Orden y Progreso: ¿Para quién?

Sobre las protestas urbanas en San Pablo durante los últimos días
por Lucas Amaral de Olivera y Rafael de Souza
Brasil es una democracia representativa. De tiempo en tiempo podemos levantarnos e ir a elegir a nuestros gobernantes, con la esperanza –muchas veces mínima- de poder promover cambios efectivos en nuestro país. También estamos seguros que habrá relevos en los liderazgos políticos de las distintas coaliciones y los cargos a los que aspiran. Es decir, existe toda una arquitectura institucional funcionando regularmente que, felizmente, no da señales de poder rupturas sustantivas en cuanto a sus mecanismos democráticos de constitución del orden. Sin embargo, no sólo de elecciones se hace una democracia.
No podemos negar que Brasil pasa hoy por tiempos mejores, sobre todo si comparamos respecto a los años de la tiranía de la dictadura. El país está en una posición privilegiada, con una moneda fuerte, el desempleo alcanza cerca del 4% de la población económicamente activa, el consumo es considerablemente alto; sin dudas que la economía está en su mejor condición en muchos años. Sin embargo, no sólo del PIB vive la democracia.
En ningún momento todo ello se invirtió en una mejora significativa para la mayoría de la población. Tenemos una democracia, si. Sin embargo podemos definirla como una “democracia ritual”. Al contrario de lo que se dice recurrentemente, en Brasil no se vive un Estado de bienestar social y de libertad amplia de derechos. Una democracia plena debiera reflejar el grado de adhesión a una cultura del disenso. Es decir, el conflicto de ideas, valores y utopías debería ser fundamental para la creación de nuevos proyectos sociales y la implementación de una relación mutuamente constitutiva entre la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, las banderas de la “cooperación” y el “orden social” como condiciones para alcanzar el “progreso” económico, han obligado al Estado brasileño a un tipo de desarrollo sostenido en la exclusión sistemática de los movimientos sociales y las alternativas políticas que cuestionen el modelo actual de crecimiento.



La tolerancia respecto a las expresiones de disenso debiera ser el logro máximo de los principios republicanos de participación, inclusión social y ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Los movimientos sociales, en sus múltiples dimensiones y ámbitos de interés, representan justamente los impulsos de auto-transformación y auto-gobierno de una sociedad.
Aquí tiene sentido traer al debate el concepto sociológico de “cultura política”, referido a un conjunto de ideas y valores que dan cuenta de la relación de la ciudadanía con las instituciones políticas. La cultura política orienta, de manera general, el modo en que las personas dan sentido a las instituciones, la clase política y los episodios de conflicto. Ella se puede expresar también en la forma en que las autoridades políticas lidian con el conflicto social, promoviendo o excluyendo determinados derechos ciudadanos.
En la fatídica noche del pasado jueves 13 de Junio, São Paulo quedó envuelta por una nube de gas lacrimógeno y su piel marcada por las balas de goma. La ciudad más grande de América Latina, la “locomotora de Brasil”, vio como más de diez mil personas salían a la calle a demostrar su insatisfacción por una serie de cuestiones, que van mucho más allá del mero aumento del precio del pasaje del transporte público –que subió de R$ 3.00 a R$3,20 la última semana-. Fue la cuarta gran manifestación en la ciudad, organizada por el Movimiento Passe Livre (MPL), en protesta por los precios abusivos del transporte público. Tuvimos una noche de jueves llena de escenas casi de guerra –la militarización del centro de la ciudad fue una realidad-, con un balance de más de 250 detenidos y cerca de 50 heridos, entre ellos siete reporteros de Folha de São Paulo, el periódico de mayor circulación de la ciudad.




