El común y la expropiación de YPF
Por César Altamira
En Argentina, luego de la crisis e insurrección del
2001 que terminara definitivamente con las políticas neoliberales en el país, y,
en particular desde el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner (NK), se
inauguró una etapa que despertó esperanzas de cambio. Las políticas económicas
del gobierno de NK inicialmente, y luego las de Cristina Fernández de Kirchner
(CFK), desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, revirtieron
paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Cambio de rumbo que no solo se
dieron en Argentina, sino también en la mayoría de los países latinoamericanos,
con la especificidad propia de cada uno de ellos. Aunque, debemos reconocer en
el marco de esa diversidad, que no se trata de un tránsito postcapitalista,
sino, más bien, de avances de lo que se ha dado en llamar el progresismo político, con las
ambivalencias y dificultades que este calificativo conlleva. No intentamos
precisar este concepto sino destacar el
riesgo de que este progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones
de una modernización capitalista próxima al viejo desarrollismo, a la que el regreso del estado le resulta funcional.
La gestión de los recursos naturales, si bien forman parte del común, al ser incorporados
bajo la órbita del estado proyectan la fantasía de ser propiedad estatal
escondiendo el ser propiedad de todos. Sin embargo, a pesar de ello, importa inicialmente
que el estado ha recuperado espacios de gestión perdidos y que se proyecta como un actor importante en la economía
argentina, que ha impuesto una mayor vigencia de la política fiscal, medidas de políticas sociales y de derechos
humanos impensadas en otras épocas, mayor autonomía financiera internacional y
un particular impulso a políticas de fortalecimiento de la región en su
integración al mundo globalizado (UNASUR, MERCOSUR, CELAC, etc)
En ese marco, la reapropiación del 51 por ciento de
las acciones de YPF en poder de la multinacional Repsol es un avance. Sería
de una ceguera inadmisible no registrar este cambio, aunque hay que observarlo
con mucha cautela porque quienes apoyaron la privatización del petróleo en los
90´s, son quienes hoy se rasgan las vestiduras con la expropiación. Los
funcionarios que intervinieron YPF son los que autorizaron las medidas
necesarias para que Repsol pudiera saquear las reservas petroleras. Si bien celebramos la
medida, creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate
energético, que se ha circunscripto hasta ahora a un abordaje económico,
dejando de lado las cuestiones ambientales y sociales y quizás, el más
importante, soslayando la gestión del bien
común, focalizándose únicamente en el por qué y el cómo. El por qué de
la medida, según el proyecto de ley, propone alcanzar el autoabastecimiento
energético y el equilibrio de la balanza comercial. El cómo, pareciera ser la
explotación de los cuestionados yacimientos no
convencionales (shale gas, ver documento http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta/)
Las medidas desregulatorias y privatizadoras
implementadas en la década de 1990 negaron el carácter estratégico de los
hidrocarburos concibiéndolos como commodities lo que -asociado a la frágil
situación económica de las provincias- tendió a agigantar la capacidad de
chantaje de las operadoras privadas. Para ejemplificar, cuando se prorrogó el
vencimiento de la concesión de explotación del área “Loma La Lata-Sierra
Barrosa”(2001), la empresa Repsol-YPF
contaba con una facturación anual de US$ 27.000 millones, mientras que los
ingresos anuales de la provincia de Neuquén no excedían US$ 1.100 millones.
Si bien Repsol se presenta socialmente como una empresa productiva
dedicada a la explotación del petróleo, tiene el grueso de su capital
distribuido en las grandes Bolsas del mundo, sobre todo en sociedades fantasmas
de paraísos fiscales y creció aceleradamente como empresa internacional a
partir de los recursos extraídos del subsuelo argentino, que significaron la fuente
de financiación principal para su conversión en la empresa que es hoy. La composición accionaria de Repsol pone de
manifiesto la permanente alianza-fusión y coexistencia entre el llamado capital
financiero y el capital productivo, cuestionando la idea tan difundida de su
oposición, uno como provechoso y el otro como parasitario.
