Paro agrario en Colombia: modelo extractivista y acumulación de tierras, los avances de las luchas populares y un futuro abierto

por Diego M. Higuera, Laura Acebedo, Federico Bernal y Gabriel Tolosa Chacón, integrantes del Colectivo Colombianxs en el Sur



Desde el pasado 19 de agosto, diversos grupos, movimientos sociales, sindicatos y gremios convocaron a manifestarse a través del Paro Nacional Agrario y Popular. Entre los convocantes se encuentran sectores de la producción minera y de transportes, pequeños campesinos, comunidades indígenas y afro, gremios cafeteros, arroceros, paneleros, paperos, cacaoteros, ganaderos, pequeños mineros y camioneros.

Este proceso movilizó miles de persona a las vías y calles de más de la mitad de los departamentos (equivalente colombiano de las provincias), con posterior presencia en 30 de las 32 principales ciudades. Las movilizaciones son el resultado de la acumulación de diversas luchas de las organizaciones campesinas, del deterioro en las condiciones productivas y de vida de las poblaciones rurales, la firma de múltiples tratados de libre comercio y las consecuencias negativas del modelo neoliberal implementado hace dos décadas.

Durante los últimos años, las protestas en el campo se han originado por la ausencia de políticas públicas coherentes que garanticen, entre otras cosas, asistencia técnica, facilidad en la consecución de insumos, comercialización, créditos, subsidios y protección de los productores locales frente a la competencia extranjera. La implementación del neoliberalismo durante la década de los noventa fomentó el desmantelamiento de las instituciones estatales dirigidas a la producción rural y el quiebre de varios sectores, como el algodonero y el cerealero, en pro del fortalecimiento de otros, con mayor inserción global, como es el caso de los floricultores.

Ante la disminución del trabajo y las ganancias, los peones y pequeños productores debieron abandonar sus tierras y desplazarse hacia las periferias. Muchos de ellos se dedicaron al único cultivo rentable, la coca, mientras que los grandes productores siguieron acumulando tierras. La acumulación de tierras aumentó la ganadería extensiva y los cultivos de palma de aceite y, en menor medida, los de caña de azúcar. Esto ocurrió en medio del conflicto armado, cuyos principales damnificados son los campesinos minifundistas quienes, además de colocar la mayor parte de muertos en la guerra, perdieron siete millones de hectáreas de tierra a manos, fundamentalmente, de los grupos paramilitares y sus aliados (partidos políticos tradicionales, élites locales, narcotraficantes, miembros de las fuerzas militares y multinacionales).

Ante tal panorama, a mediados de los noventa, los campesinos, sembradores de coca, indígenas, desplazados de sus tierras y peones rurales, realizaron una serie de protestas en distintas regiones, las cuales fueron enérgicamente estigmatizadas y reprimidas por los gobiernos de turno, con el argumento de que las protestas estaban infiltradas o eran motivadas por las guerrillas.

Desde el año 2000, el gobierno colombiano inició la negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC's) con varias potencias, cuya producción agrícola está subsidiada. Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe se terminaron de negociar los tratados y se firmó con Canadá. A su vez, los congresos de Estados Unidos y la Unión Europea rehusaron firmar los tratados debido a las múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la administración Uribe. No obstante, con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia y su estrategia de ‘edulcoramiento’ del conflicto social, la firma de los acuerdos fue un simple trámite legislativo.

A lo largo de la última década las políticas agrarias que benefician a los sectores terratenientes se mantuvieron. Por un lado, los millonarios fondos destinados a ‘compensar’ la producción agrícola afectada por los TLC’s quedaron en manos de altos funcionarios uribistas y sus amigos terratenientes. Por el otro, de manera paulatina los TLC’s entraron en vigencia, sin que el Estado colombiano pudiera compensar sus nefastas consecuencias sobre la producción agropecuaria nacional.

