¿Qué pasó con el jornalero desaparecido en Choele Choel?

por Mario Favole
 

“¿Por qué me pegan?, yo no hice nada”. Esas fueron las últimas palabras del trabajador golondrina Daniel Solano, desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, Río Negro.
Ocho meses y medio más tarde, el 19 de julio, el juez Víctor Soto cambió la carátula de la causa a “investigación de homicidio” y ordenó la detención de siete policías como posibles autores del hecho.
El operativo lo realizaron efectivos de Gendarmería Nacional y quebró la endeble paz que había entre los allegados a la familia del trabajador salteño y los sospechosos.
En esta ocasión las marchas fueron a favor de los policías detenidos. Su participación en una de ellas le costó ayer el relevo y el pase a disponibilidad al comisario Luis Jara, jefe del Centro de Formación Policial de Valle Medio.
Por primera vez, desde que llegaron en noviembre de 2011, hubo sonrisas en la carpa que los Solano montaron en la plaza. Una sonrisa a medias. Para ellos, Daniel está muerto y el único consuelo posible es que aparezcan sus asesinos, los cómplices y los autores intelectuales del crimen.
La reconstrucción de lo ocurrido en la madrugada del 5 de noviembre la hace Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia Solano.
La elabora a partir del testimonio de decenas de testigos, uno de ellos clave para entender qué pasó con el joven salteño que había llegado de Tartagal a trabajar al Valle Medio.

Como ya había ocurrido antes, en octubre del año pasado un par de “punteros”, identificados como Pachinda y Domínguez, contactó a Solano y a otros trabajadores del Norte del país para que hicieran la temporada en Río Negro.
Solano y sus compañeros se montaron en un colectivo de la empresa “El Tucumanito” y gastaron kilómetros antes de llegar a Lamarque, un pueblo de unos 10 mil habitantes, a 20 kilómetros de Choele.
El viernes 4 de noviembre, Daniel Solano cobró 800 pesos. Compró un celular y habló con su padre, Don Gualberto. Esa noche, junto a otros 20 compañeros de trabajo, fue de Lamarque a Choele. A las 2:05 del sábado, entró al boliche Macuba. Media hora más tarde, personal policial lo sacó del lugar.
Daniel Solano
Desde dese momento, el paradero de Solano es un misterio. Un misterio que -según denuncian los abogados de la familia-, desnuda un entramado perverso que involucra a empresarios, policías, funcionarios e integrantes del poder Judicial.

