Ecuador, el fulgor de la complejidad

Carlos Prieto del Campo
Quito, octubre de 2012


¿Qué ha sucedido en Ecuador para que su Gobierno pretenda dejar varios millones de barriles de petróleo en el subsuelo de una zona megadiversa de la Amazonía para contribuir así a la reducción de las emisiones de CO2 y el calentamiento global y para que simultáneamente conceda asilo diplomático a Julián Assange desafiando la prepotencia colonial estadounidense y occidental y tomando partido como ningún otro Estado ha hecho hasta el momento por la transparencia y la desestabilización de las viejas formas de hacer política? ¿Cómo pueden ligarse ambas decisiones a la genealogía de un proyecto político que surge tras el resquebrajamiento de la bestialidad del proyecto neoliberal contra la fuerza de la insurgencia social de los movimientos, indígena en primer lugar, desde principios de la década de 1990? ¿Cómo pueden ligarse la iniciativa Yasuni-ITT y Wikileaks a la genealogía de un proyecto político que surge tras la descomposición del Estado ecuatoriano durante las tres últimas décadas y la consiguiente exposición de las clases populares y subalternas de Ecuador a los embates de la fuerza bruta del capital global y de las elites locales contra la nuda vida desprotegida y torturada por la pobreza, la desnutrición y la desigualdad estúpida, banal, innecesaria, ofensiva, hiriente? ¿Cómo explicar el proyecto y la parábola política de la Revolución Ciudadana, que logra encontrar en 2006 la senda electoral que despeja el espacio para lanzar un genuino poder constituyente tras dos largas décadas de movilizaciones de los movimientos sociales y dadas las dificultades de éstos para hacer que su potencia política irrumpa y desequilibre eficazmente la relación de fuerzas impuestas por el neoliberalismo a la sociedad ecuatoriana?

Para responder a estas preguntas debemos remontarnos a la década de 1970, caracterizada por la desestabilización política introducida por los diversos gobiernos militares que pretenden «estabilizar» el país en medio de las convulsiones del mercado petrolero y la crisis de la economía mundial mediante políticas a caballo entre la represión, el nacionalismo económico y la incapacidad de dotar de institucionalidad al Estado. Las dos décadas siguientes coinciden monótonamente con el periodo desestructuración social y el vaciamiento y colonización del aparato del Estado por los grandes intereses privados nacionales e internacionales; también conocen altas dosis de represión a mediados de la década de 1980 durante el gobierno de Febres Cordero (1984-1988), tras la muerte del presidente progresista Jaime Roldós en 1981, y son testigo además de la privatización inexorable del conjunto de la economía ecuatoriana, tan solo ralentizada durante el gobierno de Borja Cevallos y acelerada sin remisión desde 1992. Esta matriz política provoca a finales de la década de 1990 una quiebra masiva del sistema bancario, que convierte en migrante forzosa al 20 por 100 de la población, y que desemboca en la dolarización de la economía ecuatoriana, todo ello atravesado por una extraordinaria ola de movilizaciones del movimiento indígena (levantamientos de 1990, 1994 y 2000), que aglutina en torno a sí al resto de movimientos sociales ecuatorianos. 

El siglo comienza con idéntica convicción en lo que atañe a la imposición de la agenda neoliberal por parte del sistema de partidos ecuatoriano, entre las convulsiones de los estertores del gobierno de Jamil Mahuad, la presidencia de Gustavo Noboa y el breve y demagógico gobierno del ex militar populista Lucio Gutiérrez, que es depuesto en abril de 2005 en medio de portentosas movilizaciones populares. La llegada al poder de Alfredo Palacio supuso la entrada en su gobierno de Rafael Correa como ministro de Economía y Finanzas, cargo que ocupó entre abril y agosto de 2005. Durante su breve mandato Correa intentó incrementar el gasto social y la inversión pública; reafirmó la soberanía económica de Ecuador renegociando la deuda externa y colocando libremente las nuevas emisiones a un tipo de interés menor que el ofrecido por el mercado; criticó la firma de un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y se desvinculó de las instituciones financieras internacionales y de su contumaz governance de la macroeconomía ecuatoriana. Tras su experiencia de gobierno, Correa transmuta su breve mandato en una alta tasa de reconocimiento y de apoyo social por parte de sindicatos, movimientos sociales y empleados públicos.

