América latina: entre el impasse y el nuevo conflicto social.

Notas para reabrir la discusión

por Sandro Mezzadra

(con colaboración de Toni Negri y Michael Hardt)

I.

No fuimos los únicos, en los últimos diez años, que consideramos a América Latina como un formidable laboratorio político. A diferencia de otros, sin embargo, no nos interesamos  particularmente por la retórica del “socialismo del siglo XXI”, por el retorno del “populismo” o por la celebración de las “nacionalizaciones”. El punto de vista que guió nuestro interés por América latina, en la nutrida red de relaciones que hemos trazado en esa zona del mundo, fue el de las luchas y el de los movimientos que han atravesado la era neoliberal (los años del “Consenso de Washington”) hasta decretar su fin. Entre la gran insurrección de los pobres de Caracas en 1989 (el “Caracazo”) y la “huelga de ciudadanía” que en el 2005 destituyó al presidente Lucio Gutiérrez en Ecuador, un extraordinario ciclo de luchas recorre subterráneamente todo el subcontinente.

El protagonismo de los indígenas (simbólicamente relanzado por los zapatistas en 1994) reabre una historia –aquella de la conquista colonial– cuya continuidad se reprodujo durante siglos. Una nueva cuestión agraria, después de la gran trasformación de la agricultura determinada por la “revolución verde”, viene prepotentemente puesta a la orden del día por las movilizaciones de los campesinos “sin tierra”. La tumultuosa conquista de espacios de acción y de palabra, por parte de las multitudes de pobres urbanos, pone en discusión los códigos exclusivistas de los sistemas sociales y políticos. Luchas obreras de nuevo tipo (por ejemplo, en el ABC paulista) se juntan con las ocupaciones y la autogestión de fábricas recuperadas y con grandes movilizaciones de trabajadores desocupados.


Cuando este conjunto profundamente heterogéneo de sujetos –mencionados aquí solo muy brevemente– se encuentra (por ejemplo, en Cochabamba en 2000 o en el 19 y 20 diciembre de 2001 en Argentina), se deriva una acción insurreccional de tipo nuevo. Aquella caracterizada por el ejercicio de un radical poder destituyente, que determina no sólo la caída de cada gobierno en particular, sino –multiplicado a escala regional– el fin  de la legitimidad del neoliberalismo. Los nuevos espacios políticos que así se abren son ocupados por sujetos y gobiernos que solo en parte (por ejemplo, con Evo Morales en Bolivia y con Lula en Brasil) pueden reclamar una relación directa con los movimientos y con las luchas, mientras que en otros casos (por ejemplo, con Correa en Ecuador y Kirchner en Argentina) esta relación está sobre todo construida a posteriori, en la perspectiva de consolidar las bases de legitimidad de los gobiernos.

La acción destituyente de los movimientos fue seguida, en algunos países, por la apertura de verdaderos procesos constituyentes, dentro de los cuales (en particular, en Bolivia y en Ecuador) los movimientos mismos se expresan con fuerza. Pero incluso donde esto no sucede (por ejemplo, en Brasil y en Argentina), la innovación que se produce sobre el terreno de la constitución material y de la propia estructuración del espacio político en el período de los considerados gobiernos “populares y progresistas” es extremadamente profunda.

Sin embargo, es importante subrayar el desfasaje que existe en todos los países mencionados entre la acción de los movimientos y de las luchas, por una parte, y la formación y la acción de los gobiernos “progresistas”, por la otra. Esto no significa asignar a los primeros la función meramente “negativa” de la “destitución” de los gobiernos neo-liberales, reservando a los segundos las funciones “positivas” de la propuesta y de la acción propiamente política. Al contrario, en América Latina la fuerza de los movimientos se expresó (y continúa expresándose), antes que nada, en la continua generación de relaciones, instituciones, redes sobre el plano político, cultural, social y económico.

Registrar el desfasaje entre movimientos y gobiernos significa para nosotros algo más que un ejercicio de realismo político en el plano analítico. Significa, también, ganar un punto de vista que, exaltando la autonomía de los movimientos, permite fotografiar bajo un perfil teórico un momento histórico determinado en el cual parece posible una experimentación institucional radicalmente innovadora: capaz de apuntar la transformación de la fuerza política de los movimientos en fuerza productiva, tanto bajo el perfil político como bajo el perfil de la investigación de un nuevo modelo de desarrollo.