El resultado esperable de la combinación entre una política agraria regresiva y la indiscriminada apertura de mercado, fue la quiebra escalonada de productores en distintos sectores y regiones. Desde 2010, lecheros, cafeteros e indígenas del Cauca adelantaron las primeras manifestaciones con amplia repercusión. A finales del año pasado y durante todo el 2013, se sumaron los productores cebolleros, paperos, paneleros, ganaderos, cacaoteros y arroceros. Para desarmar la protesta, la estrategia del gobierno Santos fue la amalgama de represión y negociación parcial con algunos sectores. Debido a que el gobierno incumplió la mayor parte de estos acuerdos parciales, desde julio de este año las manifestaciones tomaron nueva fuerza.




¡Paro Nacional, agrario y popular!

Sectores agropecuarios de diferentes regiones del país, junto con movimientos sociales, sindicatos, gremios y organizaciones de izquierda, iniciaron procesos de articulación para exigir una política agropecuaria integral y la derogación o renegociación de los TLC’s (aquí puede verse el pliego de peticiones: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172737). Las acciones conjuntas iniciaron a finales de junio contra los altos costos de los insumos agrícolas, los bajos precios de venta de productos de exportación, el rechazo a la importación de alimentos y la prohibición del uso de semillas no patentadas, como parte de los acuerdos de los TLC’s. Este último punto merece una mención especial, puesto que favorece la comercialización de semillas producidas por las multinacionales agrícolas, como la Monsanto y la Drummond (El documental 9.70 muestra el caso particular de los productores de arroz: http://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g).

A la protesta se unieron los mineros artesanales y medianos quienes han sido perseguidos por el Estado, con el fin de entregarles el negocio a las transnacionales mineras. A su vez, el gremio de camioneros comenzó a movilizarse desde el 20 de agosto para reclamar por los altos costos de los combustibles que afectan la rentabilidad de los empresarios y los sueldos de los trabajadores. En las últimas semanas también se unieron los trabajadores de la salud por la grave crisis que afronta el sistema sanitario y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la cual, desde el 2011 se opone a la paulatina privatización del sistema de educación superior y lucha por la democratización del mismo. El gobierno nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos, primero ignoró y minimizó el alcance de las protestas, con la complicidad de los grandes medios de comunicación y, al mismo tiempo, ordenó la represión.

Veamos esquemáticamente algunos logros de estos procesos y sus implicaciones, antes de reflexionar sobre el escenario futuro:

I. Unidad: el movimiento campesino e indígena tiene una larga tradición de organización y lucha que alcanzó altos niveles de movilización con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), conformada en 1967. Aunque haya sido una iniciativa gubernamental, fue la última organización campesina capaz de desarrollar acciones masivas de orden nacional, entre las que se resaltan su activa participación en el último gran paro nacional de 1977. De forma similar a ése momento, las actuales movilizaciones han logrado el apoyo y la participación de poblaciones urbanas de estratos populares, medios e incluso altos.

La articulación de grupos diversos, que no se movilizaban de forma conjunta desde aquél paro nacional de 1977, más la participación de otros que nunca antes habían salido a las calles es el resultado, por un lado, de la legitimidad de los reclamos y por otro lado, de la experiencia organizativa acumulada en los últimos años de lucha contra las reformas neoliberales, el imperialismo norteamericano y el despojo de territorios y culturas. Experiencias como la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, entre otras, han sido decisivas para la coordinación y organización masiva del actual paro y la consolidación de una agenda política común.

II. El silencio de los medios de comunicación y el Estado represor al descubierto: los grandes medios de comunicación ignoraron el paro mientras el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía –ESMAD-, en coordinación con el Ejército, salió a las calles y pueblos y recurrió al uso de armas convencionales y no convencionales y al vandalismo para reprimir la protesta. Varios manifestantes registraron los abusos cometidos por las fuerzas del Estado para mostrarlos en Internet y difundirlos por las redes sociales (https://www.facebook.com/photo.php?v=1422677724624493&set=vb.100006468382075&type=2&theater).

