La privatización de las costas que se viene

por Mariano Abrach
El Nuevo Código Civil y Comercial reduce de 35 a 15 los metros que deben dejar libres los propietarios de tierras lindantes a los ríos y les suprime su característica de camino público, permitiendo privatizar los corredores en beneficio de los negocios inmobiliarios.
El 1 de agosto de 2015 entra en vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que fuera promulgado en octubre de 2014. Este nuevo cuerpo legal, cuya implementación se adelantó del 1° de enero del 2016 a esta fecha próxima, traerá varios cambios con consecuencias importantes para la cotidianidad de la vida en Argentina. Entre estas modificaciones, las más comentadas tienen que ver con la familia, en referencia a cuestiones como el matrimonio, divorcio, adopción, fertilización asistida, entre otros. Sin embargo, se producirán otras reformas con efectos relevantes e inmediatos que no son tan mentados.
Uno de esos cambios, es la profunda alteración respecto a la propiedad de los terrenos colindantes con ríos. Este cambio ni siquiera es mencionado en el cuadro explicativo de las modificaciones relevantes del nuevo Código, realizada por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El abogado ambientalista Enrique Viale sí destaca la importancia de esta reforma, explicando en declaraciones a La Brújula de la Mañana, que el artículo 1974 del código en vigencia desde agosto de 2015 no sólo reduce de 35 metros a 15 metros la restricción a la propiedad del terreno en la costa de los ríos, sino que le suprime la característica de “calle o camino público” que gozaba en la redacción del artículo 2639 del Código Civil anterior.
La redacción literal del código que queda en desuso era: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
En el nuevo código, en cambio, se lee lo siguiente: “Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo”.
Lo que esconde un artículo
En base al análisis del abogado especialista en el tema, se trata de la mayor privatización de tierras de la historia argentina desde la “Conquista del Desierto”. En concreto, según sus cálculos se trata de una superficie de más de 200 mil hectáreas contabilizando todos los ríos del país, lo cual puede equipararse a 10 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. “De un plumazo, el acceso público desaparece”, afirmó.
Esta modificación afectará a muchas ciudades del país, grandes y pequeñas, que tienen como característica un río. Según lo anticipa Viale, “ahora se abre un negocio impresionante, no solo de esos 20 metros donde van a poder construir… porque además tienen un gran valor por ser grandes corredores biológicos, lugares con mucha vida, en los que va a tener un impacto ambiental enorme la construcción”. Esto se suma a la profundización de un proceso de privatización de la naturaleza, que comúnmente se ve en la Patagonia pero afecta a diferentes territorios del país.
Las causas para esta profunda reforma, y para el silencio respecto al tema, Enrique Viale las encuentra en intereses económicos, señalándolo como “un negocio de miles de millones de dólares”.
“Detrás de esto hay grandes intereses inmobiliarios que son muy poderosos, que muchas veces desconocemos y no le damos la importancia que tienen. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, y hace mucho tiempo que venimos haciéndolo, para difundir esto… Incluso en las audiencias públicas que se hicieron hace varios años sobre el código civil lo alertamos. Hay dos proyectos de ley, uno del senador Pino Solanas y otro de Magdalena Odarda para modificar esta situación, pero esta fuera de la agenda mediática y política, lamentablemente”, detalló el especialista.
Una herramienta de lucha que se pierde
Además de las tierras que podrán perderse, el abogado señala la importancia que tenía el artículo 2639, del ya antiguo Código Civil, para la lucha ciudadana y de las organizaciones sociales y ambientales, de garantizar el acceso público a los ríos y mantener los beneficios del medioambiente y la biodiversidad de los corredores lindantes a estas aguas. La supresión del carácter de calle o camino público en la redacción del nuevo código les quita la herramienta de lucha para enfrentar la práctica privatizadora.
“Ese artículo era muy usado por las organizaciones sociales y ambientales para lograr el acceso público a los ríos, con mucha dificultad pero era una herramienta  muy poderosa que permitía eso y ahora lamentablemente se termina, el 1° de agosto cuando entre a regir el nuevo Código”, explicó Enrique Viale.
Este cambio de situación se da en un marco que el especialista define como de mayor conflictividad debido a la consolidación del proceso de neoextractivismo: “los conflictos son cada vez mayores porque el modelo extractivista necesita apropiarse de territorios y desplazar poblaciones y eso genera  conflictividad social. Es lo que pasa cuando se quiere instalar una minera, o con el agronegocio, que avanza sobre pueblos indígenas, campesinos y bosques nativos”.
A esto le suma que, de cara a las inminentes elecciones presidenciales, no ve que puedan darse modificaciones respecto a estas prácticas, sea cual sea el resultado: “no vemos ninguna diferencia en los dos modelos que claramente tienen más posibilidades. Entre Scioli y Macri no hay grandes diferencias en ese sentido, ambos creen en las figuras extremas del extractivismo, la megaminería, el agronegocio, el fracking… todos tienen ahí puestas sus fichas, así que lo vemos con muchísima dificultad… y después también hay una gran dificultad en la izquierda y la centro izquierda de poder dar el debate sobre modelos alternativos, que se están discutiendo en otros lugares de América Latina pero en Argentina lamentablemente no ingresan esos debates”.
Dado el panorama definido por Enrique Viale, a futuro se puede anticipar un escenario con mayor conflictividad en torno a este tema, pero con menos herramientas para las organizaciones sociales y las luchas ciudadanas.
(Fuente: http://brujulacomunicacion.com/)