenta éste en la mesa de diálogo, pues asumen que las FARC debería simplemente aceptar sus propuestas, bajo la presunción de estar dialogando con un grupo derrotado militar y políticamente. Segundo, la responsabilidad del Estado Colombiano en el conflicto interno, que ha contribuido a la crisis humanitaria y la agudización del conflicto social, político y económico, que aunque se intenta discutir en la mesa, la realidad es que los avances que allí se logren no serán sino, posiblemente, puntas de lanza para los grandes temas por los que viene luchando desde tiempo atrás el movimiento social en Colombia.

Ese mismo día, 25 de septiembre, Yesid Arteta, publicó un documento titulado "Acuerdo de paz: el grano y la paja"[4], donde expone un claro panorama sobre las tensiones y perspectivas del proceso de paz, la posición del mapa de actores y, las responsabilidades a futuro para concretar con éxito la dejación de las armas por parte del grupo insurgente, es decir, un proceso que de fin efectivo al conflicto, por lo menos el armado, mediante una transición lenta que no reproduzca otros ciclos de violencia descontrolada como en el caso de México, Guatemala y El Salvador. Su lectura del proceso es bastante clara, propia de un hombre que recorrió los caminos de la militancia estudiantil, los fragores de la guerra como ideólogo de las FARC, la experiencia de 10 años de cárcel luego de caer preso en un enfrentamiento con el ejército en 1996 y finalmente, la ruta del exilio, en donde trabaja en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, comprometido con la salida política y negociada del conflicto interno colombiano[5].

Sin embargo, hay algunos puntos de su artículo sobre los que vale la pena detenerse. En primer lugar, el tema de la voluntad política para concretar un escenario de transición. Arteta expresa que el éxito del proceso de paz, apenas se inicia con la firma de acuerdos, pero requiere un trabajo de hormiga que va más allá de este primer paso. Debe contar con la activa participación de la Comunidad Internacional, y con el desmonte paulatino de los ejércitos. Es decir, un  proceso de paz que logre superar las presiones, y se convierta en una política de Estado encaminada hacia la paz y no sólo a la dejación de las armas. Los problemas de este planteamiento tienen que ver con los ejemplos históricos en la historia colombiana respecto a los procesos de paz, desmovilización, desarme, reinserción e inclusión a la vida política. Dichos momentos en Colombia, se han traducido en el incremento de los asesinatos a líderes de izquierda que se incorporaron a la vida civil, recrudecimiento de la violencia política y de reposicionamientos estratégicos de las fuerzas en conflicto. Recordemos que la clase dirigente en Colombia ha gobernado por décadas y décadas el país, no valió Gaitán, ni Galán, ni Bernardo Jaramillo, ni Pardo Leal, ni Carlos Pizarro[6] que pudieran competir en el escenario electoral sin ser asesinados, y que la Constitución de 1991 en donde al parecer se abría la posibilidad de disputar pluralmente la escena política partidista, no garantizó el ejercicio de la oposición por las vías legales, después del exterminio de finales de los ochentas de la Unión Patriótica[7].

En segundo lugar, Arteta analiza la relación de las Fuerzas Armadas y el papel que deberían cumplir en un escenario de postconflicto. Una posición arriesgada y quizás imaginable, si las Fuerzas Militares y la Policía representaran el ideal de respeto a la población civil. Sin embargo, la depuración de estas instituciones, no es tarea fácil. No sólo son ciertos sectores políticos los que se declaran enemigos de las negociaciones de paz -como el ex presidente Uribe-, quienes poseen un gran poder, económico y político, sino también integrantes de las Fuerzas Armadas ligadas a estos grupos de poder, y a las mafias paramilitares que ejercen control local en diferentes regiones del país. Así las cosas, no se trata solo de depurar la institución militar, sino de un cambio profundo tanto en la política como en el modelo que defienden los agentes armados del Estado.