Un misterio que ahora tiene a siete policías detenidos, una quincena imputada, y que alteró para siempre la supuesta calma pueblerina del Valle Medio.
Daniel había llegado para trabajar en Agro Cosecha S.R.L., una empresa tercerizada por Expofrut-Univeg S.A., uno de los jugadores fuertes en el negocio de exportación de fruta, motor económico de buena parte de Río Negro.
Respondían a Agro Cosecha quienes el lunes 7 de noviembre a las 20 hicieron una exposición en Lamarque. Daniel había desaparecido apenas entrado el sábado y en Choele.
Gualberto Solano se enteró recién la noche del lunes. Denunció en su Tartagal natal la desaparición en la Comisaría 45 (hoy hay una causa penal porque la denuncia también desapareció) y cruzó el país para buscar a su hijo. Al llegar a Choele lo recibieron dos abogados enviados por la empresa, le ofrecieron una casa y una hipótesis. Según varios testigos, Daniel fue visto el sábado 6 en la terminal. Habría abordado un colectivo hacia Neuquén. Gualberto no les creyó. No tenía motivos sensatos para imaginar que su hijo pudiera abandonar trabajo, ropa, DNI y cortar todo tipo de comunicación. La justicia no ayudó.
El fiscal Miguel Flores y la jueza Marisa Bosco abonaron la teoría de que Daniel se había ido por sus propios medios y  que no existía delito por investigar. Actualmente hay pedidos de juicio político para ambos, duramente criticados por los intendentes de la zona y por el gobierno rionegrino.
Diciembre fue mes crucial para que el caso no se desinflara. Cambió el gobierno provincial, el juez Víctor Soto reemplazó a Bosco, el fiscal Guillermo Bodrato a Flores y entra en escena uno de los actores principales de esta historia.
A un mes de la desaparición de Solano, Sergio Heredia asumió la representación de la familia del trabajador salteño. Leyó el expediente y dos días más tarde dijo que no había esperanzas, que buscaban un cadáver y a sus asesinos.
El abogado empezó un trabajo de hormiga. Recorrió el pueblo, recogió rumores, rastreó testigos de la fatídica noche y consiguió que se animasen a declarar. Los metió a escondidas a la fiscalía. “Para que no los amenacen”, dice. El abogado salteño logró reunirse con el vicegobernador Alberto Weretilneck -hoy a cargo del Ejecutivo- y con la procuradora Liliana Piccinini.
Para Heredia no hubo feria judicial. El 18 de enero de este año, junto con los otros abogados de la familia -Leandro Aparicio y Favio Prado Muñoz- denunció a 34 personas, incluidas la jueza Bosco y el fiscal Flores. “La gente hace fila para contarme hechos de violencia policial”, dice Heredia.
Seguro de sí mismo, advierte que se llevará a toda la provincia por delante para resolver el caso. No duda. Se trata de un asesinato y los testimonios de testigos reservados le permiten reconstruir lo ocurrido.
Ya escucharemos a los defensores de los policías, pero antes pongamos atención al relato del abogado llegado desde Tartagal: “Solano va con sus compañeros desde Lamarque a Choele a bailar. Entra a Macuba a las 2:05. Le pagan las bebidas. Alrededor de las 2:40, otro de los trabajadores golondrina -quien había sido `puntero´ de la empresa y que oficia como entregador- lo empuja. Por el alboroto Daniel es retirado del local, al otro lo dejan. Allí actúan tres policías que prestaban servicio adicional, pero adentro hay otros cuatro efectivos que son quienes lo sacan”.
Nadie prestó demasiada atención. Estaban todos concentrados en las dos rubias que hacían un streeptease y azotaban con un cinto a otro trabajador norteño. Nadie, salvo el testigo principal.
Lo llevaron a la vuelta de Macuba y -siempre según Heredia- lo empezaron a golpear. El testigo pidió que no le pegasen. Recibió insultos y amenazas. Alcanzó a escuchar que Daniel preguntó “¿Por qué me pegan?, yo no hice nada”. Desmayado, lo introdujeron en la Ford Eco Sport de la policía y partieron hacia la Isla 92, a pocas cuadras del boliche.
El testigo los siguió en moto. Vio cómo lo sacaron de la camioneta y lo pasaron a un Fiat Duna rojo, que pertenecería a uno de los siete policías detenidos. El auto arrancó y no se volvió a saber nada más de Solano.
A mediados de diciembre el testigo venció su temor y se presentó en la Comisaría 8.ª de Choele Choel para dar a conocer su versión.
Lo llevaron a una oficina y le pidieron que aguardara. Entraron dos de los policías que se llevaron al trabajador salteño -Pablo Bender y Sandro Berthe, según el abogado Aparicio- y lo amenazaron de muerte para que se callara.