En noviembre de 2006 Rafael Correa gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta, tras haber creado poco antes junto con otros militantes de izquierdas el movimiento Alianza PAÍS (Patria Altiva y Soberana). Su candidatura conoce un crecimiento vertiginoso durante los meses precedentes a la votación, que le permiten desbancar al Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador, que había ganado la primera vuelta. Tras ganar estas elecciones Rafael Correa y Alianza PAÍS deciden no proceder como un gobierno más y desempeñar el mandato popular para esa legislatura. Si la crisis política y económica había sido tan grave durante los veinte últimos años, si la Constitución de 1998 no había sido capaz de refundar el Estado ni impedir la implosión del sistema bancario y provocar una descomunal dislocación social que se añadía a las taras seculares de desigualdad y exclusión de la sociedad ecuatoriana, si el viejo sistema de partidos no había experimentado apenas cambios y las tendencias sistémicas de la formación social ecuatoriana se mantenían inalterables, ¿no era más razonable y políticamente mucho más creativo proponer un nuevo proceso constituyente que alumbrara una nueva Constitución concebida como palanca estratégica para intentar relanzar, con una potencia política infinitamente mayor, todo el fermento social que la sociedad ecuatoriana había experimentado desde inicios de la década de 1990, cuando la tenaza neoliberal empezó a hacer literalmente invivible la vida de las clases subalternas? Esta decisión radical fue un golpe maestro de Rafael Correa y de Alianza PAÍS: en vez de administrar cómodamente unos resultados electorales favorables se optó por conjurar toda la energía constituyente del pueblo ecuatoriano para recargar con el máximo voltaje transformador un nuevo texto constitucional que debería abrir un nuevo ciclo político en la polis ecuatoriana. 

Así, tras el triunfo electoral en las elecciones presidenciales de 2006, Rafael Correa convoca elecciones para la asamblea constituyente que deberá redactar la nueva Constitución de la República, que se celebran el 27 de septiembre de 2007 y en las que Alianza PAÍS obtiene casi el 70 por 100 de los sufragios. Tras la redacción del texto, Alianza PAÍS lidera la campaña a favor del sí, que es apoyada por otros partidos y organizaciones de izquierda y centroizquierda ecuatoriana así como por Pachakutik, organización ligada a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La Constitución se aprueba mayoritariamente por referéndum el 28 de septiembre de 2008. La intensidad del proceso constituyente se expresa en la originalidad del texto constitucional, que introduce un nuevo catálogo de derechos que transciende el modelo de los derechos individuales de corte liberal y que, de acuerdo con una concepción poshumana, contempla los derechos de la naturaleza y de los ecosistemas; que opta por un concepto de democracia de calidad con un fuerte componente participativo de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones de la gestión pública; que consagra el carácter plurinacional del Estado y apuesta por un concepto de crecimiento económico posdesarrollista y posfordista articulado en torno al concepto de sumak kawsay (buen vivir en kichwa ecuatoriano), y que coloca la reinvención del Estado en medio de un proceso complejo de superación del modelo neoliberal como condición mínima para construir un proyecto viable de emancipación acorde con las dimensiones y la fuerza de su proyecto de poder constituyente. 

Tras la aprobación de la nueva Constitución se celebran elecciones presidenciales el 26 de abril de 2009, que son ganadas con más del 50 por 100 de los votos por Rafael Correa, quien de nuevo cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de izquierda y de Pachakutik. La legislatura se enfrenta a la tarea de lanzar un proyecto de transformación de país que rompa el conjunto de equilibrios sociales, culturales, políticos, económicos y administrativos que han marcado los ritmos de la reproducción sistémica de la sociedad ecuatoriana durante los últimos treinta años y que, en muchos casos, responden a pautas seculares de exclusión, marginación y sobreexplotación de sus clases dominadas y subalternas. El elemento realmente innovador es que el paradigma de transformación socioeconómica es netamente posdesarrollista, dado que rompe sin ambages con los modelos predominantes tanto de planificación como de gestión, afirmando la integralidad del proceso de crecimiento, de redistribución de la riqueza y de inserción en el mercado mundial. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 no opera a partir de criterios cuantitativos de crecimiento para optar después por políticas fordistas de redistribución de la renta y a partir de ahí de estabilización de una senda neutra de crecimiento económico más o menos equilibrado. Por el contrario, el núcleo conceptual del mismo afirma que el proceso de planificación económica supone simultáneamente implementar el catálogo de derechos contemplado en la Constitución de 2008, la refundación del aparato del Estado en clave netamente democrática y participativa, el cambio del patrón de especialización productiva y de inserción de Ecuador en la economía mundial, y la transformación de la matriz de valor de la economía ecuatoriana, que debe articularse en torno a la introyección del trabajo cognitivo como eje orientador y vertebrador de la nueva economía política del país. 