La Policía Militar del Estado de São Paulo (PM), truculenta como siempre –no podía ser de otra forma, dada su herencia patológicamente militar y dictatorial-, creó un caos en las avenidas centrales de la capital paulistana, deteniendo inocentes, la mayoría de ellos desarmados que gritaban a cada instante “sin violencia” (não-violência), agrediendo a reporteros, y disparando balas de goma contra jóvenes que imploraban por calma.  Además, como dijo un periodista respecto a la cobertura mayoritaria de los medios de comunicación, “mientras ayer orinaban sobre las personas, la prensa decía que era lluvia”.
Sin embargo, el movimiento demostró que las protestas no podían ser sólo resumidas bajo la consigna de veinte centavos; más bien, abrieron la duda sobre la ceguera e incompetencia de los gobernantes por entender lo que la ciudadanía está comenzando a reclamar: un país mejor, una nación que tenga el derecho a salir a la calle a reivindicar un futuro más digno y una democracia más sustantiva. Es importante decir algo fundamental: obviamente –y no es necesaria demasiada inteligencia, información ni formación política para entenderlo- no se trata de sólo de los 20 centavos. Nunca lo fue. Más bien, esos centavos fueron la gota que rebalsó el vaso de la insatisfacción generalizada.
El descontento se expresa contra un modelo de ciudad y de administración de la misma, en el cual el transporte colectivo, basado en concesiones privadas, cobra tarifas que están lejos de ser proporcionales a la calidad de los servicios ofrecidos. Se trata también del hecho que 37 millones de brasileños están excluidos del sistema de transporte por no tener cómo pagarlo –consideremos que el transporte es, en promedio, el tercer mayor gasto de los brasileños, según los reportes del Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE)-. Se trata de la diferencia casi esquizofrénica entre los mínimos aumentos del salario mínimo, las tarifas del transporte público y la inflación. Se trata de la pésima calidad y eficiencia del sistema –basta andar en bus, metro o tren en São Paulo-. Se trata también de la suma de muchos otros malestares que están también manifestándose en otras país: el derecho a utilizar los espacios públicos de una ciudad culturalmente rica y supuestamente libre, pero que es caótica, inasible y casi completamente entregada al capital privado. Pero también se trata del derecho a existir a pie, en pie, a ser un peatón con voz, distinto de los artefactos metálicos que circulan sobre ruedas y a bocinazos por las calles de la ciudad.
Nuestra ciudad no son solamente automóviles, desarrollos inmobiliarios y centros comerciales para recibir con entusiasmo a los turistas de la Copa del Mundo. Al menos, no debiera serlo en una sociedad verdaderamente democrática preocupada por la calidad de vida y los derechos de sus ciudadanos. Las manifestaciones, cuya mecha fue prendida por el aumento de la tarifa del transporte colectivo, tienen como telón de fondo un proceso de años que ha venido transformando nuestras ciudades cada vez en espacios más hostiles y ajenos a quienes las habitan. De eso se trata.
La policía, obedeciendo ordenes del gobierno estadual –e instigada por las editoriales de los diarios de mayor circulación del Estado, Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo- utilizó la noche del jueves todo su aparato pesado, incluyendo las fuerzas de choque, helicópteros, perros y caballos, con el objetivo de impedir que la marcha llegase a la avenida más importante del país, la Avenida Paulista. Para impedir que los manifestantes tomaran la avenida, la policía actuó haciéndose del control de la misma; así comenzaron los enfrentamientos más graves, que incluyeron agresiones unilaterales de las fuerzas del orden, arrestos injustificados y “preventivos”, muchos de ellos sin pruebas o, en algunos casos, completamente ilegales y arbitrarios –entre ellos la irónica detención de un hombre por portar una botella con vinagre en su mochila, que utilizaría para apaciguar el ardor de los gases lacrimógenos y el gas pimienta-.  Todo fue registrado por la televisión y cientos de celulares. Sin embargo, el gobierno del Estado, apoyado por el gobierno de la ciudad, dejó en claro que no se puede atentar contra el patrimonio público, pero sí, impunemente, atentar contra la ciudadanía y convertir un área completa en un estado de excepción.




El jueves quedó demostrado que en Brasil existe una cultura política que afirma que cualquier respeto por derechos fundamentales debe ser sometido al escrutinio vigilante de las burocracias oficiales. En vez de una manifestación libre donde se expresen las divergencias –un derecho que debiera ser universal e irrestricto-, tenemos una situación de jerarquización de los individuos en función de su identidad como ciudadanos. Con esto, el Estado está diciendo que ser ciudadano no significa organizarse, protestar, hacer valer la propia voz, proponer cambios para una mejor sociedad.
En un Estado que se dice democrático, la integridad física y moral de sus ciudadanos debiera siempre ser un valor mayor que la integridad de las vías para la circulación fluidas de los vehículos. Es cierto, hubo algunos vidrios quebrados, algunas avenidas fueron bloqueadas, se quemó basura, etc.; pero nada de ello se compara con la violencia y el sádico frenesí de algunos miembros de la policía –tanto en la periferia, donde es recurrente y poco reportada, como ahora en el centro de nuestra ciudad excluyente-. Nada tienen que ver con las acciones de esta institución que nació enferma, y que sigue siendo la principal patología del Estado paulista. Se puede argumentar –cómo se hace con frecuencia y no sin razón- que la policía está compuesta también por trabajadores precarios, aunque no por eso son inocentes. No es posible sostener la teoría de la subordinación absoluta y la disciplina ciega como para justificar crímenes y violencia. Si la policía golpea y dispara por la espalda y a los ojos de los manifestantes, todo el aparato militar de la policía paulista debe ser examinado. La misma institución que  frecuentemente es puesta en tela de juicio por organismos internacionales y cuyo cierre ha sido promovido por la ONU. Si con las cámaras prendidas actúan de ese modo, ¿cuál será el modus operandi y la eficiencia táctica de esta policía –según investigaciones, la que más personas asesina en el mundo- en el “silencio de la noche” y en los rincones paulistas donde no llega la prensa? Nuestra hipótesis es que lo que hemos visto estos días en el centro de São Paulo es sólo una sinopsis, un teaser, un pequeño trozo de lo que ocurre cotidianamente en las periferias de las grandes ciudades brasileñas.
Lavarse las manos en un momento como éste, tal como lo ha estado haciendo hasta ahora el prefecto Fernando Haddad, es pactar con la ignominia, es ser indiferente a las luchas y las demandas de la población. Sociológicamente hablando, nuestra democracia política está más o menos paralizada, como quedó en evidencia el pasado jueves cuando el discurso que primaba era el del conflicto social como mera expresión del desempleo o manifestación de alienados contra la dirección política del gobierno. Cualquier manifestación demandando derechos o exigiendo mejor calidad en la provisión de los bienes públicos ha sido encarada por la clase política y las burocracias estatales a través como protestas mínimas o expresiones marginales frente al orden social. La participación y la disidencia son vigiladas y reguladas en función de su cooperación a la mantención del orden. Tal vez más que nunca Brasil esté desplegando con fuerza, de manera jerarquizada y autoritaria, el lema de su bandera: Orden y Progreso.
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