Tratamiento de guerra a la Minga colombiana
El gobierno colombiano da tratamiento militar a una
movilización social y ataca a los pueblos indígenas como si fueran actores
armados, denuncian las organizaciones convocantes de la Minga Social, Indígena y Popular.
Las movilizaciones,
iniciadas el 14 de octubre, fueron respondidas con “ráfagas indiscriminadas de
armas de largo alcance, gases tóxicos y otro tipo de armas, con prohibición de
uso en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, informó la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La Minga “se desarrolla en
cumplimiento de lo mandatado por las organizaciones de 44 expresiones que hacen
presencia en 28 departamentos del país, quienes representan las cuatro quintas
partes del Movimiento Indígena Colombiano”, afirmó la ONIC en un balance público.
Para el 19 de octubre, la organización reportó 15 mil indígenas movilizados en
Córdoba, mil en la Gobernación del Cesar, 4 mil en Antioquia, mil 100 en el
Huila, 3 mil 500 en el Tolima, 4 mil en el Valle del Cauca, mil en la Guajira,
600 en Nariño y 500 en Sucre. Las movilizaciones incluyen reuniones de pueblos,
encuentros culturales, discusiones, bloqueos carreteros parciales y marchas
pacíficas. Éstas últimas fueron atacadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD).
Las demandas centrales de la
Minga en esencia son contra el libre comercio y los megaproyectos de las
transnacionales, y se corresponden con las del mismo evento de 2004. Esta vez
-aunque con modificaciones repentinas- se resumen en territorio y tierras,
consulta previa en agenda minero-energética, ejercicio de autonomía y gobierno
propio, Tratado de Libre Comercio y política agraria, y derechos humanos,
conflicto armado y paz.
“El accionar desmedido,
desproporcionado y violento de la fuerza pública el día de hoy se suma a los sistemáticos
incumplimientos del Estado colombiano en contra de los pueblos indígenas”,
señaló el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN), organización a quien le bloquearon las listas de correo
electrónico. Los indígenas denunciaron el 18 de octubre que en tan sólo 20
minutos de ataques de los escuadrones antiguerrilla contra las columnas de
marchantes, se produjeron 14 heridos. Para la tarde del mismo día, los heridos
se elevaron a 39.
Los convocantes anunciaron
que la Minga seguirá, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza, siembra de
minas antipersona, amenazas a líderes, uso de armas de largo alcance y gases
tóxicos, retención injustificada de mil indígenas y disparos del ejército
contra los manifestantes inermes y la guardia indígena. Se teme una masacre,
pues el grupo paramilitar Los Rastrojos lanzó el 19 de octubre una amenaza
contra la Minga y los comunicadores populares. Las fuerzas policiacas y
militares utilizan también artefactos explosivos y machetes en sus ataques,
denuncian desde la Minga, y le amputaron la mano a un indígena. “El salvajismo
de la acción de la fuerza pública no tiene precedentes. Mientras esto es así,
hay un casi absoluto hermetismo en los medios de comunicación comerciales. No
existe para ellos la movilización indígena ni sus causas”, denunció el médico y
acompañante de los pueblos Manuel Rozental.
El ministro del Interior,
Aurelio Irigorri, declaró que revisará las peticiones de los indígenas, pero
advirtió que de ninguna manera considerarán la desmilitarización de los
territorios. El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
Eduardo Camayo, en entrevista a través del informativo Kueta Susuksa de Radio
Pa´yumat, comentó que el domingo 20 de octubre, ¨la comisión de la Minga
Indígena y Popular se reúne con delegados del gobierno nacional en la María
Piendamó para negociar los cinco puntos de agenda”. Dijo que hasta el momento
no han tocado los temas estructurales y que están en el debate de lo jurídico. “Apenas
vamos en el primer punto de la agenda. Cuando tomamos una decisión la
informamos a las comunidades movilizadas y hasta el momento eso ha sido bien
recibido”, puntualizó.
Con la advertencia de que
sus movilizaciones no deben ser utilizadas “por algunos únicamente para
alcanzar los resultados que pretenden de antemano en mesas de negociación con
el mal gobierno”, la organización de cabildos señaló que seguirán en sus acciones
no sólo contra el modelo económico del extractivismo “y el mal llamado libre
comercio”, contra el terror y la guerra “que nos mata y nos desplaza” y contra
la legislación del despojo, “sino que vamos a seguir construyendo nuestra
sociedad-otra y vamos a seguir ejerciendo desde abajo nuestro control
territorial, frente a todo actor y flagelo que desarmonice nuestro territorio”.
La primera Minga, una
movilización de amplio alcance, se desarrolló de 2004 a 2008 y se basó en cinco
puntos. “Levantarnos en Minga es simultáneamente rechazar a quienes han
pretendido mandar, vengan de donde vengan”, declaró el Tejido de Comunicación.
En 2009, el académicos y activista Manuel Rozental explicó que “La Minga es una
práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes, que se nombra de
otras maneras entre otros pueblos y procesos en el resto del
continente y del mundo. Es el trabajo colectivo para lograr un propósito común.
Las Mingas no tienen dueños”.
Escenario de guerra
“La Policía, Ejército,
ESMAD (antimotines) y efectivos policiales vestidos de civil, están rodeando a
la gente, disparan indiscriminadamente, entrando a los campamentos ubicados a
cuatro kilómetros de la carretera Panamericana, donde se resguardan mujeres,
niños y niñas”, denunció la ONIC, mientras los servicios sanitarios no tienen
acceso a los heridos.
“Escuadrones antiguerrilla
se ubican en las montañas disparando en contra de la Minga. La Policía,
Ejército, ESMAD y efectivos policiales vestidos de civil, están rodeando a la
gente, disparan indiscriminadamente, entrando a los campamentos ubicados a
cuatro kilómetros de la carretera Panamericana, donde se resguardan mujeres,
niños y niñas”, relató la organización indígena.
El consejero mayor de la
ONIC, Luis Fernando Arias, dijo a Telesur que “las represiones se
intensificaron desde primera hora de este viernes a pesar del compromiso del
ministro del Interior, Aurelio Iragorri, de retirar a la Policía y el Ejército
de los puntos de concentración de los indígenas”.
“Dentro de las acciones
legitimas de las comunidades indígenas en defensa de la vida y del territorio,
la autonomía, y los derechos humanos; se retuvo a un miembro del ESMAT, de
nombre Jorge Luis Feria Salgado, oriundo de la ciudad de Cali-Valle, al cual se
ha respetado la su integridad física, y en el momento se encuentra custodiado
por la autoridad tradicional y la guardia indígena, hasta que hayan las
condiciones para la entrega a los organismos defensores de derecho humanos”,
destacó la ACIN.
Las autoridades tradicionales
indígenas solicitaron la intervención de defensores de derechos humanos
nacionales e internacionales para frenar el uso de la fuerza del Estado contra
los manifestantes. Telesur informa que los manifestantes continuarán en forma
indefinida la Minga nacional, hasta que el presidente Juan Manuel Santos reciba
a sus representantes para debatir con ellos el pliego de peticiones, que consta
de 95 páginas, y asuma el compromiso de solucionarlos.
Los wayuu mantienen
parcialmente tomada una vía férrea en protesta por la represión a la Minga.
Estos comuneros –ubicados en el departamento de La Guajira- están afectados por
la minería, y exigen el cese del extractivismo y la salida de las empresas
multinacionales. Los campesinos también amenazaron con reiniciar su paro
agrario, debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el
gobierno.
A la Minga se agrega la posibilidad de que el paro
agrario se retome de forma inminente, pues los campesinos organizados en las
Dignidades Agrarias, que protagonizaron el reciente paro, se levantaron el 19
de octubre de las mesas de diálogo con el gobierno, cansados de las tácticas de
dilación y los incumplimientos del gobierno.