Heredia y sus colegas abrazan este testimonio como prueba fundamental para poder inculpar a siete policías por el asesinato de Solano. Para ellos los responsables del homicidio son Juan Barrera, Pablo Bender, Sandro Berthe, Héctor Martínez, Pablo Albarrán, Diego Cuello y Roberto Quidel. “El encubrimiento fue tremendo. Acá el que investigada era Martínez, uno de los que se lo había llevado”, dice el letrado tartagalense.
Pero Heredia y sus colegas no se quedan con la pista policial. A partir de los testimonios y las pruebas que recogen reconstruyeron un contubernio que incluye a distintos actores del poder local, con especial hincapié en policías, empresarios, funcionarios e integrantes del Poder Judicial.
Heredia despliega su hipótesis. Una teoría que no admite fisuras. En realidad, sólo hay una incertidumbre y no es menor. Dónde está el cuerpo de Solano.
“El compañero lo marca en Macuba y la policía lo saca. Afuera lo golpean y se les va la mano. Daniel muere por 800 pesos. Tenía que cobrar más de 1.500 o 2.000, pero ese viernes  4 de noviembre le pagan sólo 800. Él era un líder, para el lunes posterior a su desaparición estaban preparando un paro por las condiciones de trabajo y en disconformidad con los salarios. El jueves desde la empresa le habían pedido que sea puntero o capataz, él se había negado y ahí es donde se planifica pegarle una paliza. Los autores intelectuales son los empresarios”.
Son 21 cuerpos los que conforman el expediente Solano. Los abogados de la familia esperan que a los siete detenidos como presuntos autores del homicidio se sumen otros con distintos grados de participación: asociación ilícita, partícipes necesarios del homicidio y autores intelectuales.
“Habrá más imputados. Estoy hablando de policías, encubridores, los empresarios de Agro Cosecha, la jueza Bosco, empleados y el dueño de Macuba, compañeros de Solano y posiblemente un pariente, el cuñado de la víctima, quien en principio abonó la pista falsa del viaje a Neuquén. Con nosotros no se juega”, advierte Heredia.
Los abogados de los detenidos son Ricardo Thompson, Sonia Franco y Eves Tejeda. Actualmente los policías se encuentran en dependencias policiales de Viedma, a 332 kilómetros de Choele, pero se evalúa trasladarlos fuera de la provincia.
Thompson -defensor de Barrera, Bender, Berthe y Martínez- afirma que los policías detenidos son los primeros presos políticos del gobierno provincial: “Lo que está pasando va contra las garantías constitucionales y los criterios que se aplican en Río Negro. Ellos pidieron ser llevados a declarar, nunca se negaron a los requerimientos de la Justicia, no había necesidad de que los detuvieran. Son presos políticos”.
Para Eves Tejeda, representante legal de Albarrán y Cuello, casi no hay causa: “Primero hay que probar que Solano está muerto, después que se trató de un homicidio y luego ver quiénes son los responsables. No hay cadáver y no son serias las presunciones. Supuestamente Solano fue colocado sangrando en la patrulla, debería haber quedado algún rastro en la camioneta y en las pericias no se encontró absolutamente nada. Que se lo llevó la policía es una versión, no hay datos de que fuera trasladado a otro lugar o introducido en la comisaría. En ningún momento desapareció el móvil de su trayectoria habitual por la ciudad. Esto es una película. Si Heredia tiene tantas pruebas, voy a pedir que lo citen a declarar”.
Sonia Franco, defensora de Roberto Quidel, jura que nunca tuvo un caso similar: “es terrible, ya están condenados. El gobernador va a la carpa del denunciante y come con su abogado. Acá no se respeta la división de poderes y se condiciona a la Justicia. Nosotros también queremos que aparezca, pero por qué no lo buscan fuera de la provincia, por qué no lo buscan en Bolivia, capaz que está en Bolivia, busquémoslo en otro lado, por qué dicen que está muerto, por qué no lo prueban”.
“Los que rastrillaron el lugar son policías imputados -argumenta Heredia-. Estamos esperando el resultado de estudios de ADN de un cabello encontrado en el patrullero y de otros hallados en una tumba con tierra removida. Únicamente la policía puede hacer desaparecer el cuerpo. Acá uno pasa por el café y el que le lustra los zapatos dice quién lo mató a Daniel. En enero denunciamos a 34 personas, 22 de ellas fueron imputadas y entre esas 22 ya hay siete detenidos. Queremos a los culpables. Queremos volver a nuestras casas, cuando lo hagamos nos van a agradecer que hayamos terminado con la impunidad en la provincia”.
Los policías fueron detenidos el 19 de julio. La semana que viene vence el plazo de diez días para que el juez defina si son sobreseídos, liberados por falta de mérito o si les dicta prisión preventiva.
Hasta el momento ninguno de ellos prestó declaración. Hasta el momento Daniel Solano sigue sin aparecer.
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