La relación entre el gobierno, los pueblos indígenas y los campesinos acumula tensiones en Bolivia. Entrevista a Luis Tapia

Por Gabriel Delacoste

Luis Tapia, licenciado en Filosofía y doctor en Ciencia Política, impartió el curso “Democracia, actores sociales y partidos políticos en Bolivia contemporánea” para la maestría en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Cuando se acerca el año electoral en Bolivia, la diaria lo entrevistó acerca de la actualidad de la política y de los movimientos sociales en su país, en un contexto de conflictos y contradicciones entre el gobierno de Evo Morales y las organizaciones sindicales y campesinas.

-Evo Morales es considerado fuera de Bolivia un símbolo del “giro a la izquierda” de la región. ¿Cómo es visto en su país?

-Esa imagen se ha ido deteriorando. Empezó como un liderazgo nacional que quería unificar organizaciones indígenas, campesinas y sectores populares, basado en la defensa de la coca, que fue causa nacional durante muchos años. Eso se ha agotado, porque ahora el presidente aparece como un defensor de los intereses sectoriales corporativos de los plantadores de coca, contra las organizaciones indígenas. Y, explícitamente, el gobierno tiene hoy un discurso antiindígena. Entonces su imagen interna es distinta de su imagen internacional.

-¿Antiindígena en qué sentido?

-No reconoce a las organizaciones indígenas autónomas. Se les están iniciando juicios, se las ha reprimido, y el proyecto del gobierno básicamente consiste en apropiarse de territorios indígenas para concesiones de explotación de bosques, explotación petrolera, minera y proyectos como carreteras y represas.

-Hay como una oposición entre modernización y desarrollismo por un lado y economía comunitaria y “buen vivir” por otro.

-Desde el inicio del gobierno surgió un discurso de respeto a la Pachamama y el “vivir bien” para legitimar el nuevo plan de desarrollo nacional, pero en los últimos años el proyecto del gobierno ha sido básicamente de desarrollismo extractivista, relacionado con la megaminería, el agronegocio y la ampliación de la exportación de hidrocarburos. No hay nada sobre economía comunitaria. Entonces el mismo gobierno ha abandonado el discurso del “vivir bien” porque ya no es verosímil.

-¿Cómo encajan en este modelo las nacionalizaciones en ciertos sectores estratégicos?

-Eso es clave. Antes que nada porque era una demanda nacional generalizada, previa a la victoria electoral del Movimiento al Socialismo [MAS, el partido de Morales]. Y también porque la nacionalización es la base del poder económico, que se traduce en poder político del gobierno. Esos ingresos le permiten tener recursos para financiar la política social y la campaña electoral. Sin nacionalización no tendría poder, un poder que le dio un margen de autonomía frente a los norteamericanos, a los que pudo expulsar del país.

-Durante este mismo período se dio la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional. ¿Cómo se relaciona el modelo de desarrollo con el reconocimiento de la nueva Constitución hacia la economía comunitaria y la autonomía de los pueblos indígenas?

-En Bolivia hay tensiones y contradicciones, porque la Constitución reconoce en el artículo 2 los territorios de 36 pueblos y culturas diferentes, además de su lengua y sus formas de autogobierno. Pero luego el gobierno no incluyó en la legislación la consulta vinculante a las comunidades sobre el uso de los territorios indígenas, por lo que es el Ejecutivo el que decide para qué usarlos. Ha entrado en contradicción con los pueblos indígenas de manera bien frontal. Una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que hace el gobierno, montado sobre vacíos de la propia Constitución.

-¿Y cómo reaccionan los movimientos sociales?, porque el MAS también tiene una base importante en la población indígena.

-Por un lado, se han organizado marchas masivas en torno a la sede de gobierno en La Paz, sobre todo desde el Amazonas, para reclamar consulta previa y rechazar los proyectos de construcción de carreteras y de explotación petrolera. Pero por otro lado, el sector que es base de apoyo del gobierno, los sindicatos campesinos, está interesado en ampliar su frontera agrícola hacia el territorio colectivo indígena. De hecho este sindicalismo ha sido utilizado por el gobierno para reprimir a las organizaciones indígenas comunitarias.