No se nos escapa que la medida de estatización rescata
para el imaginario social símbolos muy sentidos por la sociedad -la idea de una
empresa de bandera que fuera pionera en la explotación petrolera hasta su
privatización, asociada al proceso de industrialización nacional y a las figuras de Irigoyen, Mosconi, Perón, Illía
etc. Estas ideas son también muy caras al movimiento piquetero iniciado en
Cutralco, Provincia de Neuquen, seguido casi inmediatamente por las luchas en
General Mosconi en Salta, todos procesos
de resistencia biopolítica, que fueron la respuesta al proceso de vaciamiento y
masiva desocupación de YPF luego de la privatización. No puede pensarse la
expropiación reciente de YPF sin analizar, conjuntamente, la lucha de los
desocupados de Cutralco, General Mosconi, Zapla, primeras resistencias piqueteras
que habrían de marcar el camino en una nueva modalidad de lucha en el país.
Sin embargo, se
debe reconocer que con esta medida el gobierno recupera la iniciativa política
y el control de la agenda pública, el manejo de los tiempos y la definición de
los problemas teniendo en cuenta que la
realidad le había cambiado la agenda en los últimos meses. En efecto, a pesar
del 54 % de votos de las elecciones últimas, la resistencia de los pueblos
mineros contra la megaminería, la tragedia ferroviaria en la estación Once, así
como las desatinadas menciones de CFK a las luchas de los docentes, a los
cortes de ruta y a los llamados a la moderación salarial en aras de la
competitividad, habían colocado al gobierno a la defensiva. En ese contexto se
proyectaba una imagen de incertidumbre en cuanto al rumbo general de áreas
sensibles para una sociedad experimentada y desconfiada. Todo parece indicar, luego
de los anuncios de la expropiación y a partir del apoyo social recibido, que el
gobierno apunta (lo indica el último acto en Velez) a la construcción de un
movimiento asentado en tropa exclusiva, controlada
y de fidelidad absoluta, relegando, al menos por ahora, a un segundo plano, el peso
del peronismo tradicional, su estructura partidaria y el sindicalismo que hasta
estos días le resultaba fiel.
Debemos igualmente advertir que esta medida fue
impulsada por la fuerte caída de producción hidrocarburífera y su
contrapartida, la importación de energía, que aumentó de manera explosiva de
4.500 millones de dólares en el 2010 a 9.400 en 2011. Alguna estimaciones
valúan esas necesidades para el año en curso en no menos de 12.000 millones de
dólares, cifra más que significativa para unas finanzas públicas que ya no
nadan en la abundancia. La introducción de una gestión estatal de la empresa resulta
una medida necesaria, si de lo que se trata es revertir la posibilidad casi
inminente de una crisis energética en ciernes. Pero constituye tan solo un
punto de partida para recuperar los recursos petroleros. Durante una década
Repsol lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes.
Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma
escandalosa. La expropiación de Repsol-YPF fue anunciado como un acto de soberanía nacional. Sin embargo, como ha
sido reconocido oficialmente, se mantiene como socios a la Banca Lazard, al
grupo Petersen, Goldman & Sachs
mientras se busca nuevos socios para YPF en el club de empresas multinacionales
de explotación y exploración del petroleo -la francesa Total, las
norteamericanas ESSO y Chevron y la china SINOPEC- y se mantiene el 70 % de la
producción petrolífera y gasífera en
manos de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.
Lo sustantivo en las distintas variantes de política
petrolera que impulsa el gobierno reside en la disputa por la apropiación de la
renta diferencial petrolera valuada en cerca de 13000 millones de U$S anuales,
diferencia entre el costo interno del barril de petróleo y el precio
internacional. Tratándose de un recurso natural y por tanto de un bien común, debe ser la sociedad, sin delegación de
poderes en alguna representatividad, quien decida sobre la distribución de la
renta petrolera. Las dudas permanecen planteadas, aun aceptando una decisión
estatal, ya que permanecen vigentes tanto el marco regulatorio de explotación
petrolífera -que autoriza a las empresas petroleras a la libre disponibilidad
del crudo en boca de pozo, a la capacidad de manejarlo en forma desregulada- como
la existencia de contratos terriblemente onerosos que fueron prorrogados por el
propio NK en el 2007 antes de su vencimiento.
