Declaración de Cels y la Campaña contra la violencia institucional
Graves hechos de tortura cometidos por efectivos
El sábado dos jóvenes de 15 y 18 años
fueron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA) y luego torturados por
agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Barracas. Estos hechos fueron
denunciados ayer por La Garganta Poderosa.
Iván Navarro vio que agentes de la
PFA habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, menor de edad. Iván se acercó
para saber qué estaba pasando. De inmediato, los agentes de la PFA le pidieron
documento y lo requisaron. Minutos después, llegaron al lugar cinco móviles de
la PNA con más de 20 prefectos. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados
hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue
llevado al interior de la garita, donde fue golpeado y amenazado. Arriba de uno
de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de
tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al
Riachuelo. En ese lugar fueron golpeados nuevamente y torturados por segunda
vez. “¿Saben nadar? ¿Tienen calor? Los vamos a tirar al agua”, dijeron los
agentes. Los bastonazos continuaron durante varios minutos hasta que comenzaron
los simulacros de fusilamiento. Primero fue el turno de Ezequiel a quien un
agente le disparó a centímetros de la cabeza. Luego amenazaron a Iván: “¿Dónde
querés el tiro? ¿En qué rodilla?”. Mientras dos de los prefectos los amenazaban
con sus armas y un cuchillo, el resto de los agentes escuchaba música y
festejaba el accionar de sus compañeros. Luego, los jóvenes fueron liberados
pero, nuevamente, fueron víctimas de otro simulacro de fusilamiento. “Corran
por sus vidas y no miren para atrás”, les dijo uno de los prefectos mientras
les apuntaba.
Lo ocurrido muestra la persistencia
de las peores prácticas de las fuerzas de seguridad y los efectos de las
políticas centradas en el control poblacional con un enfoque discriminatorio.
Los mensajes, resoluciones y regulaciones que alientan las detenciones sin
orden judicial combinados con la falta de control del accionar de los
integrantes de las fuerzas generan condiciones para que sigan ocurriendo estas
violaciones de derechos.
En 2003, el Estado argentino fue
condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de
Walter Bulacio en 1991. Sin embargo, no se llevó adelante un trabajo serio y
profundo para transformar las prácticas policiales y erradicar las detenciones
arbitrarias.
En los últimos tiempos, no solo no se
avanzó sino que se tomaron decisiones que afectan de manera negativa la
vigencia de derechos. Es el caso del fallo “Vera” del Tribunal Superior de
Justicia de la ciudad de Buenos Aires que habilitó a la policía a detener sin
orden judicial bajo supuestas facultades implícitas sin más motivo que la
averiguación de identidad. Y del “Protocolo de actuación para la realización de
allanamientos y requisas personales del Ministerio de Seguridad de la Nación”
que habilitó, en contradicción con el Código Procesal Penal de la Nación, a las
fuerzas de seguridad a detener y realizar requisas sin orden judicial a partir
del “olfato policial” y de información anónima. Por este motivo, el CELS
presentó un recurso de amparo y pidió una medida cautelar que suspenda su
aplicación. Hoy el Poder Judicial decidió rechazar la cautelar.
Luego de que este Protocolo se
pusiera en vigencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en los
primeros dos meses de los “Operativos de Control Poblacional Conjunto” 85 445
personas fueron interceptadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Según
el Ministerio, solo 312 fueron detenidas, es decir que el 99,64% de las
interceptaciones y posibles requisas tuvieron un resultado negativo. Estos
procedimientos vulneran derechos constitucionales como la libertad y la
privacidad de las personas interceptadas y requisadas. Además, en los últimos
meses, se han conocido casos a través de videos y denuncias públicas que
muestran cómo funciona la discrecionalidad policial amparada en las llamadas
“detenciones por averiguación de identidad”. Lo que les ocurrió a Iván Navarro
y a Ezequiel Villanueva Moya muestra las consecuencias más graves de estas
políticas.