Crisis económica y ofensiva extractivista

por José Seoane y Clara Algranati


Una de las formas en las que se expresa la crisis global en América Latina y el Caribe es bajo la promoción de un nuevo ciclo de mercantilización, apropiación y control de una serie de bienes por parte del gran capital, en especial los que llamamos bienes comunes de la naturaleza. Hemos bautizado a este proceso con el nombre de ofensiva extractivista. No tenemos todavía efectiva conciencia de su magnitud y de las fuerzas que la empujan.
Una evidencia de ello fue la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la región entre 2008 y 2011, que llegó a volúmenes récords; entre 70 y 130% más que el promedio ingresado entre 2000 y 2005, según detalla el trabajo “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, editado este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2011 este incremento fue del 31% respecto al año anterior, aumentando la participación regional sobre el total mundial, hasta alcanzar el 10%. Esta IED se orientó mayoritariamente a América del Sur, especialmente a las actividades vinculadas con la explotación de los bienes de la naturaleza. En este proceso se destacan las inversiones en la megaminería, que representaron en 2011 un monto histórico de 140 mil millones de dólares, un 40% más que en 2010 y un 250% superior que en 2003 (Ver "Record en inversión minera").
Una ofensiva del gran capital sobre los bienes naturales que no excluye ciertamente a los territorios de otras regiones del llamado Tercer Mundo. El Banco Mundial, uno de los promotores del proceso global de mercantilización de la tierra, reconoce que entre 2008 y 2009 fueron arrendadas o vendidas 56 millones de hectáreas, especialmente en África y América Latina, resultado de inversiones provenientes en gran parte de los fondos de inversión trasnacionales. A su vez, la frontera agrícola, particularmente bajo el motor de la soja transgénica, no ha dejado de expandirse en los últimos años a nivel regional, consolidando en América del Sur un territorio de soberanía corporativa que ha recibido el nombre de “República de la Soja”.
Finalmente, esta ofensiva se expresa también en el terreno global de la crisis climática; por ejemplo, bajo la llamada “economía verde” impulsada en la pasada Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (“Río+20”). Una iniciativa que no sólo promueve la ampliación de los “mercados de carbono” y la producción y uso de los agrocombustibles, sino también la utilización del agronegocio basado en las tecnologías de manipulación genética. El empresario sojero argentino Gustavo Grobocopatel, en un artículo publicado por el diario La Nación el 2 de mayo de 2011, afirmaba: “cada vez más las plantas se utilizan como biorreactores… [Que]…no sólo producen alimentos… sino variadas formas de energía, enzimas industriales, plásticos o medicinas… [Y se convierten] en pequeñas plantas industriales”. Así, bajo la excusa de “energías limpias y renovables” para resolver el cambio climático, se intenta justificar un nuevo proceso de mercantilización de la naturaleza. 
En estos diferentes terrenos, los pueblos de América Latina han afrontado y combatido en los últimos años y de diferentes maneras los intentos de profundizar el saqueo, la contaminación y la dependencia.
Megacorporaciones y gobiernos
Una de las fuerzas que motoriza esta ofensiva es la del capital trasnacional, representado por unas pocas decenas de megacorporaciones. Pero, junto a éste, de manera asociada o competitiva, aparece también el capital local-nacional tanto bajo la forma de grandes grupos económicos (la Vale, Los Grobo, etc.) que tienen una proyección regional e internacional, como de empresarios menores muchas veces encargados de la realización de las formas más violentas e ilegales de esta acumulación.
Pero esta ofensiva extractivista se instaló también en la agenda de los gobiernos de la región que, incluso más allá de sus diferencias político ideológicas, parecen inclinarse por profundizar este modelo, justificado como una respuesta ante la incertidumbre económica global. En este terreno se cuentan los recientes acuerdos de instalación de las primeras megamineras a cielo abierto en Ecuador y Uruguay, los procesos de contrarreforma agraria y mercantilización de los territorios amazónicos en Perú en 2008, y en la ley de regularización de la apropiación privada ilegal de la Amazonia aprobada también en 2008 en Brasil, bajo el gobierno de Lula. También los proyectos de “reforma energética” y privatización de la petrolera mexicana PEMEX o las intenciones de privatizar la empresa estatal de cobre CODELCO en Chile, y las políticas de promoción del agronegocio y los agrocombustibles en el Cono Sur. Avanzan en el mismo sentido la habilitación de grandes proyectos mineros por gobiernos recientemente electos con un discurso de regulación de la megaminería, como Ollanta Humala en Perú, Beder Herrera en la provincia argentina de La Rioja y el gobierno nacional del mismo país frente al proyecto minero en Famatina. También se suma la profundización y la expansión de la explotación hidrocarburífera, ahora incluyendo los llamados petróleo y gas no convencionales. Son parte de la misma agenda la promoción de la minería transnacional en Colombia y Centroamérica, y el nuevo impulso de los proyectos hidroeléctricos y forestales en el sur chileno.
Por último, la promoción de esta ofensiva extractivista se expresa también en el terreno de la geopolítica regional. Ejemplo de ello es el golpe de Estado parlamentario en Paraguay, prohijado por los sectores latifundistas, del agronegocio y la megaminería. Muestra de su rostro autoritario -presente también en la represión y violencia ejercida ante el conflicto social- y de la iniciativa estadounidense en el control de los bienes naturales signada, a partir de 2009, por el redespliegue militar y los intentos de desestabilización con el golpe en Honduras como una de sus primeras manifestaciones. Menos conocida es tal vez la continuidad de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En 2011, entre las iniciativas que presentó la UNASUR para responder a la crisis se incluyó la realización de 31 obras de infraestructura promovidas por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que forman parte de la cartera del IIRSA, integrado al COSIPLAN en 2009. De esta manera, la prioridad otorgada a estas obras para facilitar el comercio exterior de commodities es otra expresión de la hegemonía ganada por el modelo extractivo exportador.
¿Ante un nuevo ciclo regional de luchas?
Frente a esta ofensiva, una ola de protestas y resistencias sociales emergió y está desarrollándose en el continente. Allí se cuentan un sinnúmero de las principales luchas y movilizaciones de los últimos años que ponen en cuestionamiento al modelo extractivo exportador. A pesar de la fragmentación y aislamiento al que quiere condenárselas, en múltiples casos lograron detener los emprendimientos o morigerar los efectos más regresivos de las políticas públicas.  
La combinación de estos procesos con el impacto de la desaceleración económica y los ajustes del gasto fiscal, sugiere que estamos frente a la posibilidad de un nuevo ciclo regional de luchas. Ciclo que parte de los cambios y los logros pero también de los límites y frustraciones de lo acontecido en América Latina en la última década. Y donde la construcción colectiva de alternativas populares frente a la crisis plantea también el desafío de elaborar un proyecto alternativo de “otro desarrollo”.
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