Como dato regional todo indica que en los últimos
tiempos ha surgido y se ha afianzado una nueva alternativa en América Latina como proyecto de diálogo
político que excluye a Canadá y a los EEUU. La última cumbre de presidentes en
Cartagena demuestra que ya no habrá nuevas cumbres sin la presencia de Cuba. Habla
de nuevos tiempos, aunque no quiere decir que esté asegurada la resolución de
viejos problemas de la región sin la presencia de obstáculos y disidencias. Pone
en evidencia los nuevos cambios políticos de la región, transformación que motiva la necesidad de recrear y recuperar
proyectos que profundicen la integración energética. Creemos necesario impulsar
desde los destacamentos nacionales un debate profundo de ideas donde pensemos
más en términos regionales que nacionales y emocionales. Que sin volver al
pasado recree las condiciones de proyectos innovadores, creativos y
emancipadores. Las dificultades que objetivamente se plantean a YPF para
encarar las enormes inversiones que se requieren para alcanzar el
autoabastecimiento hidrocarburífero potencian la necesidad de acuerdos
regionales en esa materia promoviendo el aunar esfuerzos entre las grandes
empresas petrolera latinoamericanas PDVSA, PETROBRAS de manera que la matriz
energética pueda ocupar el lugar que la explotación del hierro y acero jugara
en su momento con la Europa de los 50´s y 60´s.
El problema del petróleo ofrece una gran oportunidad para pensar en forma regional y en términos de un proyecto compartido
latinoamericano, no solo respecto
del autoabastecimiento argentino.
La IV Cumbre del BRICS realizada el 28 y 29 de marzo pasado
en Nueva Delhi, puede representar una instancia de cambio global, con
repercusión sobre América Latina, indicador de un momento transformador: los jefes de Estado de Brasil, Rusia, China,
Sudáfrica e India decidieron impulsar la creación de un banco de desarrollo de
los cinco países como reflejo del peso adquirido por el grupo en la economía
mundial pero también como una reacción ante la negativa de los Estados Unidos y
la Unión Europea de soltar el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional. La creación de un “banco del BRICS” permitiría a estos países
contar con recursos para obras de infraestructura e instrumentos de crédito
para afrontar crisis financieras como lo hace Europa.
Dos fueron los proyectos integradores propuestos para impulsar
el MERCOSUR: el banco del Sur y el Gasoducto del Sur. Ambos entraron en
un cono de sombra. La paralización del proyecto del Banco del Sur respondió más a la rivalidad y
competencia no resuelta entre Venezuela, Brasil y Argentina que a la existencia
de obstáculos reales. Más allá de los escollos que significa la
continuidad del BANDES brasileño y del
que Itamaraty no está dispuesto a desprenderse. Con relación al Gasoducto del
sur, éste pareció entrar en desgracia frente a las inconsistencias técnicas asociadas a su
construcción. Por su parte Brasil sigue liderando políticamente el Mercosur
mediante una geopolítica articulada
alrededor del impulso del bloque Sur-Sur, las alianzas con la China, India y
Sudáfrica y los acuerdos comerciales con el grupo de los 20 (OMC). Con relación
al Banco del Sur la predisposición mayor de los gobiernos coincidió con la
ruptura de K con el FMI y el entierro del ALCA luego de la cumbre de Mar del
Plata. Luego de ello el proceso de mayor independencia y la apuesta a una
interdependencia se habrían debilitado, o al menos entrado en un impasse.
Ecuador impulsa el CAN (Comunidad Andina de Naciones) junto con Perú, Colombia
y Bolivia.
Por la alternativa del común: ni
privatistas ni estatistas.
Plantear que el petróleo como recurso natural es un bien común significa entender su uso en
términos opuestos a los de privatización
y explotación. Aunque oponerse a la
privatización no supone retornar a la gestión pública estatal-burocrática,
autoritaria y corrupta. Reconocer un
recurso como bien común implica, desde la perspectiva a la que adherimos, rechazar
que los aparatos estatales sean quienes
lo administren, ya que tanto la lógica privatista, propia del individualismo
posesivo, como la gestión estatal se encuentran ambas alineadas con un criterio
tecnocrático y cuantitativo de acumulación, opuesto a la modalidad de recurso
natural.