En estos años (tanto en Brasil como en Argentina, en Ecuador como en Bolivia) pudieron verse ejemplificaciones concretas de esta nueva relación entre instituciones y movimientos, claro que siempre más en formas “espurias” que con la pureza de un modelo. Y hemos tratado de seguir los desarrollo latinoamericanos apostando al carácter materialmente expansivo de sus experimentaciones en acto (sin por esto, obviamente, dejar de poner en evidencia los puntos problemáticos y los momentos de bloqueo que de principio a fin caracterizan el proceso). Al mismo tiempo, nos parece esencial el aliento “regional” de estas mismas experimentaciones, el impulso de procesos de integración de tipo nuevo que parecen generar las condiciones –dentro de la crisis de la hegemonía estadounidense– para la conquista de nuevas bases sobre las que gestionar la inserción en los mercados mundiales y las relaciones con el capital financiero.


II.

Un balance del ciclo político que en América Latina ha sido definido como “post-neoliberal” requiere de un análisis en profundidad de los desarrollos al interior de cada país en particular. Reservando este análisis a sucesivas intervenciones (también por parte de compañeros latinoamericanos), sin embargo vale la pena evidenciar –sobre la base de viajes recientes, discusiones y lecturas– algunas tendencias generales. Y a nosotros nos parece que estas tendencias indican un impasse respecto de las características de innovación que hemos sumariamente señalado en el punto anterior. En este sentido, hay que registrar una sustancial rigidización, una reorganización de todo el proceso político en torno a la figura del Estado, del cual se celebra en varias parte su “retorno” y la “recuperación de soberanía”. Y una tendencia que asume características extremas en el caso de la Venezuela de Chávez, pero que se manifiesta claramente también en el caso, muchas veces presentado como opuesto, del Brasil de Dilma Rousseff. En muchos países esta centralidad del Estado coincide con la posición de un único líder, identificado con la continuidad del proceso de trasformaciones: el conflicto en Argentina en torno a la hipótesis de reforma constitucional para permitir a Cristina Fernández Kirchner presentarse para un tercer mandato en las próximas elecciones presidenciales es, en este sentido, emblemático, pero no menos dominante –en una experiencia de gobierno en la cual prevalecen las retóricas tecnocráticas y jacobinas– es, por ejemplo, la posición de Correa en Ecuador, donde entre otras cuestiones la Constitución de 2008 amplió mucho los poderes presidenciales.

En este cuadro, si bien es cierto que las acusaciones de "autoritarismo" por parte de la derecha son, la mayoría de las veces, puramente instrumentales, se ubica un problema en cada caso con respecto tanto a la formación y renovación del liderazgo y, más importante, a los procesos de formación y a los criterios de legitimación de la decisión política. Pero el tema del “retorno del Estado” se afronta en términos más generales, sin quedar “encantados” por las retóricas de los gobiernos “progresistas” (que celebran la renovada capacidad del Estado de controlar y “atemperar” el desarrollo capitalista), pero sin renunciar, tampoco, a un análisis atento de las nuevas funciones sociales y económicas (aunque también de regulación, como por ejemplo en un campo crucial como el de los medios) que el Estado contradictoriamente vine asumiendo en muchos países latinoamericanos. Sin dudas, para retomar una expresión del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el Estado es hoy un “campo de lucha” en la ruptura de los dispositivos de exclusión que históricamente –siguiendo líneas de raza, género y clase– han organizado el espacio político asegurando la reproducción y la continuidad de la élite.

Aquí, sin embargo, se presenta un primer problema: la ruptura de estos dispositivos de exclusión, radicados en profundidad en la historia y en la sociedad latinoamericana, no puede ser pensada sino en términos procesuales, facilitando y exaltando la continuidad de la acción –necesariamente extrainstitucional– de los sujetos que han sufrido y continúan sufriendo la acción de esos dispositivos. Aquí el desfasaje entre movimientos y gobiernos debería ser recualificado, apuntando a entrecruzar de modo virtuoso las diversas temporalidades de la acción política que lo caracterizan. Al contrario, el énfasis en el “retorno del Estado” se acompaña, a menudo, de políticas de “inclusión social” que confían por completo en dinámicas de redistribución de la riqueza y de impulso de los consumos como modo de promover una nueva ciudadanía democrática.