No en balde, uno de los primeros proyectos de Ley adelantados por el gobierno de Juan Manuel Santos al llegar a la presidencia, fue la ampliación del "Fuero Penal Militar" que buscaba que los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, sean juzgados por esa misma institución. En el papel, los crímenes de Lesa Humanidad serían juzgados por la justicia ordinaria en cumplimiento con el DIH, sin embargo, la interpretación respecto  a qué casos constituirían un crimen de Lesa Humanidad quedaría bajo la competencia de la Justicia Penal Militar. Y para ello, se define a su vez, lo que constituye un "blanco legítimo” con el fin de establecer las diferencias respecto a los crímenes ordinarios.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó en el Congreso los criterios que definirían un “blanco legítimo”, ya que este punto causó bastante revuelo en la opinión pública, pues en definitiva, blindaba los abusos de la Fuerza Pública tras la solapa de lo que estarían en legitimidad de hacer en ejercicio de su labor. Así, los casos para los que aplica son: violencia inusitada contra la población civil o las entidades del Estado, contar con mando y control unificado, y haber superado la capacidad del Estado. A su vez, agregó que se consideraría "blanco legítimo" las operaciones contra la población, en la medida en que esta actué en defensa de un grupo armado. Ese supuesto fue la base de la Doctrina de Seguridad Nacional desarrollada y promovida por EEUU en el marco de la Guerra Fría, y ha generado que incontables crímenes contra la población civil, hayan sido justificados en esta lógica militarista del Estado y permanezcan en la impunidad.

El proyecto de Ley, después de ser aprobado por el Congreso de la Nación, fue derogado por la Corte Constitucional pues encontró vicios de procedimiento en su aprobación. Es un gran paso, aunque aún falta ganar terreno en el debate sobre la responsabilidad del Estado en un importante número de crímenes, que permita resguardar el escenario político frente a los nuevos intentos de establecer mecanismos que favorezcan la impunidad, como ocurrió en otros procesos de paz o transición democrática en América Latina y el Caribe, como en El Salvador, Chile, Brasil y Argentina, que aun siendo diferentes entre sí, tuvieron en común la aplicación de leyes de impunidad que algunos casos más que en otros, han podido ser superadas en pro de la justicia.

Un tercer aspecto de discusión con Arteta es el papel de la comunidad internacional en las dos vías que menciona: financiación para el proceso de transición y protección de los miembros de la guerrilla (protección militar, que señala, "hay que dar por descontado"). Este aspecto es difícil desligarlo de los intereses geopolíticos que existen sobre Colombia y por supuesto, de los intereses de inversionistas extranjeros que se han estado beneficiando con la firma de acuerdos de libre comercio, "finalmente”, concretados durante la administración Santos. Ni que decir de la existencia de siete bases militares estadounidenses implantadas en el territorio colombiano[8] y la participación directa de personal militar privado, en operaciones conjuntas con el ejército colombiano en protección a multinacionales mineras, acciones que han derivado en masacres y asesinatos contra la población civil. Igualmente, ya se conocen las consecuencias que dejan las intervenciones militares extranjeras sobre territorios en conflicto. La pregunta sería ¿para qué mas ejércitos, y peor, extranjeros, si se está buscando la concreción efectiva del proceso de paz?, ¿No resulta contradictorio que después de desarmadas las FARC, necesiten de fuerzas extranjeras para ser protegidas?

En este sentido, Pilar Calveiro[9] ha señalado cómo la transición del mundo bipolar al mundo global, no acepta más el uso de la violencia... por fuera del monopolio del Estado, destinado en su mayoría a la lucha antiterrorista para mantener el modelo concentracionario. Así las cosas plantea que "El terrorismo comprende el uso de la violencia indiscriminada, por su intensidad y por sus medios, ejercida principalmente sobre población civil con el objeto de controlarla a través del terror. Como es evidente, el terrorismo más frecuente y feroz, tanto del mundo bipolar como del global, no es otro que el terrorismo de Estado".