La estatización funciona en el imaginario social como
propiedad del estado que -como buen Leviatan-
vela por el bien común en su administración. No es percibida como delegación
de la gestión de lo que es propiedad de todos, y que por lo tanto puede
recuperarse en cualquier momento. Por
otro lado, la estatización tampoco garantiza la independencia política respecto
a las presiones y/o sugerencias del
capital nacional e internacional, como
lo demuestran México o Arabia Saudita, donde las petroleras, a pesar de ser íntegramente
estatales, desarrollan políticas fuertemente influenciadas por las grandes
potencias mundiales capitalistas. La YPF estatal por su parte, antes de la privatización,
vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell y estaba sometida a especulación por
parte de los sectores dominantes. Durante los ’70, a pesar del incremento de los
precios internacionales, fue una de las empresas que tomó más deuda, evidenciando
que la simple estatización no significa garantía de emancipación.
Si miramos hacia la región observamos que la lucha por
los bienes comunes, los recursos naturales, está en el primer lugar de la agenda. Desde
México hasta Chile, y Argentina pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Brasil los movimientos se encuentran en
pie de guerra contra la explotación desmedida y rapaz. En nuestro país pareciera
que las multinacionales mineras del noroeste se encuentran en una encerrona capaz de ocasionarles una gran
derrota. Son pequeños grupos y asambleas
ciudadanas de pueblos y lugares remotos de la cordillera, los que han
logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Ello se
debe al tesón y terquedad en la lucha, que en algún momento rinde frutos. Se
trata de una acción política desplegada desde los márgenes,
por los movimientos y a partir de la politización de sus diferencias sociales y
culturales, o sea, de sus modos de vida. Una acción política de los excluidos y
postergados que se relaciona con la crisis de representación, o, dicho de otra
forma, con la presencia activa de los representados. Donde la representación creada
por el capitalismo e integrada a la forma Estado, atraviesa una crisis
profunda. Estamos en presencia de formas de acción política originadas desde
abajo y a la izquierda, desde el sótano cuya consistencia es su no estatalidad:
no solamente rechazan al estado sino que
su dinámica adquiere forma no estatales. Estos movimientos recorren su camino
constituyendo por sí mismos un proyecto de sociedad.
Se requiere avanzar en la institución del común, en línea con la gestión y gobierno
participativo, cooperativo, capaz de incorporar, mediante nuevos instrumentos,
originales comunidades de usuarios y trabajadores en esa perspectiva. Esto
exige romper con aquel análisis rígido y reduccionista (propiedad privada vs
propiedad pública) y con aquella práctica social vinculada a la concentración
del poder propia de la estructura de la propiedad privada (mercado) y de la
propiedad estatal (soberanía estatal). Mientras
las estructuras privadas concentran el poder de decisión y/o de exclusión en el
sujeto propietario titular o en algún consejo administrador, las estructuras
públicas agrupan el poder de exclusión o inclusión en el vértice de una
jerarquía soberana asociada a la soberanía territorial y a su administración
política. Los bienes comunes, el común, así abordados, expresan, por el
contrario, un tipo de propiedad antagónica al par público-privado,
estado-mercado.
Si partimos de la necesidad de preservar en cuanto se
pueda y en las mejores condiciones los bienes comunes, en sustitución del
proceso de acumulación motorizado por los beneficios, entonces, el dogma
desarrollista que los acompaña explosionará rápidamente. Debemos
ser capaces de modificar nuestra comprensión anclada en conceptos binarios
(público vs privado) y de una representatividad trascendente, regidos por los
tiempos lineales de la producción capitalista que ya no condicen con los nuevos
tiempos capitalistas. En última instancia, a partir de la propia práctica
política de los movimientos ser capaces de pensar y actuar sin Estado. Ahí está nuestro desafío y nuestra alternativa
a construir.