Entendámonos: estamos frente a un tramo innegablemente positivo del “retorno del Estado”. Nada puede estar más lejos de nuestra perspectiva que los lamentos moralistas (difundidos tanto en América latina como en otros lugares) en relación al “consumismo popular”: innegable a consecuencia del impulso de políticas redistributivas limitadas, el acceso a nuevos consumos por parte de los pobres y de los subalternos en muchos países latinoamericanos es, ante todo, conquista de poder social, que pone en discusión jerarquías y dispositivos de sujetamiento. Pero las retóricas y las políticas que hacen referencia al “retorno del Estado” parecen promover, a través de la expansión de los consumos, una integración social que corre paralela a la despolitización de la sociedad.
La “política” aparece, así, enteramente reasumida al interior de un Estado imaginado como “puro”; o, tal vez, como purificable respecto de las incrustaciones “corporativas”, del condicionamiento de “intereses” variadamente cualificados. Es inútil decir que los “intereses” que cuentan –vinculados a las grandes multinacionales– fueron ampliamente reorganizados (muchas veces, sin dudas, pagando sus precios) para reconquistar poder de negociación e influencia al interior de las nuevas constelaciones políticas.

Pero, al mismo tiempo –y esto es lo que más cuenta– pareciera que la evolución de las políticas sociales en los principales países latinomericanos regidos por gobiernos “progresistas” se caracterizó en los últimos años por un sustancial retraimiento respecto de las características de innovación que habían emergido en la fase precedente. Y que las retóricas de la expansión de los derechos y de la inclusión social fueron perdiendo progresivamente espesor material, con el riesgo de reducirse a la apología de una serie de “concesiones” desde arriba.

III. 


El “retorno del Estado” si inscribe materialmente sobre un modelo de desarrollo cuya continuidad no fue puesta en discusión en los últimos diez años. En ese marco, nos parece fundamental el debate crítico que en toda América Latina se desarrolló en torno a la categoría de neo-extractivismo. Este término hace referencia a la orientación de un modelo de desarrollo basado, esencialmente, en la intensificación de la explotación de los recursos naturales, tanto en lo que respecta a la apertura de nuevas minas y yacimientos petrolíferos como al cultivo extensivo de la soja, para obtener de la creciente demanda internacional (sobre todo, asiática) los recursos necesarios para el financiamiento de las políticas sociales y para sostener dinámicas redistributivas. 


Incluso aquí no nos resultan productivas las tonalidades moralistas que a menudo se encuentran en las discusiones que arriba reseñamos: no entendemos porqué negar, en principio, la posibilidad de un uso de los recursos naturales como asset estratégico en vistas de una gestión innovadora de las nuevas condiciones de interdependencia y de la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. La impresión es, no obstante, que en los últimos años el “neo-extractivismo”  tendió a endurecerse, situándose como un modelo de desarrollo indiscutible, con graves consecuencias no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también social. Los enfrentamientos violentos en varios países de América Latina que han acompañado a esta tendencia, con la convergencia de movimientos campesinos e indígena (como en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú), parece emblemático de la clausura de la dialéctica entre el desarrollo y buen vivir que había encontrado reconocimiento constitucional, por ejemplo en Ecuador y en Bolivia.

La retórica "desarrollista" (para introducir otro término muy utilizado en los debates latinoamericanos) de los gobiernos "progresistas" siguen presentando el extractivismo como base para un desarrollo económico de tipo sustancialmente industrial (y, en algunos casos, post-industrial, centrada en la promoción de la economía del conocimiento). Nos parece, sin embargo, lo que en realidad es: meramente retórica. A la función de arrastre ejercida por la exportación de materias primas no corresponden especialmente dinámicas de expansión real del trabajo asalariado y formal, sino más bien procesos generalizados de precarización (incluso en Ecuador, donde el gobierno prohibió los contrato de trabajo, la duración medio de nuevos contratos laborales es de tres meses).


