Basta de guerra: repensar las políticas sobre drogas

por Lucas Gordon


En torno a las actuales discusiones respecto de las políticas de drogas en el mundo, mucho se habla de los posibles efectos positivos de la legalización: vaciar la fuente de renta del crimen organizado, acercar los usuarios al sistema público de salud, controlar la calidad de las sustancias consumidas, liberar el desarrollo de investigaciones científicas con sustancias hoy ilegales y demonizadas, liberar de la tutela del Estado el uso de su propio cuerpo por parte de los individuos. Por otro lado, también mucho se argumenta sobre los efectos supuestos de la prohibición: impedir el acceso de la población a las drogas, proteger a la sociedad de los males de las drogas, combatir el crimen organizado. Muy fácilmente hoy se encuentra material en donde se refuta cada uno de estos argumentos prohibicionistas, dado que el uso de drogas aumenta a cada año, la magnitud de los daños de las drogas es cada año peor y los narcotraficantes cada vez más están orgánicamente vinculados a políticos y fuerzas estatales. Lo que hace falta es llamar la atención acerca de los otros efectos de la prohibición, no en el sentido de lo que la prohibición impide sino de los efectos "escondidos", no comentados ni alabados, que esta guerra impone a la sociedad.

Aunque algún tipo de prohibición de una u otra sustancia sea común a prácticamente todos los países ya antes de la mitad del siglo XX, es importante tomar en cuenta que el contexto en el cual las leyes más rígidas fueron adoptadas en América Latina se caracteriza por imposiciones de tratados internacionales de la ONU y por épocas de dictaduras (Brasil y Argentina). Los países andinos son el caso claro de cómo las leyes prohibicionistas más duras de la región llegan por influencia externa de políticas globales, diseminadas en el mundo por el modelo estadounidense y su presunta "war on drugs"(guerra a las drogas). La contradicción hoy es aberrante, dado que muchos estados de EEUU tienen legislaciones de legalización de la marihuana medicinal (y recreativa) mientras el gobierno federal sigue imponiendo sus políticas e ideología prohibicionistas al resto del mundo.

Criminalización de la pobreza - Los EEUU tienen el 5% de la población mundial, pero albergan el 25% de la población encarcelada de todo el mundo. Su modelo de criminalización generalizada tiene en la "guerra contra las drogas" un fuerte auxilio operativo. En Argentina eso se puede observar también en los números: en 1985, los crimines relacionados a las drogas eran causantes del encarcelamiento del 1% del total de la población carcelaria, en el año 2000 este porcentaje alcanza al 27%, según un estudio publicado en 2010 por la WOLA (Washington Office on Latin America). No hay dudas de que la parte vulnerable del sistema del narcotráfico son las clases más pobres: el brazo armado, descartable; los pequeños traficantes; individuos que deciden comercializar para alcanzar un ingreso mínimo. El machismo también cumple su rol en este caso: las mujeres suelen tener los puestos más bajos en este negocio y tienen que recurrir a él para garantizar la renta de una familia que a veces no tiene una fuente de renta paterna. El resultado: En Argentina entre un 65% y 80% (dependiendo de la penitenciaria) de las mujeres detenidas están en la cárcel por crímenes relacionados a las drogas. Muchas de las familias de estas mujeres se encuentran entonces en condiciones de mayor vulnerabilidad social, que empuja a los jóvenes a opciones de riesgo.

Los datos de la propia ONU nos dicen que menos del 5% del valor del monto total generado por el narcotráfico global se queda en los países productores, más del 95% termina girando en bancos estadounidenses y europeos. Esta lógica es la misma en términos sociales: los pobres sacan una parte ínfima del lucro del negocio del narcotráfico pero son la parte más vulnerable a sufrir las penalidades de la ley, encima sirven de supuesta prueba de que la represión funciona: todos los días en los noticieros nos informan que un narcotraficante más fue preso, pero nunca es una persona blanca, rica, amigo de políticos o político mismo, estos no son los verdaderos objetivos de la actual represión.

Precarización de la salud del pueblo - Uno de los grandes temas actuales de preocupación de los medios corporativos de comunicación es el crack/paco. Lo presentan como el demonio en forma de piedra. Lo que no se comenta es que el paco es un resultado directo de la represión a la producción de las drogas: con el objetivo de dificultar el refinamiento de la cocaína, los gobiernos dificultaron el acceso a ciertas sustancias necesarias para su producción. ¿Qué hizo entonces el mercado negro, empujado por la lógica del lucro capitalista? Bajó la calidad del producto para mantener el lucro, empezaron a vender droga de muy baja calidad, que no necesita del proceso de refinamiento que la cocaína requiere. Este fenómeno no es exclusivo de la cocaína: de hecho, la mayor parte de las muertes por sobredosis de drogas como heroína y coca se deben a que los usuarios no tienen control sobre la calidad de la sustancia que consumen, y cuando por suerte o azar consiguen algo muy puro terminan por usar algo mucho más concentrado de lo que su cuerpo esta acostumbrado, entrando así en colapso. La lógica del capital funciona así incluso para las sustancias hoy legales: se aumenta el impuesto sobre el alcohol y el tabaco y el resultado de eso es que los ricos siguen consumiendo sus drogas de buena calidad, mientras que los que tienen menos ingresos tienen que recurrir a versiones "truchas", falsificadas, y de obviamente menor calidad. No solo opera el estigma de usuario de droga ilegal que aparta muchas veces al individuo del sistema de salud pública, sino que también las lógicas prohibicionistas y capitalistas afectan la salud de los usuarios de las drogas hoy legales.

Tutelaje estatal sobre los cuerpos - Así como en el caso de la criminalización del aborto, la prohibición de las drogas genera una injerencia del Estado sobre el cuerpo de los individuos, moraliza los actos privados con reglamentos y morales muchas veces de orden religiosa. El Estado no reconoce la autonomía de los individuos en relación a su propio cuerpo, lo cual es un contrasentido jurídico aberrante, en la medida que el intento de suicidio no es legislado como crimen. La misma sociedad que promueve el trabajo intenso e insalubre, la vida en ciudades polucionadas y llenas de accidentes de autos, que se alimenta de vegetales y carnes llenas de venenos, criminaliza a los individuos por elegir por voluntad propia consumir una sustancia específica, y dice hacerlo para proteger su salud.

El contexto actual de movilización internacional y notoriedad del fracaso de la actual "guerra contra las drogas" es propicio para el debate sobre las políticas de drogas. Toca a la izquierda tener en cuenta los diversos efectos que la actual política proporciona y pensar sus propias alternativas, de lo contrario el espacio va a estar abierto a las soluciones liberales y capitalistas, que mucho tienen para lucrar con la apertura de un nuevo mercado combinado con la manutención del encarcelamiento masivo.
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