Afrontar esa tarea supone la creación de un nuevo aparato del Estado, que tras treinta años de experimentos neoliberales a partir de una matriz colonial del poder político, carece en un primer momento de la institucionalidad necesaria para afrontar ese proyecto de transformación. Y en este sentido, una característica esencial de la Revolución Ciudadana es su preocupación profunda, meditada y estratégica por dotar de una institucionalidad fuerte al proceso de transformación social, que parte de la premisa de que la intervención de una nueva forma Estado reinventada es crucial para desestabilizar los equilibrios de poder que el neoliberalismo había introducido en la reproducción social y en la gestión de lo público, así como para lanzar esa transformación cualitativa de los paradigmas de crecimiento, de acumulación y de reinvención del pacto social, que constituyen el núcleo de este proyecto político. 

No hay revolución ciudadana posible si el Estado no recupera el control sobre el flujo de la riqueza y el circuito de la renta mediante una gestión democrática y eficaz del sistema tributario y del gasto público; si no reconstruye a partir de una nueva máquina administrativa un catálogo original de nuevas políticas públicas; si no logra diseñar y aplicar una política macroeconómica en neta ruptura con el Consenso de Washington: en el caso ecuatoriano todo ello implica, por definición, un paquete original de políticas sociales y la orientación estratégica de la actividad administrativa en pos de un nuevo modelo de desarrollo encaminado por el buen vivir, el cambio de la matriz productiva en torno a la economía del conocimiento y la superación del actual patrón de especialización y acumulación, esto es, la conjunción virtuosa de la gestión macroeconómica y de las políticas públicas para transformar la constitución material de la sociedad ecuatoriana. Así, pues, el periodo 2009-2012 se ha caracterizado por la minuciosa desarticulación de la matriz neoliberal, animada por la energía constituyente de la que ha emanado la nueva Constitución de 2008 y por el mandato de una revolución que se inscribe en la onda anómala que atraviesa América Latina desde el alzamiento zapatista el día primero de 1994. En este sentido, el gobierno de Correa renegocia exitosamente la deuda externa repudiando la considerada odiosa; descorporativiza el Estado y elimina la captura de sus políticas por el sector privado, y se embarca en una política económica que hace que Ecuador capee la crisis económica global iniciada en 2008 sin demasiadas complicaciones, aun con una economía dolarizada que le priva de una política cambiaria y monetaria autónoma. A una fuerte tasa de inversión pública se une una vigorosa política de gasto social, que le permite avanzar en el cambio estructural de sus pautas de comportamiento al tiempo que reduce la pobreza, incrementa las políticas de bienestar y se embarca en el mencionado cambio del modelo de acumulación, una de cuyas políticas rearticuladoras es la transformación del sistema de educación superior ecuatoriano y de las políticas científicas, tecnológicas y de investigación del país, para construir lo que algunos han denominado el biosocialismo republicano.

En 2013 Rafael Correa y Alianza PAÍS afrontan elecciones presidenciales y generales, que con toda seguridad revalidarán la potencia del proyecto de la Revolución Ciudadana. El misterio de la política nunca ha sido cambiar el estado de cosas existente mediante las armas de la crítica, sino cargar la crítica de las armas de bloques sociales hegemónicos capaces de organizar poderes constituyentes que introduzcan criterios de irreversibilidad en la transformación de la constitución material de las sociedades. Ecuador se halla en el medio del mundo de un nuevo poder constituyente.
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