Es un punto de vital importancia en lo que respecta a la "vuelta del Estado": contrariamente a lo que a menudo se afirma, este "retorno" no parecen preludiar una "inclusión social" y a una ciudadanía democrática centrada en el trabajo, según el modelo de Estado de Bienestar vigente en la Europa occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Aquí tenemos un primer elemento de sustancial fragilidad tanto del neo-extractivismo como del "regreso del Estado" (incluso de su propia trampa en la presente coyuntura Latinoamericana). Nos parece que la importancia del consumo en el nuevo modelo de "inclusión social", con la presencia de generalizadas condiciones de precarización, habilita la apertura de espacios para una nueva intervención (precisamente en relación con la financiación de consumo) de una potencia otra que funciona bajo una lógica fundamentalmente extractiva: es decir, la del capital financiero

Y en muchas ciudades de América Latina (el ejemplo de Río de Janeiro, con la excusa de la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, es especialmente instructivo) se expresa en términos particularmente agresivos la alianza entre el capital financiero y el capital inmobiliario, con  violentos ataque contra los habitantes de villas y favelas con el objetivo de “liberar” espacios para la valorización del capital.


Se trata, evidentemente, de partes en conflicto, sobre las que ya se expresan prácticas de resistencia y de auto-organización. En muy raras ocasiones, sin embargo, los gobiernos "progresistas" están tratando hoy de ponerse en sintonía con estas prácticas, de las que podría emerger una renovación democrática de su acción.

Un segundo elemento de sustancial fragilidad del modelo que en América Latina se está definiendo en torno del "neo-extractivismo" y del "retorno del Estado" consiste en el hecho de que, mientras muchos países libran sacrosantas batallas contra el capital financiero por el tema de la deuda (como la que libró la Argentina estas últimas semanas contra los denominados "fondos buitre"), los precios de los commodities son, en buena medida, fijados por los mercados financieros mundiales. Las dinámicas financieras juegan, así, un papel esencial desde el punto de vista de la estabilidad económica del modelo, que depende, por otra parte, también de la calidad de la demanda global de los recursos exportables. 

La desaceleración de la demanda en Asia (especialmente, en China) inaugura un momento de crecimiento lento, de disminución de los salarios reales y de significativas tensiones sociales en muchos países de América Latina, especialmente Argentina, donde la alta inflación multiplica estos procesos. La crisis mundial está comenzando a afectar incluso a América Latina, luego de que por varios años fuera eficazmente gestionada como una extraordinaria oportunidad para el desarrollo.


IV. 

Bajo esta semblanza, sería hoy particularmente importante una profundización de los procesos de integración a escala “regional”, a través de la multiplicación de las asociaciones, los acuerdos de cooperación, los proyectos compartidos. Nos parece sin embargo que también en este terreno se debería registrar un retroceso, ante todo en lo que respecta a las “opiniones públicas” y el “debate político”. En los primeros años del nuevo siglo la dimensión “regional” fue impuesta con gran fuerza precisamente en este sentido, obligando a reformular la discusión de los problemas y de los desarrollos “internos” de cada país al interior de un espacio supranacional que volvía a ser denominado con la fórmula de José Martí, nuestra América. Este nuevo “sentido común” había sido una vez más en buena medida anticipado por los movimientos en los años precedentes, y ha servido de marco de procesos concretos de integración. La “vuelta del Estado” parece sin embargo haber coincidido, de un modo en el fondo no sorprende, con la vuelta de la “nación” y de la prioridad de sus intereses como criterio esencial de orientación de la política exterior de los gobiernos. No faltan, por cierto, las declaraciones –no necesariamente “rituales”– de solidaridad en ocasión de conflictos que involucran a un país en particular (por ejemplo Argentina sobre la cuestión de Malvinas, o Ecuador sobre el otorgamiento de asilo a Assange). Pero en términos generales se asiste hoy en América Latina a una vuelta de las relaciones “bilaterales” entre Estados, mientras que en el plano económico los gobiernos juegan un rol de sustentadores de “sus” empresas en el proceso de proyección de las actividades y de los intereses al interior de otros países latinoamericanos. Colosos como la PDVSA venezolana y la Petrobras brasilera combinan así lógicas capitalistas y lógicas nacionales en su protagonismo al interior del sector extractivo. 