La brutal represión por parte del ESMAD que ha dejado 252 personas heridas (21 de ellas con heridas de bala), 12 personas muertas y 4 desaparecidas tras 24 días de paro, no obedece a la coyuntura, es una forma de actuar optimizada durante los ocho años de presidencia de Uribe y la injerencia militar norteamericana. Basta recordar el asesinato a golpes de Nicolás Neira, joven militante de 15 años, en la conmemoración del primero de mayo de 2005. Ese mismo año, en el marco de las protestas indígenas en la provincia del Cauca, mientras que el ESMAD apaleaba a los manifestantes e incendiaba sus campamentos, otros escuadrones de la policía disparaban armas de fuego contra sus propios compañeros para acusar a los manifestantes (http://www.youtube.com/watch?v=lT9X8yRazA4). El video grabado por los indígenas corroboró cientos de denuncias desestimadas por el entonces presidente Uribe.

Así como el ESMAD ha entrado decenas de veces a las universidades públicas para reprimir la protesta estudiantil, recurriendo al uso desmedido de gases lacrimógenos y a la destrucción de la infraestructura universitaria para luego inculpar a los manifestantes, hoy en día destruye las casas de campesinos en todo el país. Las grabaciones de los abusos policiales han sido una herramienta de denuncia que le ha otorgado gran legitimidad al paro, desmintiendo la estigmatización de la protesta social y rompiendo el silencio impuesto por los grandes medios, evidenciando así la simbiosis de éstos con el gobierno. De este modo, la respuesta soberbia y violenta del Estado y su permanente ejercicio de violación de derechos ante la justificada, masiva y continua protesta, generó gran solidaridad dentro de sectores sociales poco movilizados.

III. El modelo en cuestión: en Colombia el neoliberalismo se ha impuesto como un dogma. A pesar de la valiente oposición de varios sectores, las políticas de liberalización fueron implementadas: radical flexibilización laboral, privatización de las empresas de servicios públicos, un sistema de salud y previsional completamente mercantilizado, adjudicación de las obras públicas a constructores privados, etc. El Estado cumple fielmente con los pagos de la deuda, congela el salario mínimo, con medidas restrictivas busca controlar los índices de inflación mientras amarra la inversión social en educación, salud y vivienda. Corolario de esta tragedia invierte el 6% del PIB en las fuerzas militares.

El año pasado, desde el puerto de Barranquilla, los presentadores de los noticieros mostraban entusiasmados dos contenedores, uno con la bandera de Colombia y otro con la de los Estados Unidos. Sonrientes, anunciaban el comienzo del TLC con la potencia del norte. En las calles, sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales denunciaron las consecuencias de los tratados ante la mirada indiferente de los transeúntes y las risas de los economistas que dirigen las políticas del país hace años. Hoy las consecuencias afectan a tal cantidad de colombianos que resultan inocultables, a tal punto que Colombia es el segundo país más desigual del continente. Las medidas que intenta adoptar el Estado para frenar el descontento están lejos de su retórica de paz pues pretenden no afectar los acuerdos que sostienen el modelo neo extractivista y sólo agravan el profundo conflicto que desangra a Colombia hace décadas.


III. América Latina y el extractivismo: La problemática colombiana hace parte de una dinámica global y regional, aunque presenta algunas especificidades tanto por su ubicación geográfica estratégica, como por la persistencia del conflicto armado interno. El despojo de la soberanía alimentaria en favor de la agroindustria y el otorgamiento de facilidades a la megaminería trasnacional son comunes a todos los países del Continente. La dependencia de los países industriales a diferentes minerales, petróleo y, en general, las materias primas abundantes en la región, ha derivado en gran presencia de intervención extranjera, en desmedro de los intereses de los pueblos, acompañada de una presencia militar que ha consolidado el despojo de la tierra como principal fuente de acumulación y atesoramiento. Colombia tiene palma, petróleo, carbón, oro, coltán, estaño e incluso cocaína, los cuales generan enormes flujos de dinero hacia los países del norte. Las elites locales se quedan con exiguas ganancias, a la vez que reparten algo de “modernidad” en las zonas metropolitanas para mantener la ficción del desarrollo, basada en altos niveles de consumo.