Y es en este aspecto sobre el que se ha avanzado poco. En el contexto de barbarie simétrica de Colombia, según Iván Orozco, el terrorismo, entendido como la utilización de métodos que generan terror, ha sido ejercido por todos los actores armados, incluidas las fuerzas del Estado. Sin embargo, por  la duración y complejidad del conflicto colombiano, el concepto de Terrorismo de Estado no ha tenido la fuerza explicativa suficiente para dar cuenta de la violación de los derechos humanos por parte del Estado, como lo ha tenido en otros países como Argentina o Chile donde existieron dictaduras militares. Por ello, los movimientos de derechos humanos han recurrido a la figura de Crímenes de Estado. La situación que se resalta es la misma, la violación de los derechos humanos por parte de la institución que está obligada a protegerla, sin embargo, esta diferenciación da cuenta del tipo de violencia que ha existido en el país. No debe perderse de vista que, sea Terrorismo de Estado o Crímenes de Estado, el carácter sistemático es un asunto trascendental, pues evoca la existencia de unas causas de fondo por las que dicho terror es ejercido contra la población. Sin olvidar que es el Estado el que "cuenta, de lejos, con los mayores recursos de poder, incluida la fuerza"[10] y agregaría, los medios de inteligencia y espionaje[11].

Y así lo ha intentado plantear reiteradamente el movimiento de derechos humanos ante la indiferencia -no tanto del Estado como sería esperable- sino, sobre todo de la población colombiana en general. Las cifras de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado no han sido destacadas en ninguno de los informes producidos recientemente por el Centro de Memoria Histórica[12], pero si han venido siendo documentadas en los informes del "Proyecto Colombia Nunca Más"[13], la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el CINEP, entre otros. El caso del exterminio de la UP constituye un ejemplo emblemático del accionar del Estado. A tal punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos categorizó ese crimen como un genocidio, sentando una novedad histórica pues incluyó las razones políticas en ese delito contra la humanidad que desde su tipificación después de la Segunda Guerra Mundial estaba restringido a las razones étnicas.

Finalmente, valga resaltar una posición compartida plenamente con Arteta respecto al papel central que cumplen los movimientos sociales, que si bien no están sentados en la mesa, son trascendentales para lograr una paz con justicia social que llegue a ser duradera. Su trabajo no está en La Habana, ni en las conversaciones bilaterales entre el gobierno y las FARC, sino en la capacidad de construir una agenda propia que permita avanzar en materia de derechos sociales y políticos, así como realizar transformaciones fundamentales respecto a los problemas estructurales del país. Son estos, y no las FARC, quienes están en condiciones de garantizarle al país, un futuro diferente.


[5] En el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, se presentaron siete cortos sobre Colombia entre los que estaba “palabras armadas” (http://vimeo.com/39212071), un documental sobre la vida de Yedid Arteta.
[6] Jorge Eliecer Gaitan 1903-1948, candidato presidencial del partido Liberal, su asesinato desencadenó el Bogotazo. Luis Carlos Galán 1943-1989, candidato presidencial por el mismo partido. Jaime Pardo Leal 1941- 1987, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Bernardo Jaramillo 1955-1990, candidato presidencial de la Unión Patriótica.  Carlos Pizzarro 1951- 1990 comandante del M-19, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 tras la dejación de las armas.
[7] La Unión Patriótica fue un partido político fundado a mediados de los ochenta, constituía en principio, la posibilidad de participación política legal de varios grupos guerrilleros y principalmente de las FARC. Sin embargo, derivó en un distanciamiento de los grupos insurgentes, frente a la apuesta por lograr una paz negociada soportada en el escenario de las urnas. Contó con más de 5000 militantes en todo el territorio nacional, y fue el mayor genocidio cometido en el territorio por parte del Estado y de las fuerzas paramilitares, para acallar un movimiento político de oposición.
[8] Para tener un panorama exhaustivo de las implicaciones de las bases militares en Colombia y en el mundo ver artículo escrito por Renán Vega Cantor: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-52/las-bases-militares-en-america-latina-colombia-en-la-geopolitica-imperialis
[9]Pilar Calveiro. Usos políticos de la memoria. En: sujetos sociales y nuevas formas de la protesta. 2006
[10] Iván Orozco. Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina. 2005
[11] Ver el caso del Departamento Administrativo de Seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe Velez: http://lasillavacia.com/historia/10436
[12] reconociendo sin embargo, sus adelantos en otras materias del conflicto. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/
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