-Se dio en 2011 una ruptura entre las organizaciones sindicales y las indígenas. ¿Cómo ve el futuro de los movimientos populares?

-Es difícil decir; ahorita diría que estamos en una etapa de descomposición de lo construido durante décadas. El Pacto de Unidad entre indígenas y campesinos [articulación que impulsó una agenda política común], resultado de dos décadas de proceso de unificación, ahora se ha roto. Diría que está en una fase de resistencia, sobre todo por parte de lo comunitario indígena. Lentamente las comunidades están empezando a hacer alianzas con sectores urbanos, sobre todo de izquierda, que a su vez están asumiendo la idea de lo plurinacional, de respeto a los territorios comunitarios.

-Me cuesta imaginar un proyecto económico basado en una economía comunitaria de pequeña escala para un país de millones de habitantes. ¿Existe una alternativa al modelo actual?

-Eso no existe, no se ha planteado. Lo que se pensó desde el gobierno fue, por un lado, la nacionalización -la estructura productiva sigue siendo la misma, sólo que con mayor control estatal- y, por otro, la ampliación del extractivismo. La economía comunitaria, más que un proyecto, es lo que ha existido a lo largo de siglos, y obviamente no es una alternativa para los sectores modernos. Pero es algo que se puede preservar y evitar que se siga reduciendo.

-¿Qué posibilidades le asigna a una nueva victoria electoral de Morales en octubre de 2014?

-Yo creo que bajo la actual correlación de fuerzas y legislación electoral, el MAS ya no ganaría. El MAS probablemente tiene un tercio de apoyo en el país, aunque le favorece la fragmentación de la oposición, que no se sabe si se va a unificar. Sin embargo, con un tercio iría a segunda vuelta, y en la segunda vuelta yo creo que perdería.

-¿Y quiénes son los desafiantes?

-Probablemente quien tiene más posibilidades es Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo [MSM], que está articulando diferentes sectores opositores.

-¿Cómo lo definiría políticamente?

-Diría que es un partido de izquierda moderada, reformista pero pluralista, y que ha incorporado el tema de lo plurinacional. Ha entrado en una red de alianzas con movimientos indígenas.

-Hubo en los últimos años un enfrentamiento con movimientos indígenas en torno a la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que últimamente recibe poca atención mediática. ¿Cuál es la situación?

-Yo creo que esta baja en la intensidad tiene que ver con el período electoral. El gobierno ha insistido en hacer la carretera, y luego de haber decidido hacerla, como la población demandó una consulta previa, realizó una consulta amañada para dar la imagen de que la gente está de acuerdo. Ha intervenido militarmente, está persiguiendo por la vía jurídica a los principales dirigentes y está montando una red clientelar en la zona para dividir a las organizaciones indígenas. Pero mientras no haya elecciones se está manteniendo un bajo perfil, porque es el principal foco de oposición al gobierno. Por ello, probablemente la obra esté detenida hasta después del resultado de las elecciones.

-Morales ha apostado fuerte a la integración de América del Sur, y sin embargo ha habido conflictos importantes entre capitales brasileños y chilenos, por ejemplo, y el gobierno boliviano. ¿Cómo se da esta relación?

-El proyecto de integración que se ha ido desplegando en los últimos años es resultado de cambios internos en cada uno de los países, donde ha habido una recomposición de la relación entre Estado, sociedad y economía, lo que ha propiciado un mayor control de recursos económicos, generando una política económica un poco más autónoma a nivel regional, en particular en relación a Estados Unidos. Ahora, esto tiene contradicciones, porque por un lado hay políticas de integración regional, pero lo más fuerte, en el caso boliviano, es la subordinación a la geopolítica brasileña. Gran parte de los proyectos del gobierno son de interés brasileño, y no de la población boliviana, y los hemos financiado nosotros con préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil. Están las dos cosas a la vez, las geopolíticas nacionales se despliegan bajo el marco de la integración.