Escenarios a futuro
Colombia es un país de urbanización tardía, incluso hoy día el 37% de la población vive en el campo, y esto explica en parte la fuerte identificación de los habitantes de las ciudades con elementos de la cultura y la simbología campesina. En las plazas de Bogotá, personas de sectores medios nunca movilizadas estaban vestidas con ruanas, golpeando cacerolas en solidaridad con el paro. Sin embargo, no todos los campesinos usan ruana, este tipo de poncho fabricado con lana ha sido utilizado por los campesinos andinos de las zonas frías, muchos de ellos de los departamentos aledaños a Bogotá. En las últimas dos décadas cerca de cinco millones de campesinos -la mayoría colonos de tierras cálidas- han sido desplazados de sus tierras y otros tantos viven en la pobreza, sin mayores protestas urbanas. Como en otros países de la región, el centralismo juega un papel importante en potenciar u ocultar las protestas, en este caso, el levantamiento de campesinos que rodean la capital y que cuentan con recursos ha fortalecido el paro. Por ello, el gobierno está buscando fragmentar el movimiento negociando con los campesinos de tierras frías.

Sin embargo los alcances del paro son históricos porque grupos y sectores muy heterogéneos lograron articularse, con el apoyo de millones de ciudadanos en las calles y las redes sociales. Por sí misma, esta convergencia es un éxito substancial, al que se suma la contundente demostración de la crisis social generada por años de ortodoxia neoliberal. El uso desesperado y desmedido de la violencia por parte del Estado evidenció su estrategia centrada en la violación de los derechos humanos y el cercamiento de la movilización social, mientras pregona fuera de Colombia la supuesta pacificación del país. Además de su complicidad y parcialidad con los grandes medios de comunicación, en manos de tres oligopolios (RCN, El Espectador y el Grupo PRISA).

Ahora bien, la coyuntura está haciendo posible la discusión sobre el núcleo del problema social colombiano: un modelo que busca la salida de los pueblos de sus territorios para la acumulación de una minoría y el desarrollo de las actividades extractivas transnacionales. Ese proceso está exacerbado por un conflicto armado –alimentado por el narcotráfico-, en el que los principales afectados son los pobladores rurales que se han visto despojados de sus tierras y pertenencias cuando no asesinados, como muestra detalladamente el último informe del Centro de Memoria Histórica (http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html).

¿El Estado desmotado por el neoliberalismo y reconfigurado para limitarse a una labor policial tiene capacidad de revertir la situación? El embajador estadounidense en Colombia dijo hace unos días que el TLC no era derogable, con lo cual ese punto no está en la agenda del gobierno. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la institución que otrora comandó el fallido intento de reforma agraria de los años sesenta, hoy es la encargada de verificar la quema de las semillas tradicionales que afectan las ganancias de la Monsanto y la Drummond.

¿Tiene el Estado capacidad para renegociar los TLC’s o destinar los recursos y crear las instituciones que garanticen la forma de vida de los pequeños campesinos, la autonomía de las comunidades indígenas y afrocolombianas? ¿Cuál es el poder real del Estado frente a las trasnacionales y cuál debe ser la respuesta de los pueblos cuando sus supuestos representantes han empeñado el país en beneficio de unos pocos? El impulso de un mandato popular y ciudadano que decrete el rechazo al libre comercio indiscriminado, que garantice la salida del país de las transnacionales que se están adueñando de la soberanía alimentaria y determine la protección de las comunidades ante los usurpadores de la tierra. Todo parece indicar que los distintos sectores sociales debemos consolidar las formas democráticas y pacíficas inventadas en los últimos años, construyendo una agenda autónoma para salir del abismo al que nos conduce la feroz violencia del capital global y el conflicto social interno.

Así como la Mesa Nacional Estudiantil con gran coherencia, imaginación y legitimidad, detuvo la reforma universitaria y obligó al Estado a sentarse a negociar, el Paro Nacional Agropecuario obligó al gobierno a desdecir sus mentiras. Todos los colombianos y colombianas, con el apoyo de los movimientos sociales del continente, debemos mantener la unidad para sentar al gobierno y exigirle que los recursos e instituciones del Estado sirvan a los pueblos, no a las trasnacionales y a los acumuladores de tierra. Ese es el único “Acuerdo Nacional” que garantizará la vida de nuestros pueblos.
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