La degradación de la política

Por Alejandro Horowicz


Europa tuvo desde la II Guerra Mundial un nivel de crecimiento económico considerable, que permitió a sus ciudadanos gozar de un razonable nivel de consumo y bienestar. Es la primera vez en más de medio siglo que ese piso está siendo puesto en cuestión.

La degradación de la política europea ha abandonado el terreno de las hipótesis, para ingresar al de las “patéticas miserabilidades cotidianas”. No sólo la policía tiene que impedir que miles de manifestantes italianos irrumpan en una universidad privada, Bocconi, estrechamente ligada al premier Mario Monti; además decenas de inmigrantes extranjeros fueron obligados a bajar del transporte público griego por simpatizantes de Laos, grupo xenófobo de la ultraderecha, para recibir una dura advertencia acompañada de garrotazos. Las cosas recién se están poniendo en marcha, dado que Laos integra el nuevo gabinete de unidad nacional. Es decir, tecnócratas dispuestos a avanzar en dirección del ajuste sin mayores consideraciones, en un país donde dos de cada tres se oponen y están dispuestos a resistir en las calles.


En España el mismo debate se libra aun en terreno electoral. La esperada victoria del Partido Popular sobre los socialistas servirá de marco para un nuevo avance de la derecha. En un país donde 5 millones de parados insumen 40 mil millones de euros del presupuesto nacional (un promedio de 670 por cabeza) durante 24 meses, se corre el serio riesgo de poner fin a este subsidio. Es que Mariano Rajoy sostuvo: “Sólo podemos tener el modelo de bienestar que nos permiten nuestros ingresos.” El líder de los populares se abstuvo de hacer mayores precisiones sobre su “programa de austeridad”, pero si algo delata a los conservadores de toda laya es su voluntad de equilibrar las cuentas públicas con el modelo de los contadores. Vale decir, reduciendo “el gasto” y punto. 

Una cosa es el seguro de desempleo cuando los afectados son unas decenas de miles y otra cosa es el 21% de la población activa de la península, mientras la destrucción del empleo prosigue su marcha. Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de los socialistas españoles, se ofrecía como único garante del “Estado de Bienestar”. Si bien es cierto que su partido redujo el salario de los funcionarios públicos y elevó la edad jubilatoria, no lo es menos que recorta a menor velocidad que la exigida por Angela Merkel, pero recorta. Entonces, el electorado español que ha soportado el desarrollo de la crisis bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, y que ha comprobado la ineficacia de su gradualismo socialista, comprobará que el recorte sin anestesia de los populares sólo golpeará aun más brutalmente sin remediar nada.

En verdad el futuro gobierno español, tanto como el actual, está atado de pies y manos. Una política contracíclica –donde el Estado asuma el papel de principal estímulo de la actividad económica– requiere reducir el impacto de la deuda pública sobre la actividad productiva. Y esa no es ni puede ser una determinación “nacional”. Es que supone evaluar cuánto vale, en términos de mercado, un euro de deuda. Esta es la madre de todas las cuentas, ya que sin ella se trabaja sobre una hipótesis imposible: la deuda es cobrable tal cual es. Mientras esta consigna opera, mientras se trata de ejecutar políticas que permitan ese cobro, el desguace del Estado de Bienestar no puede interrumpirse, porque es preciso achicar el gasto para pagar. 

En cambio, un sinceramiento de las cuentas públicas pone límite a la destrucción, y habilita una política de reactivación económica. Así como se acepta, mal y tarde, que una quita del 50% de los títulos griegos resulta imprescindible, en el momento en que se trata de papeles en default, si se redujeran todas las deudas en un 25% y fuera garantizado su pago con un titulo de la Unión Europea al 2%, recuperarían la iniciativa política. Es que la necesidad de aplacar a los mercados termina transformándose en dictadura de mercado, y esa dictadura avanza sobre el sistema político en su conjunto degradándolo. 

Retomemos el hilo. Entender que la existencia de deudas “nacionales” atenta contra la sobrevivencia de una moneda común y por eso la propuesta de Merkel (los países que deseen abandonar la zona del euro pueden hacerlo) facilita la desintegración de la Unión Europea, y por tanto, el futuro del euro (incluso para los países que no lo abandonen) se vuelve incierto. No se trata de organizar la ruta de escape, sino de garantizar la estrategia para la continuidad. La defensa de Europa supone, requiere, impone utilizar la crisis como trampolín para un nivel de integración superior (moneda común y sistema fiscal unificado) o caerse del mapa político.

En lugar de utilizar el Banco Central Europeo (BCE) para defender la cotización de los títulos públicos, como instrumento de la dictadura financiera (en caso de no defenderlos la tasa de interés crece y cuando supera el 7% el gobierno es destituido, como en Grecia o Italia, y sustituido por tecnócratas dóciles), utilizar su formidable poderío para remplazar las deudas nacionales por una deuda europea única. Para seguir juntos no tienen demasiada opción, para desintegrarse vale casi todo. 

UN NUEVO MODELO POLÍTICO. En rigor de verdad la continuidad del matrimonio entre democracia y capitalismo de la Unión Europea está en su peor momento. Si se quiere esa es la discusión de fondo. Y en los hechos se formula así: un poder concentrado –los bancos– impone su necesidad como la única que debe ser atendida. Si los bancos deben cobrar, si la lógica sistémica depende de su existencia, la voluntad mayoritaria se vuelve una ficción imposible de sostener. 

La democracia burguesa reposa sobre una premisa elemental: el interés mayoritario –o al menos alguna de sus versiones– puede ser atendido en un cierto grado. Para cada época y circunstancia el “grado” se modifica; en tiempos del presidente Lincoln ese “grado” es menor que en los Estados Unidos del presidente Kennedy, pero en ambos existe un nivel de intolerabilidad y rozarlo siempre resulta delicado. 

Europa tuvo desde la II Guerra Mundial un nivel de crecimiento económico considerable, que permitió a sus ciudadanos gozar de un razonable nivel de consumo y bienestar. Es la primera vez en más de medio siglo que ese piso está siendo puesto en cuestión. Y ese debate no suele resolverse amigablemente. La idea de reconstruir las terribles condiciones existenciales de los finales de la República de Weimar no parece atinada. Allí se empolló el huevo de la serpiente, y el costo terminó siendo la II Guerra Mundial: 80 millones de muertos y un rango de destrucción intolerable.

Ningún conflicto armado amenaza Europa, sólo se trata de una crisis financiera y su adecuada solución política. Las salidas democráticas impiden someterse al interés irrestricto de los bancos, y las no democráticas plantean un rango de involución inadmisible para la compacta mayoría. ¿La solución democrática está avanzando? Ni en Grecia ni en Italia –más allá de las formas– la mayoría decide. El sistema de partidos –una versión de la representación– acepta las imposiciones de la mesa chica de la Unión Europea, el Grupo de Frankfurt, y si esa ruta tendiera a expandirse, si la necesidad mayoritaria fuera brutalmente desconsiderada, la explosión sería inevitable. Los observadores opinan, y comparto esa idea, que Grecia está estallando si en España, más allá de los resultados electorales, sucediera lo mismo, el problema cambiaría de rango. Esa posibilidad sólo puede preocuparnos, no sólo no se avista ninguna fuerza capaz de orientar una solución superadora, sino que un fuerte tufillo a descomposición se registra en Atenas y no sólo ahí.
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