Al mismo tiempo resurgen con la fuerza de los hechos, en ausencia de una fuerte voluntad política de signo opuesto, lógicas hegemónicas que condicionan sobre todo el comportamiento de los dos mayores países latinoamericanos: Brasil y Argentina. El primero, arrastrado por la potencia de sus dimensiones geográficas y económicas, parece apuntar hoy esencialmente a la consolidación de los ejes BRIC (o bien a la cooperación “sur-sur” con otras “potencias emergentes”), subordinando a este objetivo las relaciones internas a América Latina. La segunda se repliega sobre sí misma adoptando políticas proteccionistas. En estas condiciones, es abandonada fundamentalmente a cada país no solo la gestión de las relaciones con las multinacionales (en particular con aquellas activas en los sectores “extractivos”) sino también las relaciones con China, cada vez más presente en América Latina no solo desde el punto de vista financiero sino también por ejemplo desde el de la construcción de infraestructuras y comercios (con relación que involucran al mismo sector informal). Nos parece evidente que una mayor integración en la gestión de estas relaciones colocaría las bases para imponer no solo “términos de intercambio” más favorables, sino también condiciones cualitativas y estándares más coherentes con los proyectos de profundización de la democracia a la que los gobiernos “progresistas” continúan remitiéndose. Un ámbito particularmente delicado para verificar la importancia de los procesos de integración es, por otra parte, el de la moneda. En Ecuador, uno de los países en los que se habla de “vuelta del Estado” y de “recuperación de la soberanía”, el único valor de circulación es desde el año 2000 el dólar. No solo el gobierno de Correa no ha puesto en discusión esta circunstancia, difícilmente conciliable con la “recuperación de soberanía”, sino que también sus opositores de izquierda la consideran un “tabú político” (por vía de la asociación entre dólar y estabilidad económica difundida en particular al interior de la “clase media” luego de la devastadora crisis bancaria de 1999). El hecho es que, sin embargo, los economistas más sagaces sostienen que las bases macroeconómicas de la “dolarización” han ya decaído, y en el giro de un par de años deberá hallarse una alternativa. El “contraejemplo” argentino, con políticas que sí han apuntado a la recuperación de la plena soberanía monetaria y a la “pesificación” de la economía, pero pagando el precio de una alta inflación y de una pesadísima devaluación, muestra claramente que el camino de la integración regional sería también el que habría que recorrer desde este punto de vista. 


El impasse que hemos intentado poner de relieve con estas notas no nos induce de ningún modo al pesimismo. En estos años, en América Latina, tanto la acción de los movimientos como la de los gobiernos han construido materialmente un nuevo terreno de desarrollo político y una nueva dinámica de fuerzas. Algunas rupturas, la nueva legitimidad de sujetos surgidos de la “subalternidad”, la profundización del propio concepto de democracia nos parecen también que estarían perfilando un dispositivo de contención de nuevas fuerzas surgidas en la escena latinoamericana, en la que la “vuelta del Estado”, en la continuidad de un modelo de desarrollo “neoextractivista”, se traduciría esencialmente en (más o menos moderadas) dinámicas redistributivas en base a la capacidad de cada gobierno específico de gestionar la inserción en el mercado mundial. Hemos indicado los que nos parecen algunos elementos esenciales de fragilidad de este dispositivo. Pero más en general estamos convencidos de que en América Latina tenemos hoy las condiciones para forzar sus rigideces, para reabrir la dinámica política en dirección de la conquista de bases más sólidas de libertad e igualdad. Estamos además convencidos de que esta reapertura podrá venir solamente de un relanzamiento de los movimientos y de su autonomía, aun si la propia referencia a los movimientos deba ser recalificada –para no permanecer en el plano de lo meramente retórico– sobre las nuevas condiciones determinadas por los desarrollos de la última década. Dentro del nuevo conflicto social del que se comienza a hablar en América Latina nuevas contradicciones y nuevos sujetos se expresan al lado de líneas de antagonismo heredadas del pasado. Estructuras institucionales específicas aparecen con frecuencia totalmente inmersas en constelaciones conflictivas emergentes, y sin duda es posible imaginar alianzas y convergencias tácticas entre ellas y los movimientos. Es sobre el conjunto de estas cuestiones que veremos que el debate se reabrirá, también al interior del “dossier América Latina” que hemos ya hace un tiempo abierto en el sitio de